La decisión de la nueva Alcaldesa de El Alto de ejercer como corresponde las funciones que la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes le asignan ha provocado la reacción corporativa de una casta de dirigentes –hombres y mujeres—que desde hace décadas ejercen presión sobre el gobierno municipal al margen del ordenamiento legal vigente.
Por una cascada de decisiones adoptadas desde su creación como municipio independiente de La Paz, durante la gestión de Jaime Paz Zamora, esa importante región del altiplano paceño se ha convertido en un reducto corporativo que parece irreductible. Una serie de organizaciones autodenominadas cívicas, vecinales o sindicales se han apoderado de los mecanismos de decisión política, siendo los sucesivos alcaldes y concejales presa fácil de sus presiones. Empoderados tanto por las organizaciones políticas que buscan su apoyo como por un sistema fascista de organización barrial, han hecho de El Alto una ciudad caótica, en la que es casi imposible la planificación y la concertación social.
Obviamente, detrás de un discurso radical que ha tenido la habilidad de construir mitos, la realidad muestra un tráfico de prebendas generalizado que opaca, por lo demás, la extraordinaria creatividad de su población, que pese a sus esfuerzos e iniciativas no tiene posibilidad de despegue si no es acatando las extorsiones de parte de esos dirigentes.
En el fondo, ése es el entuerto que la nueva Alcaldesa, oriunda de la región y que ha construido un liderato ciudadano, debe desfacer, y hacerlo enfrentado a esas redes prebendales, que utilizan una retórica victimista que, felizmente, cada día se desenmascara más.
Visto así el problema, en El Alto, cual microcosmos, se confrontan una visión democrática contra otra corporativa de la organización social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario