los minusválidos no están en la agenda de evo (escribe Alejandra Barbery)

Parafraseando a un periodista, "para vergüenza de la historia boliviana", el gobierno de Evo Morales, ordenó reprimir con el uso de la fuerza a personas con discapacidad que públicamente, le manifestaban su demanda: dar cumplimiento a la promesa electoral hecha por el mandatario en época de campaña, cuando éste les solicitaba el voto para hacerle presidente.
La represión policial a minusválidos, que realizaban movilizaciones en la ciudad de La Paz y Santa Cruz, dejó como resultado a cinco personas heridas.
Situación que ha llevado a ese colectivo a radicalizar sus medidas de presión para ser escuchados por el gobierno; entre ellas, realizaron la toma de las oficinas de Impuestos Internos de la ciudad de Santa Cruz, con una huelga de hambre permanente, que hasta hoy suman varios días.
Frente al pedido de lo prometido en los comicios electorales del 2005: la asignación de un bono vitalicio de 5.000 Bs; el propio Morales respondió públicamente, en una conferencia organizada para ello, con una categórica negativa. La explicación: otorgar el "bono de discapacidad" ocasionaría una inflación a la economía del Estado.
Los discapacitados han denunciado a través de los medios de prensa que "se les trató con violencia y sin respeto". El representante de la Confederación de la Persona con Discapacidad, sostuvo que "el Gobierno mandó a masacrar a las personas con discapacidad".
Ésta situación ha generado que se instalen más piquetes de huelga de hambre en distintos lugares del país, en Beni, Tarija y Sucre.
Lo atroz y lamentable es la irresponsabilidad del gobierno, al promover la represión física, y ejercer abiertamente una práctica de discriminación de parte del Estado hacia unos de los sectores más débiles de la sociedad, junto a los niños, mujeres, personas de la 3ra. Edad y grupos étnicos.
Incumpliendo la Ley de la Persona con Discapacidad, lo que implica algo más grave: el desconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidades. Asumiendo el gobierno de Morales una actitud segregacionista, según la norma referida.
Hasta hoy, ni el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, ni el Defensor del Pueblo, se han hecho eco de la situación. En la ciudad de Santa Cruz, pareciera ser que el único organismo que ha activado su trabajo en salvaguarda y defensa de los derechos y libertades del colectivo, es la Fundación de Derechos Humanos (HRF – Bolivia), cuya misión es elevar una denuncia a nivel internacional al respecto; y los medios de comunicación, quienes levantan denuncia de aquello, día tras día, desde que las protestas y los ataques contra ésta tuvieron lugar.
En agosto del 2006, el gobierno de Evo Morales implementó el proyecto de Calificación y Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad; con el fin de conocer quiénes y cuántas son las personas con discapacidad en Bolivia. La pregunta es: ¿para qué entonces dicha medida? ¿En qué beneficia ciertamente a éstas personas? ¿Cuáles son los programas y políticas públicas para que las personas con discapacidad cuenten con mejores condiciones de vida?
Países como España, además de ejecutar una partida presupuestaria en cada ayuntamiento destinada a la mejora de las prestaciones de los servicios públicos y especiales a personas con discapacidad, prevé también otra serie de ayudas, entre ellas, económicas. En la actualidad se promueve en ese país un proyecto consignado a eliminar la carga de impuestos; créditos y capacitación para el desarrollo productivo con emprendedores de ese sector; programas de inserción laboral, entre otros. Bajo el lema que una persona con discapacidad puede desenvolverse en la vida, empero es el Estado quien debe contribuir a ese logro.
Conmueve – profundamente - la situación de degradación y discriminación a la que están siendo sometidas las personas discapacitadas. Resulta lamentable y vergonzoso, para Bolivia, que el gobierno les hubiera vendido humo.
SOBRE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fue adoptada en diciembre de 2006 por la Asamblea General de la o­nU, con el fin de proteger y promover los derechos humanos de ese colectivo en los Estados que se reconocen como "democráticos". Las personas discapacitadas en el mundo, representan el 10% de la población mundial (650 millones de personas según el organismo internacional) y carecen de las condiciones y oportunidades para acceder a una vida con calidad y posibilidades de desarrollarla a plenitud.
Según la o­nU, se enfrentan a un cúmulo de obstáculos físicos y sociales que: • Les impiden recibir educación; • Les impiden conseguir empleo, incluso cuando están bien cualificados; • Les impiden tener acceso a la información; • Les impiden obtener el adecuado cuidado médico y sanitario; • Les impiden desplazarse; • Les impiden integrarse en la sociedad y ser aceptados.
El documento sostiene, que "Debido a las prácticas discriminatorias, las personas con discapacidad tienden a vivir en la sombra y al margen de la sociedad y, como resultado, sus derechos no se toman en consideración".
Apelando al espíritu de las leyes ó dicho de otra manera, la intención del legislador al crear o dictar una norma; el documento sostiene que urge "una norma universal jurídicamente vinculante para asegurar que los derechos de las personas con discapacidad se garanticen en todo el mundo". "De esta forma los Estados estarán obligados a introducir medidas destinadas a proteger los derechos de las personas minusválidas y a luchar contra la discriminación".
"La Convención cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, y la igualdad y la no discriminación".
A través de ella, según lo estipula el articulo 28, "los países reconocen el derecho a un nivel de vida y de protección social adecuado, incluso viviendas, servicios y asistencia públicos en lo que respecta a las necesidades relacionadas con las discapacidades, y asistencia para el pago de los gastos conexos en caso de pobreza".
La duda es: ¿Bolivia ha firmado y ratificado la Convención de protección a los derechos humanos de las personas discapacitadas? Y en caso que no lo hubiera hecho, ¿lo hará?Nada ha cambiado en un año

