El suboficial segundo Nelson Antonio Alcócer Casano (46) pudo ser asesinado por comunarios de dos ayllus de Uncía tres días antes de que los campesinos decidieran entregar los cuerpos de éste y tres de sus camaradas, según un reporte preliminar que reveló la autopsia de ley ayer.
De acuerdo con estos mismos informes, que serán confirmados o descartados tras varios análisis de laboratorio, los cabos Rubén Cruz y Emilio Alave, y el policía Miguel Ramos fueron asesinados el lunes 24 de mayo en Cala Cala, Uncía, a donde llegaron detrás de la pista de dos vehículos robados, aunque los campesinos aseguraron que éstos cometieron abusos durante el control de documentos de los motorizados que circulan por el lugar. De hecho, en esa zona del país circulan los motorizados sin papeles conocidos como autos “chutos”.
De confirmarse la fecha de la muerte de Alcócer, su violento deceso se produjo un día después de la infructuosa presencia de los ministros Sacha Llorenti y Óscar Coca en la región. Ambas autoridades intentaron negociar con los comunarios la devolución de los cuerpos de los infortunados uniformados.
“Lo asesinaron cuando las negociaciones estaban en curso para que no delate a quienes mataron a sus camaradas, lo cual es gravísimo”, afirmó el abogado de los familiares de los policías, Johnny Castelú, al anticipar la probable responsabilidad del Órgano Ejecutivo en este hecho si se confirma la fecha de la muerte de Alcócer y con ello la posibilidad de rescatarlo con vida.
Sin embargo, un investigador reveló anoche, en Oruro, que tres policías murieron entre el 23 y el 25 de mayo, y Alcócer, entre el 28 y el 30 de ese mismo mes. Precisó que fueron victimados a picotazos.
Antonio Torres Balanza, director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), dijo ayer que llegó a la conclusión preliminar de la data de muerte de Alcócer después de revisar el informe que le remitieron desde Oruro los médicos Vilma Gabriel y Julio Valencia.
En declaraciones a la radio Fides, el profesional aseguró que “se ha podido establecer preliminarmente que (las muertes de) tres de las víctimas tienen una data aproximada de unos diez días según los signos que se han encontrado, y uno de ellos sería de una data de muerte relativamente reciente, de aproximadamente tres días”.
El fiscal orureño Aldo Morales Alconini explicó que la causa principal del fallecimiento de las víctimas fue traumatismo encéfalo craneal, aunque todos presentaban politraumatismos. “La data de la muerte es de aproximadamente diez días. Estimamos que el mismo día en que han sido tomados como rehenes, el domingo 23, fueron victimados. Pero estamos esperando el peritaje para que nos den la fecha casi exacta del fallecimiento”.
La versión de Torres Balanza fue confirmada por el abogado de los familiares, quien explicó que al recibir los cuerpos, ayer al amanecer, no los revisaron y salieron rápidamente del lugar.
Pero ya en la morgue se observó que el rostro del suboficial Alcócer presentaba emanaciones de sangre relativamente fresca. Alcócer y el cabo Esteban Alave podían ser reconocidos, pero el policía Miguel Ramos y el cabo Rubén Cruz tenían el cráneo destrozado y estaban completamente desfigurados.
13 días de tensión, dolor y muerte en el norte de Potosí
Domingo 23 de mayo. Cuatro policías, que supuestamente investigaban robo de autos, son capturados por dos ayllus de Uncía. Fueron acusados de asesinar a un taxista. Ese día habrían sido torturados hasta morir, lo que debe ser confirmado.
Lunes 24. Los uniformados no se reportan a la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de Oruro. Tres de ellos mueren esa madrugada.
Martes 25. El comandante de la Policía, general Óscar Nina, confirma en La Paz la muerte de sus camaradas y comisiona al Diprove-Oruro a investigar el hecho.
Miércoles 26. Un cabildo de los ayllus de Uncía: layme, aymaya, pukara y qaracha declara a la región zona de libre tránsito del contrabando, veta a la Policía y a la Fiscalía, y admite los asesinatos.
Jueves 27. Familiares llegan a La Paz, contratan al abogado Johnny Castelú y claman por ayuda presidencial y gubernamental para recuperar los cuerpos de sus seres queridos ajusticiados.
Viernes 28. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, anuncia que pidió permiso a las autoridades originarias para negociar en el lugar la entrega de los cadáveres.
Sábado 29. El Defensor recibe permiso y garantías de los ayullus para negociar la recuperación de los cadáveres. Sus gestiones resultan infructuosas.
Domingo 30. Villena sostiene una reunión con dirigentes de los ayllus, pero los mallkus exigen la presencia del Ministro de Gobierno para denunciar supuestos abusos de la Policía.
Lunes 31. Los ministros Sacha Llorenti, de Gobierno, y Óscar Coca, de la Presidencia, llegan a la zona, se reúnen con los mallkus y al no lograr su objetivo, regresan a La Paz.
Martes 1 de junio. Seis familiares de los policías y el abogado Castelú llegan a Uncía y encomiendan al vicario católico William Ugarte negociar la devolución de los cuerpos. Este día, presumiblemente, es asesinado el suboficial segundo Nelson Alcócer.
Miércoles 2. Los ayllus se reúnen por separado y aprueban, posteriormente, un pronunciamiento que respalda en los hechos la actividad de los contrabandistas de automóviles.
Jueves 3. Familiares de las víctimas y el abogado Castelú acceden a las exigencias de los campesinos. Firman un documento en el que renuncian a seguir acciones legales, y son amenazados.
Viernes 4. Entre las 06.00 y las 06.30, los familiares y el abogado recuperan los cadáveres. Los trasladan a Oruro.
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