El escenario de confrontación política que se está creando innecesariamente en el Beni puede desembocar, si la pasión se impone sobre la racionalidad, en actos de violencia que seguirán socavando los cimientos de nuestro sistema democrático.
Esta vez el motivo esgrimido para la arremetida gubernamental en contra de la Gobernación de este departamento –en manos de la oposición al MAS- es un presunto acto de corrupción en el que han sido involucradas personas estrechamente allegadas al Gobernador, incluyendo a la esposa de uno de sus colaboradores, que ha sido tomada virtualmente como rehén, extremo que no se veía en el país desde las épocas dictatoriales.
A lo anterior se debe agregar un extraño arribo de grupos de campesinos para copar el congreso departamental del sector (reconocido por el ente matriz) que se está realizando en Trinidad y la movilización de sectores de la población trinitaria en defensa de su Gobernación. Es decir, están todos los ingredientes que al menor chispazo pueden provocar una explosión que, de darse, quemará a todos, pero especialmente a los más desfavorecidos de la sociedad... como siempre.
Más allá de la validez de la lucha contra la corrupción (sobre todo cuando ésta se la hace por principios y no como vendetta política), lo cierto es que en el caso del Beni pareciera que el objetivo no es tanto depurar las instituciones estatales cuanto hacerse del poder regional. Y como éste no ha sido conseguido por medio del voto, se buscan formas de hacerlo de hecho, como sucedió primero en Pando y luego en Tarija.
Por donde se observe este modo de actuar afecta los cimientos mismos del sistema democrático, el que tiene la virtud de ofrecer la pacífica convivencia entre diferentes a condición de respetar el marco constitucional vigente. Si como antaño prima la ley del más fuerte, lo que se está haciendo es retroceder a épocas en las que las diferencias políticas eran superadas con la eliminación del contrario, concepción de la vida política que se creyó total e irreversiblemente superada en 1982, cuando se logró, en forma pacífica, que los militares retornen a sus cuarteles y comience la etapa más fructífera de nuestra historia, aunque insuficiente, en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos, incluidos los de salud, educación y participación política.
Esto, que se puede constatar si se quitan las anteojeras del sectarismo, exige que, de una vez por todas, se abandone el método de la permanente confrontación como ejercicio rutinario del poder. El Presidente del Estado ha anunciado, particularmente las pasadas semanas cuando decidió cambiar su política con relación a Chile, que una base para que el país progrese y pueda retornar al mar es, precisamente, la unidad, la que se alcanza estableciendo puentes y escenarios de diálogo y no, como está sucediendo en Beni, escenarios de confrontación. Más aún si la respuesta que ha obtenido de sus eventuales adversarios ha sido altamente positiva.
Volviendo a observar lo que está sucediendo en el Beni, lo que corresponde es que se imponga esta visión presidencial y no se siga dando espacio a las corrientes autoritarias que intentan dominar el Gobierno y el MAS, y que quieren obtener por la fuerza lo que no pudieron obtener en las urnas.
