la crónica de La Prensa resulta conmovedora

los policías cumplían con su deber en Uncía

El suboficial segundo Nelson Antonio Alcócer Casano (46) pudo ser asesinado por comunarios de dos ayllus de Uncía tres días antes de que los campesinos decidieran entregar los cuerpos de éste y tres de sus camaradas, según un reporte preliminar que reveló la autopsia de ley ayer.

De acuerdo con estos mismos informes, que serán confirmados o descartados tras varios análisis de laboratorio, los cabos Rubén Cruz y Emilio Alave, y el policía Miguel Ramos fueron asesinados el lunes 24 de mayo en Cala Cala, Uncía, a donde llegaron detrás de la pista de dos vehículos robados, aunque los campesinos aseguraron que éstos cometieron abusos durante el control de documentos de los motorizados que circulan por el lugar. De hecho, en esa zona del país circulan los motorizados sin papeles conocidos como autos “chutos”.

De confirmarse la fecha de la muerte de Alcócer, su violento deceso se produjo un día después de la infructuosa presencia de los ministros Sacha Llorenti y Óscar Coca en la región. Ambas autoridades intentaron negociar con los comunarios la devolución de los cuerpos de los infortunados uniformados.

“Lo asesinaron cuando las negociaciones estaban en curso para que no delate a quienes mataron a sus camaradas, lo cual es gravísimo”, afirmó el abogado de los familiares de los policías, Johnny Castelú, al anticipar la probable responsabilidad del Órgano Ejecutivo en este hecho si se confirma la fecha de la muerte de Alcócer y con ello la posibilidad de rescatarlo con vida.

Sin embargo, un investigador reveló anoche, en Oruro, que tres policías murieron entre el 23 y el 25 de mayo, y Alcócer, entre el 28 y el 30 de ese mismo mes. Precisó que fueron victimados a picotazos.

Antonio Torres Balanza, director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), dijo ayer que llegó a la conclusión preliminar de la data de muerte de Alcócer después de revisar el informe que le remitieron desde Oruro los médicos Vilma Gabriel y Julio Valencia.

En declaraciones a la radio Fides, el profesional aseguró que “se ha podido establecer preliminarmente que (las muertes de) tres de las víctimas tienen una data aproximada de unos diez días según los signos que se han encontrado, y uno de ellos sería de una data de muerte relativamente reciente, de aproximadamente tres días”.

El fiscal orureño Aldo Morales Alconini explicó que la causa principal del fallecimiento de las víctimas fue traumatismo encéfalo craneal, aunque todos presentaban politraumatismos. “La data de la muerte es de aproximadamente diez días. Estimamos que el mismo día en que han sido tomados como rehenes, el domingo 23, fueron victimados. Pero estamos esperando el peritaje para que nos den la fecha casi exacta del fallecimiento”.

La versión de Torres Balanza fue confirmada por el abogado de los familiares, quien explicó que al recibir los cuerpos, ayer al amanecer, no los revisaron y salieron rápidamente del lugar.

Pero ya en la morgue se observó que el rostro del suboficial Alcócer presentaba emanaciones de sangre relativamente fresca. Alcócer y el cabo Esteban Alave podían ser reconocidos, pero el policía Miguel Ramos y el cabo Rubén Cruz tenían el cráneo destrozado y estaban completamente desfigurados.

13 días de tensión, dolor y muerte en el norte de Potosí

Domingo 23 de mayo. Cuatro policías, que supuestamente investigaban robo de autos, son capturados por dos ayllus de Uncía. Fueron acusados de asesinar a un taxista. Ese día habrían sido torturados hasta morir, lo que debe ser confirmado.

Lunes 24. Los uniformados no se reportan a la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de Oruro. Tres de ellos mueren esa madrugada.

Martes 25. El comandante de la Policía, general Óscar Nina, confirma en La Paz la muerte de sus camaradas y comisiona al Diprove-Oruro a investigar el hecho.

Miércoles 26. Un cabildo de los ayllus de Uncía: layme, aymaya, pukara y qaracha declara a la región zona de libre tránsito del contrabando, veta a la Policía y a la Fiscalía, y admite los asesinatos.

Jueves 27. Familiares llegan a La Paz, contratan al abogado Johnny Castelú y claman por ayuda presidencial y gubernamental para recuperar los cuerpos de sus seres queridos ajusticiados.

Viernes 28. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, anuncia que pidió permiso a las autoridades originarias para negociar en el lugar la entrega de los cadáveres.

Sábado 29. El Defensor recibe permiso y garantías de los ayullus para negociar la recuperación de los cadáveres. Sus gestiones resultan infructuosas.

