Quintana y Bandeiras contrabandistas. 33 camiones de contrabando

El ex director de la aduana nacional César López involucró al ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana y al actual prefecto pandino Landelino Bandeiras, de estar involucrados en hechos de contrabando de mercadería ilegal.

Según López, el 25 de julio pasado recibió una llamada telefónica de Quintana, indicándole que autorice el paso de 33 camiones con mercadería. “Inclusive manifestó que los camiones deberían pasar la mitad el sábado y la otra parte el domingo”, aseguró López que fue relevado del cargo el 7 de noviembre.

La ax autoridad también involucró en el caso al contraalmirante Landelino Bandeiras, (actual prefecto de Pando), por cuya jurisdicción ingresó el contrabando probablemente desde Brasil.

Los 33 camiones fueron retenidos el 27 de julio pasado por militares en la comunidad de Santa Rosa del Abuná (a 180 km de Cobija - Pando), pero el sábado 23 de agosto fueron recuperados por la fuerza por contrabandistas, que luego se dieron a la fuga con destino desconocido.

Quintana mantuvo una reunión con los contrabandistas con quienes "se molestó y les reclamó a los comerciantes por su deshonestidad, señalándoles que el trato era sólo de 17 camiones y que habían faltado a su palabra y compromiso y que excepcionalmente se iba a resolver", pero les dijo que eran "unos abusivos", afirmó López.

La acusación surgió en momentos en que un grupo de abogados de los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca anunciaron que presentarán ante la justicia una demanda por genocidio en Pando en contra de Quintana.

El caso esta siendo investigado por una comisión del Senado Nacional.

mario rueda peña con la clarividencia que le es habitual se dirige a la gente del MAS más o menos letrada y evitar que caigan en error, en ridículo o en ignorancia supina decimos nosotros:

Son ya numerosos los casos en los que la Diosa Themis, en Bolivia, cambia aureola y túnica por prendas asociables a funciones de ostensible represión política. De deidad venerada, porque encarna a la justicia, empieza a degradarse con tal tipo de acciones, embozadas de procesos penales contra ciertos opositores al actual régimen. Acompaña a tan lamentable transfiguración institucional una arbitraria centralización de las actuaciones judiciales en La Paz.
La Constitución Política del Estado, conforme a la cual el gobierno implantó el estado de sitio en Pando, en el inciso 4) de su Art. 112 le raya la cancha al Ejecutivo respecto a los alcances de la suspensión de las garantías y derechos en contra de “señaladas personas fundadamente sindicadas de tramar contra el orden público”.
Autoriza a las autoridades a disponer el apresamiento de cuantos atenten contra la seguridad interna del Estado, pero las obliga a poner a los detenidos a disposición de juez competente, en el plazo máximo de 48 horas. Juez competente, según el inciso 1 del Art. 49 del Título I sobre Jurisdicción y Competencia del Código de Procedimiento Penal, “es el Juez del lugar de la comisión del delito”, toda vez que “el delito se considera cometido en el lugar donde se manifieste la conducta o se produzca el resultado”
O sea que la competencia territorial sobre los hechos de Pando, donde se produjeron enfrentamientos con saldo de muertos y heridos, correspondía a fiscales y jueces de Cobija y no a los de La Paz, quienes son los que ahora arrinconan con requerimientos y resoluciones a los pandinos “confinados” en San Pedro de La Paz o el cuartel militar de Viacha Estamos seguros de que en las filas del MAS debe haber gente más o menos letrada a la que preocupa los efectos negativos de tan censurable arbitrariedad gubernamental en una opinión pública siempre sensible a tal tipo de atropellos.
Inclusive algunos miembros del gabinete deben temer que en el pueblo se empiece a percibir parecidos entre cuanto hoy se hace desde el gobierno contra los opositores y lo que ayer se hacía contra los adversarios del régimen desde un despiadado “Control Político” o una implacable “Sección II”. Esta y no otra la semejanza que presentan ciertos jueces y fiscales que en cumplimiento de órdenes superiores ejecutan acciones de represión disfrazadas, repetimos, de medidas cautelar penales.
Consideramos absolutamente necesario que el gobierno detenga su marcha en semejante dirección. Lo primero que debe hacer es observar al pie de la letra cómo la normativa en materia procesal penal sobre jurisdicciones territoriales, los enunciados constitucionales relativos a la independencia del Poder Judicial , el derecho a la legítima defensa y el principio de la presunción de inocencia que corre a favor de cualquier sindicado.