escalada que no tiene límites

Artículo de Marcelo Ostria para reflexionar seriamente.

Las acciones de un gobierno, en cualquier esquema de convivencia –siempre en evolución y cambio–, tiene límites, como los tiene la libertad: “Mi libertad se termina donde empieza la de los demás” (Jean Paul Sartre). Esos límites frecuentemente son frágiles, fáciles de sobrepasar para llegar a la dictadura. Del tránsito hacia la tiranía hay signos distintivos: la suma del poder en un persona o en un partido, ejercido con discrecionalidad, el desconocimiento del Estado de Derecho, el avasallamiento de las instituciones (el parlamento y la justicia son frecuentes objetivos para someter), la discriminación y, al fin, la abierta represión contra quienes no comparten el pensamiento de los que sustentan el régimen de la tiranía…
En Bolivia estamos navegando en aguas peligrosas. Muy pocos, si los hay, intentan pronosticar el futuro inmediato. Los ciudadanos están perdiendo la esperanza de vivir protegidos por la ley. Hay una escalada del autoritarismo para llegar a una franca dictadura. Los métodos, cada vez más burdos y violentos, se repiten con demasiada frecuencia. Todo para justificar un “proceso de cambio”, impulsado por un poco comprensible “marxismo-leninismo, socialista y comunista” –al decir del propio presidente de Bolivia–, con ingredientes de un indigenismo anacrónico y divisionista.
La anterior constitución política no era el marco jurídico propicio para la aventura populista. Aún con imperfecciones –obra humana, al fin– esa ley fundamental, fijaba límites legales para la acción de la autoridad pública. Estableció mecanismos de control y defensa: el tribunal constitucional y el defensor del pueblo. La justicia empezaba a funcionar independientemente, y el ministerio público ya actuaba fuera de la férula del ministerio de gobierno. Esta ley estaba diseñada para cuidar la democracia y la libertad. Por eso el Movimiento al Socialismo (MAS), empeñado en instalar su modelo excluyente, forzó la aprobación de una nueva constitución que facilitara su “proceso de cambio”.
En el nuevo texto, el MAS no pudo dejar de incluir algunos preceptos reconocidos universalmente, entre ellos la presunción de inocencia y el derecho a la defensa y al debido proceso, y la prohibición de la tortura, la vejación y la humillación a los ciudadanos, cualquiera sea su credo o afiliación política. Se consagra el respeto a la vida, aun la de asesinos y terroristas, aunque esto no signifique de modo alguno consagrar la impunidad del delito. A propósito, el delito debe ser castigado, y duramente, pero sin cometer, a su vez, crímenes de lesa humanidad.
Y vaya incordio que resultó para el oficialismo haber incluido esas garantías, ya que subyacía –ahora está claro– la intención de violarlas. Y las fue incumpliendo enseguida nomás de la aprobación de la nueva constitución del “Estado Plurinacional”.
Lo que está sucediendo no es inédito. Se está recorriendo el mismo sendero de Hugo Chávez, con nuevas leyes, inspiradas en el confuso “socialismo del Siglo XXI”, que más bien se asemeja a una consigna fascista, con permisivos procedimientos para perseguir y para usar la justicia como un instrumento de represión.
Lo que comenzó en enero de 2006, como expresión de la voluntad del pueblo, se va desdibujando. Y no se advierte pausa en esta escalada, que ya no tiene límites…

con toda justicia Los Tiempos reclama por Sucre, la capital de Bolivia
donde deben cumplirse todos los programas del Bicentenario.

El Gobierno ha confirmado que el próximo 25 de Mayo, día en que Chuquisaca celebra su efeméride departamental y la ciudad de Sucre recuerda el Bicentenario del Primer Grito de Libertad, llevará adelante todos los actos oficiales en una población rural llamada El Villar.
El festejo de El Villar, impulsado por la Federación de Campesinos de ese departamento, fue declarado Acto de Estado, lo que significa, en los hechos, ignorar abiertamente a Sucre en una conmemoración histórica que, como su Bicentenario, reviste la más alta trascendencia nacional e internacional, pues es a partir del Primer Grito de Libertad que comienza el proceso de la independencia de las naciones latinoamericanas.
Además, la decisión gubernamental implica que a Sucre no podría llegar ningún mandatario de Estado ni producirse ningún acto oficial. Y es probable, también, que ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas puedan rendir su tradicional homenaje a esa fecha.
Semejante despropósito constituye, pues, una nueva afrenta a la Capital de la República, que tantos vejámenes ha sufrido de parte del actual régimen gubernamental en los últimos meses y años, desde que le tocó ser sede de la Asamblea Constituyente.
Lo más grave de este caso, es que, adicionalmente a esa suerte de bloqueo oficial al Bicentenario de Sucre, se anuncia además una concentración campesina para el día 24 de mayo, con el propósito de desarrollar algún acto de desagravio a la humillación que sufrió esa misma fecha, hace un año, un grupo de campesinos en la Plaza de Armas de la Capital.
Ambas decisiones gubernamentales, además de constituir un lamentable equívoco de la mezquindad política que ni siquiera respeta la historia, podrían derivar en un nuevo tensionamiento de la ciudad de Sucre en una fecha que, a no dudarlo, será recordada y celebrada dentro y fuera de nuestras fronteras. Estamos a tiempo de que el partido oficialista reconsidere semejantes determinaciones, que sólo provocarán más odio y división en nuestro país.