OPINION titula "estafas a la orden del dia" si bien puede mostrar exageraciones, el texto es una prevención para no dejarse sorprender por estafadores sin escrúpulo

Unas 800 personas de todo el país se ilusionaron con la producción de estevia, una hoja que sirve para endulzar bebidas y producir endulzantes.

La empresa Tierra Dulce logró que personas particulares inviertan en esos cultivos entre 20.000 a 30.000 dólares, con la promesa de pagos mensuales durante siete años y la posterior devolución del capital. Los inversores aguardaron por más de un año que la empresa les entregue lo prometido y, al no lograrlo, iniciaron una demanda penal contra los responsables.

El caso está en investigación en el Ministerio Público. Hubo una primera audiencia de la demanda, pero luego los afectados ya no encontraron a los responsables, porque las oficinas de la empresa fueron cerradas. Los inversores defraudados temen la fuga de los encargados de la empresa.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y la Fiscalía están plagadas de denuncias de estafas de diversa índole.

Entre los casos más llamativos está el caso de una pareja que se alquilaba viviendas para luego darlas en anticrético con papeles falsos. Se descubrió el caso antes de que dos familias pierdan 100.000 dólares.

En enero pasado, se denunció a la Fundación Camino Verde, por estafa a unas 200 personas en el Valle Alto de Cochabamba y 100 familias en Beni. Los encargados de Camino Verde ofrecían financiar el 70 por ciento de proyectos, a partir del aporte del 30 por ciento del interesado. Está, por ejemplo, una víctima que aportó 9.000 dólares con el deseo de recibir 21.000 dólares de financiamiento para un tractor, pero no obtuvo nada. Una asociación de apicultores figura entre las víctimas de Camino Verde, ya que entregó 74.000 bolivianos para un proyecto de 174.000 bolivianos y también fue engañada por el responsable de la Fundación que está prófugo.

En Sucre, la coordinadora de la entidad financiera Diaconía fue encarcelada por timar a más de 400 personas que le entregaron diferentes cantidades de dinero a cambio de un interés mensual de entre 10 y 15 por ciento . La encargada de la entidad financiera ilegal pagó por unos meses y no devolvió el capital.

Las múltiples víctimas de estafas enfrentan serias dificultades para recuperar sus ahorros, pues recurren al pesado y lento sistema judicial que les demanda más gastos para seguir el juicio.

A partir de estos casos, es urgente que las autoridades y la sociedad en general encuentren formas de evitar que las estafas múltiples se repitan.

excelente crónica de Carlos Antonio Carrasco, diplomático y escritor enviado desde La Razón. el autor lee y escribe en francés e inglés, además del castellano. muy sabrosa.

(foto y texto de La Razón, LP, edición impresa) Choquehuanca  y Rodríguez Canciller y Agente en la CI)

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Carrasco / La Haya

03:51 / 05 de mayo de 2015

Como estaba previsto, a las tres en punto de la tarde del lunes, entraron los 14 jueces (uno desistió) en la magna Sala de la Corte Internacional de Justicia para proceder con la fase oral del pleito entre Bolivia y Chile. Antes, el presidente Ronny Abraham (Francia) tomó juramento a los dos jueces ad hoc, Ives Daudet (Francia) y Louise Arbour (Canadá), nombrados por Bolivia y Chile, respectivamente.

SECUENCIA. Las 15.15, fue el turno del agente chileno Felipe Bulnes, quien recitó un introito de la defensa de su país ante la demanda de Bolivia. En buen inglés y correcta dicción resumió la secuencia de su alegato, repetido luego ad- nauseam por sus abogados: que el Tratado de Paz y Amistad de 1904 tiene una vigencia de más de 111 años y que en virtud del artículo 6 del Pacto de Bogotá, adoptado el 30 de abril de 1948, la CIJ debería declararse incompetente para considerar la demanda. De lo contrario, sostuvo, “se destrozaría  la razón de ser de dicho pacto, comprometiendo la paz de América”. Confió a la CIJ actuar como guardián de dicho instrumento jurídico. Otro punto repetitivo fue denunciar la “verdadera naturaleza oculta” de la demanda boliviana: revisar el Tratado de 1904, para satisfacer la “aspiración” largamente acariciada, contar con una salida soberana al mar.

