Pese a los serios indicios que pesan sobre tres ciudadanos que se encuentran detenidos por estar involucrados en el linchamiento de un presunto ladrón en Entre Ríos, Chapare, acto que fue convertido en un macabro “espectáculo” público; el bloqueo de la carretera Cochabamba-Santa Cruz por los pobladores de esa zona y agresiones a autoridades, incluyendo un viceministro, pidiendo su libertad, y a pesar de que hay posibilidades de que se den a la fuga, el juez de Ivirgarzama instruyó que salgan de la cárcel con medidas sustitutivas.
Días atrás, el exgobernador de Beni, en arresto domiciliario por acusaciones no comprobadas de corrupción, fue conminado a retornar a la cárcel, y en La Paz, pese a presentar certificado de trabajo y no habérsele comprobado ningún delito, se rechazó la solicitud de la expareja del Primer Mandatario de ser liberada y sometida a medidas cautelares.
Lamentablemente, así está funcionando la administración de justicia, y es por eso que la ciudadanía se siente desamparada, caldo de cultivo para el renacimiento de sentimientos atávicos que privilegian la ley del más fuerte. A su vez, situación que conduce a la violencia social, pues la buena administración de justicia es requisito fundamental para la pacífica convivencia.
Por ello, las autoridades del Órgano Judicial deberían revisar la decisión de los jueces de Ivirgarzama, Trinidad y La Paz, porque su actuación parecería responder más que a lo que dicen las leyes como es su deber (en el caso de Ivirgarzama se trata de un asesinato agravado), al temor que tienen frente a otros poderes del Estado.
sábado, 31 de diciembre de 2016
jueves, 29 de diciembre de 2016
que Bolivia llegue a sus 200 años en un Estado de Derecho, con Democracia y Justicia plena, deberia ser la consigna del alto liderazgo uniformado, que estará en el disfrute de sus pegas durante 12 meses a lo sumo.
Nuevo Alto Mando de las FFAA asume compromiso de apoyo a la agenda Bolivia 2025
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El general Luis Ariñez Bazzán es el nuevo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y el general Malvin Arteaga el Jefe del Estado Mayor General del Comando en Jefe.
El nuevo Alto Militar de las Fuerzas Armadas
La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz
El presidente Evo Morales posesionó la mañana de este jueves al nuevo Alto Mando de las Fuerzas Armadas en un acto realizado en Palacio de Gobierno. Asumió como Comandante en Jefe el General de División Luis Orlando Ariñez Bazzán, hasta hace poco Comandante del Ejército.
Tras la posesión, el Jefe de Estado agradeció el trabajo de las autoridades salientes y demandó a los nuevos comandantes mantener el objetivo descolonizador en las FFAA y su perfil antiimperialista, además de apoyar el cumplimiento de la agenda gubernamental 2025.
“Las Fuerzas Armadas deben ser nacionalistas y ser nacionalista automáticamente es ser antiimperialista, anticapitalista”, reflexionó.
Antes había hecho uso de la palabra Ariñez Bazzán, quien reflexionó sobre la necesidad de acompañar desde la entidad castrense el cumplimiento de la agenda 2025, que incluye ambiciosas metas de carácter social y económico, además de impulsar mejoras en la estructura de las FFAA.
“Es necesario consolidar planes, proyectos y programas de cara al 2025, a la agenda patriótica”, dijo y ratificó la necesidad de sentar “plena soberanía nacional”.
“Asumimos este reto con la más absoluta responsabilidad y el compromiso de mejorar el diseño y arquitectura de las FFAA y lograr que las mismas estén en mejores condiciones de servir a la patria”, complementó.
El nuevo Alto Mando de las Fuerzas Armadas quedó conformado de la siguiente manera:
Comandante en jefe de las FFAA:
Gral. Div. Luis Orlando Ariñez Bazzán
Jefe del Estado Mayor General del Comando en Jefe de las FFAA:
Gral. Div. Melvin Arteaga Aguada
Comandante General de Ejército:
Gral. Div. Carlos Erix Ruck Arzabe
Comandante de la Fuerza Aérea:
Gral. Div. Aérea Erwin Bonilla Castellón
Comandante de la Armada Boliviana:
Vice Almte. Yamil Borda Soza
El general Luis Ariñez Bazzán es el nuevo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y el general Malvin Arteaga el Jefe del Estado Mayor General del Comando en Jefe.
El nuevo Alto Militar de las Fuerzas Armadas
La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz
El presidente Evo Morales posesionó la mañana de este jueves al nuevo Alto Mando de las Fuerzas Armadas en un acto realizado en Palacio de Gobierno. Asumió como Comandante en Jefe el General de División Luis Orlando Ariñez Bazzán, hasta hace poco Comandante del Ejército.
Tras la posesión, el Jefe de Estado agradeció el trabajo de las autoridades salientes y demandó a los nuevos comandantes mantener el objetivo descolonizador en las FFAA y su perfil antiimperialista, además de apoyar el cumplimiento de la agenda gubernamental 2025.
“Las Fuerzas Armadas deben ser nacionalistas y ser nacionalista automáticamente es ser antiimperialista, anticapitalista”, reflexionó.
Antes había hecho uso de la palabra Ariñez Bazzán, quien reflexionó sobre la necesidad de acompañar desde la entidad castrense el cumplimiento de la agenda 2025, que incluye ambiciosas metas de carácter social y económico, además de impulsar mejoras en la estructura de las FFAA.
“Es necesario consolidar planes, proyectos y programas de cara al 2025, a la agenda patriótica”, dijo y ratificó la necesidad de sentar “plena soberanía nacional”.
“Asumimos este reto con la más absoluta responsabilidad y el compromiso de mejorar el diseño y arquitectura de las FFAA y lograr que las mismas estén en mejores condiciones de servir a la patria”, complementó.
El nuevo Alto Mando de las Fuerzas Armadas quedó conformado de la siguiente manera:
Comandante en jefe de las FFAA:
Gral. Div. Luis Orlando Ariñez Bazzán
Jefe del Estado Mayor General del Comando en Jefe de las FFAA:
Gral. Div. Melvin Arteaga Aguada
Comandante General de Ejército:
Gral. Div. Carlos Erix Ruck Arzabe
Comandante de la Fuerza Aérea:
Gral. Div. Aérea Erwin Bonilla Castellón
Comandante de la Armada Boliviana:
Vice Almte. Yamil Borda Soza
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miércoles, 28 de diciembre de 2016
La Zapata no saldrá en libertad pese a un contrato de trabajo de una firma de "autopartes" que presentó su defensa. después de más de 8 meses recluída en una celda en Miraflores, LP, el Tribunal de Setencia le negó el pedido de libertad.
Zapata presenta contrato de trabajo en empresa de autopartes para lograr su liberación
Con ello la defensa de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, pretende justificar un trabajo estable para garantizar la medida sustitutiva que le permita defenderse en libertad.
Zapata en la audiencia para lograr la cesación a su detención. Foto: Wendy Pinto / Página Siete.
La expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, presentó ante el Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de La Paz un contrato de trabajo en la empresa de autopartes Yosimin, ubicada en la zona de San Pedro, como garantía para que cese la detención preventiva que afronta en la cárcel de Miraflores.
Hoy por la mañana, se instaló la audiencia de cesación a la detención de Zapata y su defensa presentó este contrato que detalla que la exgerente de la empresa china CAMC percibirá un salario mensual de 3.500 bolivianos.
Con ello se pretende justificar un trabajo estable para garantizar la medida sustitutiva que le permita defenderse en libertad, luego de 8 meses y 15 días de encierro en el penal de mujeres.
Además, la defensa presentó un certificado de buena conducta de la cárcel y un examen psicológico que demuestra que sus memorias a corto y largo plazo están bien, aunque siente tristeza.
