con ajustada razón El Día se pregunta para quién trabaja SE Evo?

El presidente Morales ha vuelto a quejarse de los indígenas y es posible que las lamentaciones sean la antesala de una guerra. En el área del TIPNIS, Parque Isiboro-Sécure, están preparando arcos y flechas para enfrentar a las fuerzas represivas del Gobierno, lo que anticipa un insólito enfrentamiento entre los originarios y el régimen que supuestamente pretende descolonizar el país.

Mientras que Evo Morales afirma que los indígenas lo han abandonado y que lo único que pretenden es “lotear” el Gobierno, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyu (Conamaq) que, entre otros, representa a las comunidades que han “loteado” el Altiplano a favor de los narcotraficantes y contrabandistas de autos, se han decidido respaldar a los nativos del TIPNIS, que se oponen a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, porque, según argumentan, la obra serviría para expandir los cultivos de coca y el narcotráfico y destruiría su territorio.

En el norte de Santa Cruz, justo en la zona colindante con el Chapare, los narcos se han loteado una extensa zona que incluye a las poblaciones de Yapacaní, San Germán, Nuevo Horizonte, Ichilo y Kilómetro 40. En esa área fueron descubiertas nada menos que 230 fábricas de cocaína en tres días y arrestaron a 13 integrantes de una banda de narcotraficantes y sicarios peruanos.

 Este gigantesco operativo es la señal indiscutible de que el fenómeno de las “narcocomunidades” se ha trasladado al territorio cruceño. En Cochabamba están mucho más avanzados. Los campesinos que protegen a los narcos cuentan con sus propios sistemas de vigilancia y una red de trancas en los caminos vecinales, que además de limitar el tráfico de los intrusos y personas ajenas al negocio, sirve como método de alerta. El uso de esta “tecnología” es de larga data en el trópico cochabambino y lo mismo ocurre con el modus operandi consistente en crear sindicatos y establecer una suerte de zona de exclusión (loteamiento) para resguardar sus actividades.

El presidente Morales acaba de advertirles a sus compañeros del Chapare que, ante el abuso, podría autorizar el retorno de los gringos para retomar la interdicción y la erradicación forzosa de los cultivos de coca ilegales. El operativo realizado en Yapacaní podría entenderse como la señal de que esa amenaza podría convertirse en realidad, sobre todo, porque el régimen boliviano ha perdido ya la autonomía por la que tanto peleó en materia de lucha contra el narcotráfico. Se trata de uno de los efectos del caso Sanabria.

En cualquier circunstancia, a Evo Morales se le va poniendo cada vez más difícil gobernar en un país loteado por fuerzas que precisamente él ayudó vigorizar para destruir a sectores de la oposición legal y democrática. En Pando, por ejemplo, sicarios que trabajan para narcotraficantes acaban de ametrallar la vivienda de una fiscal funcional al Gobierno. En La Paz, el presidente de la Corte Superior del Distrito, uno de los artífices de la persecución política orquestada por el Gobierno se ha quejado por la existencia de una red de abogados, jueces y narcos que opera para favorecer actividades ilícitas. Es la consecuencia de haber loteado el país para destruir al Estado y el sistema democrático. La arquitectura de los ayllus, las naciones indígenas, los sindicatos y movimientos sociales comienza a tener vida propia y a darle la espalda al presidente.

En cualquier circunstancia, a Evo Morales se le va poniendo cada vez más difícil gobernar en un país loteado por fuerzas que precisamente él ayudó vigorizar para destruir a sectores de la oposición.

pinceladas maestras de Juan Claudio Lechín cuando describe "Maten a la Bruja"

Pidió el enardecido pueblo de Ayopaya (Cochabamba, Bolivia) durante el juicio que le hicieron a una anciana de 80 años bajo la modalidad de la “Justicia comunitaria”.

Una de las ofertas electorales de Evo Morales durante su campaña del 2005 fue la de hacer una nueva Constitución. Una vez que subió al gobierno, se realizó con un sello autoritario. Los artículos no se votaron con el 66% de los asambleístas, señalado por ley, sino con la mayoría oficialista, y, dentro de un cuartel, la bancada oficialista aprobó la Carta Magna.

