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sábado, 13 de septiembre de 2014

la desverguenza es Lliquimuni, una mentira tras otra. se han gastado nada menos CIEN MILLONES DE DOLARES, y según Carlos Miranda Pacheco, no se ha perforado ni un metro de roca. sobre subvenciones lo bueno y lo malo trata su artículo imperdible,además.

S e han invertido más de $us 400 millones en las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder de Cochabamba y Santa Cruz, respectivamente. Eso está bien porque hace muchos años que no se invierte en esa actividad. Pero no debemos olvidar que las dos refinerías estatales existentes más la planta de lubricantes costaron $us 195 millones en 1975. Como uno de los frutos de la inversión se comunica que a partir de octubre dejaremos de importar gasolinas. Eso está muy bien porque esa autosuficiencia lograda en 1957 la perdimos en 1992.

Con aire triunfalista, se está hablando que ya no será necesario subvencionar este carburante. Eso está muy mal. Porque no es verdad y no se sabe cuándo se dejará de subvencionar todos los carburantes que se consumen en el país.
Evidentemente, dejaremos de erogar ± medio millón de $us diarios al no tener que comprar en el exterior la gasolina faltante y trasladarla hasta el país.
Los movimientos sociales tienen una manera peculiar de interpretar acontecimientos nacionales, además de un fino sentido de oportunidad para lograr sus fines. No debería extrañarnos que si un avispado movimiento social plantee que el ahorro fiscal al no importar más gasolinas, sea utilizado para compensar una rebaja en los precios de la gasolina para su sector.
Como se está en esa "maravillosa" época pre eleccionaria, esa petición podría ser aceptada si está acompañada de algunos cientos de votos que aproximen al candidato oficial a obtener el 75% de la votación nacional.
Por lo anterior estimado lector, un rápido repaso de la subvención a los carburantes. Los precios constantes son mantenidos con subvenciones que comienzan en boca de pozo. Si esto no se hace los precios al consumidor serían más del doble que los actuales. Por ley toda la producción de petróleo debe ser entregada a YPFB, la que reconoce al productor por barril $us 7 con algunos centavos más. Con esto el productor debe cubrir sus costos de operación, amortizar sus inversiones y obtener un margen de ganancia.
Por eso en los Clubes de Petróleo se dice que la desgracia más grande que le puede suceder a una compañía petrolera trabajando en Bolivia, es encontrar petróleo.
No se informa oficialmente que se haya logrado incremento en la producción de diésel. Eso está muy mal porque por la cuantiosa inversión, además del aumento de capacidad de refinación de 38.000 a 65.000 barriles por día, no se han podido instalar nuevos procesos de refinación que permitan una mayor obtención de diésel. Esta es la mejor demostración de que debemos refinar petróleo y no condensado.
La subvención por importar diésel es como se dijo, una especie de cáncer para la economía que estamos pudiendo resistir gracias a la fortaleza financiera que nos proporciona la exportación de gas al Brasil, a la que se suma ahora la exportación a la Argentina. Pero esa situación es transitoria. Se avecina el agotamiento de las reservas que soportan esas exportaciones, por lo tanto la palabra exploración es cada vez más importante y urgente. Tenemos que encontrar y desarrollar campos de petróleo y de gas.
Ahora entramos en el campo de las desvergüenzas. Se hacen grandes anuncios de incrementos en la exploración y en primer lugar se indica será la perforación de Lliquimuni. Perdón estimado lector, pero esa es una desvergüenza llevada al máximo. Hace 6 años que se anuncia periódicamente perforar esa estructura. Se han gastado en la sociedad Petroandina (PDVSA-YPFB), a cargo del proyecto, más de $us 100 millones sin haber perforado ni un solo metro. Cada año la explicación por no haber perforado es atribuir a la época de lluvias el no permitir hacer las obras civiles de acceso necesarias y la destrucción de las existentes ejecutadas en época seca. Ahora con una desvergüenza que no tiene límite se anuncia que la perforación se iniciará en diciembre, plena época de lluvias. Ese tipo de anuncios oficiales que se realizan cada año, es una desvergüenza, pero este último es casi un insulto a la opinión pública.

