Lo que está ocurriendo en la zona de Mallku Khota en Potosí, con el secuestro de dos ingenieros de la minera canadiense South American Silver es un asunto de gravedad no solamente porque la acción a cargo de comunarios indígenas constituye un hecho delictivo, sino porque impiden el ingreso de policías, fiscales, legisladores nacionales, dirigentes sociales y periodistas.
El problema deriva de una serie de hechos en que los comunarios secuestraron a dos ingenieros de la empresa minera en represalia a la detención de su dirigente procesado por incitar al secuestro de policías en mayo pasado. El problema sin embargo se origina en la oposición del grupo a la presencia de la empresa extranjera que encontró compuestos de minerales con la proyección de explotar plata. Hasta el momento todos los intentos de diálogo para que los rehenes sean liberados no han encontrado resultados y por el contrario los comunarios siguen atrincherados con dinamitas.
Se trata sin duda alguna de un acto delictivo en un sector que desde hace días no tiene ninguna seguridad ni ofrece garantías para las autoridades que buscan entablar diálogo a fin de que los dos ingenieros secuestrados recobren su libertad y posteriormente para establecer negociaciones que conduzcan a la pacificación del lugar. La gravedad del problema puede explicarse en recientes declaraciones del gobernador de Potosí, Félix Gonzáles, quien informó que Mallku Khota no es una zona segura y por lo tanto el presidente Evo Morales no puede acudir al lugar en cualquier intento de pacificación.
Por el momento las autoridades deben extremar esfuerzos para recuperar a los dos ingenieros y tratar de garantizar de algún modo su seguridad e integridad física. Lo grave en esta situación, que se viene repitiendo en algunas otras minas, donde la posesión de las mismas es motivo de conflicto, está en que la intransigencia de los comunarios de no permitir el ingreso de la Policía, de fiscales y de otros comisionados de gobierno, origina una situación anómala donde se puede observar que surgen una especie de reductos territoriales, que están al margen de la ley y de la intervención estatal.
Por otro lado, las medidas de fuerza de estos grupos no pueden presionar para que la justicia libere a su dirigente Cancio Rojas que está acusado de secuestro y torturas y de rechazar las operaciones de la empresa minera. Lo que está ocurriendo en este sector de producción minera es una reacción desproporcionada de los comunarios que por proteger a uno de sus dirigentes que incurrió en un grave delito, luego ellos mismos, lo reproducen con el secuestro de los dos ingenieros.
Sin bien el problema es delicado y puede agravarse aún más el Gobierno y la comisión de autoridades deben extremar esfuerzos para precautelar la vida de los dos profesionales secuestrados y posteriormente para encontrar soluciones en un hecho que parece combinar la falta de garantías para la inversión privada, la carencia de normas legales en una determinada zona y la participación de pobladores que han sobrepasado normas de convivencia pacífica para ingresar al campo de lo delictivo.
Resulta peligroso que grupos de personas, sea cual fuere su petición, asuman actitudes radicales y violentas y dificulten la acción del Estado impidiendo la seguridad de las personas y de las empresas.
El problema deriva de una serie de hechos en que los comunarios secuestraron a dos ingenieros de la empresa minera en represalia a la detención de su dirigente procesado por incitar al secuestro de policías en mayo pasado. El problema sin embargo se origina en la oposición del grupo a la presencia de la empresa extranjera que encontró compuestos de minerales con la proyección de explotar plata. Hasta el momento todos los intentos de diálogo para que los rehenes sean liberados no han encontrado resultados y por el contrario los comunarios siguen atrincherados con dinamitas.
Se trata sin duda alguna de un acto delictivo en un sector que desde hace días no tiene ninguna seguridad ni ofrece garantías para las autoridades que buscan entablar diálogo a fin de que los dos ingenieros secuestrados recobren su libertad y posteriormente para establecer negociaciones que conduzcan a la pacificación del lugar. La gravedad del problema puede explicarse en recientes declaraciones del gobernador de Potosí, Félix Gonzáles, quien informó que Mallku Khota no es una zona segura y por lo tanto el presidente Evo Morales no puede acudir al lugar en cualquier intento de pacificación.
Por el momento las autoridades deben extremar esfuerzos para recuperar a los dos ingenieros y tratar de garantizar de algún modo su seguridad e integridad física. Lo grave en esta situación, que se viene repitiendo en algunas otras minas, donde la posesión de las mismas es motivo de conflicto, está en que la intransigencia de los comunarios de no permitir el ingreso de la Policía, de fiscales y de otros comisionados de gobierno, origina una situación anómala donde se puede observar que surgen una especie de reductos territoriales, que están al margen de la ley y de la intervención estatal.
Por otro lado, las medidas de fuerza de estos grupos no pueden presionar para que la justicia libere a su dirigente Cancio Rojas que está acusado de secuestro y torturas y de rechazar las operaciones de la empresa minera. Lo que está ocurriendo en este sector de producción minera es una reacción desproporcionada de los comunarios que por proteger a uno de sus dirigentes que incurrió en un grave delito, luego ellos mismos, lo reproducen con el secuestro de los dos ingenieros.
Sin bien el problema es delicado y puede agravarse aún más el Gobierno y la comisión de autoridades deben extremar esfuerzos para precautelar la vida de los dos profesionales secuestrados y posteriormente para encontrar soluciones en un hecho que parece combinar la falta de garantías para la inversión privada, la carencia de normas legales en una determinada zona y la participación de pobladores que han sobrepasado normas de convivencia pacífica para ingresar al campo de lo delictivo.
Resulta peligroso que grupos de personas, sea cual fuere su petición, asuman actitudes radicales y violentas y dificulten la acción del Estado impidiendo la seguridad de las personas y de las empresas.
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