El diseño constitucional, luego se supo, lo hizo la CEPS, una fundación valenciana, dirigida por Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau, quienes también diseñaron las constituciones de Venezuela y Ecuador. Aunque españoles los arquitectos, la nueva constitución boliviana tiene formas indígeno-originarias como la “Justicia comunitaria”, no regida por las leyes escritas del país y no interpelada por La Corte Suprema ni ningún otro estrado judicial. Se trata de un régimen endógena, oral y sujeto a la tradición de los pueblos indígenas. Varias agencias europeas de cooperación, sobre todo, Suecia y Holanda, necesitadas de cumplir sus agendas de colocación de dinero, financiaron la nueva Constitución y sus detalles. Lo que jamás hubieran permitido en sus países, experimentaron en éste, a ver si jugando a Dios con la miseria y debilidad institucional de pueblos periféricos, descubrían alguna novedad socio-antropológica mientras cumplían sus ensoñaciones hippies de juventud. A quienes llamaron a la sensatez, los consideraron oligarcas heréticos tratando de detener el “proceso de cambio”.

Según el periódico Opinión (zcamacho@opinion.com.bo, 30/06/2011) y la socióloga julietamontaño@hotmail.com, un curandero llegó, en enero, a la comunidad indígena de Ayopaya convocado por los padres de dos muchachos con retraso. En criterio del profesional, una “laiqka” (bruja) los había hechizado. Ubicaron a la anciana de 80 años, le hicieron un tribunal popular, la golpearon, la obligaron a tomar orines de tres hombres, y finalmente se confesó culpable de brujería, mientras el pueblo pedía su quema o entierro en vida. Los magnánimos dirigentes la expulsaron de la comunidad. Ella, ahora, deambula mendigando por la ciudad de Cochabamba, sin familia, sin sus pocas pertenencias y quejándose a quien la quiera escuchar. Los dirigentes de Ayopaya se han enterado y le han prometido una condena mayor, la próxima vez. Este es uno de las muchos crímenes de la “Justicia comunitaria”. Las autoridades nada pueden hacer porque el “juicio comunitario” es legal, es absolutamente constitucional.

¿Son bárbaros estos indígenas? No. También los preclaros alemanes hicieron lo mismo (o peor) con los Volksjustiz, tribunales tradicionales, y Fidel Castro con los Tribunales populares. El poder absoluto en el gobierno es imitado por los poderes más bajos, son complicidades estamentadas de lo peor del ser humano. Los caudillos absolutistas, tarde o temprano, queman cables por exceso de poder y soberbia y con ellos toda su colectividad de apoyo. Por eso y sin lugar a dudas, la ley, aún en instituciones defectuosas, es infinitamente mejor.

Algún día, Bolivia tendrá que asumir su culpa por estos crímenes pero también se deberán señalar a las irresponsables cooperaciones del primero mundo como aláteres e instigadoras. 

tercer nombramiento ahora el sociólogo Hernán Rico asume SEDEGES

La Gobernación de Cochabamba designó al psicólogo Hernán Rico como  nuevo director del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges). Rico tiene la misión de plasmar en programas sociales los planes que el Gobierno departamental diseñe para rescatar a los niños y adolescentes de las calles, así como atender a los sectores vulnerables.

Hernán Rico reemplaza en el cargo a Vivían Peñarrieta, que cesó en sus funciones luego de seis meses al frente de la institución. En ese tiempo, la funcionaria se concentró en regularizar el funcionamiento de los hogares, inspeccionar los centros, hacer seguimiento de “las niñas milagro” (que sobrevivieron a doble homicidio) y supervisar las adopciones sospechosas. El primer director del Sedeges fue Luis Estrada.

Según fuentes de la Gobernación, la funcionaria renunció al cargo después de una evaluación en la que se detectó que el Sedeges tenía una baja ejecución. Los Tiempos intentó comunicarse con Peñarrieta, pero no logró localizarla.

