siendo presidente constitucional gonzalo sánchez de lozada, departen en animado diálogo: alfonso canelas director de los tiempos, su esposa y el editor de este blog mauricio aira, entonces director de prensa de canal 13 de tv, en los salones del club social, cochabamba 1991

El periodismo boliviano está de duelo (Ed. de Los Tiempos.27.02.2009)

Después de cuarenta años dedicados a la actividad periodística desde que este matutino reiniciara sus ediciones en 1967, ha fallecido ayer el Dr. Alfonso Canelas Tardío. Hasta hace algunos días, poco antes de librar la última batalla contra el cáncer, se mantuvo a la cabeza de Los Tiempos como digno heredero de la tradición familiar inaugurada por don Demetrio Canelas, su tío, y continuada por su padre, don Carlos Canelas. Desde sus 23 años, como Jefe de Redacción, primero, y como director, después, contribuyó a que Los Tiempos se mantenga y consolide como uno de los principales referentes de la prensa nacional. A través de sus editoriales y de la orientación de las labores informativas diarias fue durante las últimas décadas uno de los principales constructores y sostenedores de ese pilar fundamental de la democracia que es el periodismo libre. Plenamente convencido de que la palabra impresa cuando es bien puesta al servicio del país es un formidable instrumento para construir una sociedad mejor, fue uno de los principales artífices del Grupo Líder, conformado por los diarios Los Tiempos y Gente, en Cochabamba; La Prensa y El Alteño, en La Paz; Correo del Sur, en Sucre; El Potosí, en Potosí; el Nuevo Sur, en Tarija, y El Deber y el Norte, en Santa Cruz. Fue durante algunos años director de La Prensa, de La Paz, diario que como los demás integrantes del Grupo Líder se constituye en uno de los principales baluartes del periodismo en nuestro país. Su labor estuvo siempre inspirada en el convencimiento de que el periodismo no puede ser concebido como algo ajeno a las preocupaciones cotidianas de la sociedad, entre las que ocupa un lugar preponderante la permanente reflexión sobre el rumbo que se debe seguir en pos de un mejor destino. Su compromiso con los valores básicos de la libertad y la democracia fue lo que guió sus actos y sus opiniones, lo que se plasmó en un periodismo tan objetivo como crítico y, por consiguiente, incómodo para quienes quisieran poder actuar fuera del alcance de su atenta vigilancia. La intransigente defensa de los principios inherentes a la libertad de pensamiento y opinión, fundamento de toda otra forma de libertad, lo llevó a ser vicepresidente regional para Bolivia de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y, más tarde, miembro de la junta de directores de esa institución internacional. Es, pues, grande el vacío que deja Alfonso Canelas, pero éste es atenuado por la solidez de la institución periodística que contribuyó a construir, lo que permitirá que su labor sea continuada y su causa defendida a pesar de su ausencia.

Más corrupción: fideicomiso para viviendas fue irregular

Anomalías. Se utilizaron fondos pero no se hicieron las viviendas. El Gobierno no informa sobre 14 fondos públicos abiertos en 2008. (Textos de La Prensa.LP.)

Construcción: viviendas entregadas por el Gobierno en una urbanización de la ciudad de El Alto

