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miércoles, 20 de mayo de 2015

Los Tiempos ve mala señal en la dependencia de insumos para la alimentación que son importados. el corte al subsidio del pan provoca furia y de la inmensa población, traición al pueblo, sin desconocer la especulación, el agio, la escasez y el enriquecimiento de los especulaldores. Lo del "pan nuestro de cada dia, es mala señal" de tiempos difíciles.

Con cada año que pasa está aumentando la dependencia de nuestro país de alimentos provenientes del exterior y eso no deja de ser una mala señal
A las muchas señales que a diario dan cuenta del cambio sustancial que está produciéndose en los mercados internacionales durante los últimos meses y de los efectos que esos cambios tienen y tendrán sobre la economía nacional, se ha sumado durante los últimos días la decisión gubernamental de suspender la subvención de la harina destinada a la producción de pan de batalla.
La medida ha sido recibida con muy diversas reacciones que van desde la furia de quienes más directamente se beneficiaban de esa política gubernamental –los empresarios del rubro de la panadería– en un extremo, hasta los elogiosos análisis y comentarios provenientes de destacados analistas de la realidad económica nacional. Y al medio, la inmensa mayoría de la población cuya experiencia cotidiana no resulta suficiente para comprender una medida que, aparentemente, traiciona uno de los principios rectores de la política económica aplicada en nuestro país durante los últimos años.
Es probable, como no podía ser de otra manera, que la decisión gubernamental haya estado en última instancia inspirada en un cálculo muy pragmático de la relación entre el costo y el beneficio de la medida, tanto en términos económicos como políticos.
No se debe perder de vista, sin embargo, que la disposición gubernamental tiene como telón de fondo la drástica caída del precio de la harina en los mercados internacionales, lo que tiene especial efecto en Argentina, país cuya producción excedentaria busca acomodo, así sea a precios bajos, en mercados como el nuestro.
En tales circunstancias, resulta de lo más razonable la decisión gubernamental, pues si hay algo que a los bolivianos nos ha enseñado la experiencia histórica es que las subvenciones y las políticas encaminadas al control de precios no dan más resultado que la especulación, el agio, la escasez y el enriquecimiento de quienes más directamente se benefician con los precios artificialmente fijados.
No es menos cierto, sin embargo, que un fenómeno muy similar está produciéndose con muchos otros artículos alimenticios que están siendo importados con ventaja para los importadores gracias a las crecientes diferencias cambiarias con nuestros vecinos, causando por contrapartida muy serios daños a la capacidad productiva de los pequeños agricultores, cuyos productos están destinados al mercado interno. Esa tendencia se refleja en el hecho de que en el último quinquenio (2010-2014), la importación de alimentos destinados al mercado interno creció en 93 por ciento, lo que contrasta con el aumento de las exportaciones de soya y otros productos destinados a mercados del exterior.
Como se puede constatar a la luz de esos datos, lo que está ocurriendo con el precio del pan es sólo una pequeña porción, muy representativa pero no la única, de una tendencia que no debe pasar desapercibida. Es que con cada año que pasa está aumentando la dependencia de nuestro país de alimentos provenientes del exterior y eso, para mal o para bien, como en este caso, no deja de ser una mala señal.

domingo, 17 de mayo de 2015

excelente cierre de Carlos Antonio Carrasco de su tarea en La Haya. mucho debemos comentar, aunque rescatamos ya el elogio al silencio boliviano en La Haya, fue positivo que solo el vocero Mesa hubiese declarado, aunque no lo dice el diplomático, si Evo se abstenía de ciertas declaraciones la COSA habría estado mejor. Aplausos Carlos Antonio. Inmejorable!

