graves denuncias contra el fiscal sosa y un amplio kárdex delictivo

no hará declaraciones para que "no me tergiversen"

Marcelo Sosa, el fiscal a cargo de la investigación del caso de terrorismo que fue denunciado por el Gobierno, ya no anticipará "indicios" ni brindará información sobre el curso de sus indagaciones porque siente que es tergiversado por los medios y manipulado por los políticos.
"Hasta que concluya la investigación (...) A partir de ahora ya no voy a dar ninguna declaración; primero porque los medios de comunicación tergiversan la información y segundo, porque los políticos a su antojo manipulan nuestra información", puntualizó el representante del Ministerio Público.
Hace algunas horas, el Fiscal Sosa implicó en este caso de terrorismo a varios líderes políticos, cívicos y empresariales de Santa Cruz, a través de una declaración de prensa en la que no se admitieron preguntas de los periodistas.
"Debería dar un paso al costado. Este fiscal se ha dicho y desdicho tres o cuatro veces (...) no podemos creer en alguien que está al servicio del Ministro Juan Ramón Quintana", acusó el senador opositor, Roger Pinto (Podemos).
Entre los implicados por el Fiscal, figura el mismo prefecto cruceño Rubén Costas, el ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, el actual dirigente de la Federación de Ganaderos, Guido Nayar, el agroindustrial Mauricio Roca y el empresario Pedro Yovio.
Luego de las reacciones de los presuntos sospechosos, Sosa afirmó que se tienen "indicios". El lunes, poco antes de implicar a los líderes cruceños, Sosa había recibido la declaración de Ignacio Villa Paz, conocido como "El Viejo" y calificado de "testigo clave" en la investigación de los delitos que llegó a cometer el grupo irregular que estaría operando desde Santa Cruz y que planeaba asesinar al propio presidente Evo Morales, según versiones del Gobierno.
Adicionalmente, el Fiscal ya tenía las declaraciones de los ciudadanos Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, vinculados con la Unión Juvenil Cruceñista, quienes fueron aprehendidos por la Policía en Santa Cruz y trasladados por tierra hasta La Paz, con métodos que fueron observados por la Policía y el Defensor del Pueblo. Luego de recibir estas declaraciones y pocas horas antes de que Sosa informará sobre "los indicios" que existen en contra de los empresarios cruceños, Sosa dijo que aún no tenía esa información. Sin embargo, el mismo lunes por la noche confirmó estas sospechas, sobre la base de la declaración de los testigos.
"Estamos investigando. Como le digo desde abajo hacia arriba. Estamos recopilando la información de las personas de abajo, para luego ver que personas de arriba estuviesen involucradas", puntualizó, el lunes, el fiscal a cargo de la investigación.
Este caso fue calificado como "seguridad de Estado" desde el 16 de abril pasado, cuando se produjo un operativo policial en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, donde se habría desarticulado una célula terrorista. Tras esta acción murieron abatidos Eduardo Rozsa Flores (boliviano, con ciudadanía húngara y croata), Magyarosi Árpád (rumano de origen húngaro) y Michael Martin Dwyer (irlandés), y fueron detenidos Mario Francisco Tádic Astorga (boliviano, con pasaporte croata) y Elöd Tóasó (húngaro). Estos últimos ciudadanos están recluidos en la cárcel de San Pedro de La Paz.