jueves, 11 de septiembre de 2014

valiente. certero Los Tiempos. se atreve cual los medios cambas no lo hicieron en forma directa. Anular obrados. devolver su libertad a los detenidos. transparentar todo el proceso. se está refiriendo al caso Rózsa motivo de escándalo a nivel mundial y de burla de la Justicia Boliviana (El Gobierno de EM)

Lo que corresponde es transparentar estos procesos, anular obrados, devolver su libertad a los detenidos y, si existen razones, reiniciar los juicios
El curso que están siguiendo los diversos procesos incoados a partir del “caso Rózsa” ha dejado a las autoridades de Gobierno y a los dirigentes del MAS en una situación de deslegitimación y desprestigio creciente.

Las revelaciones que hacen, por un lado, exabogados de diversas reparticiones del Gobierno (Ministerios de la Presidencia, Gobierno y Transparencia) a los que se encargó el seguimiento del caso y otros de orden político y que establecieron sólidas alianzas en los ámbitos de la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial y el Ministerio Público, para luego conformar una red de extorsión, y, por el otro, las que en los últimos tiempos ha hecho el exfiscal Marcelo Soza, otrora hombre fuerte del Gobierno, develan un panorama tenebroso, en el que por fines de interés político-sectario se violaron flagrantemente derechos humanos básicos, incluyendo la ejecución de tres personas.
Adicionalmente, es tal el desprestigio de las autoridades judiciales y del Ministerio Público encargadas de estos procesos que cualquier sentencia que asuman será rechazada por la gente, lo que no significa, de ninguna manera, que dejen de ser ejecutadas. Más aún si incluso organismos internacionales de justicia y multilaterales han expresado duras críticas y exigiendo, además, que se transparenten las actuaciones legales.
Como si no bastara esta situación para que las autoridades reflexionen sobre el tema, la decisión de Brasil de ampliar por un año el carácter de refugiado del exfiscal Soza no da cuenta de una confabulación derechista en contra del Gobierno nacional –como afirman algunos desaprensivos dirigentes y parlamentarios del oficialismo– sino de que en el ámbito internacional hay sólidas dudas sobre la vigencia del Estado de derecho en el país. Esta percepción se agrava al considerar que esa ampliación se otorga luego de una visita hecha por el Fiscal General del Estado a Brasil para agilizar la extradición del mencionado exfiscal.
En este contexto, tratar de seguir negando esta realidad como lo hacen muchas autoridades es un desacierto, más aún si son pocas las personas que actualmente creen que hubo intentos de dividir al país y, más bien, un buen porcentaje de la población cree que el Gobierno utilizó o aprovechó al grupo Rózsa para derrotar a la oposición política afincada fundamentalmente en Santa Cruz. Es decir, mantenerse con ese argumento sin permitir una investigación imparcial se convierte en un círculo vicioso que las afecta en forma directa.
Por ello, y no sólo como un servicio a los intereses del país sino en su propio resguardo, pareciera que ha llegado el momento de que apoyen la iniciativa de transparentar estos procesos, anular obrados, que los detenidos recuperen su libertad y si existen razones o indicios fundamentados, se reinicien los juicios respetando los principios universales del debido proceso y el derecho a la defensa, contando además con veedores internacionales, dada la profunda crisis del Órgano Judicial reconocida incluso por el Presidente del Estado. De otro modo, tarde o temprano será ineludible una intervención internacional.
Sólo de esta manera se podrá establecer la verdad de los hechos y exigir las sanciones correspondientes.

miércoles, 10 de septiembre de 2014

impacto. cadena A, entrevistó a Marcelo en Brasil. ratificar que el cerebro y el manejo del caso Terrorismo estuvo a cargo de Raúl García Linera, ha causado sensación en todo el país. conocido el hecho su ratificación tiene importancia vital. Evo está desesperado, cómo seguir tapando la verdad?