Bulnes distribuyó por segmentos la intervención de sus abogados: Mónica Pinto (Argentina) se ocuparía del artículo 6 del Pacto de Bogotá; Daniel Bethlehem (Reino Unido) de interpretar el Tratado de 1904; Samuel Wordsworth (Reino Unido) de los motivos por los que la CIJ se declararía incompetente; y, finalmente, Pierre Marie Dupuy (Francia), fundamentaría la excepción preliminar de Santiago.

Mónica Pinto, la septuagenaria jurista, en francés impecable, se apoyó con reiteradas invocaciones a los dictámenes de la CIJ en ocasión del  litigio entre Nicaragua y Colombia, para restar competencia a ese estrado. El plato fuerte de su intervención fue que al tratar aquel caso, “la CIJ ya había adoptado una interpretación del artículo 6 del Pacto de Bogotá”. Se refirió luego a la actitud aparentemente ambigua de Bolivia con respecto a dicho Pacto.

Daniel Bethlehem, conocido abogado británico, desmenuzó el Tratado de 1904, deseando probar que la salida al mar para Bolivia tiene una vida centenaria, que asegura el libre tránsito a perpetuidad. Su mensaje fue que Bolivia tiene todo, menos soberanía y que sin ella podría seguir viviendo tranquilamente otros cien años.

Samuel Wordsworth, otro abogado londinense, de Essex Street Chambers, dedicó su verba a argumentar porqué la causa boliviana escapaba a la jurisdicción de la CIJ. Dijo que “obligación de negociar” era una argucia boliviana que pedía una negociación que no era abierta, sino que tenía a priori una conclusión satisfactoria a la aspiración nacional de contar “con una salida soberana y útil al océano Pacífico” y que la tal negociación no serviría para otra cosa que para fijar detalles. Situación inaceptable para Chile. Citó, por añadidura el artículo 267 y el noveno transitorio de la Constitución boliviana, alarmado por su contenido reivindicacionista. Hizo énfasis en la traducción de la palabra “reivindicación” que en lengua inglesa lleva a error, porque “vindication” es sinónimo de venganza, revancha, términos que a los jueces podría haber molestado. Wordsworth asumió el rol de cumplido y articulado operador que resumió la argumentación chilena, con cierto énfasis histriónico y claridad en su exposición.

Chile finalizó con la disertación del profesor francés Pierre-Marie Dupuy, que luego de argumentos ya escuchados rechazó la noción de “obligación a negociar”, invocando la continuada vigencia del Tratado de 1904, pero sin aportar novedad de valor a las contribuciones explicadas por sus colegas. Pena para un catedrático de su talla.

ESTRATEGIA. En suma, la estrategia chilena descansa en inducir a Bolivia a debatir la vigencia del Tratado de 1904, sin dar mayor importancia a la noción de los “actos unilaterales de los Estados” y aferrarse con insistencia al artículo 6 del Pacto de Bogotá.

Para ello, empleó una artillería de argumentos bien apuntalados y, en la forma, presentó a sus dos adláteres británicos ataviados con el uniforme de reglamento y sus cabezas encasquetadas con blancas pelucas de albos rizos, esparciendo el escenario judicial con un aire medieval.

Se espera, no sin impaciencia, la réplica de Bolivia el miércoles 6 de mayo, para lo cual se ha programado para hoy martes una reunión de trabajo del equipo de abogados internacionales, encargados de rebatir la plataforma chilena, bajo la égida del agente Eduardo Rodríguez Veltzé.

Previas a la audiencia de la corte

Encuentro

La comitiva chilena llegó al hall del Palacio de la Paz para ingresar al Gran Salón de la Justicia. Mientras eran fotografiados arribó la delegación boliviana, según El Mercurio. La incomodidad se hizo evidente.

Saludo

La delegación de Bolivia ingresó al escenario del juicio y allí se encontró justo con el secretario de la Corte, Philippe Couvreur, quien saludó a buena parte de la delegación y les dijo entre risas “y bueno, aquí     estamos”.