La represión en Bolivia crece, se reproduce y ojalá se acabe pronto. Todos los días el despertador político nos advierte que tenemos ante nosotros una intensa jornada en la que seguramente tendremos que darnos el modo de hacer frente o esquivar las dentelladas represivas con las que el actual gobierno busca destruir a opositores, instituciones democráticas, al sistema de justicia y con las que además ataca la fe cristiana.
Para entender el porqué la represión llama a nuestra puerta cada mañana, resulta de gran utilidad leer un documento que se dice fue elaborado por Alvaro García Linera y que lleva el nombre de: “Emancipación y contra hegemonía en Bolivia: Estrategias para destruir la dominación K´hara (blanca-mestiza)”.
Este documento nos deja entrever todos los pasos políticos que el gobierno actual ha diagramado para generar una lucha por el poder tanto a nivel material como a nivel subjetivo, disputa que según el escrito se libra tanto en el ámbito político como simbólico con el objetivo de destruir la visión y representación que conocemos como “boliviana- occidental”.
Entre otras cosas, el documento admite que el actual gobierno no pretende democratizar el poder social sino invertir los términos entre dominadores y dominados, razón por la que siguiendo este esquema de lucha descarta el orden republicano, sus instituciones, el sistema político, el sistema de partidos, así como a los representantes y operadores.
La Asamblea Constituyente fue creada a fin de generar las condiciones para esta inversión simbólica y legal, dando también un espacio a la acción directa y a veces violenta de los movimientos sociales y un predominio indígena y de lo colectivo sobre lo individual. Se señala asimismo que se debe quebrar el poder judicial, poder legislativo, Corte Nacional Electoral, Superintendencias, etc, así como se deben destruir las figuras simbólicas del antiguo régimen que son los líderes de partidos, empresarios, propietarios de medios de comunicación. El documento apunta a que “todo símbolo de poder del antiguo régimen debe ser destruido, aniquilado, arrasado, y sus representantes humillados, perseguidos, vilipendiados para mostrar la fuerza del nuevo poder”.
El documento considera a Bolivia como un Estado fallido que no ha logrado construir un Estado Nacional, definiendo a nuestro país como un estado sin nación. Habla también de una guerra cultural que se impondrá a través de una reforma educativa que tendrá una acción de violencia simbólica para cambiar la nomenclatura boliviana- occidental dominante, desvalorizando el sistema profesional meritocrático de tal manera que sea más meritorio ser un dirigente sindical que tener un título profesional, esto generaría una subalternización e infravaloración del lugar de las clases medias en el nuevo orden que apunta a imponer criterios de discriminación racial y social. En definitiva se habla de quitar el alma a la sociedad mestiza y blanca, así como del desmontaje de la democracia, la "criminalizacion de la oposición", la "judicializacion de la política" y la destrucción de medios de comunicación e información que no se ajusten al nuevo orden colectivo.
El documento señala que la guerra deberá generar también la destrucción del capital económico existente, destruyendo al empresariado y las clases medias, sus recursos materiales (cerrar mercados y reducir salarios respectivamente), en una palabra empobrecerlos, como una estrategia para anular su capacidad de influencia en relación al poder y al Estado. Para llegar a esta fase el Estado planifica anular el peso del empresariado individual, la propiedad privada (tierras, bienes inmuebles) y toda actividad que genere riquezas.
El sector elegido como protagonista de esta hegemonía es el cocalero, razón por la que debe tomar el poder político y económico, lo que define la política gubernamental de despenalizar la hoja de coca para abrir mercados legales de la coca y sus derivados, sentando así las bases de una nueva burguesía que sustituiría a la del Oriente.
“Quitarle al k´hara su capital económico, social, cultural y político se convierte en una estrategia de poder mucho más incisiva y sutil. Empobrecer al k´hara, romper sus relaciones sociales y mecanismos de ascenso y reproducción social, menospreciar la formación académica, sus meritos y reconocimientos, así como destruir sus referentes simbólicos de pertenencia nacionales (himno, bandera, etc.), todo ello busca quitarle su sentido de vida”, plantea este proyecto.
No es poco lo que se espera derrumbar en medio de las arremetidas a instituciones y personas. Esta es la razón por la que en la Bolivia que hoy vivimos la represión nos saluda por la mañana y nos despide por la noche, a sabiendas que tenemos que estar prestos a recibir sus embates aún después de medianoche. A punta de represión y persecuciones el gobierno se abre paso y se muestra decidido y campante a acostumbrar a los bolivianos a aceptar el garrote en vez de las leyes y a aceptar el yugo donde antes estuvo el goce pleno de libertades.
Nada más y nada menos que esto es lo que los bolivianos estamos por definir en las elecciones del próximo 6 de diciembre.
La Fiscalía de Santa Cruz recibió ayer una denuncia del candidato a la presidencia por Convergencia Nacional, Manfred Reyes Villa, para abrir una investigación por simulación de delito en el caso del supuesto terrorismo que desató otros seis delitos, además de pedir que se proteja y se evalúe la salud del capitán Wálter Andrade ante la posibilidad de que intenten hacerlo “desaparecer o sacarlo del país”.
“El Gobierno calla pero ésta es la punta del ovillo, es hora que se investigue acá (en Santa Cruz) la relación de Andrade con el Gobierno y la relación del Gobierno con Rózsa”, dijo Reyes Villa, mostrando la denuncia ya presentada ante el Ministerio Público a las 18.35 desde las oficinas de su abogado, Carlos Subirana.
