En los próximos días se debatirá en la Cámara de Senadores el cuestionado proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que ha sido aprovechado, por los representantes del MAS, para incluir dos artículos en contra de la libertad de opinión y expresión.
Como antecedentes, hay que recordar que se trata de una norma que el Estado boliviano debió procesar hace mucho tiempo, pues es un compromiso asumido por un convenio internacional, pero que el espíritu que anima a las diferentes convenciones en contra de diferentes discriminaciones y que lo hacía a las primeras propuestas de ley sobre el tema era eminentemente educativo y no punitivo como finalmente es el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados.
Por esa realidad, los distintos gremios que agrupan a quienes trabajamos en los medios de comunicación han hecho conocer a los parlamentarios sus objeciones, particularmente sobre tres temas centrales. El primero, la falta de una tipificación clara de los delitos que se debe sancionar cuando se trata de discriminación. Las definiciones que incluye la norma son tan subjetivas y amplias que su aprobación abriría paso al arbitrio en función de intereses particulares de los gobernantes de turno.
El segundo, que la Ley de Imprenta –con todas sus limitaciones– tiene la amplitud necesaria para sancionar los delitos de racismo y discriminación, por lo que se la debe aplicar si se cometen delitos de esta naturaleza una vez que sean claramente tipificados. Pero el proyecto contiene dos artículos (el 16 y el 23) con los que busca sancionar a periodistas y a medios, incluyendo el retiro de “su licencia de funcionamiento”, y se incorpora al Código Penal los denominados “Delitos contra la Dignidad del Ser Humano”, entre los que se incluye el de la “difusión e incitación al racismo o a la discriminación” y los “Insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios”.
El tercero es que en el proyecto se norma que sea a través de la justicia penal que se juzguen los presuntos delitos de discriminación que se cometan a través de medios de comunicación. Es decir, el Gobierno del MAS lograría lo que ninguno de los Gobiernos de la democracia reabierta en 1982 pudo hacerlo.
Los voceros del oficialismo tratan de confundir a la ciudadanía con argumentos falaces, apuntando a que los gremios del periodismo estarían defendiendo simples intereses crematísticos. Lo cierto, empero, es que en la medida en que el poder limite la difusión de información será la ciudadanía la más afectada porque contará con mala información o con información sesgada por los caprichos del poder. Y aparentemente no es una casualidad que sea en los países miembros de la ALBA donde los periodistas estemos atravesando estos conflictos entre un poder que se quiere omnímodo y un periodismo que ha decidido resistir esta avalancha autoritaria.
De esta manera se puede concluir en que si el interés principal de este proyecto es combatir toda forma de discriminación, es menester mejorarlo sustancialmente con las sugerencias que se han hecho desde varias instancias de la sociedad. Pero, si de lo que se trata es aprovechar el tema de la discriminación para limitar la libertad de opinión, hay que mantenerlo como ha sido aprobado en Diputados.
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