la represión brutal a discapacitados provocó reacción de jóvenes estudiantes (nos lo cuenta El Deber)

No podemos callar frente a la elocuencia de las imágenes: las personas con discapacidad que se encontraban en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en la doble vía a La Guardia, fueron brutalmente reprimidas durante la madrugada de este viernes y en una acción que ya quisiéramos ver cuando se trata de verdaderos delincuentes. Algo inconcebible en un régimen como el que nos gobierna ahora y que se jacta de defender los Derechos Humanos.Los minusválidos están protegidos por diversas convenciones internacionales y leyes nacionales. A todo esto y como es sabido, hace rato que vienen solicitando al Gobierno que cumpla su promesa de otorgarles un bono especial de Bs. 3.000. Se dijo desde esferas oficialistas que sus medidas eran “políticas” y “digitadas para perturbar la consulta del 10 de agosto”, pero ha pasado el referéndum revocatorio y ellos siguen en su brega. Mientras, el Gobierno continúa ignorándolos.Si estaban generando perjuicios con su ocupación de las instalaciones, otra tendría que haber sido la forma adecuada de desalojarlos. De ninguna manera se justifica la acción policial mostrada por las cámaras de televisión. Algo inaudito para una Bolivia de “cambio profundo”, como tanto se alardea en la propaganda gubernamental.La gente discapacitada tiene una desventaja natural e irremediable, fruto de alguna desgracia física o mental. Merece y merecerá siempre, la más absoluta comprensión, simpatía, mucha paciencia y el elemental sentido cristiano de la compasión. No es lo que se ha visto en el proceder policial, sobredimensionado y exagerado. Además, bien se sabe que el Comando Departamental en Santa Cruz no mueve un dedo sin el previo consentimiento del Gobierno o la recepción al efecto de instrucciones del centralismo. Por tanto, la responsabilidad final sobre lo sucedido recae en manos del Poder Ejecutivo y de quienes autorizaron el “operativo”.Al mismo tiempo que así procedieron -con tanta saña- los policías frente a gente impedida y sus familiares que los acompañaban, la delincuencia reina impune en Santa Cruz de la Sierra como en el departamento en general. Para estos esenciales menesteres de seguridad ciudadana, que sí son de su estricta incumbencia y responsabilidad, la Policía no es tan eficiente como lo fue en el caso de los discapacitados inermes e indefensos Una verdadera vergüenza lo ocurrido.Con razones o sin razones (y no entraremos en esa materia ahora, queda para otra ocasión el análisis real de la situación objetiva de este grupo), reiteramos que los minusválidos deben ser respetados, jamás reprimidos a ritmo salvaje, como sucedió recientemente. Es de esperar que el Defensor del Pueblo inicie las acciones que corresponden en este triste caso.

desprecio y arrogancia contra los maestros chapareños


el país contempla sorprendido el engreimiento de los cocaleros que con gran soberbia, altanería y falso orgullo la han emprendido contra los maestros rurales, culpables de haber obedecido a las consignas de su Central Obrera, al realizar movilizaciones por la nueva Ley de Pensiones. se puede apreciar que el envanecimiento de los cocaleros identificados con el MAS que proclama su absoluto control del poder, menosprecia a los educadores y los considera simples asalariados sin derechos y sólo con obligaciones. tanta autosuficiencia tiene que terminar!