Los recursos del fideicomiso para vivienda son observados por desembolsos irregulares
Los empresarios privados y la Caboco observan el manejo de los recursos de vivienda
El Programa de Vivienda Social y Solidaria que impulsa el Gobierno a través del Viceministerio de Vivienda presenta aparentes irregularidades en su ejecución y los desembolsos del fideicomiso de 130 millones de dólares que tiene a su cargo el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (Fondesif).
Este tipo de financiamiento (fideicomiso) es cuestionado a raíz de las irregularidades presentadas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que obtuvo 45 millones de dólares para una planta separadora de líquidos en Río Grande.
Según documentos difundidos por Cadena A de televisión, una de las observaciones está relacionada con el proyecto de urbanización Piyo, en Santa Cruz, presentado por la empresa constructora Prisma, que pudo haber recibido en 2007 seis millones de bolivianos de 14 millones destinados a la construcción de 82 viviendas, de las cuales no se ha entregado una sola.
Otra tiene que ver con la construcción de 30 casas en la zona de Ventilla, en la ciudad de El Alto, que no han sido entregadas porque no se terminaron de efectuar los desembolsos.
También se observan desembolsos anticipados del Fondesif para proyectos que no habían recibido la aprobación del Viceministerio de Vivienda.
De acuerdo con las indagaciones de Cadena A, el 23 de julio de 2008 la entidad canalizó cerca de 12 millones de bolivianos a Jerusalem, una de las instituciones que trabajan como intermediarias de los recursos para cuatro proyectos: dos en la urbanización Piyo y dos destinados a la urbanización Terrado, en Santa Cruz.
Sin embargo tres días después, en una carta fechada el 26 de julio y recibida por la entidad financiera el 2 de agosto, el Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Vivienda recién le hicieron conocer la aprobación de los proyectos Chiriguano, Terrado, Techos Bolivianos, Porvenir, San Pedro de Buena Vista y San Blas.
De estos seis emprendimientos, el de la urbanización Terrado obtuvo el desembolso antes de que el proyecto fuera admitido.
Estas irregularidades se suman a otras nueve que denunciaron el 23 de enero la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Boliviana de la Construcción y que el Viceministerio de Vivienda no aclara todavía.
Ayer, La Prensa consultó al Viceministro de Vivienda, José Lambertín, sobre estas interrogantes, pero la autoridad se limitó a señalar que están en curso cuatro auditorías que se concluirán a finales de marzo y que se necesita “cruzar la información”.
El Programa de Vivienda Solidaria está vigente desde 2007 y pretendía entregar al menos 14.000 viviendas cada año en los cuatro de sus subprogramas, que otorgan financiamiento entre 3.500 y 15.000 dólares con bajas tasas de interés.
Los proyectos deben ser impulsados por empresas constructoras, cooperativas, micro y pequeñas empresas y profesionales libres y aprobados por un comité en el Viceministerio de Vivienda y con desembolsos del Fondesif.
La CEPB y Caboco señalan que hasta el momento no se aclara la adjudicación de obras saltando procedimientos legales en un elevado número de viviendas cuya existencia física no se pudo verificar en Patujú, en Santa Cruz; Concepción, en Chuquisaca, y Milenium I y II, en Oruro.
