mientras el Régimen persiste en la destrucción del medio ambiente

algunas comunas avanzan en el cuidado de la naturaleza...

Pedagogía sobre desechos sólidos

Mauricio Aira

Nueva materia se incorpora en los planes educacionales de hoy en día, que tiene que ver con la conducta individual y colectiva hacia la conservación y mejor cuidado de la naturaleza. Las motivaciones que se dan para impartir dicha pedagogía son indiscutibles tienen que ver con el cambio climático, el exagerado consumo de combustibles no renovables, la indigestión provoca por alimentos “basura” cuya venta y consumo se estimula masivamente con una mastodóntica propaganda mediática.

Ha sido necesario que la humanidad padezca dos grandes guerras, que se derrumben imperios, nos referidos al Soviético y asistimos a los prolegómenos de la decadencia del capitalismo que adquiere diversas formas para sobrevivir. Que la serie en cadena de catástrofes naturalezas que le cuestan ingentes pérdidas en vidas humanas y recursos de toda clase, nos hagan pensar en la urgencia de cambiar de conducta ¡ya! ¡Sin demora y en forma drástica!

Incurrimos en nuevos errores, tomar la ecología como un añadido, bonito para predicar y hablar de cambio, y más al contrario continuamos con las prácticas depredatorias y perversas que marcan la autodestrucción del planeta según científicos y sabios nos lo previenen. Surgen preguntas personales, hasta donde estamos dispuestos a sacrificar nuestros hábitos de comer y beber aquello que criticamos. Porqué seguimos utilizando transporte privado en lugar del colectivo que ahorra energía y significa menor deterioro. ¿Hasta cuándo vamos a seguir ingiriendo medicamentos o fumando cigarrillos que son destructivos? No le damos importancia a la producción de basura innecesaria, su acumulación dentro y fuera de los hogares, lo nocivo de su manipuleo que a muy corto tiempo es fuente de epidemias, bacilos y bacterias, de crónicas enfermedades.

Envidiable la forma de educar al niño en Europa, Japón y otras regiones haciéndole ver lo incorrecto de arrojar la basura en cualquier sitio, o dejar restos de comida a la intemperie o descuidar el aseo personal, incluyendo el lavado frecuente de las manos que por desgracia están resultando ser la vía directa de contagio de las epidemias más comunes. Por ello esfuerzos colectivos que se vienen realizando como en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de construir módulos escolares en que no falte el agua corriente, los desagües pluviales, luz y aire libre o sea los ambientes más aptos para la educación de niños y adolescentes son plausibles.

Si además en el nuevo concepto se busca que alumnos, padres de familia y por supuesto los educadores se involucren en la gestión del manejo de los residuos domiciliarios. El énfasis que está poniendo el sistema escolar para educar con experimentos colectivos y ejemplos vivos de una mejor convivencia con el medio ambiente es digno de todo aplauso.

Mucho habría que apuntar en cuando a la separación sistemática de los desechos que generalmente se agrupan en: plásticos, papel, vidrio, alimentos, metales y escombros. Si el educando aprende a seleccionar la basura, deponerla allí donde corresponde, la norma se hará permanente y de motu proprio hará lo mismo en el hogar, y más tarde en los ambientes laborales. Los recursos municipales tienen que emplearse en crear la estructura necesaria al principio modesta y que irá cubriendo progresivamente las necesidades de la comunidad, y en desarrollar campañas a todo nivel para que el ciudadano vaya tomando conciencia de su responsabilidad. Que hablar del medio ambiente hasta la saturación no basta, como sucede en los niveles del Régimen actual que festinatoriamente asume su rol medioambientalista pero que en los hechos sigue erosionando la tierra con plantaciones de coca, despoblando los campos con una tala indiscriminada de la madera, envenenando las aguas de los ríos con los insumos químicos que utiliza “la industria de la cocaína”. Y cuando se ha echado al cesto de basura el texto de la Comisión Número 18 de la famosa “cumbre de Tiquipaya”.

El artículo pertenece a La Nación.

