avión que transportó 60 masistas de Cochabamba a Jujuy totalmente gratis. severas críticas de los medios por usar bienes del Estado.

El viaje de aproximadamente 60 autoridades de la Gobernación, Asamblea Departamental, municipios y concejos ediles de Cochabamba, además de dirigentes de sectores sociales y de la Dirección Departamental del MAS a Jujuy (Argentina), para ver el partido Bolivia-Costa Rica, en un avión Hércules que presuntamente le pertenece a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), vulnera al menos tres leyes bolivianas, que prohíben la utilización de bienes públicos para beneficios personales.

El viaje se realizó el jueves por la mañana y partió de la base aérea rumbo a Jujuy. Abordaron el avión el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Freddy Illanes; el presidente de la Confederación de Juntas Vecinales, Freddy Chambi; la presidenta del MAS en Cochabamba, Leonilda Zurita; el alcalde del Cercado, Edwin Castellanos;  además de varios concejales, asambleístas y dirigentes de sectores campesinos, cocaleros y transportistas, entre otros.

 El ministro de Comunicación, Iván Canelas, explicó que varios hinchas de la selección solicitaron la apertura de transportes militares, para poder viajar al partido y dijo que se trasladarían en tres aviones Hércules. Aseguró que estos sectores estaban viajando con recursos propios, aunque admitió que contaban con descuentos otorgados por diferentes empresas y facilidades en la alimentación y el alojamiento.

Este medio intentó averiguar cuál es la entidad propietaria del avión en el que viajaron los masistas, pero en el Ministerio de Defensa el responsable del área de comunicación informó que la ministra, María Cecilia Chacón, se encontraba en una reunión muy urgente en la que se consideraba la situación de Potosí.

 Desde el ministerio de defensa se comprometieron a dar una explicación sobre este tema hoy.

Contra las normas

Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz

Artículo 26. La servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.

Estatuto del Funcionario Público

Artículo 9. Prohibiciones

c) Utilizar bienes inmuebles, muebles o recursos públicos en objetivos políticos, particulares o de cualquier otra naturaleza que no sean compatibles con la específica actividad funcionaria. (Crónica e imagen de LT, CB, Bolivia)

Juan León Cornejo se sorprende de "las sorpresas del cambio" (Contradicciones a granel)

Los tiempos de cambio generan hechos sorprendentes casi todos los días, incluso pese a que las maniobras políticas en el país son siempre previsibles, por reiterativas. La mayoría de esos hechos, lamentablemente, sorprende por negativos. 

Es el caso de algunas acciones de pretendidos fines nobles que mimetizan (para usar un término castrense ahora que los militares volvieron a la palestra política) objetivos políticos o económicos no muy santos, aunque se los persiga de manera sutil.

La legalización de los autos “chutos” sorprendió no tanto porque legaliza el contrabando cuando uno de los pilares políticos del proceso de cambio es la lucha contra la corrupción. Incoherencias de esas hay muchas. Por ejemplo la ley que abre las puertas del país a los transgénicos cuando se pregona defensa de la madre tierra.

Sorprendió a moros y cristianos por la “aparición” en el país de más de 120.000 vehículos en espera de ser legalizados. Sorprendió porque cuesta entender cómo cruzaron fronteras tantos vehículos sin que los militares ni los aduaneros que las controlan se hayan percatado. Si ingresaron antes de anunciarse su legalización, sorprende que tantos vehículos hayan estado en circulación sin que la gente de tránsito se percate. Pero la SORPRESA MAYOR, así con mayúsculas, es la cantidad de dinero que supone importar tal cantidad de vehículos en tan poco tiempo. Si se calcula que costó 5.000 dólares promedio cada uno y se los multiplica por 120.000 “chutos” registrados, resulta nada más ni nada menos que 600 millones de dólares. Saber algún día dónde estaba o de dónde salió todo ese dinero (algo así como la mitad de los ingresos anuales por venta de gas) en un país con tan altos niveles de pobreza tal vez sea otro motivo de sorpresa.

Pero el tema hoy tiene más bien que ver con la pretendida sutileza de arrinconar otra vez a las libertades constitucionales de expresión y opinión a título de garantizarle la mayor imparcialidad y transparencia a la primera elección de jueces por voto popular. Ocurre, nomás, que el control total sobre la prensa en las elecciones lo ejercerá ahora el Tribunal Electoral, única instancia autorizada para difundir datos personales y méritos de los candidatos. ¿Publicará también sus deméritos? Los medios no pueden opinar sobre los candidatos ni darles espacios ni publicar resultados de encuestas, bajo pena de ser inhabilitados para hacer campaña electoral en los próximos dos períodos electorales.

cuando Brasil estuvo a punto de perder la paciencia anuncian acuerdo USA,BR y Bolivia

 El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, informó hoy que finalmente el acuerdo antidroga trilateral, entre Bolivia, Brasil y Estados Unidos, será suscrito a más tardar hasta el 16 de julio de la próxima semana.

“Después de haber tenido diferentes contactos en el trancurso de ayer y esta mañana, (quiero informar) que durante la próxima semana, en el peor de los casos hasta el 16 de julio, se va llevará a cabo la firma de este convenio que es de beneficio para el gobierno boliviano”, sostuvo Cáceres.

Este convenio tinacional de lucha conjunta contra la actividad ilícita del narcotráfico se tenía que suscribir hace más de un mes; sin embargo, fue postergado, según la autoridad gubernamental, por razones estrictamente protocolares.

“Quiero pedir disculpas a la opinión pública y a los medios de comunicación por este retraso, que tal vez generó especulaciones, pero reitero fue por cuestiones estrictamente protocolares que se presentaron a nivel diplomático”, enfatizó el Viceministro.

Adelantó que por medio de este acuerdo se buscará modernizar los equipos de las instituciones de lucha antidroga en el país, como las que están encargadas del monitoreo de los cultivos de la hoja de coca excedentaria.

Queremos “tener información en tiempo real sobre las hectáreas de coca erradicada, es decir, en el día y en el momento”, sostuvo. 

Inicialmente estaba previsto que el acuerdo sea suscrito entre el ministro de Gobierno de Bolivia, Sacha Llorenti; el encargado de Negocios a.i. de la embajada de EEUU, John S. Creamer; y el ministro de Justicia de la República de Brasil, José Eduardo Cardozo. Este último dato no fue ratificado por Cáceres.