“Al número aprobado inicial de viviendas, que por ejemplo era de 48, le agregaron un número cero y las volvieron 480 viviendas aprobadas para justificar la ejecución del plan, situación no demostrable al no existir físicamente las mismas”. En el caso Milenium I, en Oruro, “existen más de 100 beneficiarios fantasmas” y se desconoce cómo este proyecto ingresó en el Programa de Vivienda Social. Esto porque, según la CEPB y la Caboco, existe una certificación del municipio de Oruro y el Colegio de Arquitectos de esa ciudad que revela que el plan carecía de planos aprobados y se lo viabilizó en seis días. Otros emprendimientos, como el Porvenir y Pedro Ferrari, ingresaron el 3 de mayo de 2007 a consideración y su aprobación demoró más de un año. Los proyectos Porvenir I y Porvenir II también tienen problemas de sustituciones con beneficiarios fantasmas.
El año pasado, tras la demolición de 104 casas del plan de vivienda en la urbanización La Comarca, en la ciudad de Santa Cruz, por no respetar límites se reveló que los terrenos fueron vendidos con sobreprecio por el entonces gerente de la cooperativa Sudamérica, José Luis Linares.
En 2008 se crearon 14 fondos
El Gobierno creó 14 fideicomisos para minería, producción agrícola, comercio, ganadería, hidrocarburos y la Empresa Naviera Boliviana, los que fueron incluidos en el Presupuesto General de la Nación reformulado de la gestión 2008 y para los cuales se asignaron 413,4 millones de dólares. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no da explicación sobre los desembolsos efectuados y el estado actual de esos fondos pese al requerimiento de La Prensa desde el pasado viernes, cuando el titular de esa cartera, Luis Arce, se retiró a la mitad de una conferencia sin atender la demanda de varios medios de comunicación. Ayer se solicitó una entrevista que no fue concedida a este medio.
Los fideicomisos fueron añadidos en el anexo IV “Constitución de fideicomisos”, aprobado en octubre del año pasado (ver cuadro).
El Viceministerio del Tesoro pidió que la solicitud sea enviada por escrito al Ministerio de Economía. De acuerdo con un documento de ese despacho, entre junio de 2004 y diciembre de 2007 se crearon 42 fideicomisos por diversos montos.
Recursos aprobados
Fideicomiso Monto
En millones $us.
Con el Banco Unión S.A. para la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) 16,6
Con el BDP SAM para financiar iniciativas productivas 36,8
Con el BDP para préstamos a empresas exportadoras amparadas
en el ATPDEA 8
Con el BDP para importación y comercio de harina de trigo 18,5
Con el Fondesif para el Programa de Reconversión Prod. y Comer. 11,1
Con el Fondesif para el repoblamiento ganadero bovino 10
Con el Fondesif para compra de pasivos agrícolas de pequeños
productores agropecuarios del área rural 2,1
Con el BDP para YPFB para conformación de patrimonio autónomo 85
Con el BDP para la conformación de patrimonio autónomo para
financiar la adquisición de la Planta de Extracción de Licuables para
la producción de GLP y gasolina natural, YPFB 45
Con el Banco Unión para capital de operaciones, capital de
inversiones o créditos a la Cooperativas Mineras (Fomin) 10
Con el Banco Unión para la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) 30
Con el Banco Unión para la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) 15,5
Con el BDP para Medianos y Grandes Productores Industriales 100
Fideicomiso para el financiamiento al sector productor de caña 25
TOTAL 413,4
Antecedentes
Los fideicomisos son cuestionados por las irregularidades del contrato YPFB-Catler-Uniservice.
Ex autoridades señalan que estos fondos no tienen mecanismos de control y fiscalización.
Economía y Finanzas asegura que no tiene tuición cuando ya se ejecutan los recursos.
La Contraloría sólo puede ingresar a fiscalizar en forma posterior a su ejecución.

SIPSA no cumplió condiciones de la licitación
A YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) se le adjudicó la administración del taladro PDV-08 de fabricación china y traído de Venezuela por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a pesar de incumplir al menos cinco requisitos.
Según la publicación del sitio web HidrocarburosBolivia.com, la licitación ANDI-GED-083/08, abierta por YPFB-Andina, que es la administradora del campo Víbora, “no se realizó siguiendo todas las normas y se omitieron muchos pasos”.
Primero, la firma no tenía oficinas establecidas en Santa Cruz. Como parte del comité interventor, el ex director de la estatal Fernando Vincenti informó a La Prensa que YPFB-SIPSA ocupaba tres ambientes pertenecientes a la empresa constructora RW y otorgados “de favor”. Además, ahí se encontraron dos computadoras y una fotocopiadora propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Segundo: no cuenta con representación legal para actuar. Sin este requisito no podría firmar documentos o contratos. Tercero: no gozaba de un respaldo financiero para ser adjudicataria de un equipo de perforación petrolero y obtener un contrato de varios millones de dólares. Cuarto: no disponía de personal especializado en la materia. Además en el reporte de trabajo de YPFB-SIPSA del 12 de febrero de 2009 se estableció que el personal de pozo no estaba capacitado en el manejo, mantenimiento y reparación del equipo, por eso se recomienda que los trabajadores extranjeros (de nacionalidad china) que realizaban las pruebas se queden al menos un mes después de iniciada la perforación para el soporte necesario y facilitar el aprendizaje y capacitación.
Quinto: para operar equipos de perforación, la compañía debería estar certificada por las normas ISO 9001, 1400 y 1401 y OSHAS 18000 y 18001, acreditadas por la TUV; de la misma manera, debía tener la ficha ambiental conforme a la Ley 1333 norma ERAM 82000.
De acuerdo con este sitio web, la Gerencia y Presidencia del Directorio de YPFB-Andina estaban dirigidas por Mario Arenas, lo que constituye otra irregularidad administrativa. El ejecutivo informó de cuatro empresas que se presentaron a la licitación: Nabors Drilling y Helmerich Payne Pride, ambas se excusaron; y NLHD y Parker Drilling rechazaron la licitación. No se pudo acceder a ninguna documentación de estos rechazos o excusas.
YPFB-SIPSA accedió a la administración del taladro supuestamente rentado por Bolivia a Venezuela para la perforación del pozo 34d en el campo Víbora. Sin embargo, a pesar de su arribo al país el 31 de julio de 2008 y del acto el 23 de enero de este año en que el presidente Evo Morales anunció el inicio de actividades, la maquinaria aún no empieza a operar.
Sin embargo, su traslado creó una deuda de 6,5 millones de dólares de YPFB y YPFB-SIPSA con PDVSA y una adicional por el personal venezolano que acompañó el desplazamiento y esperaba el montaje de las piezas. Recientemente, después de una auditoría practicada por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, la titular Nardi Suxo informó que existe otra deuda por el alquiler, cercana a los 60 millones de dólares.
HidrocarburosBolivia.com añade que el 30 de octubre, en una reunión con PDVSA-Servicios, el ex gerente de YPFB-SIPSA Rogelio Ashimine propuso
crear una empresa mixta entre ambas para operar la perforadora. El 12 de noviembre, este funcionario y Rolando Michel, en representación de YPFB, expresaron la voluntad de ceder los derechos de YPFB sobre el taladro a YPFB-SIPSA porque “no estaría en condiciones de ejecutar el contrato de perforación con Andina S.A.”. El hecho se consumó el 27 de junio.
Ministro Luis Arce se contradice y desmiente a Suxo
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, afirmó que, como fideicomitente, desconocía los desembolsos y pagos hechos a Catler-Uniservice del fideicomiso otorgado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el financiamiento de la planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.
De esa manera rechazó y desmintió las declaraciones de la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, quien aseguró la semana pasada que existieron observaciones de Arce al Banco Unión antes de hacer los desembolsos.
El titular de Economía además señaló que el segundo retiro del fideicomiso de parte de YPFB fue en una fecha posterior a la que se informó en una solicitada de esta cartera del 6 de febrero.
En declaraciones a la red ATB, Arce expresó: “La única nota que tengo cursada como Ministerio hacia el Banco Unión es cuando éste hace una consulta simultánea, ahora ya tenemos toda la documentación, al beneficiario y el fideicomitente, llámese YPFB, y el Ministerio de Hacienda, donde consultan la posibilidad de que el Banco Unión pueda enviar el contrato de fideicomiso hacia sus corresponsales en el exterior para poder operar tranquilamente el fideicomiso con una apertura de carta de crédito, esa carta que es simultánea a los dos tiene una respuesta (…) donde le decimos: ‘Actúe de acuerdo a lo que dice el contrato (…) porque dice que el Banco Unión (..) tiene que hacer todo lo posible para que se viabilice el contrato’”.
El viernes pasado, la ministra Suxo declaró que YPFB, presidida en ese tiempo por Santos Ramírez Valverde, hizo los desembolsos a Catler-Uniservice para la planta de Río Grande a pesar de existir observaciones de Arce.”Tenemos conocimiento de que incluso hay observaciones que se habrían hecho de parte del Ministro de Hacienda (hoy de Economía y Finanzas Públicas) cuando se instruían los desembolsos”.
Ayer por la tarde se consultó a Suxo sobre las declaraciones de Arce y la respuesta fue: “Lo que he manifestado es que el Ministro ha enviado una nota pidiendo que se cumpla la norma”. La otra contradicción de Arce se refiere a la fecha de los desembolsos, los primeros datos de su Ministerio mencionan el 14 de enero de 2008 como la segunda vez en que se depositó a Catler-Uniservice S.R.L., sin embargo: “En el estado de desembolsos que nos ha enviado (el Banco Unión) tenemos (…) no hay ese desembolso, aquí hay un traspaso el 23 de enero, traspaso de fideicomiso a la cuenta de Uniservice por 1.650.000 (dólares)”.
Uniservice sigue trabajando con YPFB y PDVSA
La firma Uniservice, que se asoció a Catler para impulsar la construcción de la planta separadora de líquidos, sigue trabajando con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Así lo confirmó el abogado Carlos Rocha, encargado de la defensa legal de Angélica O’Connor D’Arlach, hermana del empresario Jorge O’Connor, asesinado el 27 de enero.
“Uniservice se ha reunido con ejecutivos de YPFB y de PDVSA y ésa es una muestra de que no dejó de funcionar, se mantiene activa”. El contrato de esta empresa con YPFB como socia de Catler es cuestionado por las irregularidades observadas en su suscripción el año pasado.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció ayer, según Efe, que Venezuela asesorará a su país en la creación de una planta de separación de los componentes líquidos del gas natural en la región tarijeña del Chaco, fronteriza con Argentina. Esta planta es similar a la que se iba a construir en Río Grande.

