El Ministro de Gobierno ha anunciado una nueva arremetida en el caso Rózsa y promete no descansar hasta meter a la cárcel a todos los que supuestamente financiaron al comando terrorista que pretendía -con viejas matracas y unas cuántas pistolas-, impulsar una lucha armada con fines separatistas en el país.
Sacha Llorentty repite frases hechas que se han venido escuchando hasta el hartazgo en los últimos 14 meses sin aportar nada más que dudas y que han sembrado la desconfianza en el proceso de investigación que han conducido jueces, fiscales y policías dirigidos por su despacho. Habla como si en todo este lapso no se hubieran producido hechos bochornosos que comprometen a connotadas figuras del Estado Plurinacional y que las ponen en calidad de sospechosos de haber maquinado un plan –terrorista por cierto-, para criminalizar a la dirigencia de los departamentos de Santa Cruz y Beni.
Cuando habla, el ministro ignora el papel que jugó el capitán Wálter Andrade en la célula de Eduardo Rózsa; jamás se ha referido y tampoco ha aclarado el rol del director de inteligencia Norberto Clavijo en este caso; nunca ha tenido en cuenta las pruebas que vinculan a la Embajada de Venezuela en la compra de pasajes para los cómplices de Eduardo Rózsa; no habla de los correos electrónicos que ponen en tela de juicio nada menos que al hermano del vicepresidente. Obviamente también pasa por alto los videos que muestran cómo se sembraron pruebas en el hotel Las Américas y en la Feria Exposición y se hace el desentendido con el soberano soborno que le pagaron a Ignacio Villa Vargas para que implique a lo que hoy están formalmente imputados por supuesto delito sobre el que –en más de un año, insistimos-, no han aportado ni una sola prueba creíble.
Todos estos elementos constituyen pruebas fehacientes de que el Gobierno de Evo Morales fue el que planeó un complot que terminó con la ejecución de tres personas en el hotel Las Américas. Ninguna de estas evidencias ha sido tomada en cuenta por el fiscal que condujo la investigación, ceñida estrictamente al libreto gubernamental, en el marco de una costosa orquestación mediática. Hasta el momento suman por lo menos seis los miembros del Estado Plurinacional los implicados en la intriga y tanto la Fiscalía como los juzgados que han intervenido en esta causa judicial no han hecho más que ignorarlos, al mismo tiempo que buscan protegerlos. El aparato parajudicial que controla el Ejecutivo le pone parches a un proceso absolutamente desprestigiado, cuya operatividad ha cumplido, sin embargo, con el objetivo de amedrentar a la oposición.
Mientras más trata el Gobierno de enturbiar las cosas y de imponer una patraña, la verdad va surgiendo colateralmente y naturalmente va complicando a los miembros del Gobierno, sobre todo al presidente Morales, autor de la orden de disparar en el operativo del 16 de abril de 2009. A él más que a nadie, le conviene asumir cuanto antes una postura clara sobre este hecho, porque en último caso, queda la posibilidad de que hubiera sido víctima del engaño de un entorno palaciego que lo metió en este brete. Al presidente es al que más le conviene llegar a la verdad sobre este asunto y obviamente nadie en el país tiene la credibilidad suficiente como para llegar al esclarecimiento. La opción de una comisión internacional es la más conveniente para Evo Morales.
Mientras más trata el Gobierno de enturbiar el caso Rózsa y de imponer una patraña, la verdad va surgiendo colateralmente y va complicando a miembros del Gobierno, sobre todo al Presidente, autor de la orden de disparar en el operativo del 16 de abril.
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