El tiempo conspira contra el proyecto político vigente. La dura realidad ratifica varios de los elementos que estaban latentes en el pasado inmediato pero que se diluían gracias a medidas que funcionaron muy bien en el corto plazo. Primero fueron las “nacionalizaciones”, después los bonos, siguiendo la saga inaugurada en 1997 por el Bonosol. El discurso iba acompañado de medidas concretas y una bonanza general que parecía devolverle al país soberanía, al pueblo poder sobre su destino y a los más pobres ingresos concretos a sus bolsillos.
Pero poco a poco se pudo constatar que en lo esencial hay un mecanismo económico tiránico que azota a toda sociedad pobre como la nuestra y que, sobre todo, depende de un presupuesto finito que parece haber alcanzado su tope de crecimiento excepcional. Si los ideólogos del actual modelo creyeron que todo cambiaría en virtud de los supuestos basados de boca para afuera en las propias capacidades de un Estado empresario, hasta ahora se han equivocado.
Como la capacidad productiva no ha cambiado de modo sustantivo, el empleo generado es claramente insuficiente, las inversiones públicas y privadas no tienen ni una orientación ni una dimensión que apunte en ningún caso a modificar la estructura de ingresos de la nación.
Consecuencia, lo que puede ofrecerse en el plazo inmediato se convierte en poco más que humo.Durante cinco años se vivió de un gran capital político y de un crecimiento apoyado en precios y no en volúmenes, en rentismo y no en transformación de materias primas, hasta que llegó el momento en el que al no haber cambiado nada estructuralmente, o peor, al haber conseguido con los cambios buscados resultados contraproducentes, la burbuja está en pleno estallido.
Cuando el Gobierno decidió, en ese complicado contexto, un aumento salarial del 10 por ciento a cuatro sectores específicos, estableció innecesariamente una discriminación arbitraria que ha generado susceptibilidad primero y rechazo pleno después, pero eso no es todo. El fallido gasolinazo impulsó un clima de desconfianza en el compromiso del Gobierno con los más débiles y una sensación de que la economía va por mal camino. La inflación consecuente, hoy amainada, tuvo efectos inmediatos, lo real de la subida de precios y lo psicológico “todo ha subido y todo está subiendo”. Por si fuera poco, el 10 por ciento de aumento parece muy bajo. Esa sensación coloca al Poder Ejecutivo en el mismo rango de interlocución que sus antecesores. El marbete de “neoliberalismo” que había servido para diferenciar a unos y otros no sirve más y el halo de “al servicio del pueblo” se acabó. La frase hoy es, “estos son igualitos a los neoliberales”.
La consecuencia inmediata es la explosión. El reflejo de los movimientos sindicales organizados y aquellos que se suman a esa presión, es repetir aquello que funcionó en el pasado. La imagen de las calles paceñas en octubre de 2003 vuelve una y otra vez en las pantallas de televisión, en las fotografías de los periódicos y en el subconsciente colectivo.
La reflexión amarga del Vicepresidente que intenta convencer al país de que la COB ofende a la nación con sus acciones no funciona, porque el cordón de legitimidad entre gobernantes y sectores populares está quebrándose irreversiblemente.
El Gobierno superará esta crisis, pero una vez más, como en diciembre pasado, lo que no podrá recuperar más es la relación privilegiada que tuvo con los desposeídos hasta fines del anterior año. Su problema es doble, no sólo que ya no le creen, sino que efectivamente se le está acabando el horizonte de largueza que le dio el ingreso extraordinario de divisas del pasado quinquenio y su margen de juego es cada vez menor. Hay un límite para el aumento de salarios, hay un límite para la capacidad del Tesoro de seguir cubriendo huecos, el del diésel y la gasolina, el de los bonos, el de los salarios y el más grave, el de las expectativas de la gente.
Dilapidado el capital de popularidad, lo que queda es repetir un discurso que las personas de a pie se saben de memoria: “Austeridad, responsabilidad, no se puede gastar más de lo que se tiene, no podemos volver a los tiempos de la UDP (tiempos muy lejanos para los menores de 35 años que son la inmensa mayoría de los bolivianos)”. Es que en el “neoliberalismo” esos eran los argumentos.
Por la otra punta, nada nos permite pensar que la protesta callejera tiene una naturaleza diferente a la de antes. Está demostrado que también se ha perdido la oportunidad de reordenar la relación Estado-sociedad y de recomponer un pacto que se base en la comprensión de que la ley está para cumplirse. El último dique que le queda al Gobierno es el de los descuentos salariales para evitar huelgas indefinidas, si esa contención se rompe entrando –como antes-- a negociar también los días descontados, la estabilidad no sólo de quienes están gobernando, sino la del país en su conjunto está en riesgo. Lo otro, mientras no se demuestre lo contrario, La Paz y El Alto definen nuestro destino político. Por ahora, El Alto está todavía bajo control del MAS, pero el tiempo corre en contra de quienes detentan circunstancialmente el poder.
El autor fue Presidente de la República
El autor fue Presidente de la República
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