(foto de El País del 2006, qué buenos amigos. hoy el primero en la cárcel el segundo todavía no)

el muy importante diario El País de Madrid, se ocupa cada vez más de la corrupción en Bolivia sea por medio de sus corresponsales como en éste caso Mabel Azcuí, en notas editoriales y en sus blog y secciones de debate. es que la acusación del presidente Morales a la CIA de ser autora de la corrupción, ha causado hilaridad, risa, sonrisas burlonas, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. lo triste es que Morales está perdiendo la poquísima credibilidad que les quedaba con afirmaciones que hulen más a "cuento del tío" para entretenimiento de los incautos dentro del país, para la gente cuerda, esta maniobra distractiva, es un intento de quitarse de entre las brasas, porque se está llegando a la conclusión de ser él mismo el gran responsable.

Entre el viernes y el martes, el presidente Morales reiteró sus acusaciones contra la CIA y un presunto espía que logró infiltrarse en YPFB, al tiempo que lamentó que "los compañeros hayan caído en la trampa de la corrupción", en alusión al encarcelado ex presidente de YPFB Santos Ramírez, en cuya boda fue testigo a principios de enero.
En una declaración oficial difundida ayer, la Embajada de Estados Unidos en La Paz rechaza las acusaciones sin fundamento ni pruebas formuladas por el Gobierno boliviano, y deplora el uso de la Embajada como excusa en el contexto de sus intereses políticos.
El ministro del Interior, Alfredo Rada, informó de que Rodrigo Carrasco, ex gerente de Comercialización de YPFB acusado de espiar para la CIA, fue miembro del Comando de Operaciones Especiales (Copes), un grupo policial desarticulado por una supuesta confabulación contra el Gobierno, pero no dio más detalles.
El fiscal César Romano informó de que Carrasco fue liberado tras prestar sus primeras declaraciones, después de que la empresa fuera intervenida por orden de Morales, al no haberse encontrado elementos que lo inculpen, aunque el fiscal no descartó citarlo de nuevo en el futuro para ampliar sus informaciones. Carrasco dijo que llegó al cargo por méritos propios, ya que se especializó, aunque sin títulos académicos, en Nigeria, Irak y Kuwait.
"Cuando volví a Bolivia, en 2007, conocí a Guillermo Arequipa [ex presidente de YPFB, ex superintendente y ex ministro de Hidrocarburos]; iniciamos una relación de asesoramiento y así llegué a YPFB". Más tarde, fue contratado por el entonces presidente de la petrolera, Santos Ramírez, según declaró al periódico El Mundo de Santa Cruz.
Corrupción
La empresa YPFB afronta una difícil coyuntura por el escándalo de corrupción, hecho público tras el asesinato de un empresario petrolero cuando, supuestamente, iba a entregar 450.000 dólares a parientes políticos de Ramírez, en lo que se ha interpretado como parte de un soborno por un contrato de construcción de una planta separadora de líquidos, valorada en más de 83 millones de dólares. Familiares políticos de Ramírez dijeron que el dinero robado se iba a destinar a viviendas de interés social mediante una fundación.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, ha encontrado, además del contrato con Cattler Uniservice, "sociedad accidental" encargada de la planta separadora, otros ocho hechos de corrupción en los que Ramírez y al menos otros 16 de sus colaboradores en YPFB están involucrados: la doble licitación para la compra de vehículos con la misma proveedora, pero con un precio mayor, y el gasto de casi 20.000 euros en ocho viajes en avioneta a tres ciudades que cuentan con aeropuertos y servicio diario de transporte aéreo.
Las autoridades de Transparencia encontraron que Ramírez compró una empresa en quiebra dedicada a reparación de bombonas de gas y la convirtió en una de servicios de perforación de pozos petrolíferos, para lo cual alquiló, con fondos de YPFB, un taladro a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), por un canon de entre 30 y 60 millones de dólares, tras permanecer mucho tiempo en depósito y sin uso.
Ramírez, que 35 días después de su boda decidió divorciarse de su segunda esposa en aras del amor a la patria, fue bautizado como nuevo preso en la cárcel de San Pedro de La Paz durante las fiestas de Carnaval, junto con el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y otros nuevos presidiarios, a raíz de las denuncias de corrupción en YPFB, según confirmó el gobernador de la penitenciaría.

Los Tiempos nos recuerda lo sucedido en Epizana, escenario de un horrendo crimen cometido contra tres policías, que fueron torturados y asesinados por una masa enloquecida. Epizana se devela como un punto clave del narcotráfico donde se incautó casi cien kilos de cocaína. todavía no se ha iniciado el juicio y la mayoría de los aprehendidos han sido liberados previo pago de dinero como garantía que la burocracia judicial guarda en custodia.

Redacción central
Epizana. Oscuridad. Calles vacías, tiendas cerradas y quietud. Es 25 de febrero de 2008 por la noche y una pelea rompe la calma. A pocos metros del retén, hay tres policías en una trifulca con Zenón Soria, transportista y hermano del corregidor. Así se comenzaba a escribir el triple linchamiento de policías que extorsionaban a presuntos traficantes de droga.
Las ejecuciones revelaron que Epizana es una veta del narcotráfico. Los cocales de Yungas de Vandiola, cercanos al lugar, son una fuente inagotable de materia prima. Varios traficantes han caído con grandes cargamentos. A fines de 2008 la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) se incautó de 74 kilos de droga. En 2009, se secuestraron más de 100 kilogramos.
Hay coca barata. La producción de Yungas de Vandiola se remata a la mitad del precio comercial. Un taque se cotiza hasta en 900 bolivianos, pero en la zona se vende en menos. Los tres policías tuvieron que morir para que Epizana sea reconocida como una de las principales rutas del narcotráfico.
Se barajaron varias hipótesis sobre las razones que empujaron a la turba a matar a los uniformados. Con el tiempo y las frecuentes incautaciones cobró fuerza la versión de que los policías dieron a elegir a traficantes sorprendidos entre el “volteo” de 15 kilos de droga o el pago de 1.300 dólares, según relatos de policías que conocían de las operaciones clandestinas de las víctimas y que aseguran que no era el único grupo o “patrulla” que ejecutaba estos golpes.
Un año después, ésa sigue siendo la única respuesta para la muerte de los policías, aunque la versión oficial se apega a la denuncia de extorsión. No habla de narcotráfico. El único testigo de la trifulca, el cabo Martín Mamani, de la Policía Caminera, contó: “a las 21:30 arribó al retén, un vehículo blanco 1294-RRU, conducido por el policía Eloy Yupanqui, acompañado por sus camaradas Willy Álvarez y Wálter Ávila, indicando que iban a trabajar, pero no portan orden o memorando de destino al retén”.
¿Qué motivó la extorsión? A eso de las 22:00 del 25 el cabo Mamani vio la pelea y al transportista tendido en el suelo. “Arribó a la tranca un vehículo de servicio público, cuando los policías procedieron con el control a los 30 metros de la tranca, mi persona vio a uno de los pasajeros en el suelo, me constituí, donde se agredieron ambas partes, donde quedaron heridos dos ocupantes (los presuntos extorsionados). Ambos fueron auxiliados en un vehículo particular al hospital de Totora, acompañados por Wálter Ávila y Willi Álvarez”, según el informe que el cabo envió al comandante de la Policía, José Copa.
El corregidor de central de Pocona, cercana a Epizana, Pedro Villarroel, señalado como uno de los instigadores, declaró a los pocos días en asamblea: “Estamos cansados de ser extorsionados por todo y nada. No hay justicia para nosotros cuando se trata de reclamar”.
La pelea selló la suerte de los policías. Al volver del hospital se encontraron con una turba, que irrumpió violentamente en las oficinas del retén y tomó como rehenes a los tres efectivos. El arribo de 18 policías antimotines no aplacó sus ánimos.
La turba, que ya tenía cautivos a los efectivos en la casa comunal, hostigó al grupo de rescate con un cerco de autos. Tras el repliegue del equipo antidisturbios, los más feroces de la turba sacaron a golpes a las víctimas, obligándolas a descender del segundo piso por un tubo de antena. Bastaron unos instantes y la barbarie dio fin a la vida de los policías.
21 IRÁN A JUICIO
Cuando faltan apenas unos días para que se cumpla un año del triple linchamiento de policías en Epizana, el juicio contra los implicados se estanca y está ensombrecido por denuncias de corrupción contra el fiscal, que dirige el proceso.
Se estima que 21 de los 57 sospechosos serán imputados y deberán comparecer en un juicio oral este año. Sin embargo, sólo 10 de los implicados están detenidos y corre la versión de que tres de quienes tienen medidas sustitutivas se han dado a la fuga.
Entre los implicados y señalados por varios testigos como instigadores de la golpiza, quemaduras y estrangulamiento están dirigentes de las comunidades próximas a Epizana. También fue identificado el presidente del Comité Cívico de Totora, Benigno Rodríguez.
LAS VÍCTIMAS: POLICÍAS CON CÚMULO DE PROCESOS
Willi A. Álvarez Cuevas
Tenía 33 años, más de 10 de ellos dentro de la Policía Nacional y llegó al grado de sargento segundo.
Era padre de siete niños. Uno de sus proyectos de vida era comprarse una casa.
Murió linchado en Epizana, víctima de una brutal golpiza en la que perdió parte de su dentadura.
Entre sus antecedentes, fue procesado en cinco ocasiones por amenazas, agresiones, faltas al servicio, familiaridad con antisociales y faltas a un superior.
Walter C. Ávila FernÁndez
Era cabo de la Policía, tenía 29 años, llevaba más de cinco años en la institución y contaba con una joven familia.
Uno de sus proyectos inmediatos era casarse el sábado siguiente al asunto de Epizana con la madre de su hija de cinco meses.
La pareja era una muchacha universitaria que se despidió de él antes de que partiese a Epizana.
El efectivo murió asfixiado. Fue dado de baja en 1999 por deserción, pero volvió a la Policía.
Eloy V. Yupanqui Flores
Nació en La Paz. Tenía 29 años, venía de una familia numerosa terminó su carrera policial y llevaba más de ocho años en la Policía.
A diferencia de sus cuatro hermanos se mantenía soltero para ayudar a su madre y, según ella, siempre se mostró como un hijo ejemplar.Murió asfixiado en el linchamiento de Epizana.
En sus antecedentes figuran dos procesos disciplinarios por faltas al reglamento y por beber en recintos policiales.