Domingo 30. Villena sostiene una reunión con dirigentes de los ayllus, pero los mallkus exigen la presencia del Ministro de Gobierno para denunciar supuestos abusos de la Policía.

Lunes 31. Los ministros Sacha Llorenti, de Gobierno, y Óscar Coca, de la Presidencia, llegan a la zona, se reúnen con los mallkus y al no lograr su objetivo, regresan a La Paz.

Martes 1 de junio. Seis familiares de los policías y el abogado Castelú llegan a Uncía y encomiendan al vicario católico William Ugarte negociar la devolución de los cuerpos. Este día, presumiblemente, es asesinado el suboficial segundo Nelson Alcócer.

Miércoles 2. Los ayllus se reúnen por separado y aprueban, posteriormente, un pronunciamiento que respalda en los hechos la actividad de los contrabandistas de automóviles.

Jueves 3. Familiares de las víctimas y el abogado Castelú acceden a las exigencias de los campesinos. Firman un documento en el que renuncian a seguir acciones legales, y son amenazados.

Viernes 4. Entre las 06.00 y las 06.30, los familiares y el abogado recuperan los cadáveres. Los trasladan a Oruro.

Radio Fides a pocos minutos de la reunión en Palacio informa:

El gobernador salió satisfecho

Evo y Costas tuvieron reunión corta pero auspiciosa

La reunión duro poco más de una hora y no fue tan larga como lo esperaban muchos, incluso al ver salir al gobernador, Rubén Costas, muchos consideraban que el diálogo con el presidente Evo Morales había fracasado, sin embargo no fue así.

Sin tocar temas específicos, como informó la autoridad cruceña, el encuentro se centró en aspectos generales, que permitieron delinear como será el trabajo entre el Gobierno central y la Gobernación de Santa Cruz.

“La reunión se ha desarrollado en un muy buen ambiente, en una muy buena predisposición del presidente de la República, ha primado la búsqueda de construir un diálogo sincero y claro, una posibilidad de que podamos como servidores públicos, el primero del país y el primero de Santa Cruz, trabajar por lo que quieren bolivianos y bolivianas, cruceños y cruceñas, trabajar por el bienestar de nuestra gente y de forma coordinada”, dijo Costas al salir de la reunión.

El gobernador cruceño aseguró que no fueron a “abrir ni cerrar nada”, y que recordó que el había advertido que en una reunión era imposible solucionar todo los problemas que existen en el momento.

"Hay un aspecto que es también bueno remarcarlo, aquí hay que valorar la actitud que ha tenido el presidente y eso creo que nosotros podemos recogerlo como una perspectiva esperanzadora”, señaló Costas.

A la salida de la reunión en plaza Murillo un grupo de personas que silbó e insultó al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, tuvo que ser dispersado con gas lacrimógeno. Sin embargo este se puede considerar un incidente aislado al buen clima que recibió la autoridad de parte de los paceños.

Dirigente campesino Nelson Corani denuncia que los hermanos de Evo Morales hacen y deshacen en el MAS

El dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro, Nelson Corani; denunció que los hermanos de Evo Morales Ayma; Hugo y Esther; hacen y deshacen al Movimiento Al Socialismo en Oruro, sin respetar siquiera que como en todo partido, existe una estructura orgánica que respetar.

Manifestó que por el solo hecho de ser hermanos del presidente, han manejado desde hace bastante tiempo los destinos del partido oficialista en Oruro; con arbitrariedad y soberbia, imponiendo a su gente, aunque no tenga los méritos necesarios.

"Hicieron esto con la gestión del ex prefecto Alberto Luís Aguilar Calle y ahora se los ve nuevamente encaramados con el gobernador Santos Tito Véliz, lo cual no es justo", dijo el dirigente.

Producto de estas aseveraciones, la anterior semana un ampliado improvisado de la Federación de Campesinos de Oruro, decidió expulsar a Corani y otros dirigentes, porque supuestamente están difamando a la familia del presidente, lo cual constituye una falta grave.

El dirigente respondió que esta expulsión no tiene legalidad, puesto que solo ha sido dispuesta por gente como el dirigente Félix Huanacu, que obviamente responde a los intereses de la hermana mayor de Evo, Esther Morales.

"No es la intención de difamar y mucho menos manchar la honorablidiad de la familia de nuestro presidente. Lo único que estamos buscando es que en el MAS no hayan intocables y sobre todo, que se respete la estructura orgánica que tenemos como partido", dijo.

"Al final, no tenemos porqué hacer daño a la familia Morales. Queremos que no generen más división porque eso le hace daño al partido. Haber perdido las elecciones municipales, es una consecuencia de esa conducta", enfatizó.

