El Gobierno debe extremar esfuerzos para investigar, procesar y, si corresponde, sancionar a quienes hayan cometido actos de corrupción dentro de las FFAA, más allá de su grado.
El informe que el Ministro de Defensa ha presentado ante la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa sobre corrupción en las Fuerzas Armadas (FFAA), ha mostrado dos aristas de la administración estatal preocupantes.
Por un lado, la incapacidad de esa autoridad del Estado de fiscalizar el área bajo su tuición. De acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), entre las atribuciones que se da a los ministros están la “gestión de la Administración Pública en el ramo de su competencia”; resolver “en última instancia todo asunto administrativo que corresponda al Ministerio” y ser “responsable de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras”.
El informe prestado por el Ministro sobre diversos y cuantiosos actos de presunta corrupción dentro de las FFAA da cuenta de una total falta de fiscalización hacia sus subordinados y de la adopción de mínimas medidas de seguimiento y control en la adjudicación de obras, en el mantenimiento de bienes, etc., que, al ser denunciados, recién han comenzado a ser investigados pero, como se está haciendo regla, con una negligencia tal que los procesos no concluyen.
Por otro lado, la decisión de no censurar al dignatario de Estado luego del informe presentado, como al parecer correspondía, fue rechazada (esta vez sin aplausos, felizmente) al Ministro, ha vuelto a constatar la dependencia de los legisladores oficialistas respecto del Órgano Ejecutivo.
Es preciso anotar que nada es más propicio para la corrupción que la falta de una severa fiscalización y la subordinación de los órganos del Estado al Ejecutivo, más allá de las buenas o malas intenciones de los responsables finales de esos hechos. Lamentablemente, las más importantes autoridades del Estado no comprenden o no quieren hacerlo, que el sistema democrático establece un mecanismo de pesos y contrapesos en la administración estatal para el mejor y transparente uso de recursos y para evitar que los espacios de poder sean aprovechados en beneficio propio.
En el caso de las FFAA, el tema se hace más complejo aún porque es la institución a la que se encomienda la misión fundamental de defender y conservar la “independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país” (Art. 44 de la CPE) para lo cual ostentan el monopolio de la fuerza.
En ese contexto, el Gobierno debe extremar esfuerzos para, primero, investigar, procesar y, si corresponde, sancionar a quienes hayan cometido actos de corrupción dentro de las FFAA, más allá de su grado. Segundo, introducir sistemas transparentes que permitan fiscalizar adecuadamente los recursos que el Estado otorga a las FFAA y que alcanzan montos considerables en una pequeña economía como la nuestra.
Al margen de alguna extravagancia retórica, los miembros de las FFAA deben comprender que el país hace muchos esfuerzos para mantenerlos, esfuerzos que, como contraparte, exige, por lo menos, que se garantice el buen uso y destino de los recursos otorgados
