sábado, 18 de junio de 2011
Periódico Los Tiempos - Portada de la edición digital
Periódico Los Tiempos - Portada de la edición digital: "Los 14 militares bolivianos, un oficial y 13 soldados de tropa, eran sometidos el sábado a una investigación por la justicia chilena, sospechados de robo 'con intimidación' de dos vehículos en la frontera binacional, cuando realizaban un patrullaje anticontrabando, luego que el Ministerio Público de ese país pidiera la extensión de detención con fines de indagación, reportó el sábado la televisión estatal de Chile."
viernes, 17 de junio de 2011
Carabineros de Chile detuvieron la noche del jueves en la región de Tarapacá a 14 bolivianos, 13 son de clase y 1 es militar, transitando la zona fronteriza de forma ilegal y portando armas de diverso tipo y calibre, según informaron en medios chilenos.
Según comunicado enviado por el canciller chileno, Alfredo Moreno al cónsul de Bolivia en Chile, Ramiro de la Fuente, los 14 militares fueron detenidos en un procedimiento de rutina de Carabineros efectuado a las 2:00 de la madrugada de este viernes y al fiscalizar a dos automóviles con patente chilena, los policías se percataron de que los bolivianos habían ingresado en forma ilegal en la región fronteriza de Tarapacá.
La Tercera informa que, el vehículo retenido, es un furgón Toyota modelo Town Ace, donde se trasladaban diez ciudadanos bolivianos que vestían uniformes militares y al chequear el móvil se detectaron en el interior dos pistolas marca Norinko, calibre 9 milímetros, con cargadores y municiones.
Cuando se realizaba esa fiscalización, se detectó un segundo móvil con militares bolivianos. En este caso, era un jeep Daihatsu Terios, en el cual viajaban otros cuatro uniformados, que portaban una pistola calibre 9 milímetros y dos fusiles marca Gasil, calibre 5,56 milímetros.
Cuando se realizaba esa fiscalización, se detectó un segundo móvil con militares bolivianos. En este caso, era un jeep Daihatsu Terios, en el cual viajaban otros cuatro uniformados, que portaban una pistola calibre 9 milímetros y dos fusiles marca Gasil, calibre 5,56 milímetros.
Los vehículos en que se desplazaban los bolivianos tenían patentes chilenas y los móviles no registraban encargo por robo.
Además, según informes de medios de la Región de Tarapacá, los motorizados estaban inscritos a nombre de dos bolivianos nacionalizados chilenos, quienes tienen su residencia en Alto Hospicio.
Según La Segunda, los sujetos argumentaron, tras su detención, que estaban patrullando la frontera para evitar el tránsito de autos robados por pasos no habilitados.
En la nota, el canciller Moreno expresa que Chile rechaza enérgicamente el actuar de estas personas bolivianas. "Esperamos que se tomen las medidas pertinentes para que estos hechos no vuelvan a repetirse".
Además, según la cancillería chilena durante el día mantuvo un contacto fluido con su homólogo boliviano, David Choquehuanca, a quien le expresó la preocupación y molestia del gobierno chileno por lo sucedido.
Los bolivianos permanecen detenidos a disposición de la Fiscalía de Pozo Almonte en una subcomisaría de Colchane, esperando la investigación y una explicación del gobierno de Morales.
El Ministerio de Defensa anunció una conferencia de prensa para las 19:30 de hoy sin embargo fue postergada arguyendo que la ministra, Cecilia Chacón se reúne actualmente con el Alto Mando Militar boliviano.
jueves, 16 de junio de 2011
ANTE LA INJUSTICIA DEL "NO CALIFICA" SE ALZA UNA COLOSAL PROTESTA DE MÁS DE CINCO MIL DAMNIFICADOS A QUIENES EVO SE NIEGA A RECONOCER SU DERECHO COMO VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLITICA. EL GOBIERNO SE ABRIÓ OTRO FRENTE.
“NOCALIFICA para recibir el beneficio de resarcimiento excepcional a las víctimas de violencia política en periodos de gobiernos inconstitucionales”. Con esta frase, contenida en las resoluciones emitidas por el Gobierno, más de cinco mil personas no recibirán el beneficio porque no pudieron demostrar “objetivamente” que fueron damnificadas por la represión dictatorial que vivió el país entre 1964 y 1982.