La fase oral en el juicio que sigue Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya se ha registrado con notable rapidez en las lenguas oficiales de ese organismo, en las que los expositores recitaron sus alegatos. Esos documentos denominados “Verbatim Record” suman 220 páginas (más anexos) y comprenden las cuatro sesiones celebradas del 4 al 8 de mayo de 2015. Servirán de base a las reflexiones internas para la dictación del fallo de la Corte y reposarán en los archivos históricos de ese organismo. A continuación, se ofrece cuatro crónicas sobre aspectos llamativos de las sesiones.
Un británico que fue juez y parte
Ninguna pregunta formulada a las partes, por algún juez en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), es totalmente cándida o inocente. Casi siempre trae consigo una carga explosiva que, dependiendo de su contestación, puede causar destrozos a veces irreparables en el desprevenido litigante. En 2012, cuando el magistrado marroquí Mohamed Bennouna (72) interrogó “si Chile o Perú considerarían de acuerdo a la Declaración de Santiago (1952) a fijar un territorio soberano de jurisdicción exclusiva”, esa simple duda le estaba otorgando, virtualmente, al Perú 22.000 kilómetros cuadrados para ampliar su frontera marina.
Mientras Sir Christopher Greenwood (62), miembro de la Corte desde 2006, lanzó el 4 de mayo su pregunta capciosa “¿en qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto a la negociación relativa al acceso soberano?” no pensaba satisfacer una curiosidad histórica o poner en orden su calendario de eventos. Su intención fue precisamente obtener una respuesta no de la parte boliviana, sino de dar oportunidad al contrincante chileno de refutar, como en efecto lo hizo su compatriota-litigante, cuando negó la existencia real de un acuerdo que hubiese comprometido la fe del Estado chileno en la posible cesión a Bolivia de una salida soberana al mar.
El presidente Evo Morales, justamente alarmado, confesó públicamente su estupor ante la falta de ética del inglés, por haber soslayado el hecho de haber servido profesionalmente a Chile durante su pleito con el Perú. En cambio, su colega James Crawford (Australia), más honesto, se excusó del caso, por idéntico motivo. Elemental preocupación que señala descuido de quienes deberían haber monitoreado los antecedentes de Greenwood y actuar en consecuencia, como lo hizo Perú en 2012, pues una posible  recusación gestionada por Bolivia hubiese sido enteramente pertinente.
En todo caso, asombra y asusta que antes de que Bolivia respondiese al desafío, fuese Chile que, mediante uno de sus abogados (también británico), tuviese el comedimiento de contestar aquella pregunta que no le estaba destinada. Ese entronque huele a una comedia premeditada.
En este enredo judicial, la conexión chileno-británica (o anglo-sajona) es sorprendentemente notoria. Cuatro miembros del colectivo jurídico de Chile son de ese origen que, por cierto, se alinean por su lógica legal, por la secuencia en sus procedimientos y hasta por sus empolvadas pelucas en esa escuela de pensamiento. Por añadidura, también inglés, es un monje negro que solo sale de la niebla londinense cuando es menester y de quien nos ocupamos en otra nota.
Un lord inglés al servicio de Chile
La fascinación chilena por la pérfida Albión (antiguo nombre de la isla de Gran Bretaña) es antigua y consistente. Comenzó antes de la Guerra del Pacífico, pues Inglaterra provocó ese conflicto, se enriqueció con los minerales explotados en los territorios conquistados e influyó en los hábitos y costumbres trasandinos hasta bien entrada la etapa republicana. Esa circunstancia explica la adhesión encubierta de Chile, al lado de Londres, durante la Guerra de las Malvinas, cuando sus infidencias contra la Argentina, transmitidas al Almirantazgo, posibilitó el hundimiento de barcos argentinos, con centenas de bajas en alta mar. Más tarde, en ocasión del asedio en Londres al general Augusto Pinochet, perseguido por la Justicia, la Dama de hierro, Margaret Thatcher, visitó ostensiblemente la cueva del dictador, exclamando que éste había sido un leal amigo del Imperio.
Esos escarceos románticos ahora continúan con la contratación de abogados de la corona para enfrentar a Bolivia en la CIJ, pero también con el reclutamiento de Mark Malloch Brown, que bajo el título de “consultor en comunicación” (FTI-Consulting Strategic Communication) o algo por el estilo, brinda su linaje y su libreta de direcciones al servicio de Santiago y de sus intereses. Es alquiler módico en comparación con la ejecución positiva de las tareas encomendadas a un alfil con la copiosa hoja de vida de Sir Mark, quien fue sucesivamente editor de The Economist, asesor de Sawyer Miller para el referéndum en Chile, en la campaña de Vargas Llosa (1990), en las elecciones en Bolivia (1989), y otras, antes de enrolarse en el Banco Mundial, y luego penetrar en la ONU, donde llegó a Subsecretario General, y después trepar al Ministro del Reino Unido (gobierno de Gordon Brown).
Mozo inteligente y con talento para hacer el bien y todo lo contrario (enfrentó acusaciones en el escándalo “petróleo por alimentos”). Apto en relaciones públicas, hábil en lenguas, esposo de una americana rica y amigo de George Soros. O sea, todas las cualidades reunidas para hacer un lobby discreto pero eficaz en los corrillos oficiales y oficiosos de La Haya, en Londres, que tiene en el bolsillo, en Nueva York (allí frecuentó en el PNUD a Heraldo Muñoz) y en Washington, donde usará al máximo esa ligazón umbilical con el Reino Unido, apellidada “special relationship”, que traducida al léxico diplomático quiere decir “cubrirse recíprocamente las travesuras legales y de las otras”. Este acápite es significativo, en momentos en que los vínculos americanos con La Paz no son de los mejores. Con entrada en la gran prensa de Fleet Street y más allá, no es difícil para él plantar artículos y comentarios en The Economist, Foreign Affairs y otros medios que los jueces de la CIJ leen, para alimentarlos e intoxicarlos con información y desinformación del diferendo boliviano-chileno.
En la acera del frente, Bolivia batalla con las armas que le provee su diplomacia artesanal, sin vinculaciones ni la sofisticación que el caso exige y excluyendo de su equipo jugadores de primera liga, por no vestir la casaca de moda.
El coreano misterioso
Originaria de un lado de Corea, su familia emigró a los Estados Unidos, donde hace 62 años nació Harold Hongju Koh, quien, cual sus hermanos, logró el sueño americano al dotarse de una educación universitaria. Pero como ese escalón es solo el primero para subir a la cumbre, el joven Koh, luego de vencer aquella poliomielitis que lo dejó rengo, se afilió al Partido Demócrata y se incrustó de asesor en el Departamento de Estado, de donde fue reclutado por Clinton para convertirlo en Subsecretario de Derechos Humanos. Más tarde, Obama lo nombraría su consejero en ese mismo campo, antes que el ambicioso asiático decida reciclarse como profesor en la Universidad de Yale.
Fabricante de la arquitectura legal para justificar los mortíferos aeroplanos apodados “drones”, no pudo vencer el veto con que los estudiantes de la NYU ( New York University) bloquearon su acceso a la Facultad de Derecho. Hábil decorador de interiores, el Canciller chileno aceptó prontamente la sugerencia de contratarlo como parte de su equipo legal ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Aparte de ser un mensaje subliminal y lambiscón a la Casa Blanca, ese rostro asiático adornaría el pelotón chileno. Así pues, en la distribución de tareas del alegato contra Bolivia, quién mejor que Koh para lanzar la velada advertencia a la Corte, cuando en su turno del 7 de mayo dice: “la demanda de Bolivia tiene amplias implicaciones para la santidad de los tratados y la capacidad de las naciones a entablar libremente discusiones diplomáticas, sin prejuicios sobre lo que ya se había acordado” (Verbatim Record 2015/20, página 39)