El principal reto del nuevo Director es evitar la cuarta generación de niños de la calle. Según Rico, el encargo del gobernador Edmundo Novillo es que realice una reingeniería de la institución, con un presupuesto de 300 mil bolivianos.

“Esa reingeniería nos va a dar información para que encaminemos un nuevo Sedeges. El desafío es tener una infraestructura diferente, un equipamiento moderno y programas que den respuesta a los niños de la calle e indigentes”, dijo.

“Si seguimos administrando el viejo Sedeges, no va a cambiar nada. Asumiremos la responsabilidad de los niños de 7 a 13 años y de 13 a 16, y la Policía, los jueces y los fiscales deberán decir dónde van los mayores de 16 años”, añadió.

Palmasola y la nueva cárcel y la cärcel de -Cochabamba con el Tata Rosales
ver comentario al pie de nuestro editor: M. Aira

Uno de los puntos acordados en la Cumbre de Seguridad Ciudadana realizada en nuestra capital en junio contempla la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Santa Cruz en el marco de un proyecto concurrente entre los gobiernos nacional y departamental, debido a los problemas de hacinamiento, la compañía de los hijos de los reos y la asignación de prediarios por parte del Ejecutivo a los reclusos, ya que son los tres principales problemas que desde siempre arrastran los penales del país.
El tema de la estadía de niños en los penitenciarios, recordemos, salió a la luz el pasado mes, cuando un recluso de Palmasola fue linchado tras ser acusado de violar a hijos de sus compañeros.
Este penal, como todos lo sabemos, es un gran barrio embardado donde se tiene a la mano toda clase de comodidades, puesto que en su interior se puede encontrar desde una variedad de bebidas y comidas hasta drogas, esto sin exagerar. Y como en otros penales del país, también hay discriminación y trato diferenciado, porque los presos que tienen dinero la pasan ‘de película’. En su interior viven cerca de 600 menores de edad, por lo cual el Gobierno anunció que iba a sacar del recinto a los niños y niñas mayores de seis años.
En el tema del prediario, dinero que da el Estado para la alimentación cotidiana de los reclusos, el Gobierno propuso aumentar el monto de Bs 6,60 a Bs 8 por reo, incremento que los representantes de los internos aceptaron, pese a que exigían Bs 15.
Estos problemas crónicos de los penales, al parecer, han motivado que el Ejecutivo, a través del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, anunciara que en el mediano plazo dejará de tener bajo su mando la administración del sistema penitenciario del país, pues esa responsabilidad será transferida al Ministerio de Justicia.
Consideramos por nuestra parte que esta es una buena medida, pero no debe ser enfocada solo al tema de la infraestructura, que es muy importante y necesaria, sino también a la parte humana, al bienestar de los internos, de modo que cuenten con programas de capacitación y profesionalización; con médicos, sicólogos, sociólogos y terapias ocupacionales que les devuelvan la fe y la esperanza en el futuro.
Calificamos de positiva la medida porque, debido al crecimiento de la mancha urbana de las principales ciudades del país, muchos recintos penitenciarios han quedado prácticamente en pleno centro, con las incomodidades que son de suponer.
Citamos, por ejemplo, lo que ocurre en La Paz, donde el principal centro penitenciario –San Pedro– está ubicado en el centro de la ciudad, por lo cual el ministro anunció que en un lapso de 30 a 45 días se entregará el diseño final del proyecto de la nueva cárcel modelo de ese departamento; parte del financiamiento para su construcción se obtendrá con la venta del terreno de San Pedro, la cual también estará ubicada en el sector de Chonchocoro.
Tenemos información, asimismo, de que no es la única obra en curso en el país, puesto que se hizo referencia al inicio de la nueva fase de edificación del recinto penitenciario de Yacuiba, en la frontera con Argentina, como también de la próxima entrega de la nueva carceleta de la ciudad de Montero, situada al norte de nuestro departamento. Es de esperar, no obstante, que esta vez se haga una transferencia ordenada. ¡Hasta la próxima!

* Comunicador

N.E. para hacer realidad una cárcel en SC, como la del ABRA en Cochabamba haría falta un sacerdote con las virtudes, la capacidad ejecutiva, la fe y voluntad de Walter Rosales que presidió el Consejo Consultivo de la Prefectura del Departamento, junto a ilustres cochabambinos como Jaime Ovando, Edwin Tapia, Roberto Peña, Jorge Rojas Tardío, Oswaldo Bayá entre otros que lograron, no sin grandes dificultades obtener los terrenos y luego la construcción de una penitenciaría con capacidad para 1.152 internos en terreno de 88 mil metros cuadrados con suficiente espacio para actividades agrícolas. La obra estuvo a cargo del arquitecto Walter Iriarte dividida en varios bloques y con un desarrollo que a partir del 2011 podría alojo a otros 600 internos más con miras a obtener la rehabilitación de los reclusos y a la larga su reintegración a la sociedad. Monseñor "Tata Rosales" con esa terquedad para las cosas buenas que le conocimos no dejó de empujar la obra que contó con 250 mil dólares iniciales de la ayuda externa. Varios juzgados del departamento aportaron sumas de dinero, así como otras fuentes hasta reunir un medio millón de dólares con los que se terminó la primera fase y al cabo de pocos años quedó librada la cárcel al servicio de la Justicia, sin perjuicio de continuar la obra en 1994 cuando "Tata Rosales" dejó el liderazgo que quedó en manos de Rubén Castellón que tuvo a su cargo además el equipamiento. Sería de desear que se pida al Arbobispado de Cochabamba todos los antecedentes y la experiencia vivida para emprender sin demora la iniciativa de Santa Cruz y descongestionar la dramática situación que allí se vive hoy en dia. M.A.

avión que transportó 60 masistas de Cochabamba a Jujuy totalmente gratis. severas críticas de los medios por usar bienes del Estado.

El viaje de aproximadamente 60 autoridades de la Gobernación, Asamblea Departamental, municipios y concejos ediles de Cochabamba, además de dirigentes de sectores sociales y de la Dirección Departamental del MAS a Jujuy (Argentina), para ver el partido Bolivia-Costa Rica, en un avión Hércules que presuntamente le pertenece a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), vulnera al menos tres leyes bolivianas, que prohíben la utilización de bienes públicos para beneficios personales.

El viaje se realizó el jueves por la mañana y partió de la base aérea rumbo a Jujuy. Abordaron el avión el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Freddy Illanes; el presidente de la Confederación de Juntas Vecinales, Freddy Chambi; la presidenta del MAS en Cochabamba, Leonilda Zurita; el alcalde del Cercado, Edwin Castellanos;  además de varios concejales, asambleístas y dirigentes de sectores campesinos, cocaleros y transportistas, entre otros.

 El ministro de Comunicación, Iván Canelas, explicó que varios hinchas de la selección solicitaron la apertura de transportes militares, para poder viajar al partido y dijo que se trasladarían en tres aviones Hércules. Aseguró que estos sectores estaban viajando con recursos propios, aunque admitió que contaban con descuentos otorgados por diferentes empresas y facilidades en la alimentación y el alojamiento.

Este medio intentó averiguar cuál es la entidad propietaria del avión en el que viajaron los masistas, pero en el Ministerio de Defensa el responsable del área de comunicación informó que la ministra, María Cecilia Chacón, se encontraba en una reunión muy urgente en la que se consideraba la situación de Potosí.

 Desde el ministerio de defensa se comprometieron a dar una explicación sobre este tema hoy.

Contra las normas

Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz

Artículo 26. La servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.

Estatuto del Funcionario Público

Artículo 9. Prohibiciones

c) Utilizar bienes inmuebles, muebles o recursos públicos en objetivos políticos, particulares o de cualquier otra naturaleza que no sean compatibles con la específica actividad funcionaria. (Crónica e imagen de LT, CB, Bolivia)

Juan León Cornejo se sorprende de "las sorpresas del cambio" (Contradicciones a granel)

Los tiempos de cambio generan hechos sorprendentes casi todos los días, incluso pese a que las maniobras políticas en el país son siempre previsibles, por reiterativas. La mayoría de esos hechos, lamentablemente, sorprende por negativos. 

