El caso del estadounidense Jacob Ostreicher sólo fue la punta del ovillo y hasta ayer salieron a la luz otras 15 denuncias de extorsión y corrupción que involucran a los abogados Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi, exfuncionarios de la Unidad Jurídica del Ministerio de Gobierno, y al resto de la presunta red delincuencial recientemente descubierta, informó el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.
La autoridad también reveló que recibieron información sobre un presunto intento de los acusados de intentar influenciar a la justicia en su caso con recientes reuniones para “coordinar acciones” con fiscales.
El Gobierno criticó ayer la decisión del juez cautelar José Subieta por desestimar la imputación contra los involucrados por el delito de organización criminal y por aceptar que Rivera y Rodas sean remitidos a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y no a la cárcel de Palmasola.
Pérez reiteró ayer el temor del Órgano Ejecutivo sobre los posibles nexos o ramificaciones en otras instancias como la justicia de la red de extorsión e indicó, en una entrevista con la red Patria Nueva, que “han salido nombres de fiscales” y que si existen vínculos “se tiene que actuar de manera imparcial”.
Rivera y Rodas fueron acusados de ser los cabecillas de una red de extorsión y corrupción que incluye a otros exfuncionarios del Gobierno, posiblemente a administradores de justicia y a personas particulares. La existencia del grupo delincuencial fue descubierta por el caso del estadounidense Jacob Ostreichner, encarcelado en Palmasola por presunto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.
Sobre las denuncias contra esta red mafiosa que se incrustó en el Ministerio de Gobierno, el Viceministro explicó que hasta ayer surgieron 15 nuevos casos entre los que se incluyen la presunta extorsión a la familia del exministro de Acción Democrática Nacionalista (AND). Su hija, Ximena Fortún, denunció el viernes que los extorsionadores le pidieron 20.000 dólares para que su padre accediera a la detención domiciliaria.
Pérez dijo que otro caso es el del subteniente René Navia, cuyos familiares acusaron a los exfuncionarios de Gobierno de utilizar su poder para dilatar los procesos en contra de sus familiares y exigirles unos 70.000 dólares.
La autoridad también nombró, sin dar muchos detalles, a una mujer que llegó de España y que supuestamente habría entregado 130.000 dólares a los extorsionadores.
También fue denunciada la extorsión de esta red a la esposa de Marcelo Urbach, quien se encuentra detenido en la ciudad de La Paz por un supuesto sabotaje a una entidad financiera.
Finalmente, Pérez dijo que una de las últimas denuncias que recibió el Ministerio de Gobierno contra los presuntos extorsionadores está relacionada con dos brasileños recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, a quienes se les habría secuestrado madera por un valor superior a 3 millones de dólares, producto que habría sido vendido por los exfuncionarios.
“Ya no hay la madera, ya lo habrían vendido estos señores y, aparentemente, de acuerdo a información premilitar, lo habrían hecho el señor Fernando Rivera, el señor Dennis Rodas y el señor Boris Villegas, de todas maneras será la investigación la que determine dichos extremos y nosotros estaremos atentos a ese desenlace”, agregó.
El Viceministro dijo que todas las denuncias están siendo analizadas para que la Policía y la Fiscalía puedan iniciar las investigaciones.
“Nosotros no queremos destruir ni perjudicar la vida de nadie, queremos que se investigue de manera objetiva y si hay personas que tienen vínculos con otros casos pues tienen que ser convocadas”, añadió.
Otros implicados
El viceministro Jorge Pérez reitera acusaciones contra Boris Villegas por coordinar operativos policiales a favor de la red de extorsionadores.
Investigan a otros abogados
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, informó al diario El Deber que, además de Fernando Rivera y Dennis Rodas, hay otros tres abogados que trabajan en el Ministerio de Gobierno y que también son indagados por una posible participación en el caso.
“Se trata de un equipo de cinco abogados, pero estas dos personas (Rivera y Rodas) aparecen como los cabecillas. Sobre los otros tres abogados, estamos trabajando, ésta es una investigación que está en curso. Hay también fiscales y jueces”, especificó la autoridad.
El Viceministro, durante una entrevista con la red Patria Nueva, reiteró ayer que el Gobierno está “vigilante y expectante” a los resultados de las investigaciones que son llevadas a cabo por el Ministerio Público y que coadyuvará para identificar a otras personas vinculadas con el caso de extorsión y de corrupción al interior del Órgano Ejecutivo.
PREOCUPA FALLO
El Ministerio de Gobierno expresó ayer su preocupación por el fallo del juez cautelar José Subieta, del distrito de Santa Cruz, que permitió que los exfuncionarios Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi, “sin exigir una comprobación objetiva sobre el supuesto riesgo de sus vidas alegado por lo imputados”, sean trasladados en la madrugada de ayer a celdas de la Felcc y no a Palmasola.
“También hacemos notar que el juez cautelar desestimó la imputación por el delito de organización criminal que los fiscales a cargo de este caso solicitaron”, indica un comunicado de la cartera de Estado leído ayer por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Henry Baldelomar.
Baldelomar indicó que el Ministerio de Gobierno “se mantiene vigilante y sigue cada acción del proceso con la voluntad de esclarecer este caso”.
