la frialdad, la soberbia, el uso y abuso de la fuerza nada pueden frente a "la contundencia de unas muletas" bien razonado análisis de LT referido a la rodilla de Evo y los minusválidos que claman por un bono. profunda dimensión humana que pone en evidencia cómo una muleta puede igual al más poderoso con el más débil.

Más de 100 días después de haberse iniciado sus movilizaciones, después de haber recorrido 283 kilómetros en 36 días de marcha, de haber sido sometidos a brutales gasificaciones, arremetidas con chorros de agua fría de los carros Neptuno y otras formas de represión a cargo de la fuerza pública, la lucha de las personas con alguna forma de discapacidad se ha  constituido en la máxima expresión, y todo un símbolo, de las dificultades que está afrontando el Gobierno nacional para salir de la crisis en que quedó sumido tras su derrota del 21 de febrero pasado.

Tan significativa muestra de las limitaciones gubernamentales, cuyo contraste con la perseverancia de los discapacitados se hace más notorio con cada día que pasa, ha adquirido durante los últimos días una nueva dimensión. Es que en una fatal coincidencia, dos accidentes –la lesión sufrida por el presidente Morales y la muerte de dos personas que hacían vigilia– le han dado al asunto un giro que ya supera con mucho su dimensión económica y social o incluso política, que es la única que hasta ahora quiere reconocer el Gobierno.

La nueva dimensión a la que nos referimos, que es la simbólica, es sin duda la que más dificultades acarreará al Gobierno porque se ubica fuera del alcance de cualquier argumento y resulta del todo invulnerable a la propaganda oficial. Resume en una sola imagen la profunda dimensión humana del conflicto, la que pone en evidencia la fragilidad de las personas, la facilidad con que el azar puede igualar frente a una muleta o una silla de ruedas a los más débiles y a los más poderosos, y eso es algo ante lo que nada puede hacer la frialdad, la soberbia, el uso y abuso de la fuerza.

contra el abuso de poder, por la vigencia del Estado de Derecho se ha pronunciado un grupo de personas bajo la mira de cerrarle el paso al abuso, ante la vulneración de los derechos Constitucionales en los casos de Diego Ayo y de Eduardo León. Colectivo Fuerza Ciudadana merece todo el respaldo en su valiente accionar.

Una muy vigorosa reacción ciudadana, de esas imprescindibles para salvaguardar los derechos ciudadanos, ha tenido la virtud de llamar la atención del mundo y mandar una muy clara señal de advertencia a quienes alimentan las corrientes más autoritarias del Gobierno nacional. Nos referimos a la campaña iniciada por el Colectivo Fuerza Ciudadana, que a tiempo de expresar su apoyo al abogado Eduardo León, el pasado lunes, convocó a la ciudadanía a defender, la plena vigencia del Estado de derecho en nuestro país.

En su pronunciamiento colectivo, el grupo denuncia que se han vulnerado varios derechos constitucionales de León como persona y como profesional; además agrega que la situación del jurista puede ser el caso de cualquier ciudadano que desee expresarse libremente.

“(Muchas personas) por el hecho de ejercer su derecho al trabajo y a expresarse libremente están siendo amedrentados, amenazados y en algunos casos sometidos a procesos”, indica el comunicado, además de expresar su apoyo a Diego Ayo, uno de los miembros del grupo, que ha sido recientemente amenazado con acciones judiciales debido a un libro en el que denuncia la corrupción en el Fondo.

Ha sido muy oportuna la iniciativa de este grupo de personas, pues son demasiados los indicios según los que la tentación autoritaria está cada vez más activa en los círculos gubernamentales y, como la experiencia enseña, ningún esfuerzo es pequeño ante la necesidad de cerrarle el paso. Esperemos, pues, que este tipo de manifestaciones ciudadanas se multipliquen de modo que nadie crea que el abuso de poder será tolerado pasivamente en nuestro país.

tres problemasde fondo: discapacitados, transportistas, caso Zapata-Evo-Zapata y otros varios no menos pequenos y que han tensionado la vida nacional. El Deber reclama atención. menos gasto, despilfarro diríamos y más presencia de Evo en la solución de conflictos.

El país vive días de tensión que el Gobierno no atina a aplacar y que, contrariamente, pareciera que los atiza. No otra cosa significa el conflicto de los discapacitados, que están ofreciendo señales terribles de abandono e indiferencia luego de semanas de marcha y de una lastimosa presencia en las calles de La Paz. Es cierto que las exigencias de mayores bonificaciones ya no serán fáciles de satisfacer para la administración actual, porque los recursos han caído como se debía prever, pero no hay duda de que algo se pudo hacer - y se puede hacer todavía- para aliviar en alguna medida la pobreza extrema de personas que no pueden tener acceso al trabajo.

De distinta índole, pero también de urgente necesidad de un arreglo definitivo es el conflicto con el transporte pesado. Se debe llegar a un acuerdo final y no pasajero. Aquí se puede observar también descuido gubernamental, porque al tratarse de una excesiva severidad con el contribuyente, algo se podría negociar con las multas exageradas, para que parte de la nación no sufra tantas pérdidas económicas por los bloqueos, el arma más deplorable y letal para el comercio y las exportaciones.

El ‘caso Zapata’ está lejos de llegar a su fin, no ya por la publicitada relación sentimental que ha quedado en una maraña desentrañable, sino porque hasta ha sido motivo para que el partido oficial pretenda desconocer los resultados del referéndum del 21 de febrero pasado. Esto es una insensatez absoluta. Pero, además, este enredo ha llevado a situaciones de verdadera preocupación con las actuaciones de la justicia boliviana. Lo sucedido con el abogado Eduardo León es una amenaza para toda la judicatura que ha llegado a extremos de incredulidad. De paso, se ha puesto en evidencia que la libertad de prensa también está siendo amenazada, si vemos cómo últimamente dos periodistas han debido de ponerse a buen recaudo fuera del país, porque se sintieron amenazados.