Es el caso de algunas acciones de pretendidos fines nobles que mimetizan (para usar un término castrense ahora que los militares volvieron a la palestra política) objetivos políticos o económicos no muy santos, aunque se los persiga de manera sutil.

La legalización de los autos “chutos” sorprendió no tanto porque legaliza el contrabando cuando uno de los pilares políticos del proceso de cambio es la lucha contra la corrupción. Incoherencias de esas hay muchas. Por ejemplo la ley que abre las puertas del país a los transgénicos cuando se pregona defensa de la madre tierra.

Sorprendió a moros y cristianos por la “aparición” en el país de más de 120.000 vehículos en espera de ser legalizados. Sorprendió porque cuesta entender cómo cruzaron fronteras tantos vehículos sin que los militares ni los aduaneros que las controlan se hayan percatado. Si ingresaron antes de anunciarse su legalización, sorprende que tantos vehículos hayan estado en circulación sin que la gente de tránsito se percate. Pero la SORPRESA MAYOR, así con mayúsculas, es la cantidad de dinero que supone importar tal cantidad de vehículos en tan poco tiempo. Si se calcula que costó 5.000 dólares promedio cada uno y se los multiplica por 120.000 “chutos” registrados, resulta nada más ni nada menos que 600 millones de dólares. Saber algún día dónde estaba o de dónde salió todo ese dinero (algo así como la mitad de los ingresos anuales por venta de gas) en un país con tan altos niveles de pobreza tal vez sea otro motivo de sorpresa.

Pero el tema hoy tiene más bien que ver con la pretendida sutileza de arrinconar otra vez a las libertades constitucionales de expresión y opinión a título de garantizarle la mayor imparcialidad y transparencia a la primera elección de jueces por voto popular. Ocurre, nomás, que el control total sobre la prensa en las elecciones lo ejercerá ahora el Tribunal Electoral, única instancia autorizada para difundir datos personales y méritos de los candidatos. ¿Publicará también sus deméritos? Los medios no pueden opinar sobre los candidatos ni darles espacios ni publicar resultados de encuestas, bajo pena de ser inhabilitados para hacer campaña electoral en los próximos dos períodos electorales.

cuando Brasil estuvo a punto de perder la paciencia anuncian acuerdo USA,BR y Bolivia

 El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, informó hoy que finalmente el acuerdo antidroga trilateral, entre Bolivia, Brasil y Estados Unidos, será suscrito a más tardar hasta el 16 de julio de la próxima semana.

“Después de haber tenido diferentes contactos en el trancurso de ayer y esta mañana, (quiero informar) que durante la próxima semana, en el peor de los casos hasta el 16 de julio, se va llevará a cabo la firma de este convenio que es de beneficio para el gobierno boliviano”, sostuvo Cáceres.

Este convenio tinacional de lucha conjunta contra la actividad ilícita del narcotráfico se tenía que suscribir hace más de un mes; sin embargo, fue postergado, según la autoridad gubernamental, por razones estrictamente protocolares.

“Quiero pedir disculpas a la opinión pública y a los medios de comunicación por este retraso, que tal vez generó especulaciones, pero reitero fue por cuestiones estrictamente protocolares que se presentaron a nivel diplomático”, enfatizó el Viceministro.

Adelantó que por medio de este acuerdo se buscará modernizar los equipos de las instituciones de lucha antidroga en el país, como las que están encargadas del monitoreo de los cultivos de la hoja de coca excedentaria.

Queremos “tener información en tiempo real sobre las hectáreas de coca erradicada, es decir, en el día y en el momento”, sostuvo. 

Inicialmente estaba previsto que el acuerdo sea suscrito entre el ministro de Gobierno de Bolivia, Sacha Llorenti; el encargado de Negocios a.i. de la embajada de EEUU, John S. Creamer; y el ministro de Justicia de la República de Brasil, José Eduardo Cardozo. Este último dato no fue ratificado por Cáceres.