Zapata es acusada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.
Los Ministerios de Transparencia y de la Presidencia presentaron la denuncia por uso de bienes del Estado, tras descubrirse que empleaba oficinas de la Unidad de Gestión Social, cuya jefa era Cristina Choque, para cometer actos ilícitos. A ésta última, la Fiscalía también la acusó por uso indebido de bienes y servicios, asociación delictuosa y otros.
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lunes, 26 de diciembre de 2016
Previus: imaginar que la CPE cambie un dia, ajustando lo ordenado al Congreso, para convertir a las hoy llamadas "interpelaciones" en simples pedidos de informe para uso de los legisladores y de los medios. no tienen porqué convertirse en shows mediáticos y concluir siempre en aplausos al informante. esto como senala LT es una deformación de la Democracia. interpelaciones que provocan frustración e impotencia en los demandantes y caos y corrupción en el oficialismo.
La Constitución Política del Estado (CPE) y la práctica democrática establecen que la atribución que tienen los legisladores de interpelar a los ministros de Estado es uno de los cimientos de este sistema porque, bien utilizado y aplicado, permite limitar el arbitrio al que son tan proclives las autoridades del Órgano Ejecutivo.
En nuestra joven democracia, la interpelación no siempre ha tenido la fuerza que la ley le otorga. Ello, debido a la formación de mayorías circunstanciales afines al oficialismo, hasta 2006, y desde entonces por la contundente mayoría de la que goza el MÁS en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En la primera etapa transcurrida desde 1982 hasta 2006, frente a la denominada “aplanadora” que conformaban los partidos con representación parlamentaria, gracias a la cual se blindaba a los magistrados contra la censura, hubo, empero, varias excepciones en las que se logró sancionar a varios dignatarios.
Desde 2006, no ha habido excepción alguna y la mayoría parlamentaria del MAS acata disciplinadamente las instrucciones oficiales y, salvo en uno que otro acto de esta naturaleza, no hay ni siquiera un mínimo debate que legitime esta práctica legislativa.
Más bien, en un aparente acto de desprecio, incluso los dignatarios no responden a las preguntas que se les hace y en muchas ocasiones ni siquiera atienden las observaciones que se les hace, y terminan siendo aplaudidos por sus adherentes, más aún cuando hay evidentes transgresiones.
El problema de esa realidad es que no sólo se daña el funcionamiento del sistema democrático, sino que se abre las compuertas al caos administrativo y a la corrupción, por un lado, y, por el otro, a que se incuben sentimientos de frustración e impotencia que pueden tener imprevisibles consecuencias.
En nuestra joven democracia, la interpelación no siempre ha tenido la fuerza que la ley le otorga. Ello, debido a la formación de mayorías circunstanciales afines al oficialismo, hasta 2006, y desde entonces por la contundente mayoría de la que goza el MÁS en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En la primera etapa transcurrida desde 1982 hasta 2006, frente a la denominada “aplanadora” que conformaban los partidos con representación parlamentaria, gracias a la cual se blindaba a los magistrados contra la censura, hubo, empero, varias excepciones en las que se logró sancionar a varios dignatarios.
Desde 2006, no ha habido excepción alguna y la mayoría parlamentaria del MAS acata disciplinadamente las instrucciones oficiales y, salvo en uno que otro acto de esta naturaleza, no hay ni siquiera un mínimo debate que legitime esta práctica legislativa.
Más bien, en un aparente acto de desprecio, incluso los dignatarios no responden a las preguntas que se les hace y en muchas ocasiones ni siquiera atienden las observaciones que se les hace, y terminan siendo aplaudidos por sus adherentes, más aún cuando hay evidentes transgresiones.
El problema de esa realidad es que no sólo se daña el funcionamiento del sistema democrático, sino que se abre las compuertas al caos administrativo y a la corrupción, por un lado, y, por el otro, a que se incuben sentimientos de frustración e impotencia que pueden tener imprevisibles consecuencias.
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