La ex – Presidenta argentina Cristina Kirchner sintió el pasado martes 5 de Abril que el cerco judicial que la amenaza se consolidaba para evitar su escape y ponerle en manos de fiscales comprometidos con el actual proceso de limpieza legal para lograr de nuevo convertir a la Argentina en una potencia hemisférica.
Ese sentimiento de la señora Kirchner tuvo que ver con la detención policial de Lázaro Báez, uno de los negociantes más próximos a su difundo esposo Néstor y a ella misma durante el ejercicio de diez años de su poder gubernamental durante dos períodos consecutivos.
Cristina, como varios de sus colegas latinoamericanos, pensaba que era impune porque podía alargarse indiscriminadamente al frente del gobierno.
La impunidad es uno de los sueños presidenciales en nuestro hemisferio y no sólo por voluntad de sus propietarios, sino, sobre todo, por el voto popular que en América Latina, con frecuencia, respalda en las ánforas electorales a los más corruptos entre los candidatos presidenciales como signo de que la corrupción aquí no es mal vista sino por minorías, calificadas como “extranjerizantes”, por algunos portavoces gubernamentales.
El imputado Báez es un constructor muy vinculado a la familia de Néstor y de Cristina. Según medios de prensa argentinos, ese personaje recibió contratos durante los 10 años consecutivos de los gobiernos de la pareja Kirchner, por valor de Usd. 800 millones. Su detención es sólo el principio de un largo camino para llevar a juicio a los delincuentes más adinerados del vecino país. ¿Será enjuiciada Cristina por corrupción?
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