delito de "linchamiento" no figura en el Código Penal" grave error que debería ser enmendado porque los linchamientos suman y siguen, sucedió en El Alto y la situación de horror se agiganta ante las filmaciones de circundantes de los escenarios de extrema violencia que dicen mal de la salud mental de sus habitantes. triste, dolorosamente patético. OPINION

Hace pocos días, un hombre de 32 años llamado Carlos Simón Llano fue confundido con un delincuente y linchado en la zona San Luis de El Alto. No solo le golpearon, sino que le quemaron de tal forma que su familia casi no pudo reconocerlo. Ahora clama justicia.

Este solo es uno más de los terribles casos que se han estado produciendo en Bolivia de la mano de hombres y mujeres que creen que tienen derecho de asumir los papeles de fiscales, jueces y ejecutores de una sentencia ilegal, convirtiéndose en asesinos y cómplices al golpear a una persona hasta quitarle la vida.

Lo curioso de este tipo de casos es que da la impresión de que las personas que cometen estas atrocidades ni siquiera se están dando cuenta de que cuando lo hacen están cometiendo un delito. 

Por ello, las instituciones del Estado debieran iniciar campañas agresivas de información y educación al respecto: un ciudadano no tiene por qué matar a otro; nadie le ha dado la potestad de arrebatarle la vida a otra persona. No es juez ni Dios.

Lamentablemente, la pérdida de credibilidad del trabajo del sistema judicial, incluido el Ministerio Público, y la debilidad en las acciones de seguridad ciudadana son citadas como algunas de las causas del problema. A ello se suman la creciente delincuencia y otros males estructurales que aquejan a la sociedad, como la pobreza y la falta de empleo.

En abril de 2014, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ya había dado su diagnóstico en el que apuntaba directamente a las fallas en la justicia y decía que esas flaquezas no acompañaban las acciones de seguridad ciudadana. Un año más tarde, en octubre de 2015, repetía la dosis y decía, además, que la ciudadanía exige mayor drasticidad en las sanciones, pero no halla respuestas.

Hoy, la situación no ha cambiado. La administración de justicia sigue sentada en el banquillo de los acusados a la espera de una reforma que la haga más creíble. Se aguarda con expectativa lo que pueda ocurrir en la Cumbre Judicial convocada para los primeros días de junio, en la ciudad de Sucre.

Los resultados de una encuesta publicada en 2014 por la Universidad de Vanderbilt, sobre delincuencia e inseguridad en América, muestran que 32 de cada 100 personas, en promedio general, están de acuerdo con el linchamiento o lo justifican. De los 10 países más tolerantes con esa medida, República Dominicana ocupa el primer puesto con el 42.8 por ciento de apoyo ciudadano, mientras que Bolivia está en el séptimo lugar con el 37.2 por ciento. El grupo es completado por Paraguay (42.3 por ciento), Perú (40.6), Honduras (39.6), El Salvador (38.2), Ecuador (37.7), Estados Unidos (36.3), Jamaica (36.3) y Haití (35).

Hasta octubre de 2015, la Defensoría del Pueblo de Bolivia tenía registrados 32 casos de linchamiento, con cinco muertes. En 2014, hubo 41 casos, con 13 decesos.

También se debería tomar en cuenta en la Cumbre Judicial de junio que en Bolivia el linchamiento no está incluido en el Código Penal como delito y este es un vacío que las autoridades prometieron salvar desde hace dos años. Por ello, los casos registrados han estado llegando a la justicia mediante figuras jurídicas como asesinato, secuestro, tortura, lesiones graves seguidas de muerte, instigación pública a delinquir y otras.

