Erika incursionó en el tema de las autonomías ya como senador, siguió más tarde como diputado y finalmente como funcionaria no dejó de avanzar en el tema por largo tiempo. Reclama "el pacto fiscal" para clarificar los roles especialmente en la cuantificación de recursos para repartirlos entre los grupos antes a cargo del Gobierno Central.

Misiles antiautonómicos: ¡pausa por favor!

Erika Brockmann Quiroga 

                       |

Propongo decretar una pausa a toda nueva transferencia de competencias a gobernaciones y municipios hasta que algún día se consuma el lento y aún incierto proceso que selle un nuevo pacto fiscal en el país.

Sobran razones para ello, siendo pertinente a la hora de referirse a la propuesta de ley para que los municipios asuman la ingrata tarea de controlar la venta ilegal de prendas de medio uso, en su mayoría, vía contrabando. Esta genial iniciativa es inconstitucional, dado que los decomisos de este tipo son responsabilidad que cae en la órbita del régimen aduanero, que es competencia privativa del Gobierno, indelegable e intransferible a cualquier nivel de gobierno autónomo. Es políticamente irresponsable, aunque no faltan quienes se frotan las manos una vez disparado un misil que estallara en las manos de alcaldes (los más visibles opositores) a la hora de cumplir con tan desgastante encomienda y enfrentarse a una actividad que el Gobierno elude controlar.  

La metáfora vale en estos tiempos que se entiende la política como campo de guerra. El 2012, el presidente Morales dispuso la incorporación a la Ley General del Trabajo a todos los trabajadores administrativos de todas las alcaldías de capital de departamento, incluida la de El Alto, comprometiendo inconsultamente a alrededor del 25% de las transferencias del Gobierno nacional a estos 10 gobiernos municipales. Es cierto, lo deseable sería aplicar gradualmente esta conquista, comenzando por el Estado, que a la fecha concentra el 80% de los recursos.

En febrero, la benevolencia de Morales sorprendió al crear un bono mensual municipal a favor de las personas con discapacidad grave y muy grave. Sin derecho al pataleo, los alcaldes aceptaron el encargo no sin antes instruir  raspar la olla de las arcas municipales en tiempos de carestía y presupuestarlo para la gestión 2018. Los alcaldes oficiales respondieron ¡amén!, confiados en el millonario programa Bolivia cambia, Evo cumple (Bs 2.200 millones para el 2017).

El hipercentralismo presidencial se expresa en tutelaje y asedio a la gestión de las ETA. No solo porque se optó por un modelo rígido (obligatorio) de ejercicio competencial pisoteando los principios constitucionales de voluntariedad y gradualidad que el proceso autonómico debía observar, sino porque hasta ahora no se tiene claro el costo real ni las múltiples y prioritarias obligaciones preestablecidas para gobernaciones y municipios. No olvidemos que han sido ya varias las medidas  confiscatorias de recursos destinados a las autonomías, el bono dignidad se financia con estos  aunque a la hora de celebrarlo solo aparezca la foto de Evo convertido en alcalde y gobernador supremo.

Por todo ello, ante tanta genialidad centralista, insisto, la pausa en las relaciones políticas e institucionales, a veces belicosas, del Estado con autonomías sería justa, patriótica y saludable. 

© 2017 ELDEBER.com.bo, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, consula nuestras Políticas de Privacidad y Términos de uso

ahora resulta que "nepotismo" no es más "nepotismo" no es pecado que algún familiar trabaje para el Estado. no creo que sea delito, asegura Evo y deja el delito como si nada ocurriese. qué lástima! Viva el Nepotismo. Vida Evo Morales!

Evo defiende a familiares que trabajan en el Gobierno

Marcelo Tedesqui / marcelo.tedesqui@eldeber.com.bo 

                                                                 

El presidente Evo Morales pidió este viernes en conferencia de prensa que demuestre si es que los ministros que tienen familiares en el Gobierno cometen nepotismo.

"No quiero hablar uno por uno. Pero sería importante que ellos demuestre si es nepotismo. No creo que sea delito o pecado que nuestros familiares trabajen", subrayó el Primer Mandatario.