Sangre en el Yermo titula Gramunt sobre Uncía

Palabras previas. Me tocó vivir cinco anos en Siglo XX, asiento de la mina más importante del continente en los años de la Segunda Guerra cuando proveyó de minerales a la industria bélica. Fundada por Patiño la empresa Patiño Mines se dejó conocer como un emporio de riquezas, tantas que en Londres y Nueva York funcionaron sus agencias para la compra y venta no sólo de minerales sino de otros valores de la bolsa en que destacó como ganadora durante y después de la crisis mundial de 1929 que arrasó casi con todo. De Siglo XX no era difícil llegarse hasta Uncía que gozaba de prestigio como asiento de la subprefectura potosina. Recuerdo a los padres jesuítas a cargo de la parroquia y que con frecuencia se unía a las otras tres parroquias Siglo XX, Llallagua y Catavi regentadas por misioneros canadienses. Uncía era apasible y aceptable menos en los meses de las tradicionales trifulcas entre Laimes y Jukumanis que se trensaban en "el tinku" el reto, la contienda y dejaban muertos sobre la tierra arcillosa y seca de la comarca.

Al parecer de aquellas mis incursiones en los años 60 han habido cambios, aunque no deben ser muy notorios porque los sucesos de éstos días y que motivan el artículo del padre Gramunt, son de tal gravedad que las organizaciones de DDHH están en alerta y los ojos y oídos puestos allí para conocer la solución que le pone el gobierno del MAS al bárbaro y criminal linchamiento de cuatro policías y un civil...

Sobre una tierra yerma en la que apenas brota un matorral verdoso, hace unos días se derramó sangre humana como en una tribal fiesta salvaje. Un joven taxista muerto y cuatro policías quemados o ahorcados (según las versiones) y luego enterrados, no se sabe dónde. El contrabando de automóviles y el narcotráfico implantados en aquel altiplano eternamente abandonado transformaron los páramos de los ayllus potosinos, de campesinos y pastores, en ferias de maleantes. Cada domingo se instalan los “chuteros” y los narcos para intercambiar sus productos. Hace años, las ferias eran encuentros de un modesto trueque de mulas y borricos, ovejas y llamas, por maíz, trigo, cebada, sal y otros productos de uso común. Hoy se contrabandean vehículos de todas clases. Las transacciones utilizan dinero contante y sonante. Si es en dólares, tanto mejor. O truecan autos por cocaína. Los antiguos feriantes de productos de la tierra ya son prósperos comerciantes de motorizados. Los que arañaban la dura tierra estéril, han instalado en sus míseras viviendas de adobe novedosos artefactos para el tratamiento de la hoja de coca que luego transportan al resto del país y a Chile que está cerca. Por aquellos pagos merodean los intermediarios de la droga. Las manos callosas de los que hace pocos años eran humildes labriegos lucen ahora sortijas de oro bruñido.
Todo ha cambiado. Menos los viejos resentimientos que siempre anidaron en los ánimos de unos ayllus que se mataban por unos palmos de terruño yermo. Gente eternamente olvidada por el Estado, fuera éste neoliberal y oligárquico, o plurinacional y socialista comunitario. Todo igual. Pero hubo cambios –no los prometidos desde el Palacio Quemado– sino los cambios inexorables que han transformado los campos y las sendas del altiplano exhausto, que llegaron por sí mismos, sorteando los caminos “naturales” del instinto comercial del ser humano. Si el comercio de ovejas era miserable, el contrabando de vehículos, por muy “chutos” que sean, es mucho más rentable. Y el tratamiento semiindustrial de la hoja de coca y su distribución, lo es muchísimo más. ¡Que viva pues el cambio! Pero ese cambio trae corrupción muerte en sus entrañas. Llega de la mano de bandoleros sin ley ni temor a la justicia. ¡Pero qué digo, si allí no hay ni justicia ni ley! No hay Estado, por precario que éste sea. Sólo impera la ley del más desalmado. Y al que se le oponga, lo ahorcan, lo incineran y, lágrimas al viento helado de la altiplanicie.
¿Y la policía, y la justicia? Grave pregunta para la que no tengo respuesta. O sí la tengo, pero no la escribo porque no considero necesario repetir lo mismo que Ud. piensa, lector amigo, y lo que Ud. comenta con su gente. Incluso mi respuesta podría coincidir con la que darán las autoridades del Gobierno que conocen el paño como si lo hubiesen fabricado. Quiero pensar que esas autoridades estarán tejiendo el intrincado macramé que probablemente mostrará algo parecido a la verdad antes de que yo termine este artículo, que escribo con dolor e indignación por los muertos y sus viudas y sus hijos. Y por el país que, a pesar de los glamorosos cambios prometidos sigue como siempre.