coca-cocaína "el circuito de nunca acabar" LT se refiere a la presencia en Palacio de funcionario USA. Son reflexiones de oro, que los gobernantes deberían asimilar

De atenerse a la declaración del Secretario Asistente de Estado para Asuntos de Narcóticos de los Estados Unidos en el sentido de que Bolivia viene cumpliendo con su meta propuesta de erradicación de la coca, aunque paralelamente los cultivos de la hoja son cada vez más numerosos, como lo hiciera constar el último informe de la Organización de Naciones Unidas, habrá que convenir en que estamos ante un circuito de nunca acabar y en que la búsqueda de consenso entre el gobierno del Movimiento al Socialismo y los productores para una reducción voluntaria de las plantaciones, es una ficción, máxime si al mismo tiempo la frecuencia y volumen de los decomisos de la droga, hablan del auge de su elaboración, pese a que suele afirmarse que proviene del Perú y que nuestro territorio sólo sirve de lugar de tránsito de la mercancía.
No de otra manera se explica el contenido de la comparecencia del alto funcionario norteamericano ante los medios de comunicación después de haberse reunido con el Presidente de la República en La Paz ayer, ocasión en la que diplomáticamente reconoció el logro que aquella meta, sin empero ocultar su desconcierto y preocupación por el crecimiento de los cocales, haciéndose eco de lo sostenido por el organismo mundial y no de las evaluaciones propias de su gobierno, que siempre han existido y es de suponer que actualizadas al día.
En este orden, el visitante fue inclusive más allá al manifestar que el cuadro descrito llevaba a cuestionarse en torno del verdadero impacto de la erradicación, lo que resulta lógico si se considera que por una parte los cultivos disminuyen, pero por la otra crecen a la vez, por lo que no dudó en reiterar la voluntad de su país de trabajar estrechamente con Bolivia tanto en aquella tarea como en la lucha contra el narcotráfico. Y es que según el referido informe, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la superficie de las plantaciones del arbusto en el territorio subió un cinco por ciento el pasado año, con lo que se alcanzó a las 28.900 hectáreas, cifra que en harto excede de lo que permite la ley.
Tal ampliación, como es de conocimiento público, se registra en los Yungas paceños y el Chapare cochabambino, abarcando hasta zonas reservadas, donde además se elabora la cocaína, que en unión con la peruana o no, es traficada hacia el vecindario. Otro tema abordado por el representante de la Casa Blanca y el Jefe del Estado fue el relacionado con el futuro de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), expulsada del Chapare el pasado mes de junio por los cocaleros, acción que en su criterio, no debió basarse en determinaciones privadas, sino tratarse entre gobiernos, sobre todo teniendo en cuanta que esa entidad proporcionaba a los labriegos opciones para transitar a una economía lícita y mejorar sus condiciones de vida.
Es de esperar que el gobierno masista haga una lectura correcta del trasfondo de lo dicho por el Secretario Asistente, en circunstancias en que la doble función de Presidente y líder cocalero que desempeña el primer mandatario, pudiera interpretarse como proclive a la permisividad oficial en favor del sector.

qué pasó con los votos de manfred en la ciudad? se los llevó el viento? se esfumaron simplmente? todo un misterio que se tendría que esclarecer sin demora...qué dice la OEA?
el prefecto Manfred Reyes Villa , quien de antemano había desconocido el referendo, dijo no reconocer los resultados de boca de urna que lo sitúan entre los tres gobernadores revocados, y anunció que "evaluará con sus abogados para seguir las acciones legales pertinentes" de una demanda interpuesta antes de la consulta.El prefecto se presentó muy temprano en su oficina este lunes e informó a los medios que seguirá con la demanda legal que a su juicio le fue favorable en una primera instancia.Recordó que el Tribunal Constitucional, que está conformado por una sola magistrada por la renuncia de los otros cuatro miembros, ordenó a la Corte Nacional Electoral frenar el revocatorio, un concepto que fue desestimado por el gobiernmo nacional."Es importante que el país sepa que hemos ganado en una primera instancia, así sea una sola miembro del Tribunal Constitucional y vamos a seguir ese proceso de hacer respetar la ley", justificó.Consultado sobre la posibilidad de que su actitud genere actos de violencia ante supuestas amenazas de campesinos de la región de tomar la prefectura, Reyes Villa dijo que "no pretendo inducir a la confrontación a mi pueblo" y calificó la situación planteada como un "golpe democrático" del oficialismo.A su juicio, ganó ampliamente en la ciudad pero "de las provincias (donde Morales tiene un apoyo mayoritario) ya viene el fraude" y anunció que pedirá una auditoría a las ánforas "que llegaron de las provincias ya cerradas"."Es un descaro lo que ha sucedido en Cochabamba, porque al presidente lo único que le interesaba era Cochabamba", matizó. (cable de la AFP. imagen de ED de SC)

