La CPE en su Art. 10 define “Bolivia es Estado pacifista” y lo repite en otros a lo largo del texto, en especial cuando enumera los “fines y funciones esenciales del Estado”. Eso es la teoría. En la práctica, el número de conflictos anuales se ha incrementado cerca de 400% según estudios de diversas fuentes (UNIR, 2012). Lo más llamativo, el incremento de “conflictos graves”, muchos han terminado con muertos y heridos. Choques “menores” son tan frecuentes que ya no son noticia; chicoteados, golpeados con palos, piedras y puñetes llegan a los hospitales entre la rutina de partos, tuberculosos, enfermos de dengue y otras dolencias.
El gobierno no tiene operadores especializados en “resolución de conflictos”. Al parecer los tiene especializados en “crear conflictos”. Sintomática fue, en el primer período de Evo, la respuesta del Vice cuando Huanuni voló por los aires a dinamitazos, justo después de que propusiera como alternativa de solución “mandarle los cajones”, presumiendo objetivamente la gravedad del conflicto y la posibilidad del enfrentamiento sangriento. Por supuesto, llegaron los muertos; aún así, no llegaron ni los cajones.
Porvenir ha quedado grabado en la retina de los bolivianos, para siempre. Fuerzas de choque oficialistas se enfrentaron a funcionarios y ciudadanos autonomistas de Pando con la complicidad de fuerzas del orden, policías y militares, dejando muertos sin ningún motivo. Las preferencias políticas se habían convertido en delito, que no merece ni siquiera tratamiento judicial; la democracia había muerto La violencia que vive el país, al parecer, es elección del propio gobierno: la confrontación como arma en la contienda política.
Después de 25 años de democracia se abrían de nuevo celdas y fosas para los opositores políticos. Pensar distinto, sinónimo de persecución y destierro. Van siete años sin modificar conductas. Los prisioneros siguen en sus celdas sin juicio. Los que salieron por falta de garantías todavía no pueden volver, a pesar de que el pedido de amnistía se ha hecho pública y ante las instancias correspondientes. Como se hizo siempre después de unos años de dictadura. El 10 de octubre de 1982 se conquistó, una vez más, la democracia. Hoy parece que el país hubiera retrocedido 30. Las heridas permanecen abiertas y el gobierno está ciego en prorrogarse en el poder.
La situación ha cambiado desde 2006. En este segundo período Morales está sin banderas, las ha perdido una a una: el pacifismo, el gobernar “sin muertos”, la defensa de los pobres, el indigenismo, la descolonización, la defensa de la madre tierra (pachamama), la discriminación, el racismo y, ¿queda alguna? Pocas veces en la historia boliviana hubo tanta esperanza y tanta expectativa frustrada. Lo que trajo “el cambio” ha quedado reducido a la defensa a ultranza de los intereses de algunos grupos oportunistas y de otros cohesionados alrededor de actividades ilegales. Corrupción, contrabando y narcotráfico, en su auge y con territorio marcado.
La creciente actividad del narcotráfico definió el panorama nacional e internacional. En años anteriores la violencia estaba focalizada principalmente en el Chapare, el trópico de Evo, por la acción de la erradicación forzosa de los cultivos de coca, que era resistida por los cocaleros. Ahora la violencia generada por la fabricación de cocaína, o sea, la industrialización de la hoja de coca, se ha dispersado y difuminado a todo el territorio nacional. Lo que antes era sorpresa, como las acciones de confiscación de coca o droga en poblaciones vallunas, tradicionalmente tranquilas y dedicadas a cultivos agrícolas alimenticios, pasó a la historia. Los operativos de erradicación se convierten en rutinarios, son acciones consensuadas, casi voluntarias, bajo el control de las propias asociaciones de productores de coca, para reportar cada año “éxitos” en función de la cantidad de hectáreas arrancadas a mano por fuerzas especiales.
Pero los datos se contradicen. A los éxitos en la erradicación de unos cuantos miles de hectáreas se contrapone el aumento en la producción de droga, no solamente cocaína. Hoy, en los más remotos lugares de los Andes, valles y llanos se encuentran fábricas de procesamiento de coca con el fin de obtener droga. Lo que era trabajo especializado y restringido en su mayoría a extranjeros, ha sido nacionalizado y democratizado. El conocimiento de los procesos de extracción de cocaína está en manos de miles de operadores nacionales. La descertificación “rechazada” por el gobierno se sustenta en la cantidad de cocaína producida en Bolivia, que calculada en toneladas nos han llevado al segundo lugar a nivel mundial: Perú con 325 TM, Bolivia 265 TM y Colombia 195 TM. Discutir sobre hectáreas más hectáreas menos no tiene sentido si la producción, por los métodos y la tecnología aplicada hace rendir más la los cultivos y a la propia hoja de coca.
Los informes del Departamento de Estado no serán del gusto de Morales, pero ahí están, avalados por organismos especializados y, sobre todo, por los fenómenos acompañantes al negocio de las drogas: violencia, ajustes de cuentas, e inseguridad ciudadana a un grado no experimentado anteriormente en el país y que amenaza con sobrepasar las posibilidades de control de parte del Estado nacional.
Yoriko Yasukawa, a su retiro de Bolivia como representante de la ONU, dijo que la convivencia en el país es difícil, “la política es una cultura de enfrentamiento”, se presta a la violación de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. La experiencia diaria de los bolivianos avalan su afirmación. Evo y su gobierno no han resuelto las principales contradicciones de la sociedad boliviana, antes bien, las han agudizado. ¿Quedará alguna posibilidad de conciliar la concepción del Estado Plurinacional con la práctica del gobierno del MAS? Interrogante que la ciudadanía se tendrá que contestar, sobre todo, el 2014.