Son muchos más los problemas existentes en estos días tensos. No faltan protestas como las de los trabajadores de ENATEX, ni arrepentimientos tardíos como el de las elecciones populares para elegir a los magistrados, cuyo fracaso ha sido ampliamente reconocido. A esto se suma la permanente inquietud del futuro democrático con el empecinamiento del MAS de imponer, por encima de la consulta popular, la candidatura de Evo Morales a un cuarto período. Menos gasto y más presencia del primer mandatario en los asuntos importantes del país, sería lo recomendable 

muestra evidente de ausencia "Del Estado de Derecho" juzga Carlos Mesa si las amenazas de juzgar a Diego Ayo , se cumplen, por parte del Gobierno por haber publicado un libro confirmando las denuncias degrave corrupción en el Fondo Indígena.

Diego Ayo ha publicado un trabajo en el que escribe sobre el Fondo Indígena (Fondioc). Sus páginas tienen que ver con los indicios y hechos de corrupción en esa institución, cuyas evidencias han llevado a una investigación que ha dado como resultado hasta hoy la detención de varios funcionarios de diversa jerarquía que tuvieron responsabilidad en la administración de los recursos de proyectos destinados sobre todo al área rural del país, cuyo principales beneficiarios debieron ser los pueblos indígenas.

Lo ocurrido en el Fondioc es sin duda uno de los episodios más lamentables que ha afrontado el gobierno. Se trata de hechos de corrupción de magnitud muy significativa. El caso además, afectó a uno de los pilares del discurso del proceso político, al haber afirmado sus máximas figuras que, a diferencia de los degradados valores representados por el neoliberalismo occidental, los indígenas se constituían en la verdadera reserva moral de la sociedad (no sólo en Bolivia, sino a nivel universal). Lo visto dejó en claro que no hay ninguna razón para asumir que los indígenas tengan una fortaleza ética incuestionable superior al resto de la humanidad. Como todos los seres humanos, independientemente de su origen étnico, son susceptibles de los mismos impulsos y de la misma naturaleza colectiva e individual que tiene entre sus debilidades más evidentes la corrupción. Mal que nos pese la corrupción es patrimonio universal y uno de los flagelos mayores a los que estamos expuestos todos sin excepción. El combate de esta plaga es, en consecuencia, uno de los desafíos mayores de cualquier sociedad democrática.

Lo que ha hecho Diego Ayo con el derecho inalienable a la libertad de expresión y de opinión, es una investigación que presenta como corolario un trabajo sobre ese escándalo. Lo respaldan los valores democráticos generales, la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta (que por cierto es explicita en la defensa de la libertad de expresión y opinión en folletos, libros y medios de prensa impresos). El trabajo del investigador es serio, está basado en fuentes comprobables y contiene información que permite sacar conclusiones que el propio autor pone a consideración de los lectores.

La primera premisa que debemos destacar es que Ayo se apoya en la mayor fortaleza de la democracia: la libertad. Pero hace además uso de esa libertad para interpelar al poder, interpelación imprescindible no planteada como un desafío gratuito o simple baladronada, sino como un elemento de juicio que permita al ciudadano contrastar información y conocer, como denuncia, la existencia de un conjunto de irregularidades que explican la comisión de delitos en una repartición gubernamental.

Cuando la autoridad liquidadora del Fondioc pretende imponer el retiro de la publicación alegando que contiene información distorsionada, incompleta o sesgada y, más aún, afirmando que la única información que se puede conocer sobre el tema es aquella que emana de sus oficinas, está vulnerando de manera flagrante los derechos y garantías constitucionales de las que goza Diego Ayo como ciudadano.

En ningún caso y por ninguna razón (que por supuesto no esté vinculada a cuestiones –probadas-- que afecten a la seguridad nacional), funcionario de gobierno alguno puede limitar, prohibir, censurar y menos retirar de circulación una publicación que considere lesiva a su repartición, al gobierno o al Estado en su conjunto. Asumamos como hipótesis que la información que presenta Ayo es falsa y que, en consecuencia sus conclusiones son equivocadas y perjudican o vulneran la honra y la credibilidad de personas e instituciones. Los afectados tienen el derecho de procesar al autor –sólo por la vía de la Ley de Imprenta-- y demostrar tales aseveraciones por el camino referido, pero en ningún caso pueden imponer una censura que abriría un precedente inaceptable en una sociedad democrática.

El verdadero drama que este atropello representaría si se hace efectivo (el sólo hecho del pronunciamiento de la autoridad liquidadora es en sí mismo un atentado a la libertad de expresión), es la constatación de una escalada en el uso arbitrario y carente de la más mínima relación con el Estado de Derecho por parte del gobierno para callar las voces críticas, referidas en este caso a temas relacionados con corrupción.

Si nuestros derechos fundamentales son vulnerados de un modo tan evidente ¿cómo podemos afirmar que vivimos en una democracia plena? La legitimidad de un gobierno depende de premisas que deben cumplirse a rajatabla, no basta con la incuestionable legitimidad del voto, es imprescindible que quien gobierna ejerza su mandato apegado a la ley y su estricto cumplimiento, no torciéndola en función de sus conveniencias circunstanciales. 

  El autor fue Presidente de la República