Agustín Saavedra ex-canciller y diplomático nos cuenta los OCHO pasos que son todo un calvario antes de poder viajar al exterior. pregunta si no se podrá abreviar el sufrimiento.

Hubo una época en la que los bolivianos solo podíamos viajar al exterior previo ‘permiso de viaje’. A esta aberración se agregaba algo peor: para regresar a nuestro país era imperativo obtener visa consular de ingreso. Sin tal visa, ninguna aerolínea embarcaba al que pretendía volver a su lugar de origen. Estas tribulaciones son ahora anecdóticas, pero hoy una salida al exterior por vía aérea sigue plagada de burocracia y costos. Veamos, como ejemplo, el caso de Viru Viru.
Primeramente hacemos cola en la compañía aérea que nos llevará al destino previsto. Mientras retienen nuestros documentos de identidad, nos instruyen que vayamos a pagar impuestos y tasas. ¿Por qué no combinan las líneas aéreas con las otras entidades un pago único que al final del día lo consolidan? O eso no pasa por sus cabezas para facilitar las cosas o seguramente hay problemas entre ellos; total, la gente aguanta. Vamos entonces a otra cola para pagar el “impuesto de salidas al exterior”. Abonada esta gabela (creo que Bolivia debe ser uno de los pocos estados en el mundo que la cobra) hay que ir a una cola extra para pagar $us 25 por la tasa de aeropuerto. El ‘chiste’ de salir al exterior ya está costando arriba de $us 70 por cabeza y sigue la ordalía… Con tales impuestos pagos se retorna al mostrador de la aerolínea y el pasajero rescata sus documentos junto a su tarjeta de embarque. Van cuatro largas tramitaciones…
Para pasar a zona de embarque debe primero hacerse el escrutinio del pasajero y del equipaje de mano. Este es un trámite normal en todas las latitudes. Van ya cinco etapas. Luego viene Migración, donde –previo llenado de un formulario– hay que hacer cola y presentarse. Esto también es normal en todo el mundo. Van seis pasos. Culminado el trámite migratorio viene el séptimo paso: un funcionario pide los documentos de identidad y los fotocopia. ¿Para qué? No lo sé, pero sin eso uno no puede seguir adelante. Ya son siete las tramitaciones.
Cumplidos esos siete pasos viene el octavo: la revisión a cargo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn). Debido al creciente narcotráfico, la tarea de la Felcn es comprensible, pero no entiendo por qué esta unidad no controla directamente en el embarque y se tiene que volver a hacer otro escrutinio al final del recorrido. ¡Pareciera que nada a favor del pasajero resulta posible! Con menos plata en el bolsillo, cansado y culminada la ordalía de los ocho pasos previos, ¡al fin! el viajero se encuentra listo para partir cuando sea llamado a bordo.
Al retornar hay que hacer el obligatorio trámite migratorio, que en el caso de los bolivianos consiste en devolver la mitad del formulario de salida que quedó con ellos. Todo normal, salvo las colas por escasos funcionarios. Luego en otro sector piden el documento para nuevamente fotocopiarlo. ¿Razones? No las conozco, pero sin eso no se accede al retiro de las valijas. Allí viene la espera en la cinta de equipaje, espera que cuando llegan dos aviones juntos se hace interminable por haber solo una cinta, no dos, tres o más, como debería ser. Finalmente viene la cola en la Aduana, donde un escáner duerme el sueño de los justos, no sé si por desconocimiento de su manejo o porque se dañó y nadie se preocupa de repararlo. Resultado: la revisión del equipaje es a mano, engorrosa y lenta. Pasado ese último trámite, exhaustos, ya somos libres para salir del recinto. Hemos mejorado desde las épocas del permiso previo y la visa de ingreso, pero aún estamos lejos de muchos otros países, comenzando con los limítrofes. Para el boliviano, está visto que todo es cuesta arriba…

* Ex canciller, economista y politólogo, www.agustinsaavedraweise.com

valiente actitud de universitarios cochabambinos que quemaron ánforas es que están en contra de unas elecciones ganadas de antemano en una burda maniobra de reorganizar el "poder judicial" amanãndolo al MAS-EVO

Estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba quemaron ayer ánforas simbólicas en rechazo a las elecciones judiciales de octubre próximo, por considerar que se trata de un proceso “amañado” y nada transparente, y porque “la justicia después o antes de las elecciones va a ser corrupta”.

El dirigente del frente estudiantil Urus, Jarlin Coca, rechazó las amenazas del oficialismo de encarcelar a quienes se opongan a estas elecciones y voten nulo, y anunció la realización de una campaña dentro de la universidad por el voto pifiado.

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, instó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacer respetar la Ley de Régimen Electoral, concretamente el artículo 238 inciso k, que establece una sanción de uno a tres años de cárcel para aquellos que induzcan a votar nulo.

“Cuando hay procesos electorales no se puede inducir al voto, y eso no es sólo ahora inclusive en toda la vida democrática que hemos tenido nunca se ha permitido que haya inducción al voto porque boicotea al voto democrático’, señaló la diputada.

