pinceladas maestras de Juan Claudio Lechín cuando describe "Maten a la Bruja"

Pidió el enardecido pueblo de Ayopaya (Cochabamba, Bolivia) durante el juicio que le hicieron a una anciana de 80 años bajo la modalidad de la “Justicia comunitaria”.

Una de las ofertas electorales de Evo Morales durante su campaña del 2005 fue la de hacer una nueva Constitución. Una vez que subió al gobierno, se realizó con un sello autoritario. Los artículos no se votaron con el 66% de los asambleístas, señalado por ley, sino con la mayoría oficialista, y, dentro de un cuartel, la bancada oficialista aprobó la Carta Magna.

El diseño constitucional, luego se supo, lo hizo la CEPS, una fundación valenciana, dirigida por Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau, quienes también diseñaron las constituciones de Venezuela y Ecuador. Aunque españoles los arquitectos, la nueva constitución boliviana tiene formas indígeno-originarias como la “Justicia comunitaria”, no regida por las leyes escritas del país y no interpelada por La Corte Suprema ni ningún otro estrado judicial. Se trata de un régimen endógena, oral y sujeto a la tradición de los pueblos indígenas. Varias agencias europeas de cooperación, sobre todo, Suecia y Holanda, necesitadas de cumplir sus agendas de colocación de dinero, financiaron la nueva Constitución y sus detalles. Lo que jamás hubieran permitido en sus países, experimentaron en éste, a ver si jugando a Dios con la miseria y debilidad institucional de pueblos periféricos, descubrían alguna novedad socio-antropológica mientras cumplían sus ensoñaciones hippies de juventud. A quienes llamaron a la sensatez, los consideraron oligarcas heréticos tratando de detener el “proceso de cambio”.

Según el periódico Opinión (zcamacho@opinion.com.bo, 30/06/2011) y la socióloga julietamontaño@hotmail.com, un curandero llegó, en enero, a la comunidad indígena de Ayopaya convocado por los padres de dos muchachos con retraso. En criterio del profesional, una “laiqka” (bruja) los había hechizado. Ubicaron a la anciana de 80 años, le hicieron un tribunal popular, la golpearon, la obligaron a tomar orines de tres hombres, y finalmente se confesó culpable de brujería, mientras el pueblo pedía su quema o entierro en vida. Los magnánimos dirigentes la expulsaron de la comunidad. Ella, ahora, deambula mendigando por la ciudad de Cochabamba, sin familia, sin sus pocas pertenencias y quejándose a quien la quiera escuchar. Los dirigentes de Ayopaya se han enterado y le han prometido una condena mayor, la próxima vez. Este es uno de las muchos crímenes de la “Justicia comunitaria”. Las autoridades nada pueden hacer porque el “juicio comunitario” es legal, es absolutamente constitucional.

¿Son bárbaros estos indígenas? No. También los preclaros alemanes hicieron lo mismo (o peor) con los Volksjustiz, tribunales tradicionales, y Fidel Castro con los Tribunales populares. El poder absoluto en el gobierno es imitado por los poderes más bajos, son complicidades estamentadas de lo peor del ser humano. Los caudillos absolutistas, tarde o temprano, queman cables por exceso de poder y soberbia y con ellos toda su colectividad de apoyo. Por eso y sin lugar a dudas, la ley, aún en instituciones defectuosas, es infinitamente mejor.

Algún día, Bolivia tendrá que asumir su culpa por estos crímenes pero también se deberán señalar a las irresponsables cooperaciones del primero mundo como aláteres e instigadoras. 

tercer nombramiento ahora el sociólogo Hernán Rico asume SEDEGES

La Gobernación de Cochabamba designó al psicólogo Hernán Rico como  nuevo director del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges). Rico tiene la misión de plasmar en programas sociales los planes que el Gobierno departamental diseñe para rescatar a los niños y adolescentes de las calles, así como atender a los sectores vulnerables.

Hernán Rico reemplaza en el cargo a Vivían Peñarrieta, que cesó en sus funciones luego de seis meses al frente de la institución. En ese tiempo, la funcionaria se concentró en regularizar el funcionamiento de los hogares, inspeccionar los centros, hacer seguimiento de “las niñas milagro” (que sobrevivieron a doble homicidio) y supervisar las adopciones sospechosas. El primer director del Sedeges fue Luis Estrada.

Según fuentes de la Gobernación, la funcionaria renunció al cargo después de una evaluación en la que se detectó que el Sedeges tenía una baja ejecución. Los Tiempos intentó comunicarse con Peñarrieta, pero no logró localizarla.

El principal reto del nuevo Director es evitar la cuarta generación de niños de la calle. Según Rico, el encargo del gobernador Edmundo Novillo es que realice una reingeniería de la institución, con un presupuesto de 300 mil bolivianos.

“Esa reingeniería nos va a dar información para que encaminemos un nuevo Sedeges. El desafío es tener una infraestructura diferente, un equipamiento moderno y programas que den respuesta a los niños de la calle e indigentes”, dijo.

“Si seguimos administrando el viejo Sedeges, no va a cambiar nada. Asumiremos la responsabilidad de los niños de 7 a 13 años y de 13 a 16, y la Policía, los jueces y los fiscales deberán decir dónde van los mayores de 16 años”, añadió.

