sábado, 27 de agosto de 2016
jueves, 25 de agosto de 2016
el agua. la falta de agua potable. agua insuficiente. carencia de fuentes y de una red de distribución. racionamiento. agua en cisternas. agua insalubre. en fin cien títulos diferentes para un mismo problema. medio siglo sin atinar a una solución adecuada. Rocio desde LT muestra intentos de solucion
La escasez de agua que está sufriendo Cochabamba ha motivado que se organicen eventos, cumbres, reuniones, congresos y otros para la discusión de propuestas y la búsqueda de soluciones. Así, la pasada semana hemos visto por lo menos cuatro eventos diferentes de sectores organizados con esta pretensión y las próximas semanas habrá otros más, al margen de acciones como la propuesta del Comité Cívico para realizar una caravana para presionar la ejecución del proyecto de trasvase de las aguas de Corani.
Estas movilizaciones se explican no sólo porque la “crisis hídrica” es una de las peores en los últimos años. También porque el agua es un elemento constante en el discurso político de la región desde hace muchísimo tiempo. Por esta razón prácticamente todos los posibles candidatos a alguna función pública (en particular Alcaldía o Gobernación) necesitan decir algo sobre la problemática del agua, para ser considerados dignos de respaldo. De esta forma el planteamiento de alternativas de solución a la escasez de agua se ha convertido en una disputa política, ya que quien consiga resolver “la situación del agua” tendrá garantizada su carrera política.
Sin embargo, en la competencia que existe para encontrar “la solución” definitiva se viene tropezando con las mismas limitaciones. En primer lugar, todas las propuestas surgidas están basadas en un enfoque de oferta. Es decir, en traer más agua sin importar de dónde sea, ni el costo que implique y menos los efectos socio-ambientales negativos que se ocasionen. Cualquier propuesta que vaya en sentido de ver más bien la gestión de la demanda y con medidas que eficienticen el uso, vayan más por la reducción de los consumos dispendiosos y del derroche o que promuevan la protección y preservación de las fuentes de agua, es recibida en el mejor de los casos con escepticismo y en el peor con rechazo. Aún no se comprende plenamente que existen límites ecológicos que no es posible cruzar sin consecuencias, pero también los sectores que esperan beneficiarse de las millonarias inversiones en nuevos “megaproyectos” no están dispuestos a ceder por alternativas menos costosas y más simples tecnológicamente.
En segundo lugar, se maneja el discurso de la escasez y sus efectos como algo que afecta por igual a toda la población, sin considerar las diferencias que existen en el acceso al agua en la ciudad y en el Departamento, donde la carestía es más sentida por unos que por otros. Es decir que todavía no se analiza la complejidad de la problemática en toda su dimensión y menos aún las situaciones de inequidad que persisten.
Finalmente, en la disputa que existe entre diferentes sectores y las propuestas que éstos plantean, lo menos importante es el agua, cómo hacer más equitativo su acceso y más sustentable su gestión. El interés que predomina es principalmente sobre los beneficios políticos que se obtiene y cómo utilizar la “crisis hídrica” como medio para lograrlos.
Ante esta situación los ciudadanos de a pie podemos seguir participando de foros y eventos para analizar desde todos los ángulos la problemática que se enfrenta o podemos esperar a que alguien resuelva la situación —el Gobierno, las instituciones, la cooperación internacional, etc.— o tal vez podríamos también comenzar a realizar algunos cambios, individuales y colectivos, pequeños al principio pero que sumados pueden significar una transformación mayor. Después de casi 20 años, desde la “Guerra del Agua”, el desafío ya no es vencer el poder de una transnacional extranjera sino encontrar el poder de nuestra capacidad de acción autónoma para transformar la situación individual y colectivamente, ¿estamos dispuestos a hacerlo?
La autora es investigadora del Centro AGUA - UMSS
Estas movilizaciones se explican no sólo porque la “crisis hídrica” es una de las peores en los últimos años. También porque el agua es un elemento constante en el discurso político de la región desde hace muchísimo tiempo. Por esta razón prácticamente todos los posibles candidatos a alguna función pública (en particular Alcaldía o Gobernación) necesitan decir algo sobre la problemática del agua, para ser considerados dignos de respaldo. De esta forma el planteamiento de alternativas de solución a la escasez de agua se ha convertido en una disputa política, ya que quien consiga resolver “la situación del agua” tendrá garantizada su carrera política.