El Tribunal Departamental Electoral (TDE) de Tarija, por su parte, inició investigaciones a tres legisladores, dos diputados y un senador, por el presunto delito de inducir al voto nulo.

“Tengo que lamentar las declaraciones desafortunadas de dos diputados y un senador. Estamos requiriendo ante el Ministerio Público que se requiera a los medios donde prestaron declaraciones las copias en CD”, dijo el vocal electoral, Rafael Gómez.

Según el vocal se analizarán esa copias y se definirá si hay materia justiciable, “si han violentado o no la ley para iniciar las acciones legales”.

Advirtió que quien violente la ley, haga campaña por el voto blanco o nulo, será perseguido judicialmente y tendrá una pena de uno a tres años, pues nadie puede inducir al voto blanco o nulo, pero el ciudadano es libre de optar por esta modalidad.

El analista político y exvocal de la Corte Nacional Electoral (CNE), Jorge Lazarte, dijo que hacer campaña por el voto nulo no es delito. “Al establecer sanciones cometen el delito de prohibir la opinión, quitar el derecho a expresarse libremente. El único que puede interpretar la ley son el Tribunal Constitucional”, dijo.

El diputado de Alianza Social (AS), Willman Cardozo, informó que realizó una petición, para que el presidente del TSE, Wilfredo Ovando, vaya al Legislativo a explicar los argumentos legales, jurídicos, doctrinales o acuerdo internacional en los que se basan para decir que el voto nulo es punible o ilegal.

con ajustada razón El Día se pregunta para quién trabaja SE Evo?

El presidente Morales ha vuelto a quejarse de los indígenas y es posible que las lamentaciones sean la antesala de una guerra. En el área del TIPNIS, Parque Isiboro-Sécure, están preparando arcos y flechas para enfrentar a las fuerzas represivas del Gobierno, lo que anticipa un insólito enfrentamiento entre los originarios y el régimen que supuestamente pretende descolonizar el país.

Mientras que Evo Morales afirma que los indígenas lo han abandonado y que lo único que pretenden es “lotear” el Gobierno, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyu (Conamaq) que, entre otros, representa a las comunidades que han “loteado” el Altiplano a favor de los narcotraficantes y contrabandistas de autos, se han decidido respaldar a los nativos del TIPNIS, que se oponen a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, porque, según argumentan, la obra serviría para expandir los cultivos de coca y el narcotráfico y destruiría su territorio.

En el norte de Santa Cruz, justo en la zona colindante con el Chapare, los narcos se han loteado una extensa zona que incluye a las poblaciones de Yapacaní, San Germán, Nuevo Horizonte, Ichilo y Kilómetro 40. En esa área fueron descubiertas nada menos que 230 fábricas de cocaína en tres días y arrestaron a 13 integrantes de una banda de narcotraficantes y sicarios peruanos.

 Este gigantesco operativo es la señal indiscutible de que el fenómeno de las “narcocomunidades” se ha trasladado al territorio cruceño. En Cochabamba están mucho más avanzados. Los campesinos que protegen a los narcos cuentan con sus propios sistemas de vigilancia y una red de trancas en los caminos vecinales, que además de limitar el tráfico de los intrusos y personas ajenas al negocio, sirve como método de alerta. El uso de esta “tecnología” es de larga data en el trópico cochabambino y lo mismo ocurre con el modus operandi consistente en crear sindicatos y establecer una suerte de zona de exclusión (loteamiento) para resguardar sus actividades.

El presidente Morales acaba de advertirles a sus compañeros del Chapare que, ante el abuso, podría autorizar el retorno de los gringos para retomar la interdicción y la erradicación forzosa de los cultivos de coca ilegales. El operativo realizado en Yapacaní podría entenderse como la señal de que esa amenaza podría convertirse en realidad, sobre todo, porque el régimen boliviano ha perdido ya la autonomía por la que tanto peleó en materia de lucha contra el narcotráfico. Se trata de uno de los efectos del caso Sanabria.

En cualquier circunstancia, a Evo Morales se le va poniendo cada vez más difícil gobernar en un país loteado por fuerzas que precisamente él ayudó vigorizar para destruir a sectores de la oposición legal y democrática. En Pando, por ejemplo, sicarios que trabajan para narcotraficantes acaban de ametrallar la vivienda de una fiscal funcional al Gobierno. En La Paz, el presidente de la Corte Superior del Distrito, uno de los artífices de la persecución política orquestada por el Gobierno se ha quejado por la existencia de una red de abogados, jueces y narcos que opera para favorecer actividades ilícitas. Es la consecuencia de haber loteado el país para destruir al Estado y el sistema democrático. La arquitectura de los ayllus, las naciones indígenas, los sindicatos y movimientos sociales comienza a tener vida propia y a darle la espalda al presidente.

En cualquier circunstancia, a Evo Morales se le va poniendo cada vez más difícil gobernar en un país loteado por fuerzas que precisamente él ayudó vigorizar para destruir a sectores de la oposición.