En el documento se solicita la apertura de la investigación por simulación de delito que habría generado el asesinato de tres supuestos mercenarios o terroristas el pasado 16 de abril en el hotel Las Américas, liderados presuntamente por Eduardo Rózsa; torturas, secuestros, amenazas, tentativa de homicidio, atentados contra la libertad de trabajo y delitos contra la libertad de prensa, justificando que a seis meses de las denuncias por supuesto terrorismo con la finalidad de dañar a Santa Cruz, a sus instituciones y dirigentes, aparecen evidencias que muestran que todo fue armado.
¿Por qué el Gobierno permitió que fuese eliminado?, ¿o autorizó su muerte? son algunas de las interrogantes que el candidato presidenciable establece en la denuncia, aclarando que si Andrade fue infiltrado en la organización terrorista ¿por qué no lo detuvieron para desmontarla porque supuestamente buscaba la división del país?.
Andrade era jefe del disuelto grupo de inteligencia Utarc, que estuvo envuelto en la balacera a un equipo de Unitel cuando detuvieron al ganadero Nelson Vaca y hace una semana salió a la luz pública unas fotos donde está junto a Rózsa e Ignacio Villa Vargas y unas segundas fotografías, hace dos días, donde se lo ve junto al vicepresidente Álvaro García Linera, lo que hace suponer a la oposición que el capitán era un infiltrado del Gobierno.
En la misma denuncia se solicita a la Fiscalía cruceña que mediante la cooperación directa de la policía se precautele la vida del capitán Andrade y se compruebe el estado de salud, explicando que de forma casual y luego de la aparición de las fotos cuestionadas “deviene un sospechoso accidente de tránsito” del capitán en aparente estado de ebriedad.
“No vaya ser que lo desaparezcan o que lo sacan del país para que no hable”, dijo Reyes Villa señalando que está convencido de la relación directa del Gobierno con el capitán Andrade, que se encuentra hospitalizado pero que nadie ha podido tener contacto con él.
“En el tema del famoso terrorismo, donde cada vez da la impresión que ha sido algo preparado para el Gobierno, entonces se va cerrando un poco más el círculo Rózsa-Andrade y Andrade-Gobierno”, sostuvo el secretario por Autonomías de la Prefectura, Carlos Dabdoub, señalando que ahora quiere ver que el presidente de la Comisión de Diputados, César Navarro, que es del MAS, convoque al Vicepresidente y al Ministro de Gobierno para que expliquen por qué están cerca del capitán.
Navarro confirmó que se pidió a Andrade que se presente este martes 5 de octubre ante la comisión de diputados para recibir su declaración.
El diputado de Podemos, Pablo Banegas, que forma parte de la comisión que investiga los hechos de supuesto terrorismo, dijo que no sólo se debe convocar al capitán Wálter Andrade sino también al ministro de Gobierno, Alfredo Rada y al comandante de la Policía Nacional, Víctor Hugo Escóbar, a quienes acusó de haber mentido en sus declaraciones porque no informaron sobre estas fotografías ni sobre el capitán.
“El Gobierno lo trajo al señor Rózsa y algunos incautos en Santa Cruz se dieron a la tarea de involucrarse de forma irresponsable con este señor para traerlo a los demás extranjeros que estaban acá”, dijo el parlamentario señalando que por época electoral siempre se intentó que el tema de terrorismo salga a la luz pública.
La comisión tiene planificado viajar el próximo lunes a la ciudad de Sucre para investigar a tres asesores de la prefecta opositora Savina Cuéllar.
delitos
Simulación de delito • Sancionada en el Código Penal en el artículo 167. Señalando que el supuesto caso de terrorismo fue armado.
Asesinato • Por las muertes de los tres extranjeros en el hotel Las Américas.
Torturas • Al detener a dos ex unionistas y trasladarlos con los ojos vendados con cartón.
Secuestros • Se denunció que empezaron a detener a cruceños sin orden de detención ni presencia del fiscal.
Amenazas • Penado en el artículo 293.
Tentativa de homicidio• Establecido en el artículo 251.
Atentados contra la libertad de trabajo • Al interferir en las funciones de un equipo periodístico de Unitel que siguió la detención de Nelson Vaca.
Contra la libertad de prensa • Al atacar a dos periodistas.(texto e imagen de El Dia)
Así lo expresó durante la II Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno América del Sur -África (ASA), que se realiza este fin de semana en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, al noreste de Venezuela.
“Los países desarrollados deben reconocer y pagar la deuda climática que tienen con toda la humanidad y con el planeta tierra”, enfatizó.
En segunda instancia, el presidente boliviano instó a crear un tribunal de justicia climática que juzgue y sancione a quienes no cumplen con su compromiso y apuesten a la destrucción del planeta.
“Sólo observamos los defectos, pero es hora de determinar de dónde viene el cambio y quiénes son los responsables (…) Ese debe ser el debate, la crisis del medio ambiente causada por el cambio climático”, manifestó.
Resaltó que la crisis global actual se originó del capitalismo, por ser este sistema el enemigo de la humanidad y del planeta tierra.
“Si no asumimos esa realidad, todos nosotros seremos en parte responsables de la destrucción de la humanidad y del planeta”, aseveró Morales.
ABN
