Pidió el enardecido pueblo de Ayopaya (Cochabamba, Bolivia) durante el juicio que le hicieron a una anciana de 80 años bajo la modalidad de la “Justicia comunitaria”.
Una de las ofertas electorales de Evo Morales durante su campaña del 2005 fue la de hacer una nueva Constitución. Una vez que subió al gobierno, se realizó con un sello autoritario. Los artículos no se votaron con el 66% de los asambleístas, señalado por ley, sino con la mayoría oficialista, y, dentro de un cuartel, la bancada oficialista aprobó la Carta Magna.
El diseño constitucional, luego se supo, lo hizo la CEPS, una fundación valenciana, dirigida por Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau, quienes también diseñaron las constituciones de Venezuela y Ecuador. Aunque españoles los arquitectos, la nueva constitución boliviana tiene formas indígeno-originarias como la “Justicia comunitaria”, no regida por las leyes escritas del país y no interpelada por La Corte Suprema ni ningún otro estrado judicial. Se trata de un régimen endógena, oral y sujeto a la tradición de los pueblos indígenas. Varias agencias europeas de cooperación, sobre todo, Suecia y Holanda, necesitadas de cumplir sus agendas de colocación de dinero, financiaron la nueva Constitución y sus detalles. Lo que jamás hubieran permitido en sus países, experimentaron en éste, a ver si jugando a Dios con la miseria y debilidad institucional de pueblos periféricos, descubrían alguna novedad socio-antropológica mientras cumplían sus ensoñaciones hippies de juventud. A quienes llamaron a la sensatez, los consideraron oligarcas heréticos tratando de detener el “proceso de cambio”.
Según el periódico Opinión (zcamacho@opinion.com.bo, 30/06/2011) y la socióloga julietamontaño@hotmail.com, un curandero llegó, en enero, a la comunidad indígena de Ayopaya convocado por los padres de dos muchachos con retraso. En criterio del profesional, una “laiqka” (bruja) los había hechizado. Ubicaron a la anciana de 80 años, le hicieron un tribunal popular, la golpearon, la obligaron a tomar orines de tres hombres, y finalmente se confesó culpable de brujería, mientras el pueblo pedía su quema o entierro en vida. Los magnánimos dirigentes la expulsaron de la comunidad. Ella, ahora, deambula mendigando por la ciudad de Cochabamba, sin familia, sin sus pocas pertenencias y quejándose a quien la quiera escuchar. Los dirigentes de Ayopaya se han enterado y le han prometido una condena mayor, la próxima vez. Este es uno de las muchos crímenes de la “Justicia comunitaria”. Las autoridades nada pueden hacer porque el “juicio comunitario” es legal, es absolutamente constitucional.
¿Son bárbaros estos indígenas? No. También los preclaros alemanes hicieron lo mismo (o peor) con los Volksjustiz, tribunales tradicionales, y Fidel Castro con los Tribunales populares. El poder absoluto en el gobierno es imitado por los poderes más bajos, son complicidades estamentadas de lo peor del ser humano. Los caudillos absolutistas, tarde o temprano, queman cables por exceso de poder y soberbia y con ellos toda su colectividad de apoyo. Por eso y sin lugar a dudas, la ley, aún en instituciones defectuosas, es infinitamente mejor.
Algún día, Bolivia tendrá que asumir su culpa por estos crímenes pero también se deberán señalar a las irresponsables cooperaciones del primero mundo como aláteres e instigadoras.
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