coincide Centa Rek con Los Tiempos en la percepción de un estado de excepción por el MAS

“Lo que se intenta con la contramarcha que se está armando es que el día de la llegada de los indígenas haya un enfrentamiento, se dé una situación que se pueda tomar como una amenaza al Estado de derecho, a la democracia con el fin de gestar un estado de excepción. Con eso el Gobierno volvería a tomar nuevamente el mando del país, desactivaría todo tipo de protestas que callarían las voces y que no se tenga la posibilidad de expresar su malestar, su descontento por lo que se postergarían las elecciones judiciales” explicó Rek, de acuerdo con un análisis que realizó de lo que ocurre. La Policía, según la congresista, será utilizada por el Gobierno. “Al estar susceptible y con muy buenas razones de pensar que siempre serán los culpables por omisión o acción no van a querer actuar en ese momento y quedarán como desobedientes de las órdenes”, señaló. Añadió que por esa razón, el Gobierno empezará con un estado de excepción para tomar de nuevo el control del país. “Todos estamos entrampados en esta estrategia que es macabra y común en las acciones del Gobierno cuando se siente sin oxígeno y sin salidas”, afirmó. Manifestó que la oposición se encuentra preocupada porque con todo lo que está pasando hay el riesgo de que se dañe la democracia en el país. Señaló que de alguna manera el Ejecutivo busca culpables, chivos expiatorios para sancionar luego del 12 de octubre, día que la marcha indígena en defensa del TIPNIS llega a La Paz. Una contramarcha, que apoya al Ejecutivo, le dará alcance para impedir que llegue a la sede de Gobierno. La Policía anunció que escoltará a los marchistas.

Los Tiempos previene de estarse gestando un hecho cruento con la contramarcha masista de forma provocatica e innecesaria. 

La decisión del Gobierno de Evo Morales de convocar a las organizaciones de colonizadores y productores de coca a ejecutar una serie de acciones con el fin de contrarrestar la marcha de los indígenas del Tipnis, ha causado justificada alarma entre la ciudadanía que ve con preocupación la posibilidad de que tal movilización masiva de adherentes al “proceso de cambio” derive en enfrentamientos.

Tales temores no son infundados. Muy por el contrario, abundan los motivos para creer que son muy altas las probabilidades de que la beligerancia que los líderes de los cocaleros y colonizadores dirigen explícitamente y ya sin disimulo contra los indígenas del Tipnis y contra quienes los apoyan pase de las agresiones verbales a la violencia física.

Cabe recordar al respecto que hay antecedentes no muy lejanos que dan sólido fundamento a las advertencias de quienes temen que una fatalidad esté gestándose con el único y expreso propósito de imponer a cualquier precio la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a través del Tipnis.

Los cruentos enfrentamientos producidos en Caranavi a fines de julio del año pasado, cuando los colonizadores de la zona se enfrentaron con los vecinos de la región ante la mirada impasible, cuando no cómplice, de las autoridades gubernamentales es un hecho que está todavía fresco en la memoria colectiva. Las dos personas muertas y las decenas de heridas y el denso manto de impunidad que se tendió sobre el caso no se pueden olvidar fácilmente.

Por si eso fuera poco, los principales líderes de las organizaciones de productores de coca y de los colonizadores que aspiran a beneficiarse con la adjudicación de tierras en los territorios indígenas y en las áreas protegidas, muchos de los cuales son los mismos que organizaron los enfrentamientos de Caranavi, no dejan de amenazar a los marchistas en términos cada día más agresivos e irresponsables.

"Nosotros en ningún momento vamos a darles un buen recibimiento (a los indígenas), (…) en ningún momento vamos a admitir su paso” ha dicho, por ejemplo, el principal dirigente de la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (Fapcca). “Los vamos a reventar”, ha dicho otro y, así por el estilo, es muy larga ya la cantidad de expresiones, dados los antecedentes, no pueden ser tomadas como inocuas bravuconadas. Ya se sabe que quienes las profieren son perfectamente capaces de respaldar sus palabras con hechos, como lo atestiguan los heridos, las viudas y huérfanos que dejaron sus acciones hace algo más de un año en el mismo sitio al que se aproximan los habitantes del Tipnis y quienes respaldan su causa.

Estamos pues ante una iniciativa oficialista que por lo temeraria que es sólo merece ser enérgicamente rechazada. Y si a pesar de las muchas advertencias y exhortaciones las autoridades gubernamentales y los dirigentes de las organizaciones sociales que las respaldan se empecinan en su afán, es de esperar que cuando llegue la hora de juzgar las consecuencias de sus actos tengan el valor de asumir sus responsabilidades.

la crónica de septiembre será siempre la masacre de San Lorenzo (Tribuna de ED)

El 11 de septiembre de 2001 la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaba la Carta Democrática Interamericana, documento trascendental que incorpora conceptos claros sobre la democracia a la que, además y principalmente, reconoce como un derecho de los pueblos al señalar en su Artículo 1: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobernantes la obligación de promoverla y defenderla”. Transcurre una década desde que se proclamó este y otros principios y en ese lapso todavía existen regímenes políticos que se han apartado de tales principios o se esmeran en imponer o sostener sistemas autoritarios que ni promueven ni defienden la democracia. Todo lo contrario, se ocupan de destruirla para asegurar su permanencia en el poder.

También ha transcurrido una década desde aquella fecha luctuosa escrita por la violencia terrorista el 11 de septiembre de 2001 desatada en los EEUU, hecho que conmocionó al mundo por sus características y efectos devastadores que cobró la vida de casi tres mil personas, que resultaron víctimas inocentes de este demencial atentado, un verdadero delito de lesa humanidad que mostró hasta dónde puede llegar la violencia generada por el  fanatismo y la intolerancia. O sea que mientras los países americanos, en esa misma fecha, se empeñaban en sentar reglas más sólidas a favor de la democracia, el terrorismo organizado cometía un alevoso acto criminal condenado por la humanidad.

Y en estos días de septiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en actitud justa y esperanzadora, ha emitido el 3 de septiembre una sentencia mediante la cual deja sin efecto una resolución administrativa de la Contraloría de Venezuela que inhabilitaba al líder político de la oposición Leopoldo López restituyéndole así sus derechos políticos, especialmente el de postular a cargos electivos, aunque tuvo que pasar bastante tiempo para que la Corte se pronunciara a través de tan importante sentencia, una verdadera pieza de jurisprudencia internacional sobre derechos humanos, sentada dentro del ámbito americano y que de alguna manera muestra a la Corte Interamericana como órgano jurisdiccional efectivo en la defensa y protección de esos derechos, algo para tomar en cuenta, cuando de parte del Estado y de sus organismos oficiales exista deliberada omisión o calculado descuido en brindar esa protección obligada a los derechos humanos.

En este mismo mes, domingo 25 de septiembre, para ser más concretos, los bolivianos hemos tenido una deplorable e indignante experiencia cuyos efectos, en el ámbito nacional e internacional, habrán de perdurar en el tiempo por sus graves características represoras: la intervención violenta de la policía en la marcha que realizaban los indígenas TIPNIS, métodos propios de regímenes de fuerza, insensibles al clamor de los pueblos que invocan sus derechos y buscan, por la vía democrática, la solución y atención a sus problemas. No había razón alguna para maltratarlos moral y físicamente. Ahora, la única forma de que el Estado Plurinacional haga una reparación justa de los atropellos cometidos contra los TIPNIS es atender su pedido, que al final resulta ser del pueblo boliviano.