otro masista ladrón
Crónica de Los Tiempos. Sección local

El Ministerio Público investiga a un diputado cochabambino y al familiar de una alta personalidad política por un caso de presunta estafa a tres organizaciones no gubernamentales (ONGs) al cobrárseles dinero a cambio de créditos inexistentes del Gobierno de Irán.
Se trata de José Villegas Flores, familiar del actual Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, según refiere el diputado cochabambino Gonzalo Lazcano, que, al final, fue implicado en el caso por el primero. El legislador niega tener parte.
Las acusaciones fueron formuladas en el Ministerio Público de la ciudad de La Paz, contra Villegas Flores, quien habría cobrado dinero a instituciones no gubernamentales que trabajan en programas de desarrollo de la agricultura en el país.
Según la denuncia, el funcionario aseguraba ser Director de la Cooperación de la República Islámica de Irán, amparado por la Liga Interparlamentaria Bolivia–Irán, de cuya entidad incluso tenía papel membretado en el que daba como dirección de esta oficina “Plaza Murillo, Cámara de Diputados, Ex Banco Minero, 2º piso Comisión de Gobierno”.
Ostentando este cargo, los denunciantes aseguran que Villegas les ofrecía gestionar créditos de la Cooperación Iraní, para proyectos que obtenían el visto bueno, después de que las instituciones que los tramitaban entregaran un porcentaje como contraparte. Sin embargo, tras la entrega del dinero, las ONGs dejaban de recibir información sobre el supuesto crédito.
La Liga Bolivia–Irán existe desde los últimos meses de 2006 y Lazcano la preside desde esa época. El diputado también fue presidente de la Comisión de Gobierno, pero actualmente no es titular de ninguna comisión dentro de esta Cámara.
Dentro de la investigación de este caso, el legislador aseguró que Villegas “se había hecho diseñar algunas papeletas y papeles en los que figura como director de la empresa, pero no existe ningún memorándum, ningún nombramiento. No existe nada. Simplemente él ha utilizado de oficio esta situación de manera maliciosa y dolosa. Entonces, está enfrentando un proceso en el que ya le viene la imputación”.
El acusado negó en la Fiscalía la acusación del legislador, asegurando, según la declaración escrita, que la denuncia de Lazcano es un “hecho completamente falso, ya que mi persona conoce al diputado Lazcano desde el comienzo de la firma del convenio de cooperación de nuestro país con el Gobierno de Irán”, y, además, sostiene que “mi persona es quien ayuda al denunciante a recibir los proyectos que serán presentados al Gobierno Iraní “ y asegura que es el diputado masista “quien aprueba los membretes para trabajar con los proyectos presentados”.
Villegas también explica que Lazcano nunca se identificó con el cargo que ostenta dentro de esta organización debido a que no existe personería jurídica ni memorando de designación ni convenio con Irán.
permisos
El diputado Gonzalo Lazcano asegura tener el visto bueno del ex ministro de Planificación e Hidrocarburos, y actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, para investigar a su familiar, José Villegas, porque “es una persona que hace quedar mal no sólo a nivel familiar, sino al proceso de cambio, porque es una persona que aprovecha esta circunstancia de acercarse ofreciendo convenios va pidiendo dineros y sonsacando dinero”.
Aunque asegura que nunca trabajó con el acusado, explica que “lo conocí como una persona más que viene a trabajar con sus conocimientos de hidrocarburos y otras situaciones que las conoce. Su experiencia me ha indicado que era consultor”.
Lazcano trabajó en la Comisión de Gobierno, en la que nunca se revisaron temas hidrocarburíferos. A pesar de ello, sostiene que las propuestas que José Villegas formuló en el área, los “proyectos y demás situaciones parecían importantes como para coadyuvar en esta labor entre Bolivia e Irán”.

el diario cooperativo OPINION nos recuerda un grave caso pendiente...

El caso de los 33 camiones de contrabando, los informes y la responsabilidad de Diputados
Queda en manos del pleno de la Cámara de Diputados definir cuál de los informes será enviado al Ministerio Público que, en resumen, quiere decir, analizar si los acusados se convierten en inocentes y los acusadores en culpables.

Mucho se ha hablado del caso de los 33 camiones de contrabando en Pando, porque aparte de las connotaciones delictivas, tuvo derivaciones en el orden político, involucrando nada menos que al ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, considerado uno de los hombres más fuertes en el entorno del presidente Evo Morales.Este caso aconteció el 27 de julio de 2008, en circunstancias en que un convoy de 33 camiones evadió el puesto de control argumentando los propietarios, que tenían permiso de Quintana. Posteriormente, fueron retenidos cerca de la población de Santa Rosa del Abuná, de donde tras permanecer un mes rebasaron al Control Aduanero y huyeron con los camiones y la mercadería de contrabando.El asunto delicado, como es, pasó a conocimiento de una comisión de Diputados que investigó y tomó declaraciones, entre ellas, al principal acusador del ministro Quintana, el general César López, a la sazón presidente de la Aduana Nacional cuando ocurrió este lío, quién señaló concretamente a Quintana y al responsable del comando Conjunto entonces dirigido por el actual prefecto de Pando, Rafael Bandeira, como los responsables.Un reciente informe de la comisión especial investigadora presentado por el MAS deslinda de toda responsabilidad al ministro Quintana, y establece responsabilidad administrativa contra el presidente de la Aduana Nacional, César López, quien fue precisamente el que denunció el hecho. El informe del oficialismo sostiene que el Control Operativo Aduanero (COA) y los ejecutivos de la Aduana, que no han actuado con la prontitud y la energía, en forma directa como lo deberían haber hecho, son los acusados por incumplimiento de deberes.Lo más interesante de este informe de los comisionados del partido de Gobierno es que afirma que al haberse transformado el pedido de los comerciantes sobre los camiones, en un “problema social y económico” de la región de Pando, era pertinente la participación de Quintana para viabilizar una solución y las reuniones que tuvo con los comerciantes fueron derivadas a la instancia respectiva que es la Aduana Nacional. El informe de la oposición es el único que establece responsabilidad en Quintana por haber tomado contacto con los contrabandistas. Otro informe, el del presidente de la comisión, Javier Zabaleta (MSM) deja en manos del presidente Morales la sanción o no a Quintana.Estableciendo algunas conclusiones sobre estos informes, al margen del opositor, no se los puede sino calificar, uno el de Zabaleta, como anodino y absurdo de aplicación, y el otro, con pretensiones de cubrir con argumentos forzados o argucias, un hecho que ha quedado en la memoria de los bolivianos, con toda su carga de dudas y sospechas sobre la honestidad de quién se dice es el ministro más poderoso del gobierno de Evo Morales.Está en manos de la Cámara de Diputados definir cuál de los informes enviará al Ministerio Público que, en resumen, quiere decir, analizar si los acusados se convierten en inocentes y los acusadores en culpables.

