Si algún saldo positivo ha dejado el frustrado intento gubernamental de disminuir la subvención estatal al precio de los combustibles, es que ha inyectado una fuerte dosis de humildad a nuestros gobernantes. Después de esa experiencia y sobre todo por los alarmantes indicadores económicos que la motivaron, ya ninguna autoridad podrá ofrecerse a dar “cátedra de economía no sólo a los economistas bolivianos sino a los del mundo entero”, como lo hizo el vicepresidente García Linera.
Otra muestra de encomiable humildad la ha dado en reiteradas ocasiones el presidente Evo Morales al proponer un debate nacional sobre el tema, al pedir que los entendidos en materia económica e hidrocarburífera lo ayuden a buscar una solución al problema e incluso al sugerir que la oposición proponga también medidas alternativas y no se limite a criticar las que él adoptó.
Asumiendo que tal invitación al debate fue hecha de buena fe y dando continuidad a una forma de actuar en la que se mantuvieron perseverantes durante los últimos años, han sido muchos los expertos que han hecho sus críticas y recomendaciones a la política gubernamental e incluso el principal partido opositor, el Movimiento Sin Miedo, se ha manifestado al respecto haciendo una propuesta para la discusión. Pero, todo ha sido en vano, pues en lugar de ser atendidas y consideradas, tales iniciativas sólo han sido contestadas con términos descalificadores y hasta amenazas de diversa índole y no con argumentos técnicos como habría sido de esperar si la invitación presidencial hubiera sido sincera.
Tampoco el Gobierno ha dado el paso más importante y necesario para abrir el debate, que es brindar al país toda la información necesaria. Los datos relativos al verdadero estado de la economía nacional, y sobre todo de las inversiones, la producción, la importación de hidrocarburos, continúan siendo manejados como un secreto de Estado y los pocos disponibles son tan insuficientes y contradictorios que lejos de contribuir a una cabal comprensión de la magnitud del descalabro sólo sirven para agravar la confusión reinante.
Más deplorable aún es que la invitación al diálogo, en vez de llegar acompañada de mensajes que contribuyan a la distención de los ánimos, sea siempre contradicha por discursos en los que lo que prima es la agresiva descalificación de quienes desde dentro o desde fuera de las filas oficialistas discrepan con la cada vez más confusa visión gubernamental. La división entre “patriotas” y “traidores”, por ejemplo, según la que los primeros son quienes acríticamente se someten a los dictados presidenciales y los segundos quienes manifiestan sus dudas o discrepancias, no contribuye de ningún modo a que la sociedad se involucre en la búsqueda de una salida al laberinto en que el Gobierno se ha metido. Más aún si, en la práctica, y amparado en eso de “mandar obedeciendo”, el Gobierno obedece a los “traidores” y da la espalda a los “patriotas”.
Es evidente que el tiempo corre en contra y que con cada día que pasa los problemas económicos del país se agravan. Urge por eso que el Gobierno dé un radical viraje y cambie de actitud. Que sea consecuente con su invitación al debate, que atienda a todas las voces, que deje de descalificar a sus críticos y que reconozca sus errores que son muchos, son algunas de las señales que todos esperamos.
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