El decano del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge Von Borries no ha tenido pelos en la lengua para afirmar que el sistema judicial boliviano ha empeorado, pese a que desde los niveles políticos se insiste en que el principal poder del Estado ha sufrido una verdadera revolución.
Von Borries, conocedor a fondo de todos los vericuetos de la justicia, afirma la administración legal sigue siendo lenta, está politizada y también sufre de serios problemas de corrupción, a lo que le añade un grave problema de gestión, hecho lo pone al borde de la renuncia, porque además, el sueldo que percibe ni siquiera le alcanza para tener una vida digna en la ciudad de Sucre.
El magistrado dijo que por la falta de jueces y la avalancha de causas que ha aumentado en los últimos años, un juicio que debería tomar no más de dos meses requiere de hasta cinco y más años y obviamente, todo depende de los recursos económicos de los que dispongan los interesados. Durante la cumbre sobre la justicia en Santa Cruz, el jurista afirmó que no se le puede pedir honestidad a un funcionario que gana 1.500 bolivianos y que tiene que afrontar las tentaciones del mundo litigante.
Pese que el Gobierno insiste en que la Justicia es ahora más cercana a la población, Von Borries afirma todo lo contrario. “Existe una profunda crisis en la administración de la justicia boliviana, peor que en las pasadas gestiones. Los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia se encuentran aislados y sin voz para interactuar con el pueblo, con el fin de buscar el alcance de las metas previstas, fundamentalmente el cambio de la justicia”, afirma.
El decano ha solicitado dotar a la justicia de mayor cantidad de recursos para infraestructura, para contratar más jueces y resolver decenas de miles de causas rezagadas que siguen aumentando en los tribunales departamentales.
El cuadro presentado por Von Borries viene a sumarse a toda una serie de sucesos recientes que han empañado aún más la imagen de la Justicia boliviana que ahora está bajo sospecha de manejos extorsivos y una vergonzosa sumisión a las estrategias del Órgano Ejecutivo que ha degradado el rol de los jueces en la sociedad como si se tratara de esbirros al servicio de la persecución política.
En las cárceles del país, el problema del hacinamiento se ha incrementado producto de la retardación que da como resultado una población penitenciaria del 80 por ciento que no tiene sentencia. La consecuencia natural es que los centros de reclusión se convierten en verdaderas “universidades” del crimen, coadyuvando de manera determinante a la creciente inseguridad ciudadana en las principales capitales del país.
Lamentablemente hay que reconocer que el Estado boliviano ha retrocedido en el esfuerzo de construir una justicia más accesible, expedita e imparcial, problema que puede empeorar en la medida en que se profundicen las tendencias autoritarias que están consolidándose bajo el actual esquema político, que acaba de recibir la bendición suprema a través de un dictamen del Tribunal Constitucional.
Von Borries, conocedor a fondo de todos los vericuetos de la justicia, afirma la administración legal sigue siendo lenta, está politizada y también sufre de serios problemas de corrupción, a lo que le añade un grave problema de gestión, hecho lo pone al borde de la renuncia, porque además, el sueldo que percibe ni siquiera le alcanza para tener una vida digna en la ciudad de Sucre.
El magistrado dijo que por la falta de jueces y la avalancha de causas que ha aumentado en los últimos años, un juicio que debería tomar no más de dos meses requiere de hasta cinco y más años y obviamente, todo depende de los recursos económicos de los que dispongan los interesados. Durante la cumbre sobre la justicia en Santa Cruz, el jurista afirmó que no se le puede pedir honestidad a un funcionario que gana 1.500 bolivianos y que tiene que afrontar las tentaciones del mundo litigante.
Pese que el Gobierno insiste en que la Justicia es ahora más cercana a la población, Von Borries afirma todo lo contrario. “Existe una profunda crisis en la administración de la justicia boliviana, peor que en las pasadas gestiones. Los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia se encuentran aislados y sin voz para interactuar con el pueblo, con el fin de buscar el alcance de las metas previstas, fundamentalmente el cambio de la justicia”, afirma.
El decano ha solicitado dotar a la justicia de mayor cantidad de recursos para infraestructura, para contratar más jueces y resolver decenas de miles de causas rezagadas que siguen aumentando en los tribunales departamentales.
El cuadro presentado por Von Borries viene a sumarse a toda una serie de sucesos recientes que han empañado aún más la imagen de la Justicia boliviana que ahora está bajo sospecha de manejos extorsivos y una vergonzosa sumisión a las estrategias del Órgano Ejecutivo que ha degradado el rol de los jueces en la sociedad como si se tratara de esbirros al servicio de la persecución política.
En las cárceles del país, el problema del hacinamiento se ha incrementado producto de la retardación que da como resultado una población penitenciaria del 80 por ciento que no tiene sentencia. La consecuencia natural es que los centros de reclusión se convierten en verdaderas “universidades” del crimen, coadyuvando de manera determinante a la creciente inseguridad ciudadana en las principales capitales del país.
Lamentablemente hay que reconocer que el Estado boliviano ha retrocedido en el esfuerzo de construir una justicia más accesible, expedita e imparcial, problema que puede empeorar en la medida en que se profundicen las tendencias autoritarias que están consolidándose bajo el actual esquema político, que acaba de recibir la bendición suprema a través de un dictamen del Tribunal Constitucional.
El Estado boliviano ha retrocedido en el esfuerzo de construir una justicia más accesible, expedita e imparcial, problema que puede empeorar en la medida en que se profundicen las tendencias autoritarias que están consolidándose bajo el actual esquema político, que acaba de recibir la bendición suprema a través de un dictamen del Tribunal Constitucional.
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