El exfiscal del caso terrorismo Marcelo Soza reveló este martes desde Brasil que el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas se ejecutaron a los tres extranjeros acusados por el Gobierno de formar parte de un grupo terrorista. Aseguró que está dispuesto a ratificar esto ante cualquier instancia internacional que investigue el caso.
La madrugada del 16 de abril de 2009 perdieron la vida el boliviano húngaro Eduardo Rózsa Flores, el rumano Arpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. 


"Se hicieron ejecuciones en el Hotel Las Américas, donde lamentablemente perdieron la vida tres ciudadanos y ahí fue una masacre, un asesinato y obviamente tendrán que responder quienes intervinieron en ese operativo, quienes ordenaron ese operativo, qué personas intervinieron en el mismo, aspecto que ya entregué al Conare (Brasil) para mi descargo", declaró Soza en una entrevista que concedió a la televisora Cadena A vía Skype.
El exjefe de la investigación del caso terrorismo además señaló que la acción policial que desencadenó en la muerte de los tres extranjeros nunca contó con el aval del Ministerio Público, a pesar de que había sido designado dos días antes del operativo en el hotel Las Américas como fiscal a cargo. 
“¿Por qué no me avisaron, qué es lo querían ocultar, por qué razón desligaron el sistema de seguridad del hotel, qué es lo que querían tapar sobre esa situación? Hay interrogantes obviamente que hacen ver que efectivamente hubo una ejecución", aseveró Marcelo Soza.
El exfiscal dijo que no pudo revelar esto en Bolivia porque su vida se encontraba en riesgo, lo que provocó su decisión de salir del país rumbo a Brasil. Soza asegura que el Gobierno está dispuesto a cualquier cosa "con la única finalidad de tapar las muertes que hubo el hotel Las Américas".
Vuelve a mencionar a Raúl García Linera
Soza señaló que Raúl García Linera "manejó todo el caso Terrorismo en coordinación con Luis Norberto Clavijo, Carlos Subirana -actual candidato a diputado del MAS- y el extinto Carlos Núñez del Prado, para sus beneficios personales, políticos y económicos, que lamentablemente en última instancia fueron a destruir el sentido original de la investigación".
"Yo no podía hacer absolutamente nada sin la previa autorización de esos ciudadanos, tanto que desde un principio yo no estuve de acuerdo y por eso vinieron las amenazas, una serie de cosas, y ahora estoy aquí por esa situación", declaró Soza.

lunes, 8 de septiembre de 2014

dos sargentos abusaron y dieron muerte a una estudiante del pre-militar. el escándalo provocó protestas de "ponchos rojos de Achacahi". la víctima Carmen Rosa Mollo Ayllón de 17, vecina de Chirapaca era bien conocida. hay bloqueo y demandaron no proteger a los militares, cuyosnombres mantienen en reserva.

El comandante del Regimiento Ayacucho de Achacachi, coronel Andrés Cortez, anunció a los comunarios de la población de Chirapaca, municipio de Achacachi, que bloquean la ruta al Lago Titicaca, que los dos sargentos acusados de abusar y matar a la joven estudiante premilitar, Carmen Rosa Mollo Ayllón de 17 años, serán dados de baja del Ejército y remitidos a la justicia ordinaria y militar.


