La libertad de expresión es universalmente reconocida como un derecho “fundamental e inalienable” del ser humano por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, no es una concesión de ningún Gobierno, pues “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión…sin limitación de fronteras, por cualquier medio de comunicación”, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El querer regular esta libertad no puede significar otra cosa que atentar contra ese derecho para acallar a los medios, pretender controlarlos para ponerlos al servicio del poder, o querer fabricar un blanco opositor donde arrojar dardos cargados de odio y de venganza al haber desaparecido la oposición política ineficiente y fragmentada.
Se acusa a los medios desde hace mucho tiempo de ser los principales enemigos del presidente Morales y del Gobierno, de mentir, de estar al servicio de las oligarquías, del imperialismo y del capitalismo, generalizando las sindicaciones y sin aportar las pruebas que respalden sólidamente esas denuncias. No se comprende o no se quiere comprender que una de las principales misiones del periodismo es fiscalizar a los órganos y funcionarios públicos. Esto enerva y enfurece al poder que quiere ser intocable.
De ahí nace el odio enfermizo contra el periodismo de un ex ministro de discursos inflamados y polarizantes, que arremete contra los propietarios de medios, como si el ser propietario fuera un delito. Si no existieran propietarios, no existiría periodismo independiente y crítico, sino que estaría al servicio del Estado. Entonces se lo elogiaría, como sucede ahora con los medios estatales, a los que ese mismo ex ministro les coartó su libertad y capacidad crítica y se los usa para emitir propaganda política oficialista.
¿Por qué el Gobierno no dice algo sobre la decisión de los medios, especialmente impresos, de autorregularse y de poner en funcionamiento su tribunal de ética para juzgar violaciones a los principios éticos del periodismo? ¿Por qué no se habla de los esfuerzos que se hacen, con el apoyo de instituciones internacionales para mejorar la calidad del periodismo?
Si al final, irracionalmente, se impone una ley, sin consenso con las organizaciones periodísticas, que limite la libertad de expresión y de prensa y que imponga sanciones a medios y periodistas, se habrá violado un derecho fundamental y se habrá reemplazado la democracia con el autoritarismo con el consiguiente perjuicio para el país y para la imagen del propio Gobierno.
El anuncio hecho por el Presidente del Estado Plurinacional de “buscar cómo normar a los medios de comunicación ‘para que no mientan’” ha dado nueva actualidad a una ya antigua sospecha sobre la intención de poner límites a la libertad de expresión e información en Bolivia.
La intención de promover la aprobación de una Ley de Comunicación e Información no es en sí mismo algo que deba ser cuestionado a priori. Muy por el contrario, es por demás evidente la necesidad de que la legislación sobre el tema se actualice y adecue a los enormes avances tecnológicos de los últimos tiempos que han revolucionado las comunicaciones y el flujo de la información en el mundo entero. Bolivia, como todos los países, requiere un marco legal que atienda a las nuevas condiciones por lo que, en el fondo, la intención no es cuestionable.
Sin embargo, por el contexto en que se presenta la iniciativa, y por los muchos antecedentes negativos relativos a las siempre tensas relaciones entre los medios de comunicación y el gobierno durante los últimos años, no son infundados los temores de que tras las intenciones del oficialismo se esconda el afán de poner cortapisas a la labor periodística.
La manera explícita con que Morales ha expresado su deseo de que “los periodistas y los medios de comunicación entren a la tarea de lucha contra el capitalismo”, es otro elemento que da a entender que el objetivo último de la legislación que se anuncia es crear las condiciones para que el periodismo pase a ser uno más de los instrumentos puestos al servicio del proyecto político gubernamental que consiste en conducir a nuestro país hacia un régimen socialista.
Qué tipo de socialismo es el que tienen en mente los ideólogos y conductores del proceso político boliviano es algo que aunque aún no ha sido expuesto con suficiente claridad, se puede deducir a partir de abundantes elementos de juicio que se desprenden de los discursos presidenciales y vicepresidenciales. El modelo cubano parece ser es el que más se aproxima al ideal que inspira a los legisladores del MAS, por lo menos en lo que a las relaciones entre el periodismo y el Estado se refiere.
Como es bien sabido, en Cuba, como en China y Corea del Norte, y numerosos países sometidos a regímenes inspirados en el fundamentalismo islámico actualmente, y como fue en todos los países del extinto bloque socialista conformado por la URSS y sus países satélites, el único periodismo permitido es el que sirve --o sirvió-- incondicionalmente al régimen estatal.
En tiempos actuales, tales restricciones no se aplican en esos países sólo a los medios tradicionales, los escritos, la radio, el cine y la televisión, sino también a los nuevos, como los basados en la tecnología digital y especialmente Internet y la telefonía celular. Lo que estos días está ocurriendo en China es un elocuente ejemplo al respecto.
Con esos antecedentes, resulta por demás evidente la necesidad de que todos los sectores involucrados, y toda la sociedad, que será en última instancia la que será más afectada por lo que se vaya a hacer, se comprometan en un amplio debate al respecto.
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