Carlos Mesa se pregunta. Hablamos de Estado?

y se responde así mismo y nosotros con él Qué Estado?

Cuando una multitud enardecida mata del modo más brutal a cuatro policías que representan la ley y el orden nacionales, se ufanan de haberlo hecho, se niegan a devolver los cadáveres de las víctimas y culminan su acción declarando, a título de sus usos y costumbres, un territorio libre para actividades que la ley republicana tipifica como delitos, es tiempo de preguntarnos si el Estado boliviano, al contrario de lo que parece, está en un camino gravísimo de desmoronamiento o tiene todavía posibilidades de establecer una relación básica de vida civilizada entre bolivianos.

El problema planteado en las comunidades potosinas de laymes jucumanis, kharachas, pukaras, aymayas y otros ya no puede seguir disfrazándose más. Se trata de una decisión, la de ejercer con una lectura subjetiva y arbitraria el art. 2 de la Constitución que dice: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno (…) al reconocimiento de sus instituciones y la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”.

¿Qué se entiende por ese ejercicio? ¿Hasta dónde llega? ¿Quién y cómo define la ley que regula un reconocimiento, que en el extremo es el derecho pleno a la autodeterminación? Por ejemplo, convertir esa entidad territorial conformada por ayllus en un espacio libre, sea para el ejercicio de una vida separada del resto del país, sea para la comisión de delitos, impidiendo en su territorio la presencia de representantes del Estado.

En los cuatro años y medio de gobierno de Morales, los linchamientos se han convertido en una horrorosa moneda corriente. Los argumentos de las comunidades donde se producen son que la justicia nunca detiene ni castiga a los delincuentes (presuntos o reales) y que los linchamientos son excesos que se salen de control. El del Gobierno es que se trata de hechos que nada tienen que ver con la justicia comunitaria. Lo objetivo es que ocurren cada vez con más frecuencia y nadie o casi nadie va preso ni es juzgado por tales actos de barbarie. En tanto, hasta hoy, nadie sabe exactamente qué, cómo, dónde y cuándo tendremos parámetros claros en lo que se refiere a la concepción, definición, jurisdicción y aplicación de la justicia comunitaria y cómo se vinculará ésta con la justicia republicana.

El riesgo es más que obvio, los hechos van por delante de las leyes, el posicionamiento del poder atrabiliario de algunas comunidades está demostrando que el Estado pierde soberanía sobre su propio territorio. Lo paradójico e irónico es que, mientras en una punta el Gobierno libra una batalla autoritaria contra los líderes legítimos de algunos departamentos, en la otra asiste pasivo o mira con buenos ojos esta fragmentación y quiebre de su propio poder.

La base de la existencia de un Estado es un pacto aceptado por todos con una ley marco, la Constitución, que por ninguna razón puede ser rebasada o negada. Se debe apoyar en una estructura organizativa, en este caso de autonomías, con reglas claras, en un marco jurídico coherente, equilibrado y justo para todos y debe contar con algo esencial, la potestad incuestionable del Estado de administrar de modo exclusivo el uso legítimo de la violencia y los mecanismos de recaudación nacional. Debería estar fuera de discusión que las Fuerzas Armadas, la Policía, Impuestos Nacionales y la Aduana puedan y deban circular libremente por todo el territorio nacional cumpliendo sus obligaciones específicas y garantizando la ley, la paz y el orden.

En el caso de los ayllus potosinos, ocurre que reconocidos líderes de actividades ilícitas, bajo el paraguas de la autonomía de las naciones indígenas, desconocen al Estado, lo desafían y lo vencen. Si este fuese un caso aislado, podríamos suponer que la negociación terminará por resolver el problema, pero --no nos engañemos-- no los es, es la punta de un iceberg que puede generar en poco tiempo una situación simplemente incontrolable.

Lo preocupante es que hay dentro del Gobierno muchos ideólogos y padres de esta Constitución, cuyas incoherencias comenzamos ya a sufrir en carne propia, que en lo íntimo celebran estos hechos y que fomentan estos arranques. “Dolores de parto necesarios de todo proceso revolucionario”, dicen. El monstruo creado acabará con ellos, pero cuando eso ocurra, puede ser tarde para todos.

Es una aberración pretender que quienes objetamos el diseño equivocado de este inviable pacto social, buscábamos la preservación del pasado. El pasado no volverá y el cambio con igualdad de oportunidades, inclusión, reconocimiento de nuestras diferencias, nuestras culturas en el marco de autonomías ordenadas y consistentes es necesario y se debe apuntalar. Otra cosa muy distinta es este desmoronamiento progresivo de un Estado que muestra cada vez con mayor claridad que es un gigante autoritario, confundido y con pies de barro.