el decano de la prensa nacional, el diario de la paz, editorializa sobre los desaciertos de E.M. y enumera algunos de sus mal pasos. culpar a la CIA de la corrupción en Yacimientos, es algo tan risible que llega a lo ridículo, más aún si en casi dos horas de perorata desde su emisora "que viva la coca", ha insinuado que Carrasco Jhansen un oficial de policías, es el superman de los estadounidenses y solito, gracias a su capacidad y la gran preparación que recibió en cursos gringos es capaz de haber provocado todos los males desde un escritorio de la petrolera, ja, ja, já!

otros desaciertos que señala el diario serían la mentira de estar E.M. combatiendo al narcotráfico,utilizar ejército en perseguir y encarcelar a pandinos, veamos:

La última “genialidad” del Presidente de la República ha sido declarar que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos, es responsable de la corrupción que se está dando en Bolivia, cuyos protagonistas resultan ser militantes y altos dirigentes del gobernante Movimiento Al Socialismo. Este exabrupto del Primer Mandatario pasa los límites de la racionalidad, porque no se puede admitir que un organismo foráneo sea culpable de las irregularidades que cometen masistas en función de gobierno. Tal vez quiso decir que entre los corruptos del Ejecutivo existe gente reclutada por la referida Agencia de Inteligencia norteamericana, pero la dirigencia del MAS debería identificarlos y sancionarlos por traición, ya que ese partido es enemigo confeso del país del Norte y de sus instituciones. Realmente resulta difícil saber qué quiso decir el Jefe de Estado en una concentración política que se realizó en el Chapare, esperemos que no le haya afectado el viaje que realizó a dos países europeos, donde quizá le dieron la información de la filtración de la CIA a nivel de Gobierno, o hizo tal declaración por afán de protagonismo, para quedar bien en la cuna del masismo. Sin embargo un Jefe de Estado no debe recurrir a este tipo de afirmaciones, porque es motivo de mofa entre los connacionales y seguramente en el exterior, porque torpezas como la comentada, dañan la imagen del país.
Ya no causan sorpresa las equivocaciones que cometen los miembros del Gobierno, porque son tan frecuentes que la población se está acostumbrando a ellas, aunque no deja de ponerse de mal humor por esa forma de actuar de las principales autoridades nacionales. Lo peor es que el Presidente incurre en excesos y precipitaciones también en el exterior, como haber propuesto la creación de un “nuevo organismo” de la Organización de Estados Americanos sin la presencia de Estados Unidos, sin justificación; otra irracionalidad suya fue pedir el cambio de la sede de funciones de la ONU. Los Jefes de Estado que escucharon directamente esos planteamientos quedaron sorprendidos, porque por lo menos se les debió haber consultado, para conocer su opinión. El pedido de Evo Morales Aima respecto a la OEA y la ONU, no tuvo repercusión, ni siquiera fue comentado por sus homólogos. Esto muestra que la improvisación y la falta de un adecuado asesoramiento le hacen cometer errores garrafales al Presidente de la República.
Pero en cuanto a errores no quedan atrás altos funcionarios del Ejecutivo, uno de ellos es el del Agregado Comercial de la Embajada de Bolivia en EEUU, quien funge como embajador interino a falta de un titular, quien pasó por momentos difíciles en una reunión internacional, cuando fue calificado de mentiroso, al declarar que la lucha contra el narcotráfico en Bolivia era prioridad del Gobierno y que los resultados eran alentadores. Nada más falso, porque cuando le preguntaron cómo justificaba el incremento de plantaciones de coca ilegal que pasaron las 20 mil hectáreas, además que el consumo interno está aumentando peligrosamente, no supo responder. En este tipo de eventos es mejor que no participen representantes bolivianos si no están preparados, porque causan bochorno, no tenemos interlocutores válidos que puedan defender lo que proponen. Evidentemente faltan profesionales de carrera diplomática en nuestras embajadas.
Otra equivocación gubernamental fue hacer “operativos comando” en el departamento de Pando, utilizando militares como si se tratase de un conflicto bélico, como en las dictaduras. Lo peor es que se los realizó sin planificación, porque no se contaba con órdenes de aprehensión, no participaron los representantes del Ministerio Público y hubo detenciones en horas no permitidas por la propia Constitución elaborada y promulgada por el partido de gobierno. Así se trata de escarmentar a la población pandina que votó en contra de la promulgación de la nueva Constitución y por las denuncias sobre los actos de corrupción que comete gente del Ejecutivo en esa región del país. Un caso es el de la autorización que salió desde Palacio de Gobierno para que sean liberados 33 camiones cargados de mercadería de contrabando, además de la creación de un pueblo destinado exclusivamente para la actividad del contrabando, lo peor es que lleva el nombre del Jefe de Estado.
Otro desacierto es el decreto promulgado para que voten los bolivianos que residen en el exterior, que fue elaborado sin hacer las consultas necesarias y no se ajusta a la realidad nacional. El máximo órgano electoral ha calificado de inviable el voto en el exterior, porque el sufragio fuera del país tiene que ser regulado por una Ley de la República y no por un Decreto Supremo. Los errores, excesos, precipitaciones e improvisaciones que viene cometiendo el Ejecutivo demuestran que no hay un programa de gobierno y todo lo que se viene realizando es producto de la coyuntura y el protagonismo político, porque no se puede justificar la forma de actuar del Jefe de Estado y sus colaboradores, que para distraer la atención de la opinión pública buscan la confrontación, no solucionar los problemas que afligen a la ciudadanía.