"Cuando ocurre este tipo de hechos automáticamente son dados de baja del Ejército, ellos deben ser juzgados por la justicia ordinaria y por la justicia militar", dijo a los molestos pobladores, el jefe militar, quien se trasladó hasta el punto del bloqueo para expresar sus condolencias a los familiares de la infortunada joven y a las autoridades originarias.
Los comunarios de Chirapaca, que ejecutan un bloqueo de caminos como medida de protesta por el asesinato de Carmen Rosa, demandaron al jefe militar que no se proteja a los dos sargentos, se los separe del Ejército y sean juzgados por la justicia.
"Estos dos sargentos no pueden dañar la imagen de toda una institución como es el Ejército", dijo el coronel Cortez, al señalar que estará presente junto con los oficiales y soldados del Regimiento Cortez en el entierro de Carmen Rosa.
"Este dolor no solamente es de ustedes, es de todos nosotros pues estas cosas no pueden pasar. Dentro del Ejército no se encubrirá ningún acto delictivo y cuentan ustedes con todas las garantías", sostuvo el comandante del Regimiento Ayacucho de Achacachi.
La jueza Margot Pérez dispuso este fin de semana en una complicada audiencia cautelar que los dos militares sindicados de asesinar a la joven premilitar Carmen Rosa Mollo Ayllón, sean enviados a la cárcel de San Pedro en calidad de detenidos preventivos.
Los sargentos S. Ch. y A. M. fueron imputados de violar y asesinar a la joven premilitar la pasada semana luego que culminaran con la jornada de instrucción en el cuartel Ayacucho de la población de Achacachi.
El hecho se perpetró cuando Carmen Rosa y su prima asistieron a una cita convocada por los dos militares el 29 de agosto. Las jóvenes fueron conducidas a un domicilio donde los dos acusados les invitaron bebidas alcohólicas con diazepam (sedante).
Luego de varias horas, la prima despertó desnuda y cerca de ella se encontraba Carmen Rosa sin vida. Según cuentan los familiares, los militares, pertenecientes al regimiento Ayacucho, amenazaron con agredir a la prima en caso de que informara sobre lo ocurrido. El cuerpo de la víctima fue abandonado en una pampa cercana a la población de Pucarani.

domingo, 7 de septiembre de 2014

de los impllicados 5 a La Paz, uno al Beni por tierra. el Caso Terrorismo. Gobierno contrata un bus Trans Crucero y Cotoca. sin aviso previo sacados de Palmasola e internados en San Pedro y Mocovi. temor y angustia de sus familiares.

Seis de los implicados en el caso Terrorismo y recluidos hasta éste sábado en el penal de Palmasola en Santa Cruz. Fueron evacuados de dicho recinto de manera “sorpresiva”, denunciaron. Zoile Salces, Zvonko Matkovic, Juan Kudelka, Mario Tadic, Alejandro Gelafio y Elod Toaso.
Cinco de los mencionados fueron trasladados vía terrestre hacia La Paz, en un bus de la empresa Trans Crucero. Entretanto, uno de ellos fue remitido al Beni en un motorizado de la flota Cotoca.
El operativo de traslado inició aproximadamente a las 15.00 horas de este sábado sin ningún tipo de notificación previa denunciaron los implicados en este caso.
En ese marco, responsabilizaron al ministro de Gobierno, Jorge Pérez y al recientemente posesionado director Nacional de Régimen Penitenciario, Raúl Masic por cualquier acontecimiento irregular, toda vez que aseguraron temer por sus vidas y denunciaron enfáticamente una vulneración a sus derechos humanos.

Procesados del caso terrorismo son llevados en buses a La Paz y a Beni

BOLIVIA .
EL DEBER Digital
En horas de la tarde de este sábado, el Ministerio Público transportó a seis procesados por el caso terrorismo hacía La Paz y Beni. Familiares de los enjuiciados observaron que los transporten en buses y no en aviones como en oportunidades pasadas.
imageSeis procesados por el caso terrorismo fueron transportado en buses a la ciudad de La Paz y a Beni este sábado. Foto Clovis de la Jaille
Seis procesados por el caso de presunto terrorismo fueron transportados este sábado en buses hacía la ciudad de La Paz y a Beni, donde guardarán detención preventiva en cárceles urbanas.
El húngaro Elöd Tóásó, y los bolivianos Mario Tadic, Zvonko Matkovic (hijo), Juan Kudelka y Gelafio Santisteban, retornaron a la cárcel de San Pedro de La Paz. Zoilo Salces, volvió a Trinidad en donde guardará su detención preventiva en la prisión en Mocoví.
La medida causó suspicacia y temor en los encausados, puesto que siempre los trasladaban en avión y ahora, por primera vez, lo hacen por vía terrestre.