nosotros leemos para usted y buscamos en la inmensa red universal los temas que son mas añejos a la vida nacional. así el más grande diario de américa, la nación de baires, se ocupa de la negación de la democracia en que la pareja krchner está incurriendo en argentina, al cometer los mismos errores que evo morales, aquellos y éste inspirados por "el espíritu de chávez" de eternizarse en el poder. veamos:

El matrimonio gobernante ha profundizado en los últimos días su estrategia coercitiva para obtener el voto en las próximas elecciones legislativas. Lo ha hecho con frases tan desafortunadas como negatorias del propio sistema democrático, que no han logrado más que acentuar la incertidumbre y confirmar el escaso apego de quienes conducen el país a las instituciones republicanas.
El ex presidente Néstor Kirchner afirmó que si el oficialismo pierde la mayoría parlamentaria retrocederemos a 2001 y el país explotará. Poco después, la jefa del Estado, Cristina Fernández de Kirchner, agregó que en los próximos comicios "estará en juego la estabilidad democrática".
Ambos líderes del partido gobernante negaron con sus palabras uno de los más elementales principios democráticos: siempre, en cualquier elección popular, alguien gana y alguien pierde; en tal sentido, los comicios no existen únicamente para ganar. El resultado de elecciones democráticas no debería condicionar la estabilidad del sistema si éste tiene bases sólidas.
Si todo estallara por los aires en el caso de que el oficialismo resultara derrotado en los comicios del 28 de junio, habría que pensar que quienes han gobernado el país a lo largo de los últimos seis años no han hecho nada para garantizar la calidad y la fortaleza de nuestras instituciones. Lo dio a entender el propio Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete y ex mano derecha de Néstor Kirchner. A confesión de parte, relevo de prueba.
Claro que detrás del inocultable matiz extorsivo de las declaraciones de la primera mandataria y de su esposo hay cierta dosis de realismo. Porque es verdad que los sucesivos gobiernos kirchneristas han estado lejos de consolidar los pilares de una democracia genuina. Por el contrario, profundizaron la falta de respeto a la división de poderes, avanzaron en el centralismo, renegaron del federalismo y con frecuencia atacaron a los jueces después de la cuestionable reforma del Consejo de la Magistratura.
En síntesis, si alguien ha velado para que el miedo y la incertidumbre rodeen la percepción de ciudadanos y operadores económicos sobre el día después de las próximas elecciones ha sido el propio grupo gobernante.
Los últimos indicadores económicos no ayudan a esperanzarse. Marzo registró una caída del 61 por ciento en el superávit fiscal primario respecto de igual período del año pasado, como consecuencia de un incremento del gasto público y de una disminución del ritmo de aumento de la recaudación.
Las medidas que viene adoptando el Poder Ejecutivo para paliar sus baches fiscales tampoco contribuyen a despejar las innumerables dudas sobre el futuro de las cuentas nacionales. En lo que va de este año, el Tesoro Nacional ha tomado unos 7350 millones de pesos de los fondos jubilatorios administrados por la Anses, organismo que además ha girado unos 400 millones de pesos para financiar el rojo de las cuentas previsionales de la provincia de Santa Cruz. Y, por si esto fuera poco, de acuerdo con denuncias de la oposición, el Estado nacional gasta sin control casi 120 millones de pesos por día, tomando datos correspondientes al año pasado.
El Gobierno ha activado una bomba de tiempo, especialmente al convertir al organismo que gestiona las prestaciones de la seguridad social en el gran financista del sector público, tal vez pensando que el actual oficialismo no estará en el poder cuando termine la cuenta regresiva y se produzca la explosión.
Mientras el matrimonio gobernante amenaza con el fantasma del caos si la oposición triunfa en las próximas elecciones, el propio gobierno nacional es quien se ha transformado en el principal factor de incertidumbre que opera en la vida pública.
El 29 de junio, cualquiera que fuere el resultado electoral del día anterior, todos los argentinos deberemos levantarnos sin miedo a trabajar por un país mejor, con más diálogo, más respeto por las instituciones y más vocación por edificar políticas de Estado capaces de resolver, al margen de toda disputa partidaria, los afligentes problemas que nos acosan. Ese día, definitivamente, deberá terminar la política de la extorsión y dar comienzo la política del diálogo.