Recordó el caso de Salustiano Ayma Morales, el 2007, "me acusaron de nepotismo porque trabajaba en el Ministerio de Educación. Es mi primo y trabajaba ahí desde la época de Gonzalo Sánchez de Lozada. Es profesor rural y como tal se especializó en interculturalidad. Pero por ser mi familiar lo acusaron de nepotismo. Siento que hay esta clase de problemas".

Recalcó que si se comprueba nepotismo "fuera por supuesto, pero si trabajan desde antes, cuando ingresaron por concurso, no puedo aceptar que sea nepotismo", y subrayó que por eso sus familiares están vetados.

© 2017 ELDEBER.com.bo, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, consula nuestras Políticas de Privacidad y Términos de uso

versión 34 de la Feria Internacional que ayuda a vender, a promover productos de la llajta durante 10 dias, un encuentro entre productores, vendedores y ocasión para consolidar el producto kochala, por lo que se esperan los mejores reultados ofreciendo calidad, claro está.

XXXIV Feria Internacional de Cochabamba

Los Tiempos |

Una vez más, como todos los años, la Feria Internacional de Cochabamba será durante los próximos días el más fiel reflejo de la economía regional y de sus proyecciones hacia el resto de nuestro país.

Como ya es habitual a estas altura del año, esta noche será inaugurada la Feria Internacional de Cochabamba (FIC) en su XXXIV versión. Esperará a la población cochabambina y a quienes lleguen desde de los más diversos puntos del territorio nacional hasta el 7 de mayo próximo.

Durante los diez días durante los que tendrá abiertas sus puertas, el campo ferial de Alalay volverá a ser el principal punto de encuentro entre empresarios, productores, ofertantes de bienes y servicios, consumidores de nuestra región, de los demás departamentos de nuestro país, además de los cada vez más numerosos provenientes de los más diversos países de los cinco continentes.

Lo que se espera ese año, después de continuos avances tanto en los aspectos cuantitativos como en los cualitativos, es que la Feria cochabambina termine de consolidar su identidad y dimensión particular, a la medida y según fiel reflejo de la realidad cochabambina y sus proyecciones hacia el resto de nuestro país
.
Para ello es conveniente no perder de vista que una condición indispensable para que una feria industrial y comercial como ésta cumpla a cabalidad su razón de ser consiste en hacer las veces de un instrumento de medición del pulso vital de una unidad económica. De lo que se trata es de que en pocos pero muy intensos días se concentren las fortalezas y debilidades de su economía y también, lo que no es menos importante, se hagan también visibles las inquietudes y expectativas de sus habitantes.

Esa manera de proyectar las actividades feriales primero, y evaluarlas después, no tiene por qué tener como parámetro principal el criterio cuantitativo. Por el contrario, hay ocasiones como ésta en las que la calidad importa más que la calidad. Y aunque lo ideal es que ambos aspectos vayan acompañados, siempre será preferible priorizar lo que contribuya a mantener y seguir elevando el prestigio de la FIC.

Es felizmente en esa dirección que se ha ido avanzando durante los últimos años, como se puede constatar a través de las actividades comerciales diseñadas, entre las que destaca la ronda de negocios y los seminarios de actualización y las continuas mejoras que preceden cada nueva versión de nuestra feria. Cada año se van sumando las mejoras que facilitan la labor de los expositores y hacen más agradable el paseo de los visitantes.

A lo anterior hay que agregar el acierto que ha tenido Feicobol, la institución que tiene a su cargo la organización de la Feria Internacional de Cochabamba, de dar mayor jerarquía sus espectáculos artísticos y culturales así como la constante innovación tecnológica para facilitar la información sobre la ubicación de los estands y las actividades programadas día por día.

Todas esas mejoras, así como los montos que fueron invertidos en ellas, se constituyen en una clara muestra del ímpetu con que el Municipio y las principales organizaciones empresariales de nuestra región han ratificado su decisión de unir sus esfuerzos alrededor de la máxima expresión de la actividad económica de nuestra región y sus principales protagonistas.