Su mensaje fue claro y fuerte: una amenaza casada con chantaje. Si la CIJ admitía su competencia para conocer la demanda boliviana, acudirían ante ella muchos países ansiosos de rectificar sus fronteras, comenzando por la propia Bolivia, que tenía vigentes 12 tratados suscritos con sus vecinos. Es más, dijo, si la CIJ acepta la demanda boliviana se estimulará a “re-litigar la historia del continente y sus fronteras”.Su desplante me causó estupor y, en un encuentro casual en el pórtico del Palacio de la Paz, me permití interpelarlo, para indagar el verdadero alcance de su bizarra advertencia, dada la naturaleza del pasaporte del que era portador y su apego a la eficacia de los “drones”. Su respuesta tan lacónica estuvo acompañada de su sonrisa budista: “No coments”.
Sala de prensa
Los chilenos cuando invaden, lo hacen masivamente, y La Haya no fue excepción alguna en ocasión de las audiencias orales realizadas entre el 4 y el 8 de mayo de 2015. Aparte de Telesur (antena sevillana), el evento no interesaba a otros medios que no sean chilenos o bolivianos. Los primeros estuvieron representados por diez canales y 35 periodistas de todo pelambre. Bolivia, tímidamente, por cuatro cadenas televisivas casi unipersonales y otros  cuantos corresponsales. Pero en las dos salas de prensa imperaba la integración con anécdotas, bromas e ironías —por igual— a costa de los tiesos delegados gubernamentales y de la fauna parlamentaria que a uno y a otro costado de los Andes, transita con parecido apetito de figuración y ostensible vacuidad.
CHILENOS. Inquietos por la crisis ministerial provocada por iracunda mandataria Michelle Bachelet, la frondosa delegación, que incluía además de su heraldo Canciller, al alto y desgarbado presidente del Senado, Patricio Walker, a su esmirriado y locuaz portaestandarte de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, quien para hablar con Carlos Mesa subía incesantemente de grada en grada la escalinata del Palacio de la Paz, sin lograr sobrepasar la cintura de su interlocutor. También merodeaba los corrillos Jorge Tarud, avaro de estatura, fumador empedernido, cuya incontinencia hasta le comprometió la  lengua; ese es el parlamentario que más exuda antibolivianismo. En cambio, la diputada por Valparaíso, Andrea Molina, con sus ojos verdes esmeralda, me cautivó tanto como las olas del mar cautivo.
Entre la gente de prensa, sobresalía por su perspicacia y hondo saber de la realidad nacional, Tamara Avetikian, columnista de El Mercurio; José Luis Repenning, de la cadena Mega Tv, que me regaló con su familiaridad sobre la Guerra del Pacifico. Me explicaron, con cautela, que el problema para Bolivia no sería convencer a la costra gobernante, sino a la opinión pública chilena.
BOLIVIANOS. Una sabia decisión impuso a todos los miembros de la delegación un riguroso embargo en sus declaraciones a la prensa. Creo que su silencio fue la más grande contribución a la causa marítima. Primero, porque los doctos eran los menos y los profanos, abrumadora mayoría. Eso se comprobó en el decurso del juicio, cuando la parte contraria, en su alegato, citaba en su beneficio las imprudentes opiniones que recogió la prensa a lo largo de los años. Centralizar en el vocero Carlos Mesa la posición oficial del país fue una  atinada medida que protegió a Bolivia de improvisadas estridencias. Los medios nacionales, con sus escasas herramientas disponibles, cubrieron las noticias, al igual que sus pares chilenos, en el límite de sus posibilidades, en la fase oral, pues dependían de una desastrosa interpretación al español, repetidas veces señalada por la CIJ como “no oficial”. Un botón de muestra fue que al más articulado de los abogados bolivianos, el profesor Payan Akhavan, se lo hizo aparecer como tartamudo por la incapacidad del intérprete de seguir su fluida disertación y por no captar su fino humor.