Palmasola y la nueva cárcel y la cärcel de -Cochabamba con el Tata Rosales
ver comentario al pie de nuestro editor: M. Aira

Uno de los puntos acordados en la Cumbre de Seguridad Ciudadana realizada en nuestra capital en junio contempla la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Santa Cruz en el marco de un proyecto concurrente entre los gobiernos nacional y departamental, debido a los problemas de hacinamiento, la compañía de los hijos de los reos y la asignación de prediarios por parte del Ejecutivo a los reclusos, ya que son los tres principales problemas que desde siempre arrastran los penales del país.
El tema de la estadía de niños en los penitenciarios, recordemos, salió a la luz el pasado mes, cuando un recluso de Palmasola fue linchado tras ser acusado de violar a hijos de sus compañeros.
Este penal, como todos lo sabemos, es un gran barrio embardado donde se tiene a la mano toda clase de comodidades, puesto que en su interior se puede encontrar desde una variedad de bebidas y comidas hasta drogas, esto sin exagerar. Y como en otros penales del país, también hay discriminación y trato diferenciado, porque los presos que tienen dinero la pasan ‘de película’. En su interior viven cerca de 600 menores de edad, por lo cual el Gobierno anunció que iba a sacar del recinto a los niños y niñas mayores de seis años.
En el tema del prediario, dinero que da el Estado para la alimentación cotidiana de los reclusos, el Gobierno propuso aumentar el monto de Bs 6,60 a Bs 8 por reo, incremento que los representantes de los internos aceptaron, pese a que exigían Bs 15.
Estos problemas crónicos de los penales, al parecer, han motivado que el Ejecutivo, a través del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, anunciara que en el mediano plazo dejará de tener bajo su mando la administración del sistema penitenciario del país, pues esa responsabilidad será transferida al Ministerio de Justicia.
Consideramos por nuestra parte que esta es una buena medida, pero no debe ser enfocada solo al tema de la infraestructura, que es muy importante y necesaria, sino también a la parte humana, al bienestar de los internos, de modo que cuenten con programas de capacitación y profesionalización; con médicos, sicólogos, sociólogos y terapias ocupacionales que les devuelvan la fe y la esperanza en el futuro.
Calificamos de positiva la medida porque, debido al crecimiento de la mancha urbana de las principales ciudades del país, muchos recintos penitenciarios han quedado prácticamente en pleno centro, con las incomodidades que son de suponer.
Citamos, por ejemplo, lo que ocurre en La Paz, donde el principal centro penitenciario –San Pedro– está ubicado en el centro de la ciudad, por lo cual el ministro anunció que en un lapso de 30 a 45 días se entregará el diseño final del proyecto de la nueva cárcel modelo de ese departamento; parte del financiamiento para su construcción se obtendrá con la venta del terreno de San Pedro, la cual también estará ubicada en el sector de Chonchocoro.
Tenemos información, asimismo, de que no es la única obra en curso en el país, puesto que se hizo referencia al inicio de la nueva fase de edificación del recinto penitenciario de Yacuiba, en la frontera con Argentina, como también de la próxima entrega de la nueva carceleta de la ciudad de Montero, situada al norte de nuestro departamento. Es de esperar, no obstante, que esta vez se haga una transferencia ordenada. ¡Hasta la próxima!

* Comunicador

N.E. para hacer realidad una cárcel en SC, como la del ABRA en Cochabamba haría falta un sacerdote con las virtudes, la capacidad ejecutiva, la fe y voluntad de Walter Rosales que presidió el Consejo Consultivo de la Prefectura del Departamento, junto a ilustres cochabambinos como Jaime Ovando, Edwin Tapia, Roberto Peña, Jorge Rojas Tardío, Oswaldo Bayá entre otros que lograron, no sin grandes dificultades obtener los terrenos y luego la construcción de una penitenciaría con capacidad para 1.152 internos en terreno de 88 mil metros cuadrados con suficiente espacio para actividades agrícolas. La obra estuvo a cargo del arquitecto Walter Iriarte dividida en varios bloques y con un desarrollo que a partir del 2011 podría alojo a otros 600 internos más con miras a obtener la rehabilitación de los reclusos y a la larga su reintegración a la sociedad. Monseñor "Tata Rosales" con esa terquedad para las cosas buenas que le conocimos no dejó de empujar la obra que contó con 250 mil dólares iniciales de la ayuda externa. Varios juzgados del departamento aportaron sumas de dinero, así como otras fuentes hasta reunir un medio millón de dólares con los que se terminó la primera fase y al cabo de pocos años quedó librada la cárcel al servicio de la Justicia, sin perjuicio de continuar la obra en 1994 cuando "Tata Rosales" dejó el liderazgo que quedó en manos de Rubén Castellón que tuvo a su cargo además el equipamiento. Sería de desear que se pida al Arbobispado de Cochabamba todos los antecedentes y la experiencia vivida para emprender sin demora la iniciativa de Santa Cruz y descongestionar la dramática situación que allí se vive hoy en dia. M.A.