Copyright © 2016 Editorial Canelas Condiciones de uso

LTD descorre el telón, muestra la peligrosa "injerencia" de dos autoridades una del Ejecutivo otra del Judicial, cuando pretenden llenar los 43 puestos vacantes en la judicatura con participantes de un "curso para jueces", cuando la CPE marca la forma de designación que pasa por la Asamblea Legislativa.

Peligrosa injerencia

Los Tiempos

                       |

Si se cumplen las advertencias de ambas autoridades, resultaría que sobre una ley sancionada para dar curso a una visión sectaria de la justicia se estaría violando flagrantemente la CPE, con complacencia, para peor, de quienes son los directos afectados

El viceministro de Transparencia del Ministerio de Justicia ha anunciado que como decisión de una comisión creada por ley para hacer seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la II Cumbre de Justicia celebrada, en medio de muchos cuestionamientos, el pasado año, se despedirá a alrededor de 45 vocales y  jueces “implicados en delitos”, los cuales serán reemplazados “en forma inmediata con los abogados que se presentaron a una convocatoria para vocales que vencieron la calificación y la evaluación”.

Explicó que dicho Comité está conformado por los presidentes de las Cámaras de la Asamblea Legislativa, el Presidente del Órgano Judicial, el Fiscal General, el Ministerio de Justicia y un delegado del sistema universitario.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura ratificó, desde Sucre, la información viceministerial, asegurando que el Consejo de la Magistratura “conforme a la Ley de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia” realizará el proceso de depuración, y aseguró que los cargos vacantes serán cubiertos por los egresados de la Escuela de Jueces del Estado recientemente creada.
Al parecer, ambos abogados y funcionarios se han olvidado de lo que la Constitución Política del Estado (CPE) norma al respecto, poniendo al país, por ello, en los umbrales de un virtual golpe para subordinar en forma absoluta la administración de la justicia a los designios del Órgano Ejecutivo.

El artículo 12 de la CPE dispone que el Estado “se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”.  “II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado”. “III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”.

En el artículo 184-7 la CPE se establece, entre las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, la de “Designar, de las ternas presentadas por el Consejo de la Magistratura, a los vocales de los tribunales departamentales de justicia.
 En el artículo 195/2,7,8 se otorgan al Consejo de la Magistratura las siguientes competencias:

“Ejercer el control disciplinario” de vocales y jueces y personal auxiliar y administrativo del Órgano Judicial. “El ejercicio de esta facultad comprenderá la posibilidad de cesación del cargo por faltas disciplinarias gravísimas, expresamente establecidas en la ley”.

“Preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación de los tribunales departamentales de justicia que serán designados por el Tribunal Supremo de Justicia”.

“Designar, mediante concurso de méritos y exámenes de competencia, a los jueces de partido y de instrucción”

Adicionalmente, el artículo 21 de la Ley 025, del Órgano Judicial, dispone que la cesación de vocales y jueces corresponde por las siguientes causas: cumplimiento de período, incapacidad absoluta y permanente “declarada judicialmente”, renuncia, sentencia penal condenatoria ejecutoriada, destitución “en proceso disciplinario ejecutoriado”, incurrir en alguna prohibición o causa de incompatibilidad, reprobación en un proceso de evaluación de desempeño y “otras establecidas por ley”.

Es decir, si se cumplen las advertencias de ambas autoridades, resultaría que sobre una ley sancionada para dar curso a una visión sectaria de la justicia se estaría violando flagrantemente la CPE, con complacencia, para peor, de quienes son los directos afectados.

Copyright © 2016 Editorial Canelas Condiciones de uso

indigna, fastidia y produce cabreo, "estos que quieren encarcelar a Ernesto Suárez" son los nefastos perseguidores de la oposición, al mismo tiempo que cometen latrocinios, robos descarados a nombre de Evo Morales y su ministro de Justicia, nada menos "el jefe de Seguridad del Gobernador masista", menos mal que la verdad sale a flote, así como sus crímenes y sus estafas...atentos que no los pongan en libertad.