comentarios

sábado, 16 de mayo de 2015

que Evo haga del ataque a Chile algo personal, que se estrella con asuntos internos de Chile, cuando en verdad la delegación en La Haya cumplió bien "los republicanísimos, excancilleres y hasta los masistas" "ASÌ NO!" repite Carlos Valverde en texto valiente y sincero

Claro que me gustó ver a los republicanísimos expresidentes Eduardo Rodríguez Veltzé y Carlos Diego Mesa encabezando el equipo jurídico en La Haya; ¡cómo no! Me agradó ver y saber que los excancilleres Murillo de la Rocha, Toto Fernández y Loayza reforzaron con presencia, sapiencia y conocimiento al buen equipo contratado por el Estado para hacer la defensa argumental del justo reclamo de nuestro país.
Cómo no me va a gustar… la verdad es que desde que se instaló la Audiencia, leí casi todo lo que salió sobre el tema y en mi buen ánimo, “hasta me hice el opa”  cuando vi a Sacha Llorenti acompañando a la delegación gubernamental que, no desentonó.
En efecto, el Canciller Choquehuanca (reconozco que me dio miedo que se declare el último Inca vivo “y en vivo”) y los ministros que, como es de rigor, debían estar ahí y fueron discretos, dejando el protagonismo a los que correspondía. Bueno, hasta no me estorbó (yo que soy quisquilloso) ver a los parlamentarios… ya está… lo hicimos bien… todos.
Casi todos, en realidad, porque aquí, en nuestro país la cosa no salió igual: don Evo lo hizo muy mal metiéndose en asuntos internos de Chile (esto lo van a festejar cuando les toque cobrarlo, los trasandinos) con su Constitución, con su sistema político/económico interno, con el asunto de los Mapuche encarcelados en el vecino país…
¡¡¡Por favor!!! ¿Evo Morales viene a hablar de irrespeto a los Derechos Humanos Indígenas? Él, cuyo Gobierno no termina de esclarecer lo ocurrido en Chaparina y que insulta a los indígenas del Oriente llevando a Sacha Llorenti a la mismísima La  Haya, ¿reclama por indígenas ajenos? ¡Trate bien a los propios, señor Presidente y listo!
Apoyo, por supuesto, la participación nacional en La Haya pero, no soy de los corifeos acríticos que asumen, por miedo o por convencimiento, que es ser antipatria quejarse o ser crítico con los desaciertos internos cuando estamos en un acto de importancia nacional como el ocurrido en La Haya (por eso los trapitos sucios se lavan en casa).
¡Me niego! no quiero callarme por los desaciertos del Presidente en sus conferencias de prensa referentes al tema marítimo y su arremetida personal  contra Chile; lo que los chilenos hagan con su Constitución (aprobada en Plebiscito, por si acaso), con su organización económica, con la administración de su Estado, es asunto de ellos y de sus pueblos y eso se llama “intromisión”, cosa que el presidente Morales exige permanentemente que no se haga con el país; se predica con el ejemplo… digo.
El autor es comunicador.

miércoles, 13 de mayo de 2015

Lizandro nos ofrece una visión completa del actual conflicto universitario que se prolonga ya por cinco, seis semana en San Simón. en el conflicto están mezclados diversos ingredientes, política, dinero, violencia, el uso de hampones y el interés de ciertos docentes que se oponen a la calificación de méritos para la cátedra.

La Universidad Mayor de San Simón está en manos de impostores y descarados. No soy capaz de llegar a otra conclusión cada vez que me informo sobre declaraciones de docentes y estudiantes que representan a sus respectivos estamentos.

Los dirigentes docentes nos quieren hacer creer que todos los casos son iguales y que esto se trataría de una gloriosa lucha por su dignidad y sus derechos, lo cual es mentira. 

Cerca de un cuarto del estamento docente es titular, lo que implica que tuvo que pasar por un proceso de evaluación muy exhaustivo, compuesto de tres etapas, a saber: calificación de méritos, calificación de currículum realizada en cogobierno por consejeros docentes y estudiantes en base a una tabla de evaluación; microenseñanza, breve clase magistral en que estudiantes que hayan aprobado la materia a la que se postula califican claridad, didáctica, dinamismo, etcétera; y examen de conocimientos, que es una evaluación escrita calificada por docentes titulares de la materia en cuestión junto a profesionales externos invitados para el efecto.

Para este proceso se realiza una convocatoria pública y puede ser más o menos transparente dependiendo de la voluntad y correlación de fuerzas políticas, pero es absurdo decir que porque no hay garantías de absoluta transparencia es mejor no aplicarlo.

Otros docentes ingresaron a través de un mecanismo más rápido y menos exhaustivo llamado “examen de suficiencia”, cuyas convocatorias a veces son públicas y a veces no, y que generalmente omite la etapa de examen de conocimientos, limitándose a méritos y microenseñanza. Aunque no se trate de un proceso de titularización, debe reconocerse que estos docentes hicieron algún esfuerzo para conseguir una cátedra.

No obstante, hay otro gran grupo de docentes que ingresó por el favor político de las corruptelas universitarias y que ahora pretende beneficiarse de una resolución rectoral evidentemente concebida para ganar votos para las próximas elecciones al rectorado. Son éstos los sinvergüenzas que inspiran indignación, porque se escudan detrás de los que se han sometido a algún tipo de evaluación, o simplemente acuden a las leyes laborales. 

En otras palabras nos dicen: “Aunque no haya dado examen, aunque sea un mediocre, la ley laboral me protege” Pero para colmo de males, quienes encabezan la lucha porque los docentes rindan exámenes son un grupículo de estudiantes eternos, dirigentes crónicos y vándalos consuetudinarios, que ambicionan gobernar la universidad, ser rectores (o co-rectores) y administrar sus recursos. Es decir que su lucha no apunta a la excelencia académica, sino a incrementar su poder y su acceso al presupuesto universitario.

