El Alto ha dado un importante avance democrático, pero son muchos los años en los que el ejercicio arbitrario del poder ha reinado en esa ciudad, lo que exige adoptar recaudos
La forma en que la nueva Alcaldesa de El Alto ha enfrentado a los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), interesados en mantener sus privilegios y prebendas, abre un camino que puede conducir a hacer de esa populosa ciudad una región democrática y participativa.
El empoderamiento de estos dirigentes vecinales, que muestran acciones de indudable corte fascista y, además, delatan rasgos de organización cuasi delictiva, es de antigua data. Los sucesivos alcaldes de El Alto abdicaron tempranamente de cumplir sus funciones y se sometieron a los designios de estos dirigentes que supieron respaldar sus presiones organizando grandes movilizaciones bajo la política de la coerción sistemática.
Con el arribo del MAS al Gobierno y su adhesión al proceso de cambio, creció ese poder, y su ejercicio autoritario y corrupto hizo que este partido, que alcanzó casi total apoyo de la población alteña, volcara sus preferencias electorales en las últimas elecciones subregionales en favor de la candidata más sólida de la oposición. Se infiere esta percepción de una declaración del propio Presidente del Estado que reconoció, al explicar la derrota de su partido en El Alto, que ésta radicaba en, primero, haber aceptado las listas de candidatos que esos dirigentes le impusieron, incluso en contra del criterio de militantes del MAS, y, luego, la corrupción generalizada en la gestión municipal.
Sin embargo, al parecer, estos dirigentes creyeron que el costo de la derrota sería abonada por el MAS. Y el mismo día en que se conocieron los resultados electorales, uno de sus dirigentes aseveró que serían la “pesadilla” de la nueva Alcaldesa desde el primer día de su gestión. Y así procedieron, sin evaluar que la molestia de la gente estaba dirigida también en contra de ellos y sus formas de proceder.
La Alcaldesa de El Alto, si nos atenemos a su actuación, comprendió esta realidad y decidió asumir plenamente, como corresponde, las funciones que la Constitución y las leyes establecen y nombró a los subalcaldes sin consulta previa a estos dirigentes cuestionados y, menos, acatar su exigencia de nombrar a los funcionarios que proponían (entre ellos, muchos parientes, socios y amigos).
Luego de un difícil forcejeo, en el que provocó confusión y sorpresa unas declaraciones del Vicepresidente del Estado atacando a la Alcaldesa y reivindicando a esos dirigentes por la supuesta legitimidad de los “usos y costumbres” –en contra, además, del criterio de algunos representantes del MAS–, la autoridad municipal ha ejercido su legítimo poder y la ciudadanía alteña parece decidida a exigir cuentas a los dirigentes cuestionados.
Se trata de un importante avance democrático, pues se respeta tanto las normas establecidas para el buen funcionamiento del sistema como los espacios legales de participación ciudadana. Sin embargo, son muchos los años en los que el ejercicio arbitrario del poder ha reinado en El Alto y quienes se han beneficiado de esta práctica se resistirán a perderla. De ahí que hay que estar prevenidos y convencernos de que sólo una gestión transparente, eficiente y participativa permitirá enfrentar las arremetidas corporativas, incluso lindantes con la ilegalidad.
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