El que suplantaba a ministro Arce era jefe de Seguridad de gobernador oficialista de Beni

eju.tv                                                                  

             

Fue capturado en Trinidad.

El que suplantaba a Arce era jefe de Seguridad de Ferrier

Gobernador tuvo que dar explicaciones. Foto/Archivo
Sergio Figueredo del Villar que supuestamente suplantaba al ministro de Justicia Héctor Arce, era director de Seguridad Ciudadana del Gobernador del Beni, Alex Ferrier (MAS) y fue detenido el sábado en la ciudad de Trinidad, días después que su padre Freddy Figueredo, fuera enviado a la cárcel por delito de suplantación de autoridad.

Padre e hijo fueron acusados por el ministro. El primero trabajaba en la Gobernación del Beni y el segundo en una oficina pública de Sabsa de Santa Cruz. Sergio fue aprehendido tras un operativo de allanamiento de domicilio, donde se encontró documentación que lo compromete.
“Se ha realizado la captura del señor Sergio Figueredo del Villlar, una persona que dentro de las investigaciones que se llevan adelante en la ciudad de Santa Cruz, es de suplantación de mi identidad y uso del nombre del presidente Evo Morales y de otras autoridades”, dijo el ministro Arce.

De acuerdo al Ministerio de Justicia, el Gobernador del Beni fue sorprendido por las versiones de Figueredo quien ejerció el cargo de director de Seguridad Ciudadana y tuvo una serie de beneficios personales. Ferrier informó que Sergio comenzó a trabajar en la Secretaría de Finanzas y después, en base a mentiras, fue promovido al cargo de director departamental de Seguridad Ciudadana
Arce viajó a Trinidad a seguir de cerca el operativo y tras la captura anunció que el detenido será investigado por tráfico de influencias y delitos de orden económico. De hecho el padre fue enviado el lunes a la cárcel de Palmasola, por usar  el nombre de autoridades a través de redes de whatsapp, y ser parte de una red familiar.

Se conoce que incluso Sergio Figueredo en una de sus últimas actuaciones, intercedió ante el Fiscal  del Beni para influenciar en el caso del alcalde de San Borja, Jorge Añez que en pasados horas fue enviado a la cárcel de Mocoví acusado de corrupción.

Copyright © · eju.tv

Carlos Mesa con pluma maestra descalifica los adjetivos de uso en la jerga política, más desde el frente oficial para "encasillar a sus opuestos" casi como un insulto, el debate que hace falta no es personal, sino de bloque a bloque y sobre aspectos centrales además en busca de consensos. y por cierto que el historiador tiene razón.

Menos adjetivos y más democracia

Los Tiempos |

                                          

En política sería ingenuo sorprenderse por el nivel de virulencia de la batalla entre las partes enfrentadas ideológicamente. Pero sería inaceptable dejar que esa tónica domine nuestro juego político. Lo esencial de lo político, la propuesta, el programa, el compromiso de servicio y la legítima lucha por la conquista del poder, se han estancado en el vaho del pantano donde las naves quedan atrapadas y no pueden avanzar si no en medio de la confusión y la desorientación sazonada de la peor de las tormentas, la de los adjetivos.
Uno de los escenarios que nos ha dejado este largo tránsito por el poder del Movimiento Al Socialismo, es la ruptura de todo vaso comunicante que permita el genuino ejercicio democrático. La cómoda mayoría que el gobierno tuvo desde 2005, transformada en monólogo desde 2009, contribuyó a cerrar cualquier puerta o cualquier ventana que diera lugar al diálogo. Cuando en 11 años, el Presidente no se ha reunido una sola vez con los líderes de la oposición, hay algo que no camina adecuadamente en el escenario político. Alguien recordará que en 2008 se produjeron varias reuniones entre el gobierno central y los gobernadores de oposición. No es que hubiera entonces una vocación de apertura voluntaria y generosa de las partes, es que el país estaba al borde de un incendio de magnitud, las fuerzas parecían relativamente parejas y las presiones eran muy grandes. Detrás de esas reuniones estaban las mutuas amenazas del ejercicio de la violencia como una espada de Damocles sobre las cabezas de cada uno. A la postre la tensión se resolvió en las calles, por la violencia y con sangre, no en la mesa de negociaciones. Era una forma de entender las cosas, y esa forma no era la de los vasos comunicantes, sino la del tamaño del garrote de cada quien.

