Palmasola y la nueva cárcel y la cärcel de -Cochabamba con el Tata Rosales
ver comentario al pie de nuestro editor: M. Aira
Uno de los puntos acordados en la Cumbre de Seguridad Ciudadana realizada en nuestra capital en junio contempla la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Santa Cruz en el marco de un proyecto concurrente entre los gobiernos nacional y departamental, debido a los problemas de hacinamiento, la compañía de los hijos de los reos y la asignación de prediarios por parte del Ejecutivo a los reclusos, ya que son los tres principales problemas que desde siempre arrastran los penales del país.
El tema de la estadía de niños en los penitenciarios, recordemos, salió a la luz el pasado mes, cuando un recluso de Palmasola fue linchado tras ser acusado de violar a hijos de sus compañeros.
Este penal, como todos lo sabemos, es un gran barrio embardado donde se tiene a la mano toda clase de comodidades, puesto que en su interior se puede encontrar desde una variedad de bebidas y comidas hasta drogas, esto sin exagerar. Y como en otros penales del país, también hay discriminación y trato diferenciado, porque los presos que tienen dinero la pasan ‘de película’. En su interior viven cerca de 600 menores de edad, por lo cual el Gobierno anunció que iba a sacar del recinto a los niños y niñas mayores de seis años.
En el tema del prediario, dinero que da el Estado para la alimentación cotidiana de los reclusos, el Gobierno propuso aumentar el monto de Bs 6,60 a Bs 8 por reo, incremento que los representantes de los internos aceptaron, pese a que exigían Bs 15.
Estos problemas crónicos de los penales, al parecer, han motivado que el Ejecutivo, a través del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, anunciara que en el mediano plazo dejará de tener bajo su mando la administración del sistema penitenciario del país, pues esa responsabilidad será transferida al Ministerio de Justicia.
Consideramos por nuestra parte que esta es una buena medida, pero no debe ser enfocada solo al tema de la infraestructura, que es muy importante y necesaria, sino también a la parte humana, al bienestar de los internos, de modo que cuenten con programas de capacitación y profesionalización; con médicos, sicólogos, sociólogos y terapias ocupacionales que les devuelvan la fe y la esperanza en el futuro.
Calificamos de positiva la medida porque, debido al crecimiento de la mancha urbana de las principales ciudades del país, muchos recintos penitenciarios han quedado prácticamente en pleno centro, con las incomodidades que son de suponer.
Citamos, por ejemplo, lo que ocurre en La Paz, donde el principal centro penitenciario –San Pedro– está ubicado en el centro de la ciudad, por lo cual el ministro anunció que en un lapso de 30 a 45 días se entregará el diseño final del proyecto de la nueva cárcel modelo de ese departamento; parte del financiamiento para su construcción se obtendrá con la venta del terreno de San Pedro, la cual también estará ubicada en el sector de Chonchocoro.
Tenemos información, asimismo, de que no es la única obra en curso en el país, puesto que se hizo referencia al inicio de la nueva fase de edificación del recinto penitenciario de Yacuiba, en la frontera con Argentina, como también de la próxima entrega de la nueva carceleta de la ciudad de Montero, situada al norte de nuestro departamento. Es de esperar, no obstante, que esta vez se haga una transferencia ordenada. ¡Hasta la próxima!
El tema de la estadía de niños en los penitenciarios, recordemos, salió a la luz el pasado mes, cuando un recluso de Palmasola fue linchado tras ser acusado de violar a hijos de sus compañeros.
Este penal, como todos lo sabemos, es un gran barrio embardado donde se tiene a la mano toda clase de comodidades, puesto que en su interior se puede encontrar desde una variedad de bebidas y comidas hasta drogas, esto sin exagerar. Y como en otros penales del país, también hay discriminación y trato diferenciado, porque los presos que tienen dinero la pasan ‘de película’. En su interior viven cerca de 600 menores de edad, por lo cual el Gobierno anunció que iba a sacar del recinto a los niños y niñas mayores de seis años.
En el tema del prediario, dinero que da el Estado para la alimentación cotidiana de los reclusos, el Gobierno propuso aumentar el monto de Bs 6,60 a Bs 8 por reo, incremento que los representantes de los internos aceptaron, pese a que exigían Bs 15.
Estos problemas crónicos de los penales, al parecer, han motivado que el Ejecutivo, a través del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, anunciara que en el mediano plazo dejará de tener bajo su mando la administración del sistema penitenciario del país, pues esa responsabilidad será transferida al Ministerio de Justicia.
Consideramos por nuestra parte que esta es una buena medida, pero no debe ser enfocada solo al tema de la infraestructura, que es muy importante y necesaria, sino también a la parte humana, al bienestar de los internos, de modo que cuenten con programas de capacitación y profesionalización; con médicos, sicólogos, sociólogos y terapias ocupacionales que les devuelvan la fe y la esperanza en el futuro.
Calificamos de positiva la medida porque, debido al crecimiento de la mancha urbana de las principales ciudades del país, muchos recintos penitenciarios han quedado prácticamente en pleno centro, con las incomodidades que son de suponer.
Citamos, por ejemplo, lo que ocurre en La Paz, donde el principal centro penitenciario –San Pedro– está ubicado en el centro de la ciudad, por lo cual el ministro anunció que en un lapso de 30 a 45 días se entregará el diseño final del proyecto de la nueva cárcel modelo de ese departamento; parte del financiamiento para su construcción se obtendrá con la venta del terreno de San Pedro, la cual también estará ubicada en el sector de Chonchocoro.
Tenemos información, asimismo, de que no es la única obra en curso en el país, puesto que se hizo referencia al inicio de la nueva fase de edificación del recinto penitenciario de Yacuiba, en la frontera con Argentina, como también de la próxima entrega de la nueva carceleta de la ciudad de Montero, situada al norte de nuestro departamento. Es de esperar, no obstante, que esta vez se haga una transferencia ordenada. ¡Hasta la próxima!
* Comunicador
N.E. para hacer realidad una cárcel en SC, como la del ABRA en Cochabamba haría falta un sacerdote con las virtudes, la capacidad ejecutiva, la fe y voluntad de Walter Rosales que presidió el Consejo Consultivo de la Prefectura del Departamento, junto a ilustres cochabambinos como Jaime Ovando, Edwin Tapia, Roberto Peña, Jorge Rojas Tardío, Oswaldo Bayá entre otros que lograron, no sin grandes dificultades obtener los terrenos y luego la construcción de una penitenciaría con capacidad para 1.152 internos en terreno de 88 mil metros cuadrados con suficiente espacio para actividades agrícolas. La obra estuvo a cargo del arquitecto Walter Iriarte dividida en varios bloques y con un desarrollo que a partir del 2011 podría alojo a otros 600 internos más con miras a obtener la rehabilitación de los reclusos y a la larga su reintegración a la sociedad. Monseñor "Tata Rosales" con esa terquedad para las cosas buenas que le conocimos no dejó de empujar la obra que contó con 250 mil dólares iniciales de la ayuda externa. Varios juzgados del departamento aportaron sumas de dinero, así como otras fuentes hasta reunir un medio millón de dólares con los que se terminó la primera fase y al cabo de pocos años quedó librada la cárcel al servicio de la Justicia, sin perjuicio de continuar la obra en 1994 cuando "Tata Rosales" dejó el liderazgo que quedó en manos de Rubén Castellón que tuvo a su cargo además el equipamiento. Sería de desear que se pida al Arbobispado de Cochabamba todos los antecedentes y la experiencia vivida para emprender sin demora la iniciativa de Santa Cruz y descongestionar la dramática situación que allí se vive hoy en dia. M.A.
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