Ya nada puede salvar al Referendum Revocatorio

(Análisis de Erick Fajardo en LT)
Epítetos y amenazas no razones ni argumentos han sido sustancia de la virulenta respuesta del gobierno de Evo Morales al fallo jurisprudencial de la decana del Tribunal Constitucional Silvia Salame, que instruyó la suspensión del referéndum revocatorio. Improperios y frustración supura por la herida la administración de Evo Morales; la estrategia oficialista tiene un boquete y hace agua rápidamente. La histérica y poco decorosa salida de los ministros Héctor Arce y Walker San Miguel es la pálida constatación del pavor que le causa al gobierno de Evo Morales aun el más tenue soplido del Tribunal Constitucional. Sobre el límite de sus posibilidades de actuación, el Tribunal le dio al país un atisbo minúsculo pero contundente de por qué para Evo Morales es tan vital mantener a la justicia amordazada; por qué para la perniciosa sociedad entre la partidocracia centralista era de vida o muerte defenestrar al Guardián Constitucional. El pronunciamiento fue contundente y claro, mostrando por qué y para qué existe la jurisprudencia constitucional: para regular el ejercicio del poder político al principio jurídico y para recordarle a cualquier gobierno que sus límites son la justicia y la equidad. Con su postrer suspiro, el Tribunal Constitucional desbarató el silencio administrativo del que pretendía aprovecharse el gobierno para ejecutar su inconstitucional, inequitativo y fraudulento referéndum revocatorio. Hoy se dio un paso importante en la restitución de la legalidad y ningún gobierno que se presuma democrático podría desoír el fallo de la jurisprudencia constitucional, sin evidenciar una naturaleza adversa a la democracia. Se debe restituir la independencia de los órganos del Estado. La Corte Nacional Electoral es simplemente administradora de procesos electorales, que deben administrarse en sujeción al principio constitucional y a la ley, en ese orden. No puede arrogarse competencias que no son suyas; la Corte no es el Tribunal Constitucional para avalar la constitucionalidad ninguna Ley o resistirse a cumplir con la jurisprudencia constitucional; tampoco es el Congreso Nacional, para subsanar anomalías o vicios jurídicos de la Ley de revocatoria, como hizo al excluir al Prefecto de Chuquisaca. Cochabamba, sus representantes y sus instituciones han planteado restablecer el principio de respeto por el proceso democrático, por el ordenamiento constitucional y por el derecho a disentir. Tratar de sofocar con medidas políticas o linchamiento judicial, el derecho legítimo de autoridades y ciudadanos a representar ante la justicia sus garantías vulneradas, es una penosa constatación de que el Gobierno está al extremo de sus recursos. En ese sentido, persistir en llevar adelante el Revocatorio o consumar los ataques políticos contra el Prefecto de Cochabamba, diputados cochabambinos o la última vocal del Tribunal Constitucional sólo desnudan la desproporción de la lucha, el valor de quienes defienden la legalidad y el nerviosismo de un gobierno que ha perdido el respaldo de la razón y que pretende arremeter contra la última trinchera de la democracia, apoyado en el ejercicio crudo del Poder de Estado. Sin embargo ya no hay violencia o epítetos que hagan mella en nuestra moral, pues quienes sostienen la bandera de la legalidad frente al apátrida cálculo político, ya han pagado su deuda con la historia y están a salvo de las acciones de este gobierno. "La muerte no alcanza a los mártires, pues su postrer sacrificio se aloja para siempre en la memoria de sus hijos y sus verdugos", decía un poeta chileno. El revocatorio nacerá muerto, sin importar si sus progenitores logran llevar su gestación hasta el 10 de agosto. El autor es asesor del Prefecto de Cochabamba.