Se creen revolucionarios porque predican la dialéctica marxista como fanáticos religiosos, y se miran a sí mismos como unos héroes por saber usar dinamita, destruir y golpear en nombre de la revolución socialista (nunca voy a olvidar cuando me dijeron que la “violencia revolucionaria” era buena, a diferencia de la “violencia reaccionaria”), pero en realidad, si tienen que refugiarse en la universidad, es porque son unos mediocres, incapaces o vividores.

La crisis de la universidad es cada vez más profunda y en lugar de plantear soluciones aquí estamos, entre la espada y la pared, entre el cáncer y el sida, a punto de ser asesinados por alien o por depredador…  es decir, sin salida.

El autor es politólogo.

domingo, 10 de mayo de 2015

valiente y directo Los Tiempos anticipa que el fraude electoral socava el poder de Evo y que "esa obsesión tendrá el costo de su derrota". nada más claro y concreto. se refiere a los casos de Chuquisaca y Beni. resultados manipuladoshacen perder toda confianza y pide echar a la calle a los vocales del Organo Electoral, incapaces, amorales sin equidad ni legalidad

Los sectores lúcidos y democráticos del MAS deberían esforzarse por convencer al Primer Mandatario de que el fraude electoral socava su poder y de que esa obsesión hegemónica a cualquier costo tendrá a la larga el costo de su derrota
Cada nueva actuación de los vocales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), salvando contadas excepciones, sólo aumenta su desprestigio y es una demostración más de que principios morales o éticos, ni qué decir democráticos, son absolutamente desconocidos por sus miembros.
La gota que rebalsó el vaso es lo hecho por los vocales del Tribunal Electoral Departamental (TDE) de Chuquisaca que no difundieron una resolución aprobada presuntamente antes de la elección para gobernador del 29 de marzo y por la que anularon miles de votos obtenidos por un partido, cuyo candidato renunció. Ese virtual timo de votos definió la elección a favor del candidato del MAS. Este ilegal e inconstitucional procedimiento, no condenado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) traspasó todo límite tolerable.
Y resulta que ahora, uno de los dos vocales del TSE que se pronunció por sancionar la actuación en Chuquisaca, había sido fotografiado en un festejo masista y la fotografía ha comenzado a circular profusamente en redes sociales y medios de comunicación. Incluso el presidente del Estado y legisladores oficialistas y de oposición condenan esa asistencia y, los últimos, piden su renuncia.
Sin embargo, en las cortes del poder hay algarabía. Con sus “vivezas” han robado la Gobernación de Chuquisaca y con sus maniobras buscan legitimar otro fraude en el Beni. Empero, se trata, si nos atenemos a la historia del país, de victorias pírricas. La tarea de deslegitimar el Órgano Electoral responde a visiones de corto plazo, porque, en el mediano y largo plazo, esta actitud termina por afectar los intereses de quienes la impulsan. La ciudadanía, al observar que los resultados electorales son manipulados, pierde confianza en quienes salen elegidos y comienza a gestarse un proceso de deslegitimación que no podrá ser detenido si no se logra que quienes dirigen las elecciones recuperen su confianza.
Por esa razón, los sectores lúcidos y democráticos del MAS deberían esforzarse por convencer al Primer Mandatario de que el fraude electoral socava su poder y que, como ha ocurrido con otros procesos políticos en el país, esa obsesión hegemónica a cualquier costo tendrá a la larga el costo de su derrota.
En este sentido, es necesario, primero, echar a los vocales del actual Órgano Electoral porque han demostrado incapacidad y absoluta carencia de principios morales para guiar sus actos, pues han vulnerado elementales normas de transparencia, pluralismo, equidad y legalidad para, de esa manera, acatar intromisiones foráneas. Las autoridades deben convencerse de que sólo con personalidades de reconocido prestigio profesional y moral se podrá reconducir este vital órgano del sistema democrático.
Segundo, abrir la reforma de las dos normas electorales vigentes para convertirlas en instrumentos que garanticen pluralismo, aplicar las reglas en forma igual a los contendientes en las elecciones y libertad de información.
Sólo de esa manera se podrá relegitimar el Órgano Electoral.

miércoles, 6 de mayo de 2015

OPINION titula "estafas a la orden del dia" si bien puede mostrar exageraciones, el texto es una prevención para no dejarse sorprender por estafadores sin escrúpulo

Unas 800 personas de todo el país se ilusionaron con la producción de estevia, una hoja que sirve para endulzar bebidas y producir endulzantes.