Al respecto, la Defensoría ya planteó tipificar el linchamiento como delito; sin embargo, no hay que perder de vista que si bien por un lado se puede hacer este añadido en el Código Penal, esto no será suficiente para frenar este atroz atropello a la vida humana porque sin acciones preventivas que pasen por la educación y la información mediante campañas, corremos el riesgo de seguir como hasta ahora o peor si no se asumen medidas integrales. 

grave. algo grave y muy delicado está sucediendo con la Cooperativa COBOCE. es de esperar que no estén metidos masistas con el afán de extorsionar a COBOCE. esperar que las autoridades actúen en el marco de la Ley y que se evite la violencia, se evite la usurpación y la violencia de parte de los llamados "cooperativistas" que quieren meter la mano donde no corresponde. Alerta a todo el cooperativismo de Bolivia y a las organizaciones democráticas ante lo que parece un nuevo "atropello pactado con el MAS"

El enfrentamiento entre trabajadores de la Cooperativa Boliviana de Cemento (Coboce) con mineros cooperativistas de Capinota por la falta de pago de regalías a los municipios afectados por la explotación de recursos y con los comunarios de Sicaya por un conflicto de terrenos dejó ayer un saldo de cinco heridos leves. La Policía usó gases lacrimógenos para dispersarlos, pero el conflicto persistió.

En un pronunciamiento de 10 puntos, Coboce se declaró ayer “legítima titular del área minera denominada Sucesivas Coboce IV” (en disputa con comunarios de Sicaya), porque cuenta con certificaciones y pago de patentes hasta 2016 ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

También advierte sobre el “pago oportuno” de regalías mineras ante el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom).

“Como un acto irresponsable, estos avasalladores intentaron tomar las instalaciones de almacenamiento de material explosivo denominado polvorines”, indica el comunicado al que tuvo acceso anoche esta redacción.

Cerca de las 09:00 de ayer, los comunarios que viven en zonas aledañas a las canteras de Coboce, a 15 kilómetros de Capinota, oyeron los primeros dinamitazos producto del enfrentamiento entre cooperativistas y trabajadores. El enfrentamiento se prolongó hasta las 18:00 dejando levemente heridos a cinco trabajadores de Coboce, según el reporte del comandante departamental de la Policía, Luis Aguilar.

Este medio intentó ingresar al lugar de los enfrentamientos pero los trabajadores de Coboce pusieron barricadas de tierra y piedra en el único acceso a las canteras, negándose a cualquier acercamiento con la prensa.

“No hay ningún dirigente ni nadie está autorizado a hablar aquí”, afirmó uno de ellos.

Después de casi 10 horas de tensión y enfrentamientos se llegó a un cuarto intermedio para dialogar hoy a las 09:00 con autoridades de la Gobernación, informó Aguilar.

Sin embargo, el dirigente de los cooperativistas, Justiniano Catorceno, señaló que fue un repliegue pacífico de los cooperativistas y no descartó continuar hoy con las medidas de presión.

Según Catorceno en el lugar se encontraban alrededor de 300 cooperativistas y 700 trabajadores de Coboce. Desde un cerro aledaño se podía observar estallidos de cachorros de dinamita y gases lacrimógenos.

Indicó que la empresa adeuda un monto que no precisó por regalías a los municipios afectados por la explotación de recursos no metálicos. “Coboce hace tiempo nos ha saqueado nuestro recurso natural y no paga las regalías mineras al municipio, eso estamos pidiendo”, dijo.

Por su parte, el ejecutivo de la Central Regional Sicaya, Pedro Aguilar, informó que Coboce ingresó a explotar recursos de una zona límite entre la comunidad de Sicaya y Capinota. Explicó que esos yacimientos no son explotados hace 10 años por Coboce, por lo que estaban a la espera de un fallo para la reversión de terrenos a favor de Sicaya.



ESPOSAS EN VIGILIA

Las esposas de los trabajadores y los choferes de los camiones que trasladan cemento realizaron ayer una vigilia en las puertas de ingreso a la Cooperativa Boliviana de Cemento (Coboce).

Bajo una carpa para cubrirse del sol y sentadas en unas sillas, las esposas de los trabajadores denunciaron que los comunarios de Sicaya y los cooperativistas avasallan los terrenos que actualmente son explotados por la empresa cementera.

