Evo invitado a evento de economistas extranjeros confunde escenario y se queja cual se tratase de una junta de su Gabinete, habra de subvenciones, contrabando, chutos, importación de papa. Humberto se refiere al medio millón de empleados públicos.

El presidente Evo Morales asiste a una reunión con economistas extranjeros y les pide consejos para resolver el “cáncer” de las subvenciones a los combustibles. Podía habérselo pedido al ministro de Economía, que algo tendría que saber de eso, pero por alguna razón no lo hace.

Volvió a repetir sus lacrimógenas lamentaciones sobre las subvenciones. Alguien tendría que decirle que quien es presidente de un país no debe quejarse ante otros por las cosas que ocurren en el territorio que él, supuestamente, gobierna y que dependen de sus decisiones.

Se queja, ante un auditorio repleto de extranjeros, de que miles de campesinos del altiplano paceño llevan garrafas de GLP al Perú, y muestra estar muy bien informado de la diferencia de precios que hay en la frontera.
Y luego, su gobierno informa que los campesinos del altiplano paceño no producen papa, de tal manera que hay que importarla del Perú. Gas por papa. Los productores de papa prefieren pasar una garrafa al Perú y así ganar 100 pesos, a pasárselas cinco meses sembrando, cuidando, y luego cosechando la papa. Uno de los aportes de este proceso de cambio es haber convertido a los campesinos del altiplano en contrabandistas. Vivir bien, le llaman.

Quizá su formación católica lo esté traicionando y cuando toca estos temas crea estar en un confesionario donde dice sus pecados y espera que se le dé una penitencia. Pero los extranjeros que lo escuchan sólo se asombran de sus confesiones que equivalen a la admisión de sus deficiencias como gobernante.
La actitud se ha hecho costumbre en su gobierno.

La directora de la Aduana “se queja” de los autos chutos que han entrado al país pasando ante las narices de sus funcionarios en la frontera con Chile. Y entonces pide a la policía, encargada de la seguridad interna, que ayude a capturar a los autos que la aduana dejó pasar por la frontera. Los alcaldes también han sido convocados a enmendar dentro del país los errores que la aduana cometió en la frontera.

Si se trata de eliminar subsidios, dice mi amigo Carlos Chalup, habría que comenzar por eliminar el subsidio al proyecto político del MAS, que consiste en mantener a los 500.000 empleados públicos contratados por este gobierno.
Le falta mucho para llegar a los 5.000.000 de empleados públicos que contrató Hugo Chávez en Venezuela. Pero a eso vamos.
Vacaflor.obolog.com

se refiere El Deber a la Justicia "un sistema colapsado". pocos tienen sentencia porque los juicios jamás concluyeron. la retardación de Justicia con tribunales elegidos por votos. este fenómeno debería estar en el debate electoral.

Bolivia figura en el nada honroso primer lugar de Latinoamérica en cuanto se refiere a la retardación de justicia. En otros términos, es el país con la menor cantidad de gente privada de libertad que ha recibido sentencia por el delito cometido. En 2013, cuando se produjo la espantosa carnicería en la cárcel de Palmasola, solo tenían condena dos de los más de 30 internos que perdieron la vida en aquel hecho de recuerdo estremecedor. 

Bajo la constante del incumplimiento de los plazos procesales, el fiscal general ha calculado que el tiempo de espera entre una imputación y el comienzo de un proceso puede demorar, en algunos casos, entre seis meses y un año. La retardación de justicia es el reflejo fiel de un sistema judicial colapsado y anacrónico cuya reforma fracasó estruendosamente cuando sus administradores fueron designados por voto en unas elecciones amañadas. Las autoridades electas en los inéditos comicios judiciales de 2011 fueron incapaces de cumplir su misión de mejorar la administración de justicia y de recuperar la credibilidad de la institución que se mantiene en su más bajo nivel. En su momento, los gobernantes bolivianos se jactaron de que el ‘modelo’ entonces impuesto en la reforma judicial, dadas sus bondades, podría ser imitado por otros países. Nadie lo copió y el remedio resultó mucho peor que la enfermedad. 

Últimamente se ha informado que en Santa Cruz –donde se registra el índice de criminalidad más elevado– suman, desde 2013, más de 27.000 las causas judiciales sin atender y despacharlas es tarea prácticamente imposible para 15 jueces cautelares que deben resolver hasta 50 memoriales por día. Además tienen que atender las audiencias que durante los fines de semana –cuando se incrementan los hechos delictivos y los pocos juzgados se saturan– pueden sumar hasta 35.