el periódico OPINION saliendo por los fueros de la Institucionalidad patria señala el rol de las fuerzas armadas en editorial que guardaremos entre los imperdibles.

Las Fuerzas Armadas no están para reprimir ni a políticos ni a la población
Ojalá que las Fuerzas Armadas no sean utilizadas para fines políticos partidistas, y que no se las dañe politizándolas con proyectos sectarios. Sería no solamente retroceder a épocas tristes de la historia boliviana, importaría jugar con su propia sobrevivencia y unidad.

La Constitución Política del Estado, la actual, como las anteriores que han regido la vida republicana de Bolivia, en términos más o menos similares, sostienen que las Fuerzas Armadas de la Nación tienen como misión principal defender y conservar la soberanía nacional, su independencia, el honor nacional, defender la Constitución Política y cooperar en el desarrollo integral del país, y por supuesto garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido.Durante los años de democracia que viven los bolivianos, a partir de la recuperación del sistema, en 1983, las Fuerzas Armadas se han caracterizado, en términos generales, por cumplir estos preceptos tan venidos a menos en gobiernos de las dictaduras que las utilizaron como mecanismos de represión y de conculcación de los derechos ciudadanos. Es cierto, que este fenómeno se dio en varios países de Latinoamérica, donde incluso se formó una especie de eje militarista que tomó el control de los gobiernos de algunos países y que realizaban tareas coordinadas en la represión, a nombre de combatir a la izquierda internacional. La gente que vivió esos momentos no puede menos que guardar recuerdos de miedo y animadversión contra esta institución.El posterior desarrollo democrático reubicó a las Fuerzas Armadas en su papel esencial, constituyéndose luego, en muchos casos, en una especie de guardián de la democracia.Debe ser por todos estos resumidos antecedentes que la población cuando escucha que son las Fuerzas Armadas que intervienen en operativos de detención de ciudadanos, como se ha denunciado últimamente en Pando, retorna al temor y a la incertidumbre, posiblemente acrecentados, cuando son altas autoridades de Gobierno que advierten, que la presencia militar en ese departamento será mayor y que los ciudadanos tendrán que acostumbrarse a esta situación.Ojalá que las Fuerzas Armadas no sean utilizadas para fines políticos partidistas, y ojalá que no se las dañe politizándolas con proyectos sectarios. Sería no solamente retroceder a épocas tristes de la historia boliviana, importaría jugar con su propia sobrevivencia y unidad.Durante el pasado Estado de sitio que dictó el Gobierno en Pando, donde hubo una fuerte presencia militar, se atropellaron derechos ciudadanos y se registraron detenciones sin observar ninguno de los procedimientos legales y trasladando a los detenidos a La Paz. Esta práctica que parecía superada y soportada sólo por dicho Estado de excepción, se ha vuelto a repetir hace pocos días con la detención de siete ciudadanos. Grupos encapuchados, sin orden legal y en horas de la madrugada, irrumpieron en forma violenta en domicilios de ciudadanos pandinos con el argumento de investigar los sucesos del pasado 11 de septiembre en Pando.Si en estas acciones participaron militares sería algo nefasto, que recordaría acciones de militares y paramilitares que actuaban durante las dictaduras de Banzer y de García Meza. Los militares no están para reprimir ni a políticos de oposición, ni a la población en general.