imperdible columna en Los Tiempos. Los que pagan impuestos, los que no pagan. "los esclavos tributarios y los que viven de ellos" los chutos, contrabandistas, coopes mineros y otros que no pagan al Fisco.

Como siempre, el poderoso con una mano somete a cualquier necio que paga impuestos con la promesa de no elevar sus cargas fiscales y con la otra libera a las castas que le son afines de cualquier obligación tributaria. Son los cocaleros vinculados al narcotráfico; los comerciantes minoristas atados al contrabando, los transportistas y los cooperativistas mineros, que juntos se han convertido en un clan favorecido que ha disfrutado de unos incrementos portentosos en sus ingresos y ganancias muy lejos del principio de la igualdad tributaria.
Entre tanto, las clases medias y una buena parte del empresariado de este país, apenas tienen lo necesario para sobrevivir y, lo peor, siempre ahorrando para pagar impuestos. Muestra de esto es que, según han informado las autoridades del Servicio de Impuestos Nacionales, en los primeros ocho meses del año 2014, los ingresos por tributos sumaron Bs 35.784,7 millones, que fueron pagados efectivamente por las empresas petroleras, los empresarios privados, los profesionales libres, la clase media dependiente, todos del sector formal. En similar periodo de 2013, estos esclavos fiscales pagaron el monto registrado de Bs 33.034,9 millones, es decir, que en un año los ciudadanos hemos hecho al Gobierno 8 por ciento más poderoso. Sólo un bruto titulado podría preguntar. ¿Cuánto contribuyeron los cocaleros o los cooperativistas mineros a este engrandecimiento?; y la respuesta resulta también muy insulsa: Ni un mango. En fin, ellos son los poderosos, y los esclavos estamos obligados a pagar su banquete.
En plena campaña electoral, los socialistas azules no se cansan de exaltar la igualdad y solidaridad entre los hombres y mujeres de este país, pero se niegan a reconocer la intolerable protección oficial a esas pandillas elegidas con ingresos altos y desmedidos que repugnan ingresar en la formalidad y ser parte del régimen general tributario. Contra toda regla moral, este pasado viernes el líder de la Asociación de Propietarios de Vehículos Indocumentados, anunció públicamente que este sector iniciará desde el 10 de septiembre un bloqueo nacional de caminos para obligar al Gobierno a legalizar más de 50.000 “autos chutos”. Este pedido resulta escandaloso, mucho más si quienes solicitan la nacionalización pertenecen a esa casta oficialista que alienta con depravado entusiasmo el narcotráfico o cualquier actividad ilícita.
Lo que en otras palabras están pidiendo estos operadores del contrabando y el lavado de dinero, a un mes de las elecciones nacionales, es que en este país existen 50.000 propietarios de vehículos indocumentados que están dispuestos a votar por el candidato oficialista a cambio de una nacionalización, que en sí no sólo representa una grosera liberación de cargas fiscales, sino también una complicidad abierta con el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Así de claro. Lo más probable es que el líder vitalicio de los cocaleros termine firmando el decreto de nacionalización de “autos chutos”; obvio, a cambio de votos; pero para guardar las formas lo hará después de las elecciones. Si alguien aún no ha entrado en este círculo vicioso y le falten escrúpulos, ya es hora de que compre un auto indocumentado, vote por el candidato oficialista y espere una nacionalización para noviembre o los meses siguientes. Seguro.