Para una población de 2,6 millones de habitantes solo hay disponibles 181 jueces, es decir, uno por cada 14.360 habitantes en el departamento. Al respecto, se ha hecho notar que el distrito cruceño es el que más recursos genera y aporta, pero es el que recibe menos apoyo en personal y equipamiento. También se advierte que la carga procesal se ha incrementado, pero el número de jueces y fiscales no ha acompañado ese crecimiento.

En demanda de soluciones que no pueden seguir esperando, la crónica y aguda crisis de la administración de justicia en Bolivia no puede estar ausente del debate electoral ni de las propuestas de los candidatos. Es un asunto de tratamiento ineludible en todos los foros

cuesta arriba! bravo! Tuto está logrando un inimaginable respaldo popular. donde quiera que va tiene apoyo. lo más admirable es que avanza sin tener dinero, apenas el de los militantes del Partido Demócrata Cristiano y aportes voluntarios. viaja con recursos propios y en transporte público. camina. camina mucho y seguirá caminando. (alpinista y marathonista)

El candidato a la Presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jorge “Tuto” Quiroga, afirmó hoy que su contrincante Samuel Doria Medina está “muy nervioso” porque Unidad Demócrata (UD) está cayendo “como plomada”, mientras él sube en la preferencia de los votantes.

“Está muy nervioso don Samuel, están cayendo como plomada. Aquí (en PDC) estamos  subiendo, lo saben y eso los pone cada día más nerviosos”, aseveró el exPresidente.

Quiroga disputa con el empresario el voto del ciudadano que no optará por Evo Morales y sumó a sus filas a varios exaliados de Samuel como Germán Antelo, Jessica Echeverría y Guadalupe Cárdenas.

El candidato de la democracia cristiana recordó que la empresa Soboce, de Doria Medina, se encuentra en un conflicto legal con la Gobernación de Chuquisaca por una indemnización de casi 100 millones de dólares por la nacionalización de Fancesa.  

Al respecto, aseguró que si él es elegido la Gobernación no pagará la indemnización y que las “decisiones del Estado las va a asumir el Estado”.

“Quiero decirles que yo no soy empleado de Soboce. Vamos a estar (el PDC) en primer lugar o disputando la segunda vuelta”, acotó.

Se estrella contra Rubén Costas

“Tuto” también se refirió al presidente de la alianza UD, Rubén Costas. Dijo que el actual Gobernador cruceño violaría la Constitución, el Estatuto Autonómico y el Cabildo del Millón si busca la reelección como líder del Ejecutivo departamental.

Costas fue electo Prefecto de Santa Cruz en 2006 y también ganó los comicios de 2010 para constituirse como el primer Gobernador de este departamento.  La ministra de Autonomías, Claudia Peña, aseveró que el político sí está habilitado para participar de las elecciones regionales del 2015 a pesar de que el Estatuto señala que sólo puede haber una reelección.

tres gravísimas faltas. parqueos sin seguridad. guardias sin preparación y/o sin moralidad. policías negligentes que no detuvieron al criminal Fernández Chambi

 A las pocas horas de la sugerencia que dio el ministro de Gobierno de condenar a 30 años a Ronald Iván Fernández al asesino confeso de Sophia Calvo Aponte, el juez golpeaba su martillo contra la mesa dictaminando la pena máxima que se aplica en el país, una acción que algunos entendieron como una manera de calmar las aguas en plena época electoral y ante el peligro de que el asunto se politice. 

Ayer seguía el debate en las redes sociales y algunos pedían “pena de muerte”, “fusilamiento”, “la horca”, como si esa fuera la solución para el grave problema de inseguridad que no encuentra solución. Este caso no es para catarsis, sino para aplicar la ley y en ese sentido hay que buscar quién no hizo bien su trabajo con el fin de dejar una lección aprendida. 

En primer lugar, la actuación de los policías que tuvieron en sus manos a Fernández y lo dejaron ir, no es para una sanción interna o un jalón de orejas. Ellos han cometido un delito que debe ser sancionado. Por otro lado, el guardia de seguridad que resultó ser un criminal fue contratado por una empresa que debe dar cuenta de sus procedimientos que usa para elegir personal y finalmente, quienes brindan el servicio de parqueo tienen que explicar por qué no había medidas de seguridad más estrictas en el lugar. 

El día que nos aboquemos a cumplir las normas y a evitar la impunidad, habrá menos lágrimas que derramar y también nos ahorraremos saliva en propuestas y diagnósticos.