La empresa Tierra Dulce logró que personas particulares inviertan en esos cultivos entre 20.000 a 30.000 dólares, con la promesa de pagos mensuales durante siete años y la posterior devolución del capital. Los inversores aguardaron por más de un año que la empresa les entregue lo prometido y, al no lograrlo, iniciaron una demanda penal contra los responsables.

El caso está en investigación en el Ministerio Público. Hubo una primera audiencia de la demanda, pero luego los afectados ya no encontraron a los responsables, porque las oficinas de la empresa fueron cerradas. Los inversores defraudados temen la fuga de los encargados de la empresa.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y la Fiscalía están plagadas de denuncias de estafas de diversa índole.

Entre los casos más llamativos está el caso de una pareja que se alquilaba viviendas para luego darlas en anticrético con papeles falsos. Se descubrió el caso antes de que dos familias pierdan 100.000 dólares.

En enero pasado, se denunció a la Fundación Camino Verde, por estafa a unas 200 personas en el Valle Alto de Cochabamba y 100 familias en Beni. Los encargados de Camino Verde ofrecían financiar el 70 por ciento de proyectos, a partir del aporte del 30 por ciento del interesado. Está, por ejemplo, una víctima que aportó 9.000 dólares con el deseo de recibir 21.000 dólares de financiamiento para un tractor, pero no obtuvo nada. Una asociación de apicultores figura entre las víctimas de Camino Verde, ya que entregó 74.000 bolivianos para un proyecto de 174.000 bolivianos y también fue engañada por el responsable de la Fundación que está prófugo.

En Sucre, la coordinadora de la entidad financiera Diaconía fue encarcelada por timar a más de 400 personas que le entregaron diferentes cantidades de dinero a cambio de un interés mensual de entre 10 y 15 por ciento . La encargada de la entidad financiera ilegal pagó por unos meses y no devolvió el capital.

Las múltiples víctimas de estafas enfrentan serias dificultades para recuperar sus ahorros, pues recurren al pesado y lento sistema judicial que les demanda más gastos para seguir el juicio.

A partir de estos casos, es urgente que las autoridades y la sociedad en general encuentren formas de evitar que las estafas múltiples se repitan.

martes, 5 de mayo de 2015

excelente crónica de Carlos Antonio Carrasco, diplomático y escritor enviado desde La Razón. el autor lee y escribe en francés e inglés, además del castellano. muy sabrosa.

(foto y texto de La Razón, LP, edición impresa) Choquehuanca  y Rodríguez Canciller y Agente en la CI)

