Aunque se puede prever grandes sorpresas y profundos efectos políticos, lo único cierto por ahora es que se ha puesto en evidencia lo difusos que son los límites que separan lo legal de lo que no lo es
El pasado domingo 3 de abril, cuando alrededor de 376 periodistas de 100 medios de 78 países se pusieron de acuerdo para difundir simultáneamente una gigantesca filtración de registros financieros ‘offshore’ del despacho panameño Mossack Fonseca, los ya famosos “Papeles de Panamá”, se produjo también un verdadero terremoto a escala planetaria en los más diversos escenarios. Comenzando por el mediático hasta el político, pasando por el artístico y deportivo, ningún ámbito de la actividad pública se libró del remezón.
Hasta hace pocas horas, atribuir dimensión planetaria al escandaloso caso podía parecer una exageración, pues hay países que, por el hermetismo en el que se desenvuelven, solían estar fuera del alcance de este tipo de investigaciones. Ahora, sin embargo, hasta al Comité Central del Partido Comunista Chino ha sufrido la sacudida y el Gobierno de Corea del Norte ha sido identificado como el propietario de empresas constituidas expresamente para financiar a espaldas de la comunidad internacional su plan nuclear.
En el escenario político internacional, no han pasado más de dos días antes de que las primeras víctimas de las revelaciones comiencen a caer. El primer caso ha sido el del Primer Ministro de Islandia y sin duda no será el último.
Más allá de los casos personales, el impacto político y económico de las revelaciones ha sido directamente proporcional al lugar que durante los últimos tiempos pasó a ocupar en la agenda pública internacional, y muy especialmente en la de la Unión Europea, el tema de la evasión fiscal.
En efecto, hace ya algo más de un año que siete de los países más industrializados del mundo –Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido– (G-7), primero, y los que constituyen el G-20, después, incorporaron al segundo lugar de sus prioridades –sólo después de la recuperación del ritmo de crecimiento económico– la lucha contra las prácticas de las empresas multinacionales y las más grandes de cada país para evadir o al menos minimizar el pago de sus impuestos.
Además de las razones estrictamente económicas que dieron lugar a esas preocupaciones, ocupan un lugar importante sus consecuencias políticas, pues ante pocos temas es más sensible la opinión pública de países donde los ajustes económicos obligan a la ciudadanía a someterse a grandes sacrificios. El malestar social que de por sí causa esa situación se multiplica ante la facilidad con que los detentadores de grandes fortunas evaden sus deberes tributarios.
En ese contexto, la dimensión latinoamericana del escándalo adquiere sus propias características en cada caso, por lo que es previsible que las repercusiones y reacciones sean también diversas y el alcance de cada una de ellas podrá recién conocerse a medida que vayan saliendo a luz los detalles de cada país. Y aunque ya se pueden prever grandes sorpresas y profundos efectos políticos, lo único que por ahora está claro es que se ha abierto una compuerta ante la que resultan muy difusos los límites que separan lo legal de lo que no lo es. Un terreno en el que, por eso mismo, habrá que transitar con el mayor de los cuidados.
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