Clarín de Bs. As., ha enviado un delegado a Bolivia para cubrir el referendo, quién escribe desde Cochabamba la crónica que sigue y que publica el gran rotativo argentino:
Todo huele a historia en esta ciudad colonial. Y no es para menos. Cochabamba siempre ha estado en el centro de la política boliviana más estridente. En el año 2000, fue en esta tierra donde estalló la llamada "guerra del agua", una auténtica pueblada contra tarifas leoninas de un pésimo servicio sanitario que forzó a una anulación del contrato con una multinacional. También entre los cerros cochabambinos el actual presidente Evo Morales inició su carrera sindical como líder de los cocaleros de la región del Chapare. Ahora, ante el referendo revocatorio de mandatos que divide al país, muchos enfocan su atención sobre lo que ocurrirá aquí con su prefecto (gobernador) Manfred Reyes Villa, a quien los sondeos vaticinan un aciago futuro.La ciudad es un monumento en sí misma. En sus adoquines resbalosos y asfalto desparejo reverberan rumores del pasado. Transitarla equivale a sentir el vértigo de los siglos y las revoluciones. En el corazón de la bella plaza principal de canteros prolijos y triangulares se yergue el emblema de ese inicio, una columna de estilo romano que evoca a los "héroes de Cochabamba" y al natalicio en 1571 de esta urbe abrazada por montañas de cumbres cenicientas.Desde sus nombres, muchas de sus calles muestran una generosa oferta de mariscales, patriotas y benefactores. Y allí mismo, leyendo esos carteles, uno comprueba qué entrañablemente cerca está Cochabamba de la historia íntima de la Argentina de Mayo.Lo mismo ocurre con sus gentes. Sencillos y de buenos modales, los cochabambinos saben de la importancia histórica de su capital y sus dependencias y se muestran conscientes de que, quizás aquí, se juegue parte del destino inmediato de Bolivia.La razón de todo este interés se entiende con facilidad. Reyes Villa es el único de los nueve prefectos bolivianos que, desde el inicio, se opuso al referendo. Al principio, había acordado con sus colegas que no aceptarían la propuesta de Morales de someter sus cargos a la consideración de sus conciudadanos. Pero luego se enteró del peor modo posible para un político -es decir, por los diarios- de que muchos de sus pares habían cambiado de opinión y aceptaban la consulta popular. El desaire descolocó a Reyes Villa, quien insistió con su postura afirmando que el referendo era ilegal y que no la cambiaría, aunque nada pudo hacer para que el comicio no fuera realizado en su territorio porque la consulta es una ley nacional.Pero el verdadero problema recién comienza allí. El prefecto aseguró que seguiría en su puesto aun si su mandato fuera revocado por las urnas. "Voy a seguir en mi cargo hasta 2009. Me ampara la ley en caso de que los resultados me sean desfavorables", dijo Reyes Villa, un ex alcalde local en cuatro períodos. Según los sondeos, este capitán retirado es uno de los mandatarios con mayores chances de ser rechazado por sus ciudadanos. Y nadie acierta a imaginar en qué complicada situación derivaría el futuro político local si el prefecto es deshauciado y el Estado federal, cumpliendo con la ley, decide removerlo.Hay quienes afirman que una resistencia del mandatario podría traer violencia. "Sabemos que hay grupos preparados para actuar y eso es un problema", comentó a Clarín Rafael Puente, delegado presidencial en Cochabamba.La afirmación no parece una exageración. Esta región ya le trajo su primer dolor de estómago a Morales en enero de 2007, cuando chocaron cocaleros y partidarios de Villa. Hubo tres muertos y 150 heridos además de un incendio en la puerta de la Prefectura. Aún perduran grandes manchas hollín sobre las paredes de cal descamada en la larga recova amarilla que resguarda al edificio.Sin embargo, la importancia estratégica de Cochabamba va más allá de esos episodios. Villa ganó en 2005 con el 47,6% de votos. Sondeos variantes le dan un ajustado triunfo en la ciudad y una derrota en el campo. Si pierde, eso pondrá un freno a la expansión de los prefectos opositores que disputan con el gobierno la imposición de autonomías que licúan el poder político y económico de La Paz. En cambio, si es ratificado, implicaría que Morales verá agrandado el número de gobernaciones que le son hostiles. Cualquier opción, sin dudas, presagia un futuro cargado de incógnitas.