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jueves, 7 de julio de 2011

Juan León Cornejo se sorprende de "las sorpresas del cambio" (Contradicciones a granel)

Los tiempos de cambio generan hechos sorprendentes casi todos los días, incluso pese a que las maniobras políticas en el país son siempre previsibles, por reiterativas. La mayoría de esos hechos, lamentablemente, sorprende por negativos. 

Es el caso de algunas acciones de pretendidos fines nobles que mimetizan (para usar un término castrense ahora que los militares volvieron a la palestra política) objetivos políticos o económicos no muy santos, aunque se los persiga de manera sutil.

La legalización de los autos “chutos” sorprendió no tanto porque legaliza el contrabando cuando uno de los pilares políticos del proceso de cambio es la lucha contra la corrupción. Incoherencias de esas hay muchas. Por ejemplo la ley que abre las puertas del país a los transgénicos cuando se pregona defensa de la madre tierra.

Sorprendió a moros y cristianos por la “aparición” en el país de más de 120.000 vehículos en espera de ser legalizados. Sorprendió porque cuesta entender cómo cruzaron fronteras tantos vehículos sin que los militares ni los aduaneros que las controlan se hayan percatado. Si ingresaron antes de anunciarse su legalización, sorprende que tantos vehículos hayan estado en circulación sin que la gente de tránsito se percate. Pero la SORPRESA MAYOR, así con mayúsculas, es la cantidad de dinero que supone importar tal cantidad de vehículos en tan poco tiempo. Si se calcula que costó 5.000 dólares promedio cada uno y se los multiplica por 120.000 “chutos” registrados, resulta nada más ni nada menos que 600 millones de dólares. Saber algún día dónde estaba o de dónde salió todo ese dinero (algo así como la mitad de los ingresos anuales por venta de gas) en un país con tan altos niveles de pobreza tal vez sea otro motivo de sorpresa.

Pero el tema hoy tiene más bien que ver con la pretendida sutileza de arrinconar otra vez a las libertades constitucionales de expresión y opinión a título de garantizarle la mayor imparcialidad y transparencia a la primera elección de jueces por voto popular. Ocurre, nomás, que el control total sobre la prensa en las elecciones lo ejercerá ahora el Tribunal Electoral, única instancia autorizada para difundir datos personales y méritos de los candidatos. ¿Publicará también sus deméritos? Los medios no pueden opinar sobre los candidatos ni darles espacios ni publicar resultados de encuestas, bajo pena de ser inhabilitados para hacer campaña electoral en los próximos dos períodos electorales.