Si la opinión pública tenía la idea que la extorsión gubernamental apenas había operado contra el norteamericano Ostreicher o los acusados del Caso Terrorismo, que ya es mucho decir, los diputados de la Comisión de Justicia y Verdad de la Cámara de Diputados se han encargado de revelar la impresionante maquinaria jurídico-política que puso en marcha el Gobierno y que ha tenido injerencia en por lo menos 40 procesos considerados claves para el régimen.
Los legisladores Fabián Yaksic y Rebeca Delgado fueron los responsables de dar el informe luego de varias semanas de investigación y concluyeron que el Gobierno Nacional, a través de varios ministerios tiene todo un aparato montado en conjunto con jueces y fiscales, para manipular casos judiciales ya sea para inculpar a elementos indeseables para el proceso de cambio o proteger y garantizar la impunidad a ciertos agentes del régimen que han cometido abusos y graves violaciones a los derechos humanos.
En la lista figuran, además de los casos citados, el asunto de Chaparina y todo el operativo montado alrededor de la protesta del Tipnis, las muertes de Caranavi, de Pando, la Calancha, el juicio por el 25 de Mayo en Sucre y muchos otros que han ocasionado el encarcelamiento de cientos de presos políticos y el exilio de otros centenares. Para el Gobierno, esas operaciones le han ayudado a poner a buen recaudo a numerosos funcionarios, entre ellos al exministro Sacha Llorenty.
El informe recoge evidencias, testimonios y otras pruebas logradas a través de un trabajo conjunto que tuvo lugar en las cárceles de Palmasola y San Pedro, donde están detenidos exfiscales y exfuncionarios del Gobierno que formaron parte de ese andamiaje de persecución política, encubrimiento y extorsión que tambaleó cuando se produjeron hechos imposibles de tapar como la detención del general de Policía René Sanabria, el caso Ostreicher, las revelaciones del exfiscal Marcelo Soza y el arresto y enjuiciamiento del oficial Fabricio Ormachea, entre otros.
Según las conclusiones, los denominados “gabinetes jurídicos” que tenían a su cargo la presión y el control de los procesos actúan desde el 2008 y eran conducidos por ministerios y viceministerios, con el fin de “favorecer al Gobierno con el argumento de garantizar la estabilidad y la seguridad interna”, dijo Yaksic.
De acuerdo a lo investigado, estos funcionarios tenían poder para nombrar jueces y fiscales, seleccionar listas de abogados postulantes a los cargos y coordinar para que se apliquen condenas y se efectúen detenciones irregulares. A su vez, ellos articularon su propio servicio de inteligencia paralelo a la Policía que dependía económicamente del Ministerio de Gobierno pero que le rendía cuentas a la Vicepresidencia.
Toda la información recopilada junto con el respaldo respectivo, que ha sido ampliamente difundido por los medios desde el 2008 fue entregado a la Fiscalía, entidad que está obligada a actuar ya que se trata del trabajo de representantes ciudadanos con la potestad de investigar y fiscalizar. No admitir estas evidencias sería un acto de encubrimiento. La documentación también está en poder de instituciones que podrían haber pecado de omisión como el Consejo de la Magistratura y otras que ya tienen algunos avances sobre estos hechos, como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos. Todos ellos tienen la obligación de actuar ante semejantes revelaciones.
Funcionarios del Órgano Ejecutivo tenían poder para nombrar jueces y fiscales, seleccionar listas de abogados postulantes a los cargos y coordinar para que se apliquen condenas y se efectúen detenciones irregulares. A su vez, ellos articularon su propio servicio de inteligencia paralelo a la Policía que dependía económicamente del Ministerio de Gobierno pero que le rendía cuentas a la Vicepresidencia.