De un total de 6.622 víctimas políticas clasificadas por el Ministerio de Justicia, según la Ley 2640, sólo 1.600 podrán recibir una compensación económica.
Por ello, la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad, por la Justicia y la Memoria Histórica se declaró ayer en estado de emergencia al considerar sus miembros como “una burla” y “una nueva tortura” el no haber sido considerados como beneficiarios del resarcimiento.
LA PROTESTA. En una reunión realizada ayer en instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, los representantes de la Plataforma, Jorge Echazú, Julio Llanos y Victoria López, manifestaron su rechazo categórico a la decisión de descartar “mediante trámites burocráticos” a quienes arriesgaron sus vidas en la lucha por la democracia y la libertad, y exigieron el cumplimiento de la Ley 2640 para todas las víctimas de los regímenes de facto.
“Esto es un nuevo atentado, es una nueva tortura psicológica. Nosotros nos hemos enfrentado a gobiernos dictatoriales y no vamos a permitir que un gobierno que se dice democrático, que dice escuchar al pueblo, nos excluya”, afirmó Julio Llanos, quien dijo haber resistido a las dictaduras durante 18 años y cuyo nombre no figura en la lista de beneficiados.
Mediante la Ley 2640 (Comisión Nacional para el Resarcimiento Excepcional a Víctimas de Violencia Política, Conrevip), del 11 de marzo de 2004, el Gobierno de Carlos Mesa estableció procedimientos administrativos para resarcir económicamente a quienes fueron víctimas de la violencia política.
Tras un proceso de depuración y clasificación de más de cinco años, el actual Gobierno aprobó una nómina de 1.600 personas para recibir un pago cuyo monto global se proyecta llegará a nueve millones de dólares, según el Ministerio de Justicia
Jorge Echazú, quien igualmente fue depurado de la nómina, demandó de las autoridades la anulación de las resoluciones porque son una negación de las luchas sociales.
“El Ministerio flexibilizó la tramitación”
El viceministro de Justicia, Nelson Cox, dijo que el Gobierno “flexibilizó” la tramitación para la reconsideración de las víctimas de la represión política pese a los “candados” que dispone la Ley 2640 en cuanto a las exigencias en la presentación de documentos.
La autoridad mencionó que a partir de agosto de 2010, esa cartera de Estado adoptó medidas que permitieron hacer flexibles las exigencias de la norma para aquellas personas que sufrieron las consecuencias de la represión dictatorial entre 1964 y 1982, por lo que el número de potenciales beneficiarios del resarcimiento ascendió de 218 a 1.600 personas.
“No podíamos llegar a todas las víctimas porque no todos viven en Bolivia, porque algunos están viviendo en sus exilios dorados y no han regresado al país dentro del margen que la ley permitía”. Dijo que se excluyó a quienes fueron funcionarios públicos o formaron parte del Ejército.
Señaló que aquellas personas que no figuran en la lista no pueden considerarlo como una negación de sus luchas sociales. “Esta reconsideración se efectuó para dar la mayor apertura y no puede ser entendida como de que no fueron víctimas de violencia política; solamente se ha efectuado la calificación de los requisitos para verse beneficiados a un resarcimiento excepcional”.
La Ley 2460
Artículo 3
Son beneficiarios de la presente Ley:
a) Las víctimas directas;
b) Las viudas o viudos de víctimas fallecidas como resultado de la violencia política, herederos, siempre y
cuando no existan los causahabientes.
Artículo 4
I. Los hechos materia de resarcimiento dentro de la concepción de la violencia política, en el periodo señalado en el Artículo 2° de esta Ley, serán procedentes en los casos siguientes:
a) Detención y prisión arbitraria;
b) Tortura;
c) Exilio o destierro;
d) Lesiones e incapacidad calificadas;
e) Muerte en el país o en el exterior por razones de violencia política;
f) Desaparición forzada;
g) Perseguido por razones político sindicales, conforme a Reglamento.
II. Los hechos o acciones de violencia serán resarcibles previa presentación de pruebas a través de los medios idóneos y legales a que hubiera lugar conforme a Ley.
