Este juicio es una nueva oportunidad. Chile debe entender dos cosas. La primera, que Bolivia no cejará nunca. La segunda, que el tamaño de la solución es infinitamente menor que el tamaño de un diferendo que demuestra al mundo una falta de voluntad política y de espíritu de integración que entorpece su imagen
El Gobierno del presidente Morales ha concretado, en el marco de una política de Estado de larga data, uno de los pasos más importantes en la larga historia de la demanda nacional de una salida libre útil y soberana al Pacífico que comenzó al día siguiente de la batalla del Alto de Alianza (1880), la última de la guerra en la que combatió el ejército boliviano.
La demanda presentada ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) ha escogido un camino de sensatez, racionalidad y buen sentido. A riesgo de ser considerada como una acción tímida, tras una profunda evaluación jurídica, se ha decidido no ir por la vía de la denuncia del Tratado de 1904. La lección de lo ocurrido en 1921 ha sido aprendida.
Lo que Bolivia le pide al TIJ es muy concreto. Que Chile negocie de buena fe con Bolivia en un tiempo definido y con un resultado definitivo que otorgue una salida soberana al mar a nuestro país. No denuncia el Tratado ni le pide al TIJ la restitución de ningún territorio.
¿En qué basa Bolivia su demanda? En una figura jurídica aceptada explícitamente por el derecho internacional. Los compromisos asumidos unilateralmente por un Estado generan una obligación exigible. Esa obligación es independiente de cualquier otro elemento, y se reconoce como tal cuando ese compromiso ha sido formulado por alguna autoridad que representa explícitamente a ese Estado.
Desde mucho antes del Tratado de 1904 y hasta 1948, Chile se comprometió unilateralmente y ofreció también unilateralmente a Bolivia varias veces un acceso soberano al mar como reparación, aunque sólo fuese parcial, por la usurpación del Litoral perpetrada en la guerra de 1879.
Sin embrago, dado que Bolivia ha levantado su reserva al Tratado de Bogotá de 1948 referido a la resolución pacífica de conflictos entre Estados, conviene hacer referencia a los compromisos más relevantes asumidos por nuestro vecino a partir de entonces, que acompañan al alegato boliviano en La Haya.
El primero y fundamental fue el compromiso asumido por Chile en 1950 cuando el ministro de RREE de Chile le escribió a su par de Bolivia su disposición de cedernos una salida soberana al mar.
En 1975, el documento firmado por Pinochet y Banzer expresa con claridad el objetivo de resolver la mediterraneidad boliviana y en diciembre de ese mismo año, el ministro chileno de RREE Patricio Carvajal redactó una carta-propuesta a Bolivia que en respuesta al planteamiento boliviano aceptaba expresamente que la base de la negociación era otorgarnos una salida soberana al océano.
En 1987 Chile aceptó partir de la negociación de 1975 cuyo punto central era la cesión a Bolivia de un acceso soberano al Pacífico.
Bolivia parte de una premisa fundamental, la voluntad pacífica de resolver el problema mediante una negociación con Chile. Pero lo hace esta vez poniendo de manera oficial el tema en un escenario internacional, a través de una demanda jurídica formal ante el más alto Tribunal existente. ¿Por qué? Porque su voluntad de encontrar una solución mediante el diálogo se ha agotado, a pesar de haber hecho durante décadas los mayores esfuerzos por resolver el tema con diversos gobiernos chilenos, intentando todos los caminos posibles en el marco de una actitud constructiva y ensayando de modo creativo soluciones viables.
Desde 1910, Bolivia, entendiendo con realismo la diferencia entre el ideal deseado y la solución posible, ha hecho propuestas siempre en el marco de la racionalidad y la proporcionalidad, apelando a dos criterios básicos e irrenunciables, la recuperación de una salida al mar libre, con continuidad territorial y soberanía, y la recuperación como Estado de la cualidad marítima sobre la Cuenca del Pacífico, cualidad cuya significación es cada vez más relevante en el siglo XXI.
La sola comparación entre la pérdida de más de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros lineales de costa, y la propuesta de solución (vigente desde 1950) que no llega a 3.000 kilómetros cuadrados de territorio y 10 kilómetros lineales de costa, debiera ser suficiente para entender la naturaleza intrínseca de nuestra reivindicación.
El contenido de la demanda jurídica ante el TIJ es otra vez una constatación de que Bolivia quiere diálogo. Pero prueba también que el país no dejará nunca de exigir la solución del problema. El problema existe y es una realidad que afecta directamente a tres países, y por extensión a toda América del Sur.
Este juicio es una nueva oportunidad. Chile debe entender dos cosas. La primera, que Bolivia no cejará nunca. La segunda, que el tamaño de la solución es infinitamente menor que el tamaño de un diferendo que demuestra al mundo una falta de voluntad política y de espíritu de integración que entorpece su imagen, y frena significativamente la extraordinaria potencialidad del desarrollo pleno y común de Bolivia, Chile y Perú, en una región compartida que merece mejor futuro.
El autor fue Presidente de la República
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