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sábado, 7 de junio de 2014


finalmente Evo y Alvaro serán enjuiciados

al confirmar que denuncias son auténticas

Eva y Norma inician acción judicial

La senadora Carmen Eva Gonzales y la diputada Norma Piérola piden cada una por su lado  la investigación al presidente del estado, Evo Morales, el vicepresidente, Álvaro García Linera y al gobernador de santa cruz Rubén Costas y todas las otras personas cuyos nombres fueron develados en la carta del ex fiscal del caso de presunto terrorismo, Marcelo Soza, entregada al CONARE del Brasil y de los cuales existirían las pruebas suficientes.



La senadora Gonzales refiere que con la carta firmada por Marcelo Soza donde el ex fiscal admite que los audios presentados en su contra corresponden a su voz y que quién lo grabó es un funcionario del ministerio de Gobierno, sale a la luz la verdad que ella buscaba y que por ello las principales autoridades gubernamentales deben ser investigadas.



A su turno la diputada, Norma Piérola, presentó en conferencia de prensa documentos, correos electrónicos, fotografías y otras presuntas pruebas de la vinculación del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, su hermano y otras personas con el caso y que fueron excluidas del sin explicaciones. Refirió que la documentación se reunió en la investigación de la Comisión De Justicia y Verdad.

viernes, 6 de junio de 2014

Jaime Guzmán desde OPINION interpreta a gran parte de los cochabambinos desesperados de tanto desbarajuste y tropelías cometidos por "bandas enceguecidas" que se auto nombran "estudiantes universitarios" que durante 38 días asolaron la ciudad sin respeto a nada ni nadie.

Lo que estamos viendo en las calles de la ciudad, con la irrupción de los vándalos que se hacen pasar por universitarios, no es sino la comprobación que la Universidad en general está en tal crisis, que ha llegado a la sima; porque no hay que olvidar que episodios más o menos semejantes se dieron y dan en otras universidades sin que, hasta el momento, apunten las soluciones estructurales a los problemas que arrastra desde hace tiempo.

Y no es una paradoja que quienes lleven a esta institución a tal grado de degradación sean precisamente los que más han medrado de ella: los izquierdistas, entendiendo como tales a los que se autodenominan marxistas, trotskistas, castristas o lo que fuere que han hecho de los predios universitarios sus feudos sin aportar nada de nada.

Y no es que mal de muchos sea consuelo de tontos y haya que decir que lo mismo se cuestiona a la Universidad en Buenos Aires, Londres o París, sino que lo primero que hay que asumir es que esta crisis nos está mostrando que nunca hemos tenido una academia creativa, desalienada y, por tanto, libre y auténtica.

La falta de ciencia en estas instituciones, y hablamos de la verdadera y no de la cientificista, la incapacidad para producir tecnología y, lo peor, su alienación a las corrientes del pensamiento europeo; es lo que más se cuestiona a lo largo y ancho del planeta no solo porque supone una nueva forma de colonización sino porque deja a un lado los intereses del pueblo en el que se desenvuelve.

No es pues raro que la mediocridad haya sentado sus reales y disfrace sus nimiedades o vacuidades con títulos cada vez más pomposos con que se trata de sorprender la buena fe del pueblo; pero la realidad sigue ahí: no hay ciencia, no hay tecnología, no hay extensión por mucho que se quiera sofisticar sobre el tema. Por eso es que los estudiantes lo único que quieren es el título y no les importa si aprenden algo o no y hasta mejor lo último y la cátedra se ha hecho trinchera de la mediocridad, aunque salvando rarísimas excepciones.

Ya la Universidad no puede vencer esta crisis si no acude a todas las instituciones del Estado, al pueblo en general para revertirla y las posibilidades de solución no están, por lo tanto, en sus actuales ocupantes y usufructuarios; todo lo contrario.

Es una lástima lo que viene sucediendo pero ya no se puede soportar más, en nombre de una autonomía que nunca ha sido tal o en procura de una aristocracia de la ciencia y la tecnología que no se ve.

domingo, 1 de junio de 2014

escándalo confirmado. "Gabinete jurídico" un aparato fabricado por el MAS para manipular a la Justicia, inculpar a personas no gratas a Evo, y para proteger y garantizar impunidad a los agentes masistasdeabusos graves y violaciones a los DDHH. El Dia, pone "el dedo enla llaga"

Si la opinión pública tenía la idea que la extorsión gubernamental apenas había operado contra el norteamericano Ostreicher o los acusados del Caso Terrorismo, que ya es mucho decir, los diputados de la Comisión de Justicia y Verdad de la Cámara de Diputados se han encargado de revelar la impresionante maquinaria jurídico-política que puso en marcha el Gobierno y que ha tenido injerencia en por lo menos 40 procesos considerados claves para el régimen.

Los legisladores Fabián Yaksic y Rebeca Delgado fueron los responsables de dar el informe luego de varias semanas de investigación y concluyeron que el Gobierno Nacional, a través de varios ministerios tiene todo un aparato montado en conjunto con jueces y fiscales, para manipular casos judiciales ya sea para inculpar a elementos indeseables para el proceso de cambio o proteger y garantizar la impunidad a ciertos agentes del régimen que han cometido abusos y graves violaciones a los derechos humanos.

En la lista figuran, además de los casos citados, el asunto de Chaparina y todo el operativo montado alrededor de la protesta del Tipnis, las muertes de Caranavi, de Pando, la Calancha, el juicio por el 25 de Mayo en Sucre y muchos otros que han ocasionado el encarcelamiento de cientos de presos políticos y el exilio de otros centenares. Para el Gobierno, esas operaciones le han ayudado a poner a buen recaudo a numerosos funcionarios, entre ellos al exministro Sacha Llorenty.

El informe recoge evidencias, testimonios y otras pruebas logradas a través de un trabajo conjunto que tuvo lugar en las cárceles de Palmasola y San Pedro,  donde están detenidos exfiscales y exfuncionarios del Gobierno que formaron parte de ese andamiaje de persecución política, encubrimiento y extorsión que tambaleó cuando se produjeron hechos imposibles de tapar como la detención del general de Policía René Sanabria, el caso Ostreicher, las revelaciones del exfiscal Marcelo Soza y el arresto y enjuiciamiento del oficial Fabricio Ormachea, entre otros.  

Según las conclusiones, los denominados “gabinetes jurídicos” que tenían a su cargo la presión y el control de los procesos actúan desde el 2008 y eran conducidos por ministerios y viceministerios, con el fin de “favorecer al Gobierno con el argumento de garantizar la estabilidad y la seguridad interna”, dijo Yaksic.  

De acuerdo a lo investigado, estos funcionarios tenían poder para nombrar jueces y fiscales, seleccionar listas de abogados postulantes a los cargos y coordinar para que se apliquen condenas y se efectúen detenciones irregulares. A su vez, ellos articularon su propio servicio de inteligencia paralelo a la Policía que dependía económicamente del Ministerio de Gobierno pero que le rendía cuentas a la Vicepresidencia.  

Toda la información recopilada junto con el respaldo respectivo, que ha sido ampliamente difundido por los medios desde el 2008 fue entregado a la Fiscalía, entidad que está obligada a actuar ya que se trata del trabajo de representantes ciudadanos con la potestad de investigar y fiscalizar. No admitir estas evidencias sería un acto de encubrimiento. La documentación también está en poder de instituciones que podrían haber pecado de omisión como el Consejo de la Magistratura y otras que ya tienen algunos avances sobre estos hechos, como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos. Todos ellos tienen la obligación de actuar ante semejantes revelaciones.
Funcionarios del Órgano Ejecutivo tenían poder para nombrar jueces y fiscales, seleccionar listas de abogados postulantes a los cargos y coordinar para que se apliquen condenas y se efectúen detenciones irregulares. A su vez, ellos articularon su propio servicio de inteligencia paralelo a la Policía que dependía económicamente del Ministerio de Gobierno pero que le rendía cuentas a la Vicepresidencia.