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Carrasco / La Haya
03:51 / 05 de mayo de 2015
Como estaba previsto, a las tres en punto de la tarde del lunes, entraron los 14 jueces (uno desistió) en la magna Sala de la Corte Internacional de Justicia para proceder con la fase oral del pleito entre Bolivia y Chile. Antes, el presidente Ronny Abraham (Francia) tomó juramento a los dos jueces ad hoc, Ives Daudet (Francia) y Louise Arbour (Canadá), nombrados por Bolivia y Chile, respectivamente.
SECUENCIA. Las 15.15, fue el turno del agente chileno Felipe Bulnes, quien recitó un introito de la defensa de su país ante la demanda de Bolivia. En buen inglés y correcta dicción resumió la secuencia de su alegato, repetido luego ad- nauseam por sus abogados: que el Tratado de Paz y Amistad de 1904 tiene una vigencia de más de 111 años y que en virtud del artículo 6 del Pacto de Bogotá, adoptado el 30 de abril de 1948, la CIJ debería declararse incompetente para considerar la demanda. De lo contrario, sostuvo, “se destrozaría  la razón de ser de dicho pacto, comprometiendo la paz de América”. Confió a la CIJ actuar como guardián de dicho instrumento jurídico. Otro punto repetitivo fue denunciar la “verdadera naturaleza oculta” de la demanda boliviana: revisar el Tratado de 1904, para satisfacer la “aspiración” largamente acariciada, contar con una salida soberana al mar.
Bulnes distribuyó por segmentos la intervención de sus abogados: Mónica Pinto (Argentina) se ocuparía del artículo 6 del Pacto de Bogotá; Daniel Bethlehem (Reino Unido) de interpretar el Tratado de 1904; Samuel Wordsworth (Reino Unido) de los motivos por los que la CIJ se declararía incompetente; y, finalmente, Pierre Marie Dupuy (Francia), fundamentaría la excepción preliminar de Santiago.
Mónica Pinto, la septuagenaria jurista, en francés impecable, se apoyó con reiteradas invocaciones a los dictámenes de la CIJ en ocasión del  litigio entre Nicaragua y Colombia, para restar competencia a ese estrado. El plato fuerte de su intervención fue que al tratar aquel caso, “la CIJ ya había adoptado una interpretación del artículo 6 del Pacto de Bogotá”. Se refirió luego a la actitud aparentemente ambigua de Bolivia con respecto a dicho Pacto.
Daniel Bethlehem, conocido abogado británico, desmenuzó el Tratado de 1904, deseando probar que la salida al mar para Bolivia tiene una vida centenaria, que asegura el libre tránsito a perpetuidad. Su mensaje fue que Bolivia tiene todo, menos soberanía y que sin ella podría seguir viviendo tranquilamente otros cien años.
Samuel Wordsworth, otro abogado londinense, de Essex Street Chambers, dedicó su verba a argumentar porqué la causa boliviana escapaba a la jurisdicción de la CIJ. Dijo que “obligación de negociar” era una argucia boliviana que pedía una negociación que no era abierta, sino que tenía a priori una conclusión satisfactoria a la aspiración nacional de contar “con una salida soberana y útil al océano Pacífico” y que la tal negociación no serviría para otra cosa que para fijar detalles. Situación inaceptable para Chile. Citó, por añadidura el artículo 267 y el noveno transitorio de la Constitución boliviana, alarmado por su contenido reivindicacionista. Hizo énfasis en la traducción de la palabra “reivindicación” que en lengua inglesa lleva a error, porque “vindication” es sinónimo de venganza, revancha, términos que a los jueces podría haber molestado. Wordsworth asumió el rol de cumplido y articulado operador que resumió la argumentación chilena, con cierto énfasis histriónico y claridad en su exposición.
Chile finalizó con la disertación del profesor francés Pierre-Marie Dupuy, que luego de argumentos ya escuchados rechazó la noción de “obligación a negociar”, invocando la continuada vigencia del Tratado de 1904, pero sin aportar novedad de valor a las contribuciones explicadas por sus colegas. Pena para un catedrático de su talla.
ESTRATEGIA. En suma, la estrategia chilena descansa en inducir a Bolivia a debatir la vigencia del Tratado de 1904, sin dar mayor importancia a la noción de los “actos unilaterales de los Estados” y aferrarse con insistencia al artículo 6 del Pacto de Bogotá.
Para ello, empleó una artillería de argumentos bien apuntalados y, en la forma, presentó a sus dos adláteres británicos ataviados con el uniforme de reglamento y sus cabezas encasquetadas con blancas pelucas de albos rizos, esparciendo el escenario judicial con un aire medieval.
Se espera, no sin impaciencia, la réplica de Bolivia el miércoles 6 de mayo, para lo cual se ha programado para hoy martes una reunión de trabajo del equipo de abogados internacionales, encargados de rebatir la plataforma chilena, bajo la égida del agente Eduardo Rodríguez Veltzé.
Previas a la audiencia de la corte
Encuentro
La comitiva chilena llegó al hall del Palacio de la Paz para ingresar al Gran Salón de la Justicia. Mientras eran fotografiados arribó la delegación boliviana, según El Mercurio. La incomodidad se hizo evidente.
Saludo
La delegación de Bolivia ingresó al escenario del juicio y allí se encontró justo con el secretario de la Corte, Philippe Couvreur, quien saludó a buena parte de la delegación y les dijo entre risas “y bueno, aquí     estamos”.