Esa pulsión no se ha modificado. La mayoría se niega a entender que la minoría tiene derechos y, además, asume que es propietaria de la palabra y de la discrecionalidad para administrarla. La palabra es un instrumento de diálogo y debate, pero no el debate que busca parecerse más a la pelea de gallos que a un espacio de confrontación de ideas. No, no necesitamos debates personales a dos años y medio de distancia de las elecciones presidenciales, necesitamos un debate de bloque a bloque sobre aspectos centrales de nuestros déficits democráticos, que sólo se resolverán en la medida en que consigamos consensos mínimos entre gobierno y oposición para encontrar respuestas que salven de la debacle el sistema judicial, que ratifiquen  los límites democráticos electorales de los mandatarios, que garanticen cortes electorales transparentes, que aprueben normas justas e iguales para los contendientes en las próximas elecciones y que preserven el sistema republicano, incluidos los derechos políticos de los opositores.

Pero ocurre que la respuesta a las demandas de quienes no compartimos el modelo político vigente se construye con adjetivos. Es una colección de palabras vacías, marbetes que han perdido todo contenido, todo sentido conceptual. Podríamos mencionar a título de ejemplo algunas de ellas: la derecha, los neoliberales, los vendepatrias, los capitalizadores, la juntucha  de los representantes del pasado, los cachorros de la dictadura, los títeres de “la” embajada...

Escojamos un término: neoliberales, por ejemplo. Supongamos por un momento  que, en efecto, una parte, la mayoría, o todos quienes de un modo u otro están en la oposición política, abrazan la ideología neoliberal, creen en ella y la propugnan como un camino económico para el futuro. ¿Hay alguna razón con sustento sensato para afirmar que el hecho de que una persona o una agrupación política defienda el neoliberalismo, los inhabilitan como interlocutores, los convierten en enemigos de Bolivia y sus ciudadanos?
La actitud de quienes detentan el poder, de cruda descalificación por la vía de la denigración, no hace sino denigrar a quienes escogen ese camino en vez de la confrontación de ideas. Posiciones de esta naturaleza debilitan dramáticamente el sentido básico del ejercicio de la democracia y quien pierde es el país.

El próximo paso electoral que nos toca dar es el de las elecciones judiciales. Si los gobernantes han aprendido una lección, la de 2011, debieran abrir un genuino espacio de debate con la oposición para garantizar las bases de una selección correcta de candidatos y una propuesta compartida de reforma estructural de la justicia, si no la han aprendido, nos llevarán al día de las  elecciones con una comisión calificadora de méritos nombrada por el oficialismo y con un proyecto unilateral redactado exclusivamente por el Ministerio de Justicia. Si es así, volveremos a perder la oportunidad y resolveremos en el voto una apuesta al todo o nada, con el riesgo de frustrar la propia elección por la vía de los votos nulos y blancos.

Sería saludable terminar con este círculo perverso que el oficialismo intenta zanjar siempre por el contraste de fuerza, por la lógica de la denigración y desprecio del adversario, mucho más hoy, un tiempo en que está claro que la correlación de fuerzas ha cambiado y que no tiene mucho sentido insistir en tics que no surten el mismo efecto,  pero sobre todo que no contribuyen a construir un clima de una democracia plural, sino el de un régimen autoritario que guarda las formas y poco más. Quien ha ganado varias veces torneos electorales debiera saber ya a estas alturas lo que es el ejercicio de derechos y deberes a los que obligan los votos que recibieron de sus electores.
El autor fue presidente de la República.

Twitter: @carlosdmesag

Copyright © 2016 Editorial Canelas Condiciones de uso