Artículo 7
En consideración al grado de violencia política sufrida, la víctima, previa calificación técnica y legal, tendrá derecho al resarcimiento excepcional y definitivo máximo de 300 salarios mínimos nacionales computables de la siguiente manera:
De un día a un año, con un máximo de 60 salarios mínimos;
Más de un año a dos años, con un máximo de 120 salarios mínimos;
Más de dos años, con un máximo de 300 salarios mínimos.
Opiniones
“Yo he sufrido represión desde la dictadura de René Barrientos hasta la dictadura de García Meza. En 1967 fui detenido y confinado a la localidad de Puerto Rico, Pando, donde estuve detenido por varios meses”.
Jorge Echazú / Escritor y docente
“Fui detenido en agosto de 1971 en la dictadura de Banzer, me acusaron de rojo, me detuvieron y me torturaron durante un mes en la localidad de Quime diciéndome que no debería meterme en política”.
Juan Cardozo Apaza / Exdirigente minero
“He demostrado fehacientemente con documentos al Gobierno que fui perseguido político en la dictadura de Banzer porque me detuvieron y exiliaron a Lima el 10 de agosto de 1972, donde estuve siete años”.
Samuel Criales Ulloa / Exdirigente magisterio rural
“Yo fui parte del MIR y todos los que éramos miembros de ese partido sufrimos represión en la dictadura de García Meza en 1981. Me declaré en la clandestinidad en la ciudad de Santa Cruz y permanecí oculto dos años”.
Félix Hernani Vargas / Exsecretario MIR
“El 17 de julio de 1980, durante el golpe de García Meza, fui detenido por paramilitares. El famoso paramilitar ‘mosca Monroy’ encabezó la represión, vinieron a mi casa en una vagoneta amarilla y me llevaron al Ministerio del Interior”.
Edison Dávalos / Simpatizante guevarista
Consuelo Espinoza
De un total de 6.622 víctimas políticas clasificadas por el Ministerio de Justicia, según la Ley 2640, sólo 1.600 podrán recibir una compensación económica.
Por ello, la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad, por la Justicia y la Memoria Histórica se declaró ayer en estado de emergencia al considerar sus miembros como “una burla” y “una nueva tortura” el no haber sido considerados como beneficiarios del resarcimiento.
LA PROTESTA. En una reunión realizada ayer en instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, los representantes de la Plataforma, Jorge Echazú, Julio Llanos y Victoria López, manifestaron su rechazo categórico a la decisión de descartar “mediante trámites burocráticos” a quienes arriesgaron sus vidas en la lucha por la democracia y la libertad, y exigieron el cumplimiento de la Ley 2640 para todas las víctimas de los regímenes de facto.
“Esto es un nuevo atentado, es una nueva tortura psicológica. Nosotros nos hemos enfrentado a gobiernos dictatoriales y no vamos a permitir que un gobierno que se dice democrático, que dice escuchar al pueblo, nos excluya”, afirmó Julio Llanos, quien dijo haber resistido a las dictaduras durante 18 años y cuyo nombre no figura en la lista de beneficiados.
Mediante la Ley 2640 (Comisión Nacional para el Resarcimiento Excepcional a Víctimas de Violencia Política, Conrevip), del 11 de marzo de 2004, el Gobierno de Carlos Mesa estableció procedimientos administrativos para resarcir económicamente a quienes fueron víctimas de la violencia política.
Tras un proceso de depuración y clasificación de más de cinco años, el actual Gobierno aprobó una nómina de 1.600 personas para recibir un pago cuyo monto global se proyecta llegará a nueve millones de dólares, según el Ministerio de Justicia
Jorge Echazú, quien igualmente fue depurado de la nómina, demandó de las autoridades la anulación de las resoluciones porque son una negación de las luchas sociales.
“El Ministerio flexibilizó la tramitación”
El viceministro de Justicia, Nelson Cox, dijo que el Gobierno “flexibilizó” la tramitación para la reconsideración de las víctimas de la represión política pese a los “candados” que dispone la Ley 2640 en cuanto a las exigencias en la presentación de documentos.
La autoridad mencionó que a partir de agosto de 2010, esa cartera de Estado adoptó medidas que permitieron hacer flexibles las exigencias de la norma para aquellas personas que sufrieron las consecuencias de la represión dictatorial entre 1964 y 1982, por lo que el número de potenciales beneficiarios del resarcimiento ascendió de 218 a 1.600 personas.
