Produjo entusiasmo en el país el más reciente informe de la ONU –dado a conocer hace un mes-, que reportaba la reducción de los cultivos de coca en el país hasta colocarlos en el nivel más bajo de los últimos once años. El anuncio vino acompañado de un compromiso del Gobierno nacional de mantener el mismo ritmo de reducción de los cocales ilegales, con el objetivo de seguir bajando también la producción de droga.
Ese ánimo se desvanece hoy, después de que el vicepresidente García Linera entrega una resolución que amplía los cupos de comercialización de coca en Los Yungas y promete a los cocaleros del Chapare, que a partir del 2015 se legalizará el régimen del cato de coca en la zona, donde más del 90 por ciento de la producción se desvía a la producción de cocaína. Ambos anuncios realizados en plena época electoral no hacen más que estimular los sembradíos de “la hoja sagrada” y conspirar contra los planes de erradicación en los que está comprometida la cooperación internacional que busca cómo reducir el potencial de Bolivia como principal exportador de droga hacia los crecientes mercados de América del Sur, especialmente Brasil, Chile y Argentina.
Así como los brasileños, los bolivianos deberíamos estar muy preocupados por el crecimiento del narcotráfico, la penetración de las mafias, la drogadicción y la violencia que todos los días la vemos en Santa Cruz, una ciudad que se ha convertido en el centro de las actividades delictivas resultantes del comercio de cocaína que se genera en el Chapare y las regiones circundantes del noroeste departamental.
Y así como vemos esos problemas tan duros, deberíamos contemplar también la trampa en la que estamos metidos todos los bolivianos por culpa de la coca. Es sobradamente conocido el problema de los autos indocumentados, que según los cálculos oficiales superan los 33 mil en todo el territorio, pero podrían ser muchos más, como ocurrió en el 2011, cuando en las oficinas aduaneras se presentó casi el doble de los vehículos que había previsto el Gobierno en el proceso de amnistía.
No hay duda que la internación ilegal de los llamados “autos chutos” es un negocio vinculado al circuito coca-cocaína, pues los vehículos son un medio de pago, una forma de blanquear negocios ilícitos y por supuesto, una manera que tienen los narcos de aprovisionarse de gasolina, un importante precursor de la fabricación de droga.
La circulación de los autos ilegales, que está ligado a un auge del negocio de los automóviles provoca un daño grave a la economía boliviana, que cada vez tiene que invertir cantidades crecientes en el subsidio a los carburantes, con el objetivo de mantener los precios congelados. Se calcula que anualmente el Estado gasta casi nueve mil dólares para pagar el combustible de cada vehículo indocumentado, dinero que además podría estar financiando el narcotráfico por el detalle arriba indicado.
El incremento de los subsidios a los combustibles es abismal cada año y aleja la posibilidad de llegar a un punto de racionalidad que permita al país vencer la sequía de inversiones en el área de hidrocarburos, cuyas reservas se encuentran prácticamente estancadas.
El auge de la coca genera numerosos negocios ilegales que dan como resultado una economía subterránea que está provocando exceso de circulante de dinero, que el Gobierno trata de frenar para evitar la inflación. Son conocidas las medidas de tinte recesivo que han estado tomando las autoridades para sacar dinero de la economía y obviamente esto afecta al sector formal, que se ve restringido en su intención de invertir en empresas legales.