Se refiere a una Policía más confiable. Como anillo al dedo

Ha habido en los últimos tiempos diversos episodios vinculados con irregularidades, de mayor o menor gravedad, de las que ha sido imputado personal policial en diferentes jurisdicciones del país. Cuando eso ocurre, el problema es por naturaleza serio: la policía constituye la representación física y armada del monopolio de la fuerza dispuesto por la ley.

Así lo requiere la preservación del orden público, sin el cual la libertad, la integridad física de los habitantes y la propiedad, pública y privada, corren el riesgo de convertirse en meras abstracciones. Nadie, absolutamente nadie, puede pretender que se dispute a los organismos de seguridad interna aquel monopolio.

Desde luego que añoramos la policía del pasado, la que recorría las calles de la jurisdicción que se le había asignado y sus efectivos eran reconocidos por el vecindario. Eran el vivo reflejo de lo que señalábamos: brazo armado, pero amistoso y protector, de la sociedad que lo organizaba, lo instruía y sustentaba, no sólo en defensa de la seguridad común, sino como amparo exclusivo e inmediato de los ciudadanos frente a la delincuencia en cualquiera de sus modalidades, incluso de aquellas que se camuflan con ropajes políticos.

Tampoco los malhechores arrastraban en el pasado el lastre pesado que grava en la actualidad a la sociedad en su conjunto. Crímenes a mansalva, en calles y rutas, o a las puertas de las casas, tanto como en el interior de éstas. Violación de mujeres y violación de espacios cerrados, como las urbanizaciones que habían crecido hasta aquí con el carácter de infranqueables vallas para los actos destinados al saqueo y el ejercicio de la violencia ilegal.

En suma, un cuadro penoso y en agravamiento, mientras las autoridades del Estado nacional y de no pocas provincias carecen de la eficacia indispensable a pesar de los medios de que disponen.

De modo que si a ese cuadro fatal, en el que la vida de los ciudadanos poco vale -nada se diga de los bienes o del honor, a los que por igual ampara la Constitución nacional-, se agregan fisuras inadmisibles en las filas policiales, la indefensión pasa a ser, sin dudas, el tema más acuciante en la República. ¿Alguien pretende que la nota dominante deba ser un resignado e impotente cruzarse de brazos?

Por lo pronto, la ciudadanía no puede menos que consolidar, en medio de los reclamos que se formulen por la seguridad degradada, su confianza en las instituciones policiales. Estos han perdido, para colmo, un número asombroso de efectivos en enfrentamientos con la delincuencia en los últimos años.

Lamentables hechos de resonancia reciente están, entretanto, requeridos de pronta resolución. Las acusaciones, por ejemplo, contra el personal de la comisaría 24», respecto de que algunos de sus efectivos habrían brindado protección a vendedores de drogas y a los "trapitos", potenciados muchas veces en asociaciones mafiosas que se apoderan a su antojo de las calles. O saber qué ha ocurrido, al fin, con el oficial que en Mendoza utilizaba un helicóptero de la repartición para vuelos particulares. O, algo más cerca de aquí, en territorio bonaerense, cuál ha sido el camino seguido por la denuncia de un comisario de Dolores, que acusó a dos subordinados de ser proveedores de drogas, demanda rechazada por el juez de garantías de esa ciudad.

La lista de casos es mucho más amplia, por cierto, pero no se podría omitir el interés que ha suscitado la denuncia de un juez de instrucción, de acuerdo con la cual fue interceptado en Villa Lugano por un grupo policial y, supuestamente, amenazado de muerte.

La sociedad debe afirmar la vieja conciencia de que en las instituciones policiales, como en cualquier otro ámbito de la sociedad, la mayoría está constituida por hombres y mujeres honrados que en su caso, además, juegan la propia vida en defensa de los semejantes. En cambio, la minoría dispuesta a traicionar responsabilidades e ideales debe saber que le espera el destino que marca la ley y que éste no puede ser resuelto sin el conocimiento de la opinión pública.

De lo contrario, será el cuerpo policial en cuyas filas ha actuado el infiel servidor el que pagará el precio que significa ver mermada la confianza y el afecto públicos.