La confusión general en
temas judiciales
Mauricio
Aira
No es tan
solo la comunidad cruceña que está confundida y hasta atemorizada por las
secuelas del proceso denominado Terrorismo Uno que sucedió al aniquilamiento de
“una célula de extranjeros” y la detención de dos de los cinco sospechosos, en
un hotel céntrico de Santa Cruz de la Sierra, la confusión llega a toda la
ciudadanía boliviana.
Es que a lo
largo de estos 4 años transcurridos desde el cruento suceso, han sucedido muchas
cosas como la persecución y detención de decenas de inculpados, algunos de los
cuales salieron del país y se mantienen fuera en calidad de “perseguidos
políticos”. El relato oficial tras las muertes, es de haber existido una acción
subversiva que persiguió la división de Bolivia tras acciones terroristas que
desencadenarían una guerra civil con muertos y heridos y provocarían inestabilidad constitucional para beneficio de
grupo de poder aposentado en la zona de Santa Cruz, por lo que los fiscales,
tras las primeras detenciones desencadenaron una “cacería de brujas” que no ha
terminado a la par que iniciaron acciones judiciales que han ido cobrando
cuerpo y trascendencia por el involucramiento de personajes de la política y el
mundo financiero de la Urbe.
El hecho
cierto es que el clima de persecución y reclusión ha provocado un drama humano
para las familias que se han visto en la desesperación de encontrar soluciones
recurriendo a todos los medios entre ellos a la extorsión de que fueron
víctimas con tal de librar a sus seres queridos primero de la cárcel y luego
del juicio consiguiente, de modo que sacrificaron sus bienes, recurrieron a
préstamos y entregaron las sumas de dinero solicitadas por los extorsionadores.
Claro está que es muy difícil ofrecer pruebas contundentes, porque el
extorsionador no extiende recibo por la suma percibida. Sin embargo los
tribunales de justicia están procesando el testimonio de las víctimas o de los
testigos del ilícito, lo que se está abriendo otra etapa del drama iniciado el
16 de abril del 2009.
Resulta
siempre difícil tratar tema tan escabroso, aunque las referencias que trasmiten
las víctimas de la extorsión, algunos abogados que actúan en defensa de la
Justicia, de algunos periodistas que por su vocación de investigadores se ven
envueltos en los pormenores de toda la historia, sabemos que al igual que en el
caso Ostreicher, han existido, existen extorsionadores, jueces o fiscales que
no se libran de la tentación de procurarse un dinero fácil por esta vía
gansteril y torcida que hace actuar a los Tribunales de Justicia, como
inquisidores y carcelarios temibles.
Más de uno
ha calificado el caso Terrorismo Uno como pertinente a la clase media cruceña y
que no atañe a la generalidad, o a la mayoría y que por tanto no debería
importar mayormente. Craso error porque el daño emergente de la acción criminal
tipificada como “chantaje o extorsión” se ramifica y cunde como un virus mortal
a toda la sociedad civil por tanto atenta contra el Bien Común.
Finalmente
está el tema del imperio de la Ley. La causa de la Justicia. No es asunto solo
de abogados, magistrados y policías es algo colectivo, general, que está
afectando a la imagen de la Nación, porque sus secuelas han trascendido la
frontera y cada vez más países, que no tan solo aquellos del que provienen las
víctimas de la masacre del Hotel, se están interesando y están difundiendo en
forma profusa los incidentes de un proceso, lleno de vericuetos y embustes y
que prosigue sin visos de concluir en la capital Oriental.
Las
familias afectadas deberían saber que muchos compatriotas comparten su angustia
y hacen votos porque la Justicia se imponga sobre todo otro valor político
partidista.
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