Sin embargo, en la competencia que existe para encontrar “la solución” definitiva se viene tropezando con las mismas limitaciones. En primer lugar, todas las propuestas surgidas están basadas en un enfoque de oferta. Es decir, en traer más agua sin importar de dónde sea, ni el costo que implique y menos los efectos socio-ambientales negativos que se ocasionen. Cualquier propuesta que vaya en sentido de ver más bien la gestión de la demanda y con medidas que eficienticen el uso, vayan más por la reducción de los consumos dispendiosos y del derroche o que promuevan la protección y preservación de las fuentes de agua, es recibida en el mejor de los casos con escepticismo y en el peor con rechazo. Aún no se comprende plenamente que existen límites ecológicos que no es posible cruzar sin consecuencias, pero también los sectores que esperan beneficiarse de las millonarias inversiones en nuevos “megaproyectos” no están dispuestos a ceder por alternativas menos costosas y más simples tecnológicamente.
En segundo lugar, se maneja el discurso de la escasez y sus efectos como algo que afecta por igual a toda la población, sin considerar las diferencias que existen en el acceso al agua en la ciudad y en el Departamento, donde la carestía es más sentida por unos que por otros. Es decir que todavía no se analiza la complejidad de la problemática en toda su dimensión y menos aún las situaciones de inequidad que persisten.
Finalmente, en la disputa que existe entre diferentes sectores y las propuestas que éstos plantean, lo menos importante es el agua, cómo hacer más equitativo su acceso y más sustentable su gestión. El interés que predomina es principalmente sobre los beneficios políticos que se obtiene y cómo utilizar la “crisis hídrica” como medio para lograrlos.
Ante esta situación los ciudadanos de a pie podemos seguir participando de foros y eventos para analizar desde todos los ángulos la problemática que se enfrenta o podemos esperar a que alguien resuelva la situación —el Gobierno, las instituciones, la cooperación internacional, etc.— o tal vez podríamos también comenzar a realizar algunos cambios, individuales y colectivos, pequeños al principio pero que sumados pueden significar una transformación mayor. Después de casi 20 años, desde la “Guerra del Agua”, el desafío ya no es vencer el poder de una transnacional extranjera sino encontrar el poder de nuestra capacidad de acción autónoma para transformar la situación individual y colectivamente, ¿estamos dispuestos a hacerlo?
La autora es investigadora del Centro AGUA - UMSS
lunes, 22 de agosto de 2016
con toda claridad José Luis Baptista constitucionalista de prestigio, muestra que al establecer Evo Morales una escuela militar con el objeto de adoctrinar a los jefes militares en materia ideológica, está incurriendo en desconocimiento de la CPE, lo que puede dar lugar a cuestionamiento muy graves
La Constitución Política del Estado, siempre, asignó a las Fuerzas Armadas algunas tareas adicionales ajenas a su función esencial de conservación de la seguridad externa del país, entre las cuales figuran:“resguardo militar, cuya principal incumbencia será impedir todo comercio clandestino” (1826); “obras de vialidad, comunicaciones y colonización” (1938); “incremento de la producción nacional conforme a planes económicos, en tareas de colonización y en obras de carácter nacional requeridas para el desarrollo y diversificación de la economía y en todas aquellas que determine el Gobierno” (1961); “desarrollo integral del país” (1967 y 2009).
Son comprensibles esas decisiones de crear para las Fuerzas Armadas obligaciones diferentes a la primigenia de defender y conservar la independencia nacional, pues no es frecuente el riesgo de guerra internacional, motivo por el cual se hace imprescindible el ocuparlas en alguna faena útil.
Como anexo, también extraño a su función de resguardo de la soberanía del Estado, tienen los militares, desde 1825, tendencia a ser ellos quienes ejerzan las funciones de Gobierno, sea por asalto delictivo al Poder o por la vía del voto popular.
Ante ese constante peligro, la Constitución Política del Estado, en 1967, en el artículo 209, determinó que las Fuerzas Armadas, tienen el carácter de organismo institucional que “no realiza acción política”. Esa norma se mantiene actualmente de conformidad a lo establecido en el artículo 245 de la Constitución promulgada el año 2009.