Las esposas tampoco permitieron el ingreso de este medio a las puertas de la fábrica y no quisieron dar mayores declaraciones.

En las puertas de la empresa se encontraban ayer apostados varios camiones de alto tonelaje impidiendo el ingreso. Mientras que en la región de las canteras, no había ningún tipo de actividad de extracción de materia prima.

callar a Gaby, aislarla fuera del alcanze de parlamentarios que investigan. el Gabinete pendiente del caso y la frase vuelve a sonar "para salvar al proceso" y el hijo desaparecido, las mentiras que van y vienen y el miedo de Gaby a decir toda la verdad. hay gran nerviosismo en Evo que la emprende contra Chile para oscurecer su propia conducta culpable.

Salvar el proceso de cambio”. Esta frase volvió a escucharse hace unos días. La pronunció la expareja del presidente Morales, Gabriela Zapata, quien aseguró que altos referentes del Gobierno le hicieron este pedido antes de una conferencia de prensa en la que tenía planeado hacer fuertes revelaciones acerca del escándalo que se ha ido develando en los últimos dos meses y al que se atribuye en gran parte la derrota oficialista en el referéndum del 21 de febrero y la caída de la popularidad presidencial.

La aseveración no deja de tener coherencia, pues de otra forma no se explican todas las maniobras que se han puesto en marcha parar acallar a Zapata, mantenerla aislada, fuera del alcance de los parlamentarios que tratan de investigar la red de influencias que corrieron para beneficiar a la empresa que maneja millonarios contratos con el Estado. El gabinete en pleno está pendiente de este caso, cada uno de los ministros parece tener algún encargo especial alrededor del asunto y, obviamente la misión de todos ellos es mantener el gran secreto, que no es por supuesto el hijo del mandatario, sino algo mucho más grave y que podría ser lapidario para el régimen.

Decíamos que no es la primera vez que se invoca esta consigna de salvataje. Se la hizo muy claramente en el 2008, tras los sucesos del Porvenir, un hecho que pintó de cuerpo entero al Gobierno y que defraudó a muchos bolivianos que censuraron la violencia, el abuso y los procedimientos maquiavélicos que se utilizaron para imponer una hegemonía decidida a desconocer el proceso autonómico, implantar la persecución política y utilizar todos los medios posibles para reproducir el poder. Aquella vez tuvieron que hacerse cambios en el gabinete para evitar el deterioro de la imagen y textualmente uno de los ministros removidos afirmó que él había sido el artífice de la salvación.

A pesar de ello, la arremetida autoritaria no se detuvo, pues vinieron los golpes a los gobernadores y alcaldes elegidos democráticamente; vino el fraude, el acoso judicial a los opositores, el Tipnis, Chaparina, Caranavi y la constante violación a los derechos humanos, las leyes y la constitución.

El polémico fiscal Marcelo Soza fue otro que también habló del grave peligro que corría el “proceso de cambio”, cuando afirmó que “el gobierno se cae” si se conociera toda la verdad que hay detrás del caso terrorismo, los que armaron el montaje y quienes manipularon el proceso judicial para inculpar a gente que había cometido el “delito” de pensar distinto. En todos estos casos, los operadores del oficialismo movieron cielo y tierra por esconder la verdad y en buena medida lo habían logrado, pues gran parte de la población prefería ignorar las cosas, miraba para otro lado o las pasaba por alto, en retribución a unas condiciones económicas favorables, originadas en el contexto externo y que las autoridades hábilmente se atribuyeron.

Más allá del desgaste progresivo que han causado estos episodios, hoy no solo parece imposible seguir escondiendo las mentiras, los abusos y la corrupción sino que al mismo tiempo, los factores externos parecen conspirar indefectiblemente contra el proceso de cambio.

Más allá del desgaste progresivo que han causado los episodios negativos de gobierno, hoy no solo parece imposible seguir escondiendo las mentiras, los abusos y la corrupción sino que al mismo tiempo, los factores externos parecen conspirar indefectiblemente contra el proceso de cambio.