“No podíamos llegar a todas las víctimas porque no todos viven en Bolivia, porque algunos están viviendo en sus exilios dorados y no han regresado al país dentro del margen que la ley permitía”. Dijo que se excluyó a quienes fueron funcionarios públicos o formaron parte del Ejército.
Señaló que aquellas personas que no figuran en la lista no pueden considerarlo como una negación de sus luchas sociales. “Esta reconsideración se efectuó para dar la mayor apertura y no puede ser entendida como de que no fueron víctimas de violencia política; solamente se ha efectuado la calificación de los requisitos para verse beneficiados a un resarcimiento excepcional”.
La Ley 2460
Artículo 3
Son beneficiarios de la presente Ley:
a) Las víctimas directas;
b) Las viudas o viudos de víctimas fallecidas como resultado de la violencia política, herederos, siempre y
cuando no existan los causahabientes.
Artículo 4
I. Los hechos materia de resarcimiento dentro de la concepción de la violencia política, en el periodo señalado en el Artículo 2° de esta Ley, serán procedentes en los casos siguientes:
a) Detención y prisión arbitraria;
b) Tortura;
c) Exilio o destierro;
d) Lesiones e incapacidad calificadas;
e) Muerte en el país o en el exterior por razones de violencia política;
f) Desaparición forzada;
g) Perseguido por razones político sindicales, conforme a Reglamento.
II. Los hechos o acciones de violencia serán resarcibles previa presentación de pruebas a través de los medios idóneos y legales a que hubiera lugar conforme a Ley.
Artículo 7
En consideración al grado de violencia política sufrida, la víctima, previa calificación técnica y legal, tendrá derecho al resarcimiento excepcional y definitivo máximo de 300 salarios mínimos nacionales computables de la siguiente manera:
De un día a un año, con un máximo de 60 salarios mínimos;
Más de un año a dos años, con un máximo de 120 salarios mínimos;
Más de dos años, con un máximo de 300 salarios mínimos.
Opiniones
“Yo he sufrido represión desde la dictadura de René Barrientos hasta la dictadura de García Meza. En 1967 fui detenido y confinado a la localidad de Puerto Rico, Pando, donde estuve detenido por varios meses”.
Jorge Echazú / Escritor y docente
“Fui detenido en agosto de 1971 en la dictadura de Banzer, me acusaron de rojo, me detuvieron y me torturaron durante un mes en la localidad de Quime diciéndome que no debería meterme en política”.
Juan Cardozo Apaza / Exdirigente minero
“He demostrado fehacientemente con documentos al Gobierno que fui perseguido político en la dictadura de Banzer porque me detuvieron y exiliaron a Lima el 10 de agosto de 1972, donde estuve siete años”.
Samuel Criales Ulloa / Exdirigente magisterio rural
“Yo fui parte del MIR y todos los que éramos miembros de ese partido sufrimos represión en la dictadura de García Meza en 1981. Me declaré en la clandestinidad en la ciudad de Santa Cruz y permanecí oculto dos años”.
Félix Hernani Vargas / Exsecretario MIR
“El 17 de julio de 1980, durante el golpe de García Meza, fui detenido por paramilitares. El famoso paramilitar ‘mosca Monroy’ encabezó la represión, vinieron a mi casa en una vagoneta amarilla y me llevaron al Ministerio del Interior”.
Edison Dávalos / Simpatizante guevarista
Consuelo Espinoza
miércoles, 15 de junio de 2011
inaudito. con ayuda de maleantes campesinos se apoderan de mina privada
Un grupo de 200 campesinos invadió la mina Barrosquira, ubicada en la provincia Inquisivi (La Paz), provocando decenas de heridos, además se reporta que varios mineros y familiares están perdidos. Un contingente policial no logró controlar la situación y tuvo que replegarse.
Según los relatos de los mineros, durante la violenta toma, los campesinos usaron armas de fuego, armas blancas, palos y piedras. Además denunciaron que se contrató a delincuentes que llegaron desde La Paz y Oruro para ejecutar la acción.
