El presidente Evo Morales en las islas Fiji, el vicepresidente Álvaro García Linera también de viaje, mientras en el país estaba entrando en erupción un volcán del que nadie tenía noticia, por lo menos nadie en el Gobierno. La reforma de pensiones que propone el Gobierno, tercera en los últimos 20 años, no gusta a los trabajadores, como lo están demostrando en calles y carreteras del país, en una convulsión que ha tomado por sorpresa a todos. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, no tuvo otra idea que atribuirlo todo a un presunto afán de la COB de derrocar al presidente Morales.
Un reportaje publicado por EL DEBER en su edición de ayer revela los detalles de este debate entre Gobierno y trabajadores. Oscar Tapia, dirigente de la COB, dijo que los trabajadores consideran injusto que el Gobierno conceda jubilaciones con el 100% del salario a los militares y quiera que los demás sectores se resignen a recibir un 30%. En el caso de los militares, los aportes que ellos hicieron cuando percibían sus salarios equivalen a un 67% de la jubilación que van a recibir: el resto lo pone el TGN. Los trabajadores alegan que ellos esperan que por lo menos el Gobierno les conceda una jubilación con el 70% de sus salarios. El Fondo Solidario que el Gobierno se propone crear recibirá un 0,5% de los trabajadores y un 3% de los empleadores, sin que el TGN aporte un solo centavo.
La diputada Erika Claure dijo al respecto: “El Gobierno es como Robin Hood: quiere robar a los no aliados para dárselo a los aliados”. El experto Alberto Bonadona había advertido, cuando se estaba debatiendo la reforma a nivel de comisiones del Parlamento, que el esquema propuesto por el Gobierno era insostenible. De todos modos se fue adelante.
En el frente de las pensiones, el Gobierno ha tenido varios errores. El presidente Morales dijo en su campaña para su primera relección que iba a bajar la edad de jubilación a 54 años, pero no lo cumplió, todavía.
Otro error, que podría tener repercusiones lamentables: los recursos del Fondo Individual manejados por las AFP tenían una rentabilidad de 15%, hasta que el actual Gobierno les ordenó que debían invertir esos recursos en bonos del Estado o en empresas estatales, casi todas ellas mal manejadas. Ahora, el rendimiento es de un 7%. El futuro de esos aportantes está en riesgo también. Corresponde que el Gobierno medite sobre estos temas, haga las correcciones necesarias y se deje de acusar de golpistas a quienes lo critican.
Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero
No hay comentarios:
Publicar un comentario