Por un sentido de responsabilidad moral y profesional se debe insistir en la necesidad de investigar la denuncia de tráfico de influencias, de manera que si ésta se comprueba se sancione a los implicados
Con el uso de todo el aparato estatal el Gobierno ha logrado que las denuncias sobre tráfico de influencias en favor de la empresa china Camce pasen a un segundo plano y la atención se enfoque en la principal acusada, la exenamorada del Primer Mandatario con la que tuvo un hijo que presuntamente falleció.
La denuncia consiste en que aprovechando esa relación, la exenamorada, que fue contratada por la empresa china en un puesto ejecutivo para el cual no tenía los méritos profesionales ni la experiencia de trabajo adecuada, habría influido para que se le adjudique obras por alrededor de 560 millones de dólares.
Luego de una servil reacción de las autoridades para explicar esa relación amorosa, que fue reconocida públicamente por el Primer Mandatario y el Vicepresidente, y una negligente actuación de una comisión legislativa para investigar la denuncia, que sólo aumentó las dudas, se procedió, vía declaraciones distorsionantes, actuación del Ministerio Público y algunos jueces, difusión de fotografías comprometedoras, pérdida de documentos importantes de la investigación (como un celular del Ministerio de la Presidencia y varios libros de registro de visitantes a ese despacho), a organizar el acoso estatal despiadado contra la exenamorada del Presidente, que incluye el encarcelamiento de uno de sus abogados y de amistades, parientes e incluso la persona que le vendió una casa, acoso que no tiene precedentes en esta etapa democrática.
Así, el meollo del problema, la denuncia de tráfico de influencias, intenta ser convertido en un “culebrón”, y dado el despliegue represivo estatal señalado, se genera miedo en diversos sectores de la sociedad.
En ese escenario, por un sentido de responsabilidad moral y profesional se debe insistir en la necesidad de investigar la denuncia de tráfico de influencias, de manera que si ésta se comprueba se sancione a los implicados. Es lo menos que se puede exigir si se quiere impedir que la corrupción siga expandiéndose sin control alguno.
Desde otro enfoque, quienes han impulsado esa estrategia de distracción no previeron que la forma de actuar en este caso de las principales autoridades del país y los sumisos funcionarios del Ministerio Público y el Órgano Judicial, da cuenta de su profunda insensibilidad humana, que pone en cuestión los presuntos principios de justicia que aseguran seguir. La realidad, una vez más, muestra que priman los intereses sectarios a los que subordinan, sin ambages, los del bien común.
Adicionalmente, se puede sostener que el país ha ingresado a una etapa compleja desde que la ciudadanía rechazó la reforma constitucional impulsada por el Gobierno y el MAS para posibilitar una cuarta postulación a la Presidencia y Vicepresidencia de los actuales primeros mandatarios, que está signada por factores adversos, a diferencia de los años pasados, como la caída de los precios de nuestros recursos naturales, el deterioro de una larga gestión de gobierno junto al aumento de la desconfianza ciudadana, y un entorno regional que cambia de norte ideológico.
En ese escenario, no parece, pues, ser tan exitosa la estrategia que se comenta como se presume, más aún, si sigue sin respuesta la denuncia de tráfico de influencias.