La mención a una “acción política” significa trabajo dinámico en adhesión a una ideología o doctrina formalmente referida a su aplicación en ejercicio de funciones de Gobierno en un país. Como consecuencia de ese principio que se expresa en regla con carácter obligatorio, los integrantes de las Fuerzas Armadas, por mandato constitucional, “no deliberan”, lo cual significa que no deben ni siquiera analizar la posibilidad de intervenir en la conducción de los intereses nacionales en área de acción política.
En clara transgresión de esa norma, con otra función adicional pero ilegal, en acto de sumisión al Gobierno, el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas inició instrucción en la recientemente inaugurada “Escuela de Comando Antiimperialista General Juan José Torres” con sede en el Municipio de Warnes, Santa Cruz, en la que oficiales, suboficiales y sargentos que asimilen los conocimientos a impartirse “recibirán una puntuación de aprobación que les servirá como calificación curricular para ascenso”.
Esa nueva unidad integrante de las Fuerzas Armadas, desconoce que, siendo para algunas personas válidas tales posiciones y otras de visión opuesta a ellas, están todas protegidas por la vigente Constitución Política del Estado que, en el artículo 14-II, prohíbe la discriminación fundada en razón “de filiación política o filosófica”, y que en el artículo 21-3 señala entre los derechos civiles y políticos el de “la libertad de pensamiento”.
Desde el año 2006 se percibe que los comentarios u opiniones que contradicen dichos y hechos de los Gobernantes, son calificados por el Poder Político como expresión de posiciones antidemocráticas, pro-liberales y pro-imperialistas, aunque provengan de disidentes de su entorno, en razón de lo cual es posible que esa Escuela se utilice para incomodar a los opositores.
Son comprensibles esas decisiones de crear para las Fuerzas Armadas obligaciones diferentes a la primigenia de defender y conservar la independencia nacional, pues no es frecuente el riesgo de guerra internacional, motivo por el cual se hace imprescindible el ocuparlas en alguna faena útil.
Como anexo, también extraño a su función de resguardo de la soberanía del Estado, tienen los militares, desde 1825, tendencia a ser ellos quienes ejerzan las funciones de Gobierno, sea por asalto delictivo al Poder o por la vía del voto popular.
Ante ese constante peligro, la Constitución Política del Estado, en 1967, en el artículo 209, determinó que las Fuerzas Armadas, tienen el carácter de organismo institucional que “no realiza acción política”. Esa norma se mantiene actualmente de conformidad a lo establecido en el artículo 245 de la Constitución promulgada el año 2009.
La mención a una “acción política” significa trabajo dinámico en adhesión a una ideología o doctrina formalmente referida a su aplicación en ejercicio de funciones de Gobierno en un país. Como consecuencia de ese principio que se expresa en regla con carácter obligatorio, los integrantes de las Fuerzas Armadas, por mandato constitucional, “no deliberan”, lo cual significa que no deben ni siquiera analizar la posibilidad de intervenir en la conducción de los intereses nacionales en área de acción política.
En clara transgresión de esa norma, con otra función adicional pero ilegal, en acto de sumisión al Gobierno, el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas inició instrucción en la recientemente inaugurada “Escuela de Comando Antiimperialista General Juan José Torres” con sede en el Municipio de Warnes, Santa Cruz, en la que oficiales, suboficiales y sargentos que asimilen los conocimientos a impartirse “recibirán una puntuación de aprobación que les servirá como calificación curricular para ascenso”.
Esa nueva unidad integrante de las Fuerzas Armadas, desconoce que, siendo para algunas personas válidas tales posiciones y otras de visión opuesta a ellas, están todas protegidas por la vigente Constitución Política del Estado que, en el artículo 14-II, prohíbe la discriminación fundada en razón “de filiación política o filosófica”, y que en el artículo 21-3 señala entre los derechos civiles y políticos el de “la libertad de pensamiento”.
Desde el año 2006 se percibe que los comentarios u opiniones que contradicen dichos y hechos de los Gobernantes, son calificados por el Poder Político como expresión de posiciones antidemocráticas, pro-liberales y pro-imperialistas, aunque provengan de disidentes de su entorno, en razón de lo cual es posible que esa Escuela se utilice para incomodar a los opositores.
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