"A las seis de la mañana, (la mina) ha sido tomada por los campesinos y supuestos cooperativistas, al parecer han reclutados algunos malhechores porque no los conocemos acá y han sorprendido a nuestros compañeros. Se actuó con demasiada violencia y algunos hablan de que podría haber muertos", afirmó Cecilio Gonzales, representante de los trabajadores.
La mina es de la empresa Barrosquira, del empresario Fernando Killman, y cuenta con 93 trabajadores. Anoche dos personas heridas llegaron al Hospital Juan XXIII de El Alto. Sin embargo, un trabajador dijo que los heridos podrían llegar a 16.
En la tarde, el Ministerio de Gobierno envió a 100 efectivos hasta la mina para reforzar al contingente policial de 35 miembros y así evitar mayores enfrentamientos.
“Tenemos que lamentar el extravío de 12 policías, solo llegaron 18 a Villa Campero, que es el punto de concentración de la empresa", indicó el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán.
Un grupo de 200 campesinos invadió la mina Barrosquira, ubicada en la provincia Inquisivi (La Paz), provocando decenas de heridos, además se reporta que varios mineros y familiares están perdidos. Un contingente policial no logró controlar la situación y tuvo que replegarse.
Según los relatos de los mineros, durante la violenta toma, los campesinos usaron armas de fuego, armas blancas, palos y piedras. Además denunciaron que se contrató a delincuentes que llegaron desde La Paz y Oruro para ejecutar la acción.
"A las seis de la mañana, (la mina) ha sido tomada por los campesinos y supuestos cooperativistas, al parecer han reclutados algunos malhechores porque no los conocemos acá y han sorprendido a nuestros compañeros. Se actuó con demasiada violencia y algunos hablan de que podría haber muertos", afirmó Cecilio Gonzales, representante de los trabajadores.
La mina es de la empresa Barrosquira, del empresario Fernando Killman, y cuenta con 93 trabajadores. Anoche dos personas heridas llegaron al Hospital Juan XXIII de El Alto. Sin embargo, un trabajador dijo que los heridos podrían llegar a 16.
En la tarde, el Ministerio de Gobierno envió a 100 efectivos hasta la mina para reforzar al contingente policial de 35 miembros y así evitar mayores enfrentamientos.
“Tenemos que lamentar el extravío de 12 policías, solo llegaron 18 a Villa Campero, que es el punto de concentración de la empresa", indicó el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán.
martes, 14 de junio de 2011
Erbol Comunicaciones - Periódico Digital
Erbol Comunicaciones - Periódico Digital: "Un grupo enardecido de pobladores de comunidades del municipio de Ichoca, provincia Inquisivi del departamento de La Paz, intentó tomar por la fuerza la madrugada de hoy el centro minero Sayaquira, administrado por el empresario Killman, y en el enfrentamiento con los trabajadores mineros varias personas resultaron heridas, entre ellas una que perdió su brazo por la manipulación de un cachorro de dinamita.
La radio “Quime” de la Red Erbol reportó que el enfrentamiento entre comunarios y trabajadores mineros se registró aproximadamente a partir de las 05.00, cuando el primero grupo intentó sorprender a los trabajadores de la concesión minera."
La radio “Quime” de la Red Erbol reportó que el enfrentamiento entre comunarios y trabajadores mineros se registró aproximadamente a partir de las 05.00, cuando el primero grupo intentó sorprender a los trabajadores de la concesión minera."
lunes, 13 de junio de 2011
Ocho ex cancilleres se suman a la estrategia boliviana de "reintegración" marítima
Ocho ex cancilleres se suman a la estrategia boliviana de "reintegración" marítima: " Los exministros Antonio Araníbar, Armando Loayza, Javier Murillo, Edgar Camacho, Gustavo Fernández, Carlos Saavedra, Agustín Saavedra y Carlos Iturralde se reunieron con Morales y el actual canciller, David Choquehuanca, en el Palacio Presidencial de La Paz.
Al salir, Fernández dijo que los excancilleres coincidieron en que la demanda boliviana 'es una causa nacional, una causa superior que está por encima de cualquier diferencia ideológica'."
Al salir, Fernández dijo que los excancilleres coincidieron en que la demanda boliviana 'es una causa nacional, una causa superior que está por encima de cualquier diferencia ideológica'."
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