Catorce días después de que el periodista Carlos Valverde revelara que el presidente Evo Morales tuvo un hijo fruto de los amores con una mujer llamada Gabriela Zapata Montaño y que esta trabajaba en la empresa china CAMC que había hecho buenos negocios con el Estado, recién se movió la Asamblea Legislativa para conformar una comisión de 12 legisladores que se pusieron como supuesto norte investigar los contratos suscritos entre tal empresa y el Estado boliviano.
Los siete legisladores del oficialismo y cinco de la oposición debían asumir desde entonces uno de los roles por el que existe la Asamblea Legislativa: la fiscalización, lo que normalmente implica fuertes dosis de investigación de por medio. Sin embargo, tal indagación empezó con el pie izquierdo…
Primero porque la resolución que debía servir de norte para la investigación de tal comisión nunca tuvo un objetivo claro. La misma decía: “La Asamblea Legislativa Plurinacional, en uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y las leyes resuelve: Primero.- Conformar una Comisión Mixta de Investigación entre la Cámara de Diputados, a objeto de realizar actos investigativos sobre los contratos del Estado con la empresa china CAMC”.
Un investigador sabe que realizar “actos investigativos sobre los contratos del Estado con la empresa china CAMC” puede implicar cualquier cosa, desde la verificación de la “legalidad” con la que se actuó hasta los pasos dados o el cumplimiento de los contratos por parte de la empresa, etc. Nunca se supo qué exactamente empezaron a investigar ni qué leyeron ni qué buscaban los asambleístas.
Una muestra del despiste de los asambleístas (por pensar inocentemente) está en el hecho de que los opositores echaron a volar apenas supieron el argumento de que no se estaba investigando el supuesto tráfico de influencias en este caso y, por tanto, se trataba de una distracción a la que no pensaban someterse. No fue todo. Este lunes pasado se supo que algunos de ellos (no se sabe quiénes y cuántos) ni siquiera habían leído ni pensaban leer los documentos articulados a los contratos, de hecho bastante voluminosos. Tal vez por ello el legislador Víctor Borda se quejaba de que los miembros de la oposición “son flojos” porque no quieren leer toda la documentación entregada y no les gusta ir a las inspecciones porque en las mismas no existen las comodidades esperadas.
Y aunque Borda aseguró que las inspecciones son esenciales a la investigación, sería interesante preguntarle qué exactamente están indagando y qué piensan sacar de tal proceso, tomando en cuenta que para investigar una persona debería elaborar previamente hipótesis de trabajo que le permitan tener un norte en la indagación y el desplazamiento de un buen plan de trabajo al respecto. Sin embargo, en este caso nunca se vio ni lo uno ni lo otro.
Por ello, no debiera extrañar que a más de uno le parezca que lo único que está haciendo la comisión de la Asamblea Legislativa es perder el tiempo y dar la impresión de que algo se está investigando cuando, en realidad, el tema de fondo que siempre se debió indagar sigue ahí: el posible tráfico de influencias que podía haber existido entre autoridades de Gobierno y Gabriela Zapata.
Sin embargo, las relaciones que pudieron existir entre Zapata y autoridades, y cómo estás pudieron tender sus lazos para atrapar negocios no parecen ser de la incumbencia de la Asamblea Legislativa por la sencilla razón de que cualquier actividad investigativa que pudiera perjudicar la imagen del Primer Mandatario en primer lugar y del MAS en segundo lugar no está en su agenda ni en este ni en otros temas. Una vez más quedará en la historia registrada la falta de fiscalización entre